Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol N°1039-2026.- La Serena, seis de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece Pablo Peñaloza Parra, abogado, en favor de nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, señalando como omisión ilegal y arbitraria la falta de pronunciamiento respecto de la solicitud de nacionalización incoada el 4 de febrero de 2025, lo que representa una vulneración al derecho de igualdad ante la ley, en relación con lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27 de Ley N°19.880.

Sostiene que ingresó petición de nacionalización en la data mencionada y que a la fecha no ha recibido respuesta por parte del recurrido, lo que lo mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre por un trámite tardío y demorado. Por tales motivos, solicita se ordene al recurrido que se pronuncie respecto de la solicitud dentro de un plazo de 60 días o el que esta Corte estime, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, con costas.

Acompaña a su recurso antecedentes para acreditar sus asertos.

SEGUNDO: Que emite informe el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo del recurso intentado.

Señala, en lo que interesa, que la petición se encuentra en etapa de primer análisis desde su presentación.

Manifiesta que el plazo previsto en el artículo 27 de la Ley N°19.880 no es de carácter fatal y alude al tiempo de tramitación de solicitudes como la de la especie, las que tardan aproximadamente tres años. Así, profundiza que al tratarse de una especial concesión por gracia, el análisis de los diversos antecedentes necesarios para su pronunciamiento requiere de un tiempo que es evidentemente superior al de los demás trámites administrativos de solicitud ordinaria, haciendo presente que en la tramitación y otorgamiento intervienen distintos organismos públicos. Finalmente, enfatiza que el extranjero cuenta con permanencia definitiva en el país, es decir, se encuentra en situación migratoria regular.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que por la presente acción constitucional se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de carta de nacionalización presentada, lo cual califica el actor de ilegal y arbitraria, razón por la que solicita se ordene al recurrido que se pronuncie sobre la solicitud dentro de un plazo de 60 días. Por su parte, el recurrido ha señalado que la petición se encuentra en etapa de primer análisis, de acuerdo a lo expuesto en el basamento segundo.

SEXTO: Que resulta oportuno tener presente que el requerimiento tendiente a la obtención de la nacionalización debe culminar mediante la decisión discrecional del Presidente de la República, de conformidad al artículo 1 del Decreto N°5142, de 1960, del Ministerio del Interior, la cual no puede ser resuelta por el recurrido Servicio Nacional de Migraciones –organismo que sólo interviene en la fase inicial del procedimiento– dado que corresponde a un beneficio otorgado exclusivamente por la primera autoridad mencionada.

SÉPTIMO: Que, para resolver el asunto, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental del artículo 9, que mandata a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios. Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos.

OCTAVO: Que, de acuerdo con los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de carta de nacionalización, en lo que respecta a su ámbito de intervención, cuya presentación fue realizada el 4 de febrero de 2025.

Así, si bien es necesario considerar que las referidas peticiones requieren de un tiempo de tramitación que es superior al del resto de solicitudes corrientes de residencia, no resulta menos cierto que el Servicio Nacional de Migraciones ha demorado más de un año en entregar alguna especie de respuesta a la parte solicitante e incluso en avanzar a la siguiente etapa, plazo que, en este caso particular, aparece alejado de justificación racional, además de exceder lo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N°19.880.

NOVENO: Que, por tanto, la dilación del recurrido en el pronunciamiento dentro de su ámbito de competencia, respecto de la mentada solicitud, debe ser calificada de ilegal y arbitraria, dado que vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente su solicitud de carta de nacionalización, obteniendo una respuesta formal y oportuna.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección incoado en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y, en consecuencia, se ordena al recurrido, en lo que respecta a su ámbito de competencia, dar curso progresivo al procedimiento en relación con la solicitud de carta de nacionalización presentada por el recurrente, con el objeto que la petición avance a la siguiente etapa. Lo anterior, dentro del plazo de treinta días corridos, contados desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada.

Se previene que el Ministro suplente señor Díaz fue del parecer de otorgar a la autoridad administrativa el plazo de sesenta días hábiles administrativos para que dé curso progresivo a la siguiente etapa del procedimiento.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1039-2026 Protección.