nombre reservado con SEPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado, nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social.

Recurso de Protección Rol N°1032-2023.- La Serena, veintiocho de junio de dos mil veintitrés VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha diecinueve de mayo de dos mil veintitrés comparece don Claudio Fernández Ramírez, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, en favor de don nombre reservado, RUN RUT reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO).

Expone que la persona en favor de quién recurre se encuentra afectada por un cuadro psiquiátrico de depresión mayor y trastorno fóbico, de larga data, que se extiende a lo menos desde el mes de mayo de 2021 en adelante, motivo por el cual, desde ese mes se encuentra en tratamiento psiquiátrico. Además, se hace necesario considerar que don nombre reservado padece de diversas patologías que evidentemente han incidido en su actual cuadro mental, a saber, diabetes mellitus Tipo 2, hipertensión arterial crónica, retinopatía diabética, pie diabético complicado y dislipidemia, siendo en la actualidad insulino dependiente; precisamente la diabetes le ha significado ver alterada de manera brutal su salud y su vida, más aún considerando que ha debido sufrir dos amputaciones en su pie derecho, la primera fue el año 2019 (primer ortejo), y la segunda fue el año 2021, específicamente en el mes de mayo (tercer ortejo). Sus graves problemas de salud física han tenido un impacto negativo también en su salud mental, como lo evidencian los informes y antecedentes que, pese a haber sido acompañados al reclamo deducido ante la recurrida, no fueron considerados.

Refiere que con fecha 20 de abril del año en curso, don nombre reservado tomó conocimiento de la Resolución Exenta N° R-01-UME-52329-2023, de esa misma fecha, por la cual la Superintendencia de Seguridad Social, a través de su Departamento Contencioso, nombre reservado, confirmó lo resuelto por la COMPIN Región de Coquimbo, en orden a mantener el rechazo de las Licencias Médicas N°s RUT reservado, 77803159-0, 79376452-9 y 80364678-3, extendidas por un total de 120 días a contar del 02 de septiembre de 2022, por reposo no justificado.

Estima que la resolución señalada es arbitraria, pues mantiene el rechazo de las licencias sin otorgar una explicación racional que la mueva a confirmar el rechazo de las licencias, no contiene un análisis de los antecedentes clínicos del paciente y, lo que es más grave, tampoco hace referencia ni analiza los documentos acompañados por don nombre reservado a su reclamación. No quedan claras las razones médicas por las cuales se discrepa de los informes y antecedentes médicos invocados por el Sr. nombre reservado, más aún considerando que las licencias médicas rechazadas fueron emitidas por un profesional de la salud mental.

Hace presente que la COMPIN dispuso efectuar un peritaje psiquiátrico a don nombre reservado, el cual se verificó con fecha 06 de octubre de 2022, a cargo del Psiquiatra Dr. nombre reservado, peritaje que se practica en relación a 10 licencias médicas cuestionadas por la COMPIN, otorgadas desde diciembre de 2021 a septiembre de 2022; pues bien, como resultado de dicha pericia, en la parte relativa a las conclusiones y sugerencias de manejo, se consigna expresamente lo siguiente: “Paciente jubilado hace 8 meses, por diabetes mellitus complicada, neuropatía y retinopatía diabética. Su cuadro psiquiátrico no ha evolucionado, en consideración a gravedad y terapéutica insuficiente y que no se ajusta a protocolo GES. Sus reposos son justificados por sintomatología depresiva de larga data.”. Como resultado de ese peritaje, las licencias médicas en él señaladas fueron autorizadas.

Indica que, posterior a aquello, la recurrida rechazó posteriores licencias del recurrente, por lo que se interpuso acción de protección tramitada bajo el Rol 146-2023. En dicha ocasión, el motivo de la acción deducida fue debido al dictamen emanado de la SUSESO, que confirmó lo resuelto por la COMPIN Región Metropolitana, en orden a mantener el rechazo de las Licencias Médicas N°s RUT reservado, 75371533-9, 76674568-7, extendidas por un total de 90 días a contar del 29 de julio de 2022, por reposo no justificado. Respecto de este recurso, consigna que con posterioridad a su interposición, la propia recurrida, después de la interposición del recurso, dictó una nueva resolución que dejó sin efecto la anterior y ahora autorizó las licencias médicas referidas.

Es decir, pese a la contundente evidencia y antecedentes que avalan la necesidad de don nombre reservado de contar con reposo médico, entre los que se encuentra ni más ni menos que un peritaje efectuado por un facultativo de la propia COMPIN, se resuelve mantener, de manera absolutamente injustificada y arbitraria, el rechazo de estas tres licencias indicadas, sin hacerse cargo ni mencionar siquiera de un antecedente tan relevante como lo es un examen pericial; en lugar de ello, y pese a la contundencia de los informes e historial médico del Sr. nombre reservado, opta por rechazar sus licencias agregando una preocupación más a su ya delicado estado mental.

Añade que la propia recurrida ha reconocido la existencia y entidad de la afección mental que padece don nombre reservado, validando asimismo que su condición de salud amerita autorizar los reposos médicos consignados en esas licencias médicas autorizadas, y que son posteriores a las que se indican en estos antecedentes. Evidentemente, esta conducta es absolutamente contraria a lo que indica en la resolución que motiva la interposición de esta acción, que sostiene como fundamento para el rechazo de las licencias el reposo injustificado, siendo que ella misma ha autorizado las licencias médicas y reposos posteriores, todos ellos derivados de las mismas patologías mentales que afectan al Sr. nombre reservado, lo que evidenciaría la falta de prolijidad con que en ocasiones se resuelven materias tan sensibles como las que dicen relación con la salud y el derecho al reposo médico de las personas.

Sostiene que si aun así los antecedentes acompañados por don nombre reservado a su reclamación le merecían dudas, perfectamente pudo la recurrida solicitar al profesional que extendió tales licencias, información complementaria respecto de la situación de salud del Sr. nombre reservado y la necesidad de reposo, lo cual tampoco se verificó en este caso, pese a tener facultades para hacerlo.

Estima que la decisión de la recurrida es ilegal, carente de fundamento legal y de toda racionalidad, constituyendo su actuar, una vulneración al derecho a la vida y a la integridad física y síquica, garantía contemplada en el artículo 19 N° 1 de La Constitución Política de la República, pues, ante la carencia de ingresos derivada del no pago del subsidio debido al rechazo de sus licencias, don nombre reservado no puede continuar con su tratamiento y controles con su psiquiatra tratante, lo que pone en serio riesgo su salud mental y genera la posibilidad de un agravamiento en su cuadro clínico; en virtud de lo razonado, la decisión del órgano recurrido deviene en arbitraria, pues carece de fundamento y además, infringe la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral; y finalmente, la conducta que se denuncia vulnera asimismo, el derecho consagrado en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, ya que el rechazo indebido de las licencias médicas legalmente emitidas, privan del derecho a la retribución monetaria contemplada en la ley, en caso que el trabajador se imposibilite de trabajar por motivo de enfermedad, como en este caso.

Solicita que, acogiendo el recurso, se ordene a la recurrida acoger el reclamo deducido por don nombre reservado, dejando sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UME-52329-2023, de fecha 20 de abril de 2023, y dictaminar en su lugar que se autorizan las Licencias Médicas N°s RUT reservado, 77803159-0, 79376452-9 y 80364678-3, extendidas por un total de 120 días a contar del 02 de septiembre de 2022, adoptando asimismo cualquier otra medida que esta Corte considere necesaria para restablecer el imperio del derecho y asegurar el debido resguardo y respeto a las garantías fundamentales del Sr. nombre reservado, con costas.

Acompaña a su recurso: 1.-Resolución Exenta SUSESO R-01-UME-52329-2023, de fecha 20 de abril de 2023, que confirma el rechazo de las licencias médicas de don nombre reservado, individualizadas en el cuerpo de esta presentación. 2.- Resolución Exenta SUSESO R-01-IBS-20130-2023, de fecha 14 de febrero de 2023, que autoriza las Licencias Médicas N°s RUT reservado, 75371533-9, 76674568-7, extendidas por un total de 90 días a contar del 29 de julio de 2022, 3.- Informe médico emitido por el Psiquiatra Dr. nombre reservado, de fecha 04 de abril de 2023. 4.- Informe Psicológico de fecha 01 de mayo de 2023, elaborado por doña nombre reservado, Psicóloga Clínica 5.- Peritaje Psiquiátrico de Salud Mental, de fecha 06 de octubre de 2022, a cargo del perito Psiquiatra don nombre reservado. 6.- Carpeta electrónica (Ebook) correspondiente al recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado contra la Superintendencia de Seguridad Social, Rol 146-2023.

SEGUNDO: Que, evacuó informe ANDREA CISTERNAS TIEMANN, Abogada, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Solicita, en primer lugar, se declare la improcedencia de la presente acción de protección por haber sido ésta interpuesta en forma extemporánea. En efecto, como consta de la copia del expediente administrativo que acompaña, por presentación de fecha 15 de febrero de 2023 el Sr. nombre reservado reclamó ante ese Servicio por cuanto la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, 77803159-0, 79376452-9, 80364678-3, extendidas por un total de 120 días a contar del 02 de septiembre de 2021, por reposo no justificado.

Al respecto, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-52329-2023, de fecha 20 de abril de 2023, esa Superintendencia dictaminó lo siguiente: “…Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, 77803159-0, 79376452-9, 80364678-3, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el nuevo informe emitido por el tratante, no expone elementos psicopatológicos de gravedad que requieran tal extensión del reposo y se observa además que el tratamiento farmacológico indicado no es el óptimo para lograr la recuperación oportuna del paciente. Sumado a lo anterior el reclamante no acredita el haber iniciado un proceso terapéutico con un profesional psicólogo en todo el periodo de reposo. Por las razones anteriores, los elementos aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del periodo ya autorizado”.

Agrega la referida Res. Ex., en su parte resolutiva, que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, 77803159-0, 79376452-9, 80364678-3, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

Ahora bien, la recurrente solo ejerció esta acción constitucional con fecha 19 de mayo de 2023, esto es, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba con creces vencido, toda vez que en su momento el Sr. nombre reservado, ya tenía conocimiento cierto del rechazo dispuesto por la Compin. En efecto, en virtud de la presentación de fecha 15 de febrero de 2023 que realizó el Sr. nombre reservado, en la cual acompañó los antecedentes sobre el rechazo de las licencias reclamadas, consta que los mencionados formularios fueron rechazados por la señalada Compin con conocimiento del Sr. nombre reservado, en una fecha anterior a la de su presentación ante esta Superintendencia. Por lo anterior, se evidencia que ya desde más de 3 meses antes de la fecha de interposición de la presente acción, el Sr. nombre reservado ya tenía conocimiento del rechazo de sus licencias reclamadas por la Compin.

En subsidio, solicita se le declare improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio, y para el caso en que ambas alegaciones no sean acogidas, evacúa informe sobre el fondo, solicitando el rechazo de la acción.

Luego de hacer referencia al marco jurídico, y a las facultades de la Superintendencia, sostiene que en el caso del recurrente, claramente su derecho a licencia médica no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de las licencias médicas reclamadas.

Afirma que luego de recabar los antecedentes médicos de la COMPIN respectiva y, estudiados los antecedentes por los profesionales médicos del Servicio, se emitió la mencionada resolución R-01-UME-52329-2023 de fecha 20 de abril de 2023.

Observa que el Sr. nombre reservado, antes de la licencia médica rechazada, ya había cumplido reposo por 330 días autorizados, por el Diagnóstico: “F33 - Trastorno depresivo recurrente”, no acredita evaluación por psiquiatra, no cuenta con informe de refractariedad o resistencia a tratamiento, tampoco acredita asistencia regular a terapia psicológica durante toda la extensión de su reposo.

Añade que los médicos tratantes del Sr. nombre reservado, don, quienes han emitido las licencias médicas reclamadas, no poseen la especialidad de psiquiatría, que corresponde al diagnóstico por la cual fueron emitidas, según consta el certificado emitido por la Superintendencia de Salud, que se adjuntan a esta presentación, por tanto el sr. nombre reservado, ya acumuló 60 días de licencias médicas, llegando al límite establecido por el decreto nº 7, de 2013, al tratarse dicho cuadro de salud con médico general.

Sostiene que lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de confirmar el rechazo de las licencias médicas del recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificada, según lo indicado precedentemente, debido a que los antecedentes médicos tenidos a la vista, no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que este debe cumplir.

Por otra parte, sostiene que la Superintendencia de Seguridad Social ha actuado dentro del marco de sus atribuciones constitucionales y legales, indicando que le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, citando la normativa legal que regula sus competencias.

Señala que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia, la que se ha limitado a resolver la situación de la recurrente dentro del ámbito de sus competencias, tampoco ha existido, en la especie, vulneración o amenaza al derecho a la vida e integridad física y psíquica, ni menos se ha infringido o vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente. Asimismo, hace presente que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que no mediaría en la especie.

Señala que, desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad.

Por tales razones, pide tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta, solicitando su rechazo en todas sus partes, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, la alegación de extemporaneidad de la presente acción constitucional se rechazará, pues de la copia de la resolución impugnada, acompañada por la recurrente, se desprende que esta fue emitida el día 20 de abril de 2023, resolviendo el recurso de la actora al dictamen que confirmó el rechazo de la COMPIN, lo que permite establecer que es ésta la fecha y no otra del acto de término desde el cual procede computar el plazo de 30 días que establece el auto acordado que regula la tramitación y fallo del recurso de protección, y habiéndose presentado el recurso el 19 de mayo pasado, a juicio de estos sentenciadores se encuentra dentro de plazo.

SEXTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción en materias de seguridad social, fundada en que el artículo 20 de la Carta Fundamental no establece dentro del catálogo taxativo de garantías constitucionales protegidas aquella prevista por el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Magna, cabe señalar que si bien es efectivo lo sostenido por la recurrida, no es menos cierto que ello sólo implica que por este acápite no podrá, si correspondiere, ser acogido el presente recurso.

SÉPTIMO: Que, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UME-52329-2023, de fecha 20 de abril de 2023, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, en virtud de la cual mantiene lo dictaminado por la COMPIN en relación a las licencias médicas N°s RUT reservado, 77803159-0, 79376452-9 y 80364678-3, extendidas por un total de 120 días a contar del 02 de septiembre de 2022, por reposo no justificado.

En torno al argumento vertido por la SUSESO, organismo recurrido, al mantener la decisión de rechazar las licencias médicas referidas previamente, aquel gira en torno a la siguiente idea: “…Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, 77803159-0, 79376452-9, 80364678-3, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el nuevo informe emitido por el tratante, no expone elementos psicopatológicos de gravedad que requieran tal extensión del reposo y se observa además que el tratamiento farmacológico indicado no es el óptimo para lograr la recuperación oportuna del paciente. Sumado a lo anterior el reclamante no acredita el haber iniciado un proceso terapéutico con un profesional psicólogo en todo el periodo de reposo. Por las razones anteriores, los elementos aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del periodo ya autorizado” (sic).

OCTAVO: Que, del mérito de lo expuesto, no cabe duda que la argumentación otorgada por la recurrida tiene un carácter genérico, al no contener la resolución recurrida referencia alguna a los antecedentes concretos en virtud de los cuales arriba a la decisión que en ella se contiene, ni un análisis pormenorizado de los mismos, todo lo cual deja al recurrente en un estado de indefensión, al desconocer en base a qué elementos la recurrida ha adoptado la determinación que en esta sede se reprocha.

NOVENO: Que, en este punto, cabe traer a colación lo dispuesto en el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, que sostiene “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1).

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

DÉCIMO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida escapa a los márgenes de sus facultades y al expreso mandato legal, dejando al paciente en una situación compleja, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto, es carente de sustento.

UNDÉCIMO: Que, a su vez, la conducta vacilante de la recurrida en torno a la autorización de diversas licencias médicas presentadas por la recurrente, en tanto que pretéritamente se han rechazado algunas y autorizado otras, según se visualiza en la tramitación de los recursos de protección roles 3635-2022 y 146-2023 de esta Corte, da cuenta de la falta de razonabilidad de lo resuelto por la recurrida, haciendo incomprensibles para el cautelado las razones de por qué en algunos casos se autorizan sus licencias y en otros no, lo que abunda a la arbitrariedad de la resolución recurrida.

DUODÉCIMO: Que, este actuar de la recurrida atenta contra las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio del recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental.

DÉCIMO TERCERO: Que, teniendo en consideración que la recurrida ha resultado totalmente vencida en esta sede, es que se le condenará en costas.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZAN las alegaciones de extemporaneidad e improcedencia.

II.- Que SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto por Claudio Fernández Ramírez, en favor de don nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, y en consecuencia se deja sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UME-52329-2023, de fecha 20 de abril de 2023, que mantiene lo dictaminado por la COMPIN en relación a las licencias médicas N°s RUT reservado, 77803159-0, 79376452-9 y 80364678-3, disponiéndose que la recurrida Superintendencia de Seguridad Social deberá disponer el pago de las licencias médicas previamente individualizadas dentro del plazo de 5 días corridos desde que el presente fallo se encuentre ejecutoriado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1032-2023 Protección.