Protección contra SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Coquimbo Recurso de Protección Rol N° 1032-2018.

La Serena, cinco de junio de dos mil diecinueve.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 3 de septiembre de 2018 comparece don nombre reservado, profesor, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone, a su favor, recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), con domicilio en domicilio reservado, y en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE COQUIMBO (COMPIN), con domicilio en domicilio reservado, aduciendo a que el actuar administrativo de los órganos administrativos singularizados han afectado de manera arbitraria e ilegal sus garantías constitucionales, causando grave amenaza, privación y perturbación al legítimo ejercicio de los derechos y garantías consagradas en el artículo 19 números 1°, 3° inciso 5° y 24° en relación al artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sostiene, para ello, que con fecha 21 de junio de 2017 concurrió a la Mutual de Seguridad del Trabajador (ACHS) de la ciudad de Ovalle, debido a que presentaba nuevamente síntomas de depresión mayor grave, padecimiento originado en una situación de acoso laboral por parte de sus pares-docentes y de las Jefaturas Municipales, el alcalde don Pedro Castillo Díaz y la jefa DAEM doña nombre reservado. En dicha mutual fue atendido por el doctor nombre reservado, a quien le relató los hechos y acontecimientos del hostigamiento y acoso laboral, hechos que se inician en el año 2015 y hasta año 2017, incrementándose durante el año 2018.

Añade que desde el 21 de junio 2017 comenzó a ser atendido en la ACHS, hasta el 26 de octubre 2017, siendo derivado y atendido por el médico psiquiatra don nombre reservado y la psicóloga doña nombre reservado. Con fecha 26 de septiembre de 2017 se le hace entrega de un informe de antecedentes médicos de la ACHS donde se clasifica su enfermedad como profesional, con diagnóstico de neurosis laboral, estados de angustia permanente, cuadro de desánimo, subida de peso considerable, insomnio, decaimiento, labilidad emocional, episodio de suicidio, crisis de angustia y crisis de pánico, cuadro de bipolaridad y presión arterial alterada.

Indica que, a pesar del diagnóstico médico, el acoso laboral ha persistido, lo que ha derivado en actos vulneratorios de sus derechos constitucionales, sin importarle el diagnóstico, lo que lo ha obligado a denunciar la situación a los tribunales laborales.

Señala que desde el 21 de junio y hasta el 26 de octubre de 2017 estuvo con certificado de reposo, Ley Nº 16.744 según la ACHS. El 30 de octubre es citado por la doctora nombre reservado quien le comunica, por instrucción de la casa central ACHS de Santiago, que se había declarado la sintomatología que sufría como enfermedad común. Ante la falta de información concreta solicita, con fecha 24 de noviembre de 2017 y apelando a la Ley Nº 20.285, que se le hiciera entrega de copia de lo que había ordenado la casa central de la ACHS, de lo cual nunca se le ha entregado respuesta, ni copia alguna hasta la fecha, solamente se le hace llegar un documento de término de su reposo laboral número de siniestro: 0004201387, con el número de paciente: 1002543211 con fecha: 26/10/2017, quedando totalmente desprotegido y sin atención de psiquiatra y psicóloga de dicha entidad. Agregando que resulta curiosa la situación, toda vez que la ACHS lo ingresa como paciente nuevo con fecha 30 de octubre 2017.

Hace presente que, como enfermedad profesional, se mantuvo su reposo hasta el 07 noviembre 2017, luego con fecha 08 de noviembre de 2017, en entrevista con la doctora nombre reservado, se le hace entrega de una licencia verde Nº 54059375 provisoria por 15 días, concretando un control con la psicóloga nombre reservado, pero en la misma consulta médica se le informa por la Secretaria que la ACHS que tal control se había suspendido, situación que califica de irregular e incómoda, ya que se entera en esa oportunidad y que durante este tiempo estuvo tramitando especialistas en psicólogia y psiquiatria, lo cual no encontraron, ante lo que se le hace entrega de una nueva licencia verde Nº 54753866 con fecha de inicio de reposo el 22 de noviembre 2017, por un total de 21 días, durante este periodo se fija el día 23 de noviembre un control médico con psicóloga nombre reservado y el psiquiatra nombre reservado, quienes les entregan como fecha próxima de control para el 7 de diciembre de 2017 a las 10:00 hrs., con la primera y a las 12:30 hrs., con la segunda, controles que nunca se efectuaron por la ACHS.

Afirma que, finalmente, con fecha 6 de diciembre de 2017, mediante una certificación, se le deriva al sistema previsional de enfermedad común, otorgándole el número de resolución: 000000004, con un nuevo número de siniestro: 0005876740, manteniendo el mismo número de paciente: 1002543211.

Asevera que, con fecha 6 de diciembre de 2017, solicitó informes médicos de la psicóloga nombre reservado y de la psiquiatra nombre reservado, de reevaluación por su enfermedad profesional, de todo lo cual no ha obtenido respuesta. Agrega que el mismo 6 de diciembre de 2017, la ACHS le hace entrega de un informe sobre fundamentos de la calificación de patología, haciendo presente que el mismo es irregular toda vez que le preguntan a los propios acosadores si existen problemas de índole laboral, concluyendo que nunca ha existido algún tipo de problemas de índole laboral, que se trabajaba en un ambiente óptimo y favorable. Añade que lo importante es que existen demasiados documentos que acreditan el acoso u hostigamiento laboral de que es objeto, lo que se condice con la entrevista que llevaron a cabo en su puesto de trabajo y con sus propios detractores, haciendo presente que a quienes se les entrevistó han sido juez y parte, quienes por lógica han hablado a favor de ellos mismos, por lo que no se está frente a una investigación objetiva, precisa, concreta y seria, sino más bien arbitraria y con vicios de todo tipo, vulnerando todos sus derechos como profesional, personal, económico y alteración de su estado de salud.

Hace presente que ante ello se vio en la obligación, por su estado anímico de salud, de recurrir a un profesional particular, el Dr. nombre reservado, médico que inició su atención el 14 de diciembre 2017, con inicio de reposo con fecha 13 de diciembre de 2017, lo que consta en la licencia Nº 50007175, quién hasta la fecha le ha atendido única y exclusivamente, ya que penosamente su ex psiquiatra particular del año 2012, doña nombre reservado, no contaba con horas de atención para la fecha antes mencionada y no podía estar sin tratamiento.

Manifiesta que el psiquiatra nombre reservado concuerda plenamente con la ACHS, respecto de que la enfermedad que padece era de carácter profesional, diagnosticando que padecía de un cuadro depresivo mayor grave, lo que, valida mediante dos informes emitidos por el especialista, todo lo cual es vinculante con el diagnóstico de su ex psiquiatra nombre reservado. También el psiquiatra nombre reservado, considera que los escenarios no están dados para trabajar y le sugiere dejar el trabajo, a lo que le manifiesta que no tendría como sobrevivir y que era injusto, teniendo un trastorno de ideas de suicidio, acompañado con una insaciable digestión alimenticia, sin lograr parar de comer y teniendo un aumento de peso considerable, explicándole al doctor que su cable a tierra para no terminar con su vida y desaparecer de este mundo, era su madre, nombre reservado, quien el pasado 27 de noviembre padeció un infarto al corazón, por toda la tensión de lo que padece el recurrente, considerando además que sus padres son adultos mayores (75 a 80 años), los que de una u otra manera dependen del actor en cuidados de todo orden.

Indica que con fecha 26 de diciembre 2017 apeló a la SUSESO, causa Nº 18003-10-P-5, solicitando con fecha 5 de marzo de 2018 se agregara la causa Nº 18003-10-P-5, documentos que no fueron considerandos al momento de resolver y declarar su enfermedad como común, calificación respecto de la cual no está de acuerdo su especialista, ni el recurrente.

Hace presente que la SUSESO durante el año 2013 había declarado su enfermedad como profesional por resolución Nº 21058 de 04-04-2013, causa Nº 18003-2010-P1, de forma que tuvo cobertura de la Ley Nº 16.744 y ahora se contradice con una respuesta totalmente cuestionable e irregular, calificando ello de poco ético y consecuente, ya que el 19 de abril de 2018, por resolución que fue recibida con fecha 7 de mayo de 2018, se declara la improcedencia de la solicitud del recurrente para otorgar la cobertura de la Ley Nº 16.744.

Agrega que con fecha 07 de junio 2018 solicita una reconsideración a la SUSESO, entregando más antecedentes sobre el acoso y hostigamiento, dejando en claro que son terceros ligados a su trabajo quienes le han provocado y activado una depresión laboral, que lo aqueja sobremanera. Sin embargo, con fecha 19 de junio, mediante documento que fue recibido con fecha 06 de agosto 2018, la SUSESO mantiene y reafirma que la enfermedad del recurrente es de carácter común y no profesional, por tanto, no se ajusta a derecho que se cubra por la Ley Nº 16.744.

Hace presente que en la situación de acoso laboral que ha padecido por parte de sus jefaturas, la Jefa del DAEM, doña nombre reservado, mediante memo Nº 70 prohíbe a las funcionarias de la mesa de recepción municipal, con nombre y apellidos, no recibir más sus licencias médicas, no teniendo ningún poder legal para rechazar dichas licencias, haciendo presente el recurrente una situación concreta con la licencia Nº 55120089, recepcionada en la Municipalidad 15 de junio 2018.

Afirma que la resolución de la SUSESO, que invoca como ilegal y arbitraria y vulneratoria de sus derechos constitucionales, establece a su respecto y en relación de los certificados de reposo, más dos licencias verdes ACHS y de las licencias extendidas por el psiquiatra nombre reservado, más dos informes médico psiquiatra, por quien he sido atendido hasta la fecha y diagnosticado lo siguiente:

“2. Sobre el particular, cabe señalar que los antecedentes del caso han sido estudiados por profesionales médicos de este Organismo, los cuales revisaron nuevamente los elementos contenidos en el expediente, concluyendo que la documentación que acompaña no permite modificar la previamente resuelto”.

“3. En consecuencia y con el mérito de lo precedentemente expuesto, esta Superintendencia dictamina que no procede hacer lugar a su solicitud de reconsideración y mantiene firme lo resuelto en el Oficio citado en concordancia”.

“En atención a lo anterior, la COMPIN Región de Coquimbo debe autorizar como tipo 1 las licencias médicas mencionadas, a fin de reembolsar el subsidio por incapacidad laboral pertinente”.

De esta forma, afirma que las resoluciones de la SUSESO son del todo antojadizas, toda vez que no señalan cuáles son los fundamentos del rechazo de la solicitud, lo que constituye un acto arbitrario, pues no existe motivo alguno para rechazar la declaración de las licencias médicas que indican la sintomatología del actor como propia de una enfermedad profesional según el profesional que lo trata, todo lo cual ha significado un perjuicio para el actor.

Agrega que la decisión adoptada no se respalda en ningún análisis, observación clínica o antecedente alguno que desvirtúe el tratamiento médico señalado por el profesional que lo trata, no se indica el doctor que analizó sus antecedentes, no se indica cuál es la documentación nueva que acompañó en el proceso, y por otro lado sostienen que los hechos o factores de riesgo (sin mencionarlos) que han afectado y explican la sintomatología (no indican cuál es), derivan de una situación jurídico administrativa (sin expresar cuál) que atañe la relación contractual, hecho conflictivo judicializado (sin indicar qué tipo de causa es) no constitutivo de acoso laboral, por ende la patología es de origen común.

Afirma que se está frente a una decisión infundada y que va en contra de toda lógica, puesto que resuelve que existe una situación que está relacionada con la relación contractual (laboral), para luego sostener que no es constitutivo de acoso laboral, sin mencionar que ha sido objeto de actos sistemáticos de persecución, depresión, ansiedad, sin expresar que su médico tratante señala que son consecuencia del actuar de su empleador, entre otros elementos que permitirían concluir algo coherente.

Asevera que las expresiones vagas no hacen sino vulnerar el derecho que posee el recurrente de ser objeto de un juicio objetivo, racional y justo, constituyendo a las entidades administrativas en organismos que resuelven asuntos relacionadas a derechos fundamentales de manera arbitraria, cuestión que no debe ser tolerada por un Estado de Derecho que exige que los particulares, al verse afectado en sus derechos por la autoridad, se explique en términos claros cuáles son las motivaciones que traen como consecuencia esta afectación, que no debe ser irracional, sino justificada.

Manifiesta que basta entonces estar frente a tan trascendental carencia de fundamentos, para calificar el acto como ilegal por no estar motivado y también arbitrario o carente de razonabilidad porque no señala qué antecedentes de carácter idóneos se tomaron en cuenta para decidir cómo se hizo. ¿Cuál ha sido la duda o el reparo racional de COMPIN y SUSESO al diagnóstico del médico especialista que atendió a la paciente cuya licencia fue objetada?

Argumenta que, según ha establecido la jurisprudencia del máximo tribunal, “la ilegalidad que se reclama mediante esta acción constitucional, significa contraria a los supuestos de la ley, y el acto administrativo lo será́ cuando excede el ámbito de su competencia, el procedimiento diseñado al respecto, con el fin que el legislador asignó al mismo acto; en cambio, la arbitrariedad, tiene lugar en el campo de las facultades discrecionales, o sea, de aquellas en que el administrador goza de poderes amplios, y manifiesta opinión de un modo antojadizo, instintivo, inmotivado” (Corte Suprema rol 16.680, fallo de 10 de mayo de 1983) y por su parte la doctrina está igualmente conteste indicando que “arbitrariedad implica la carencia de razonabilidad en el actuar u omitir; la falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o aún más, inexistencia de los hechos que fundamenten un actuar. (…) un acto es ilegal cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse, o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley” (Pfeffer, Emilio. 2006. Revista Estudios Constitucionales, año 4 Nº 2).

Resalta que a consecuencia de lo expuesto la ACHS y la SUSESO, transgreden el derecho fundamental que el artículo 19 N°3 inciso 5° de la Constitución Política de la República consagra.

Solicita que la recurrida sea condenada en costas, atendido el actuar arbitrario e ilegal demostrado, lo que implicó además de la aflicción sufrida y señalada en esta presentación, costos procesales, humanos y el actuar de la justicia para enmendar el acto arbitrario.

Agrega que el Ord. N ° 32409 de fecha 20 de junio de 2018, fue recibido en su domicilio vía carta certificada el 30 de junio de 2018, de forma que el presente recurso se encuentra dentro del plazo de 30 días para su interposición.

Culmina solicitando que se sirva tener por interpuesto el presente recurso en favor de la recurrente y en contra de las recurridas, esto es, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Coquimbo (COMPIN) y SUSESO, acogerlo y en definitiva declarar que las resoluciones Ord. N° 32409 de fecha 20 de junio de 2018, es arbitraria por carecer de fundamentos y motivaciones, ordenando que sea declarada como profesional la enfermedad que padece, sin perjuicio de las demás medidas de protección que esta Corte de Apelaciones estime pertinente, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que, con el fin de sustentar su recurso, el recurrente acompañó los siguientes antecedentes: 1.- Informe y Diagnóstico ACHS 26 septiembre 2017; 2.- Certificados de Reposo Ley 16.744, 21 junio hasta 26 de octubre 2017; 3.- Solicitud de copia de Orden de la Casa Central ACHS, sobre declaración de enfermedad como común, con fecha 24 de noviembre de 2017, sin respuesta; 4.- Documento ACHS, termino de reposo laboral número de siniestro: 0004201387, con el número de paciente: 1002543211 con fecha; 26/10/2017; 5.- Nuevo ingreso de la ACHS por enfermedad profesional Ley 16.744, con fecha 30 de noviembre de 2017; 6.- Copia Licencia Verde Médica ACHS 15 días y 21 días; 7.- Documentos de controles con Psicólogas y Psiquiatras que nunca se concretaron por parte de la ACHS; 8.- Certificación que deriva al Sistema Previsional de Enfermedad común, otorgando Nº de Resolución: 000000004, con el nuevo Nº de Siniestro: 0005876740, mantenido el mismo Nº de Paciente: 1002543211, con fecha 6 de diciembre de 2017; 9.- Solicitud Informes Médicos de la Psicóloga nombre reservado y Psiquiatra nombre reservado sobre la Reevaluación por enfermedad profesional; 10.- Informe sobre Fundamentos de la Calificación de Patología de Enfermedad Común; 11.- Dos Informes médicos Psiquiatra nombre reservado; 12.- Licencias Psiquiatra nombre reservado, desde 13 de diciembre 2017 hasta el viernes 14 septiembre 2018; 13.- Informe Médico de la Dra. nombre reservado año 2012; 14.- Apelación a la SUSESO con fecha 26 de diciembre 2017, Causa Nº 18003-10-P-5; 15.- Presentación de un Téngase Presente a la SUSESO el 5 de marzo de 2018, anexe a la Causa Nº 18003-10-P-5; 16.- Cobertura ley 16.744, mediante Resolución Nº21058 de fecha 04-04-2013, Causa Nº 18003-2010-P1; 17.- Resolución de la SUSESO, de fecha 19 de abril de 2018, recibido con fecha 7 de mayo de 2018, declarando la improcedencia de solicitud para otorgar la cobertura de la ley Nº 16.744, con respecto a la Apelación del 26 de diciembre 2017, Causa Nº 18003-10-P-5; 18.- Presentación de Reconsideración a la SUSESO, con fecha 07 de junio 2018, y 19.- Ordinario N° 36750, de 19 de junio de 2018, de la SUSESO, recibido en el domicilio de actor con fecha 06 de agosto 2018, con respecto a la reconsideración del 07 de junio 2018 en orden a que la patología es de carácter común.

TERCERO: Que la Superintendencia de Seguridad Social, representada por don nombre reservado, con fecha 27 de septiembre de 2018 evacúa el informe solicitado por esta Corte de Apelaciones solicitando que se rechace, con costas, el recurso de protección deducido ello en razón de los siguientes fundamentos: 1.- Extemporaneidad, toda vez que fue interpuesto luego de haber transcurrido el plazo establecido en el auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección; 2.- Por carecer de objeto, en razón que la acción constitucional incide sobre materias de seguridad social, derecho fundamental contemplado en el número 18 del artículo 19 que no es amparado por el recurso de protección, conforme lo dispone el artículo 20 de la Constitución Política, y 3.- En subsidio de todo lo anterior, solicita el rechazo de la acción de protección por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria en que haya incurrido.

Afirma, en relación a la extemporaneidad del recurso, que el recurrente interpuso el recurso el día 3 de septiembre de 2018, en circunstancias que la reclamación deducida por éste ante la SUSESO es de fecha 7 de junio de 2018, y en la que solicita la reconsideración del ordinario N° 19.862, de 14 de abril de 2018, que calificó como de origen común la afectación de salud mental que padece, petición que finalmente fue desestimada. Agrega, a mayor abundamiento, que el recurrente, con fecha 26 de diciembre de 2017 y 5 de marzo de 2018 solicitó un pronunciamiento sobre el origen común o laboral de la enfermedad que lo afecta y que motivó las acciones de la Asociación Chilena de Seguridad y las licencias médicas que singulariza y beneficiaron al recurrente. En razón de tales presentaciones y con el mérito del expediente administrativo la SUSESO dictó el ordinario N° 19.862, de fecha 19 de abril de 2018, que califica de común la enfermedad del recurrente, lo que fue comunicado a la COMPIN y al propio recurrente.

Concluye, por consiguiente, que ha transcurrido el plazo de 30 días para interponer el recurso de protección, por cuanto el mismo debe contabilizarse a partir del día 7 de junio de 2018, fecha en que el recurrente solicitó la reconsideración del ordinario N° 19.862, de 14 de abril de 2018.

Agrega que la presente acción constitucional, contrariando su naturaleza y finalidad, es utilizada como última instancia de reclamación para obtener un pronunciamiento favorable, la que por razones médicas y laborales fue resuelta en instancia administrativa prevista en nuestro ordenamiento jurídico, haciendo presente que conforme lo disponen los artículos 77 y 77 bis de la Ley N° 16.744 le corresponde a la SUSESO el resolver las reclamaciones con competencia exclusiva y sin ulterior recurso.

Sostiene que aparece de manifiesto la falta de oportunidad para el ejercicio de la presente acción constitucional, citando para ello el numeral 1° del auto acordado de tramitación del recurso de protección, para lo cual, en sustento de su posición, cita adicionalmente diversas sentencias de tribunales superiores de justicia.

Añade que la acción constitucional de protección no es una vía de impugnación subsidiaria de otras que pueda contemplar el ordenamiento jurídico, sean éstas administrativas o judiciales, de aceptar la posible revisión de una decisión administrativa más allá de las reclamaciones dispuestas en el ordenamiento jurídico, es asumir que este excepcional procedimiento de emergencia se constituya en una nueva instancia de revisión, lo cual está muy lejos de la finalidad por el cual el constituyente creó la acción de protección.

Expone, en el primer otrosí de su presentación y como segundo acápite en su defensa, que la materia en que incide el presente recurso de protección forma parte del derecho a la seguridad social, subsistema del seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y, puntualmente, con la calificación de origen común o laboral de una enfermedad y la determinación del porcentaje de incapacidad asociada a ésta.

Afirma que la calificación de una enfermedad como laboral o común corresponde al procedimiento de reclamos o apelaciones comprendido en los artículos 77 y 77 bis de la Ley N° 16.744, materias que sin duda pertenecen al campo de la seguridad social y, por tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente del ámbito del recurso de protección. De esta forma, incidiendo el recurso de protección respecto del derecho fundamental reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Magna, éste no está incluido entre aquellos que taxativamente son objeto del recurso de protección conforme lo establece el artículo 20 de la Constitución Política.

Agrega que la acción de protección es de carácter excepcional y sólo incide en relación a aquellas materias en que una persona es víctima de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza en el legitimo ejercicio de los derechos y garantías expresamente señalados en la Constitución Política. En apoyo a la referida argumentación, nuevamente se citan sentencias de la Ilustrísima Corte de Apelaciones Santiago.

Añade, con carácter subsidiario a todo lo expuesto y ahora en relación al fondo de asunto materia de la presente acción de protección, que conforme consta de los antecedentes acompañados, el recurrente con fecha 7 de junio de 2018, dedujo recurso de reconsideración del dictamen N° 19.862, de 14 de abril del mismo año, que calificó como de origen común y no laboral la afectación de salud mental que padece y que originó el reposo prescrito a partir del 7 de noviembre de 2017, reclamo que fue desestimado por cuanto los antecedentes acompañados no permiten desvirtuar lo resuelto, dictamen y fundamentos que están contenidos en el ordinario N° 36.750 de 19 de julio de 2018 que es impugnado en autos.

Afirma que el recurrente con fecha 26 de diciembre de 2017 y 5 de marzo de 2018 solicitó un pronunciamiento sobre el origen común o laboral de la enfermedad que lo afecta y que motivó las acciones de la Asociación Chilena de Seguridad y las licencias médicas que singulariza. Que a raíz de esas presentaciones la SUSESO requirió la información necesaria para resolver la solicitud del recurrente a la mutualidad singularizada, última entidad que informó por carta de 2 de febrero lo siguiente: "El Sr. nombre reservado ingreso a nuestras dependencias médicas el 08 de noviembre de 2017, para evaluación sobre posible neurosis laboral. En atención a que la información requerida se refiriere a aspectos de estricto orden médico, nos remitimos a la Ficha Clínica e Informe Médico, cuyas copias acompañamos. Cabe destacar que con las evaluaciones médicas y psicológicas realizadas al Sr. nombre reservado se le diagnosticó un episodio depresivo, de origen no laboral. Dicha Calificación quedo confirmada por el Estudio de Puesto de Trabajo realizado, que también se acompaña, en el cual, no se corroboro factores de riesgos suficientes para desencadenar una patología de origen laboral".

Afirma que los profesionales médicos de la SUSESO procedieron al análisis de los antecedentes clínicos y laborales aportados por la mutualidad referida y por el interesado Sr. nombre reservado y que con su mérito declaró el origen común de la afección de salud del recurrente, dictamen contenido en Ord. Nº 19.862, de fecha 19 de abril de 2018, comunicada a la COMPIN Región de Coquimbo, a la Asociación Chilena de Seguridad y al interesado, Sr. nombre reservado.

En relación a los aspectos de derecho, hace presente que la Ley Nº 16.744 que creó el Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales comprende cómo contingencias cubiertas por este seguro social los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, en los términos que están definidos por el legislador en los artículos 5° y 7° del referido cuerpo legal, de forma que se entiende por accidente del trabajo "toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte”.

Agrega que según lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley Nº 16.744 las enfermedades profesionales son las "causadas de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produce incapacidad o muerte". El artículo 16 del D.S. Nº 109, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, dispone que, para que "una enfermedad se considere profesional es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo, aun cuando éstos no se estén desempeñando a la época del diagnóstico".

Hace presente que las personas protegidas por este seguro social están singularizadas, principalmente, en los artículos 2° y 3° de dicho cuerpo legal, que las prestaciones que contempla la Ley Nº 16.744 pueden ser médicas y económicas o pecuniarias, las que se encuentran reguladas en los artículos 29 y 27 de cuerpo legal citado, distinguiendo según el grado de incapacidad laboral y clase (temporal o permanente) que el accidente del trabajo o la enfermedad profesional causen y están contempladas a partir del artículo 30 del cuerpo legal ya citado.

Sostiene, en relación a los antecedentes que informan la acción de protección interpuesta en autos, que el artículo 77 bis de la Ley Nº 16.744, dispone que: "El trabajador afectado por el rechazo de una licencia o de un reposo médico por parte de los organismos de los Servicios de Salud, Instituciones de Salud Previsional o de las Mutualidades de Empleadores, basado en que la afección invocada tiene o no tiene origen profesional, según el caso, deberá concurrir ante el organismo de régimen previsional a que esté afiliado, que no sea el que rechazó la licencia o el reposo médico, el cual estará obligado a cursarla de inmediato y a otorgar las prestaciones médicas o pecuniarias que correspondan, sin perjuicio de los reclamos posteriores y reembolsos, si procedieren, que establece este artículo”. Agrega que el mismo artículo señala lo siguiente: "En la situación prevista en el inciso anterior, cualquier persona o entidad interesada podrá reclamar directamente en la Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de la licencia o del reposo médico, debiendo ésta resolver, con competencia exclusiva y sin ulterior recurso sobre el carácter de la afección que dio origen a ella, en el plazo de treinta días contado desde la recepción de los antecedentes que se requieran o desde la fecha en que el trabajador afectado se hubiere sometido a los exámenes que disponga dicho Organismo, si éstos fueren posteriores”.

Afirma que, como se desprende de la relación que se ha realizado en su informe, la actuación de la Superintendencia se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras. Correspondiéndole a la Superintendencia de Seguridad Social cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Añade que el artículo 3° de la Ley Nº 16.395, que regula su funcionamiento orgánico, dispone que "La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia". El inc. 2° del mismo artículo indica que: "La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones." Reitera que la pretensión del recurrente, en orden a dejar sin efecto la resolución impugnada en autos, además de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario " ... sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 ... ".

Concluye haciendo presente que no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, ésta se limitó a resolver la reclamación del Sr. nombre reservado y posteriormente su solicitud de reconsideración, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido, en la especie, vulneración o amenaza al derecho a la vida e integridad física y psíquica del recurrente, al debido proceso y, menos aún, se ha infringido o vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocidos a todas las personas en el artículo 19 Nos. 1°, 3° y 24 de la Constitución Política, como tampoco ningún otro derecho garantizado por ella.

Acompaña a su informe, con citación, copia del expediente administrativo que da origen al presente recurso de protección.

CUARTO: Que, con fecha 15 de septiembre de 2019 evacua el informe de rigor solicitado por esta Corte de Apelaciones la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo (COMPIN), la que actúa representada convencionalmente por don Sergio Ansieta Calderón, abogado, quien junto con exponer lo necesario para su defensa en la acción de protección deducida en su contra, solicita el rechazo de la misma, por no existir una actuación arbitraria o ilegal que importe a la recurrente vulneración de un derecho constitucionalmente garantizado o su amenaza.

Sostiene, que a la luz de lo afirmado por el recurrente en su acción y de lo informado por la SUSESO, que la COMPIN no ha intervenido en la declaración de enfermedad común de la patología psiquiátrica del recurrente, ya que ello es una facultad privativa de la ACHS, ratificada por la SUSESO, de allí que no existe actuación alguna de su representada que pueda ser calificada como arbitraria o ilegal sobre este hecho.

Agrega que, habiendo sido notificado por la SUSESO del carácter común de la enfermedad del recurrente, la COMPIN procedió a autorizar todas las licencias médicas del recurrente que le fueron remitidas, sin que exista ninguna que haya sido rechazada, ni se encuentre pendiente de trámite.

Añade, tal cual consta del certificado de Subsidio de Incapacidad Laboral de la Caja de Compensación Los Héroes, que se acompaña, que las referidas licencias médicas fueron todas pagadas.

Concluye que no existen actos ilegales o arbitrarios que hayan sido cometidos por la COMPIN de Coquimbo, con ocasión de las licencias médicas del recurrente, pues todas ellas fueron autorizadas y se encuentran pagadas.

Culmina solicitando el rechazo de la acción de protección deducida por don nombre reservado, la que debe ser desestimada en todas sus partes.

Agrega a su informe los siguientes antecedentes: 1.- Copia de Mandato judicial otorgado en la Notario Fernández de La Serena, de fecha 13 de diciembre de 2018, y 2.- Certificado de Subsidio de Incapacidad Laboral de la Caja de Compensación Los Héroes, de fecha 15/01/19.

QUINTO: Que, con 24 de enero de 2019, esta Corte de Apelaciones, de conformidad a lo dispuesto en el numeral tercero del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, estimando como trámite previo e indispensable para entrar a la vista de esta causa, solicitó informe a la Asociación Chilena de Seguridad, al tenor del recurso, quien deberá evacuarlo dentro de plazo de 8 días, debiendo adjuntar al mismo todos los antecedentes que sobre los hechos materia del recurso obren en su poder. El referido trámite se cumplió con fecha 30 de abril de 2019, oportunidad en la cual la Asociación Chilena de Seguridad, representada convencionalmente por don nombre reservado emitió el respectivo informe, junto con diversos antecedentes que fundamentan su posición.

Explica que la Asociación Chilena de Seguridad es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, conforme lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto Supremo N° 285, que señala, “las Mutualidades de Empleadores son corporaciones regidas por el Título XXXIII del Libro I del Código Civil, que tienen por fin administrar, sin ánimo de lucro, el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de acuerdo con las disposiciones de la Ley N°16.744 y de las que se dicten en el futuro, y de sus respectivos reglamentos, y que han sido autorizadas para este objetivo por el Presidente de la República”.

Agrega que de acuerdo al Compendio de la seguridad y salud laboral elaborado por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), en su libro III, letra C, capítulo I, para la correcta determinación del origen, común o laboral, de una patología de salud mental, el proceso de calificación requiere la evaluación, con distintos métodos, de la presencia de condiciones laborales específicas y la correlación de temporalidad, frecuencia e intensidad de dicha exposición con el diagnóstico establecido, para validar o refutar una hipótesis causal coherente entre la patología y la exposición a riesgos observada.

Añade que el Sr. nombre reservado, ingresó a dependencias médicas de la ACHS el día 8 de noviembre de 2017 para estudio de una patología de salud mental que atribuía a las funciones como profesor que prestaba para su entidad empleadora la Ilustre Municipalidad de Combarbalá.

Explicita que una vez concluidas las evaluaciones y tratamientos, que incluyeron atención sicológica, psiquiátrica, y la realización de un estudio de puesto de trabajo de salud mental, el comité calificador el día 30 de noviembre de 2017 determinó que la patología del Sr. nombre reservado (episodio depresivo) sería de origen común, al no detectar el agente de riesgo bajo apoyo social de jefatura/ organización, así como tampoco fue posible corroborar un liderazgo disfuncional que permitiera establecer una relación directa entre su quehacer laboral y su sintomatología, según lo prescrito en el artículo 7 de la Ley N°16.744, razón por lo cual fue derivado a su sistema de salud común para continuar su tratamiento.

Agrega que el 26 de diciembre de 2017 y el 5 de marzo de 2018, el Sr. nombre reservado reclamó de la determinación de enfermedad común a la Superintendencia de Seguridad Social, organismo que ofició a la Asociación solicitando los fundamentos de la calificación como común de la patología, así como sus antecedentes de respaldo, lo que fue respondido mediante carta N° GG.070.819.2018, del 1 de febrero de 2018 acompañando los antecedentes respectivos que se adjuntan en un otrosí de su informe.

Informa que la Superintendencia de Seguridad Social, mediante su Resolución Exenta N° 19862, del día 19 de abril de 2018, resolvió conforme al procedimiento del artículo 77 de la Ley N° 16.744 y sin derecho a ulterior recurso, el reclamo efectuado por el Sr. nombre reservado, declarando que la patología que lo afecta es de origen común, no siendo procedente otorgar la cobertura del Seguro Social de la Ley N° 16.744. En efecto, tal como se consigna en dicha resolución, de los antecedentes que se tuvieron a la vista por ese organismo, entre ellos, estudio de puesto de trabajo, informes y registros clínicos, DIEP, se verificó la concurrencia de factores de riesgo de índole no laboral, que explican la emergencia y evolución de la patología del Sr. nombre reservado.

Explica que, en razón de lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, no corresponde que la Asociación Chilena de Seguridad brinde al Sr. nombre reservado las prestaciones a que se refiere la Ley N°16.744, en relación a la patología de salud mental de origen no laboral que padece.

Añade que el Sr. nombre reservado habría presentado, el día 7 de junio de 2018, una solicitud de reconsideración de la resolución anterior de la Superintendencia de Seguridad Social, oportunidad en que el organismo regulador revisó nuevamente los antecedentes contenidos en el expediente del caso, concluyendo mediante su Resolución Exenta N° 36750, del 19 de julio de 2018, que no existen motivos para modificar lo resuelto en forma previa, rechazando la solicitud del recurrente por segunda vez.

Hace presente que la acción de protección interpuesta por el Sr. nombre reservado se refiere a materias reguladas por la Ley N° 16.744, que contempla el Seguro Social contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, es decir, comprendido en nuestro sistema de Seguridad Social Nacional. Asimismo, la acción de protección posee un carácter excepcional, y procede sólo en aquellos casos relativos a las materias indicadas en el catálogo taxativo del artículo 20, siempre que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías contemplados en dicha norma, entre las cuales no se encuentra el numeral 18° del artículo 19 que consagra el derecho a la seguridad social conforme se desprende del catálogo taxativo del artículo 20 de la Constitución Política de la República, razón por lo cual estimamos que la acción impetrada debe declararse inadmisible.

Concluye sosteniendo que de acuerdo a lo prescrito en el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, que regula la aplicación del artículo 20 de la Constitución Política de la República, la acción se “interpondrá dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos lo que se hará constar en autos”. En el presente caso, el Sr. nombre reservado reclamó por primera vez de la calificación como común de su patología ante la SUSESO el día 26 de diciembre de 2017, luego el 5 de marzo de 2018, recurriendo de protección con fecha 3 de septiembre de 2018, excediendo ampliamente el plazo fatal de 30 días prescrito.

Solicita tener por evacuado el informe solicitado.

SEXTO: Que se procedió a la vista de la causa, escuchándose los alegatos de los abogados don Eric Álamos Cereceda, en representación de la SUSESO y de don Sergio Ansieta Calderón, en representación de la COMPIN de la Región de Coquimbo, ambos en contra del recurso. Escuchados los alegatos se adoptó acuerdo.

En cuanto a la extemporaneidad del recurso.

SÉPTIMO: Que la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y la Asociación Chilena de Seguridad han alegado la extemporaneidad del recurso deducido por el recurrente, por cuanto el mismo habría sido interpuesto transcurrido el plazo de 30 días establecido en el auto acordado que regula la tramitación y fallo del recurso de protección.

Argumenta, la primera, que el recurrente habría tomado conocimiento cierto del acto impugnado en la presente acción de protección el día 7 de junio de 2018, fecha en la que solicitó la reconsideración del dictamen Ord. N° 19.862, de 14 de abril de 2018, que califica de origen común el padecimiento que afecta al recurrente. Agrega, en el caso de la SUSESO, que sin perjuicio lo anterior, el Sr. nombre reservado dirigió con fecha 26 de diciembre de 2017 y 05 de marzo de 2018 presentaciones solicitando un pronunciamiento acerca del origen laboral o común de la afección de salud mental que presentó y que motivó las acciones otorgadas por la Asociación Chilena de Seguridad y la emisión de las licencias médicas que singulariza. De esta forma, se afirma por la SUSESO, que el plazo para interponer el recurso de protección comenzó a correr el día 7 de junio de 2018, por lo que a la fecha de presentación de la acción de protección han transcurrido mas de 60 días.

Por su parte, la ACHS, sostiene que el recurrente reclamó por primera vez de la calificación de común de su enfermedad ante la SUSESO el 26 de diciembre de 2017, luego el 5 de marzo de 2018, recurriendo de protección el día 3 de septiembre del 2018, excediendo con creces el plazo de 30 días para deducir el recurso de protección.

OCTAVO: Que el artículo 54 de la Ley N° 19.880, dispone en su inciso primero: “Interpuesta por un interesado una reclamación ante la Administración no podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquélla no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimada”. Por su parte, el inciso segundo de la misma disposición prescribe que “Planteada la reclamación se interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional. Este volverá a contarse desde la fecha en que se notifique el acto que la resuelve o, en su caso, desde que la reclamación se entienda desestimada por el transcurso del plazo”.

De la disposición legal antes citada se desprende que mientras se encuentre pendiente un recurso administrativo, sea debido a que aún no ha transcurrido el término legal para deducirlo o bien, debido a que deducido en el plazo legal, el mismo aún no es resuelto y notificado por la autoridad administrativa, no transcurre para el reclamante plazo alguno para ejercer acciones de carácter jurisdiccional, ya que éste se encuentra impedido de deducir la misma pretensión ante los Tribunales de Justicia, debiendo, por tanto, agotarse la vía administrativa respectiva. La anterior conclusión es corroborada en el inciso segundo de la disposición legal analizada, por cuanto, al disponer que la reclamación administrativa interrumpe el plazo para ejercer la acción jurisdiccional, simplemente se esta confirmando la regla que en materia de actos administrativos debe agotarse la vía administrativa antes de acudir a la judicial y de ahí que la reclamación deducida suspende el plazo de la respectiva vía jurisdiccional. Ello importa, entonces, que para acudir a la vía jurisdiccional resulta indispensable estar frente a un acto administrativo terminal respecto del cual ya no es posible deducir recursos administrativos, en otros términos, el plazo para interponer acciones de carácter jurisdiccional en contra de un acto administrativo se contabilizada desde que la instancia administrativa se encuentra a firme o culminada y desde la notificación del respectivo acto administrativo, ya que “desde ese momento nace para ella el hecho cierto que la autoridad respectiva ha denegado su solicitud” (E. Corte Suprema, sentencia de 21 de octubre de 2013, rol N° 7749-2013, en idéntico sentido roles Nos. 415-2014, 16.162-2014, 1.463-2015, 5.736-2015 y 22.944-2018).

Lo anterior presenta especial importancia en el caso de autos, por cuanto el plazo para deducir la acción de protección no ha de contabilizarse desde el día 7 de junio de 2018 conforme lo sostiene la SUSESO en su informe, ni del 26 de diciembre de 2017 o del 5 de marzo de 2018 conforme lo sostiene la ACHS, sino que debe tenerse en consideración el agotamiento previo de la fase administrativa respectiva y la fecha en que el recurrente, luego de agotada aquella, tomo conocimiento cabal del acto administrativo recurrido por vía de la acción de protección.

NOVENO: Que, conforme consta en los documentos acompañados por el Sr. nombre reservado en su libelo, éste habría tomado conocimiento cierto del Ordinario N° 36.750, de 19 de julio de 2018, de la SUSESO, que rechaza el recurso de reconsideración deducido por el actor, el día 6 de agosto de 2018, conforme consta la observación señalada en el mismo que reza: “Con fecha 06/08/2018, recibí documento, tirado en el patio de mi casa”, documento que estando en conocimiento de los recurrentes no fue objetado ni cuestionado.

Siendo así y tendiendo en consideración lo establecido en el artículo 54 de la Ley N° 19.880, se desprende que, al momento de interponerse la presente acción de protección, 3 de septiembre de 2019, aún no había transcurrido el término de 30 días establecido en el auto acordado que regula la tramitación y fallo del recurso de protección, de lo cual resulta preciso concluir en el sentido de proceder al rechazo de la alegación de extemporaneidad planteada.

En relación al fondo de la acción de protección.

DÉCIMO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es concebido como una acción cautelar de determinados derechos fundamentales frente a los menoscabos, perturbaciones o amenazas que puedan experimentar en su legítimo ejercicio ello como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Constituyen presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho fundamental y, c) que dicho derecho esté contemplado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Cumplidos los presupuestos antes singularizados, en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, los tribunales competentes pueden adoptar las medidas de resguardo o providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado, ello sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

UNDÉCIMO: Que como se desprende de lo expresado, constituye requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera, o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza. La referida acción u omisión arbitraria o ilegal debe traer, como consecuencia, algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, es decir, una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho fundamental contemplado expresamente por la Carta Fundamental, de forma tal que, en definitiva, se exige una relación de causalidad entre el comportamiento arbitrario o ilegal y la afectación del derecho fundamental, consideración que resulta necesaria para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

DUODÉCIMO: Que, cabe tener en consideración que el derecho a la seguridad social, contemplado en el numeral 18° del artículo 19 de la Constitución Política, efectivamente no se encuentra comprendido entre los derechos fundamentales susceptibles de ser amparados por vía del recurso de protección y que, desde tal perspectiva, la presente acción de protección carecería de objeto. Sin embargo, ello sólo resulta sostenible en el evento que se pretenda, por vía del recurso de protección, amparar o proteger directa y exclusivamente el derecho a la seguridad social, pero no cuando la acción u omisión que se sostiene ilegal o arbitraria afecta otros derechos fundamentales que si se encuentran asegurados por vía de la acción constitucional de protección como es el derecho a la vida e integridad física y psíquica de una persona, en este caso del recurrente, así como también el derecho de propiedad sobre los subsidios a que da lugar la existencia de una enfermedad sea profesional o no. Adicionalmente, la Seguridad Social nace y se justifica en razón que las personas se encuentran afectadas en su vida por contingencias sociales que pueden perturbar su vida y/o su salud y de las cuales deben ser protegidas o, al menos, ver disminuida en los efectos negativos que le causan. De ahí que la Seguridad Social surge, justamente, en el seno social a objeto de minimizar los efectos del paso del tiempo en las personas y la afectación natural que la vejez produce, de hacer frente a las enfermedades que afectan al trabajador y/o proteger a éste frente a accidentes, ello por vía de mecanismos que permitan a esa persona poder contar con medios económicos y prestaciones que aseguren su digna subsistencia y la de su grupo familiar cuando por razones temporales o permanentes no se encuentra en condiciones de poder desarrollar una actividad remunerada, de forma tal que la seguridad social, como concepto y derecho, se vincula, inseparablemente al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, incluyendo la protección a la salud de las personas. Por consiguiente, de acuerdo a lo que se viene razonando no resulta posible sostener que el presente recurso de protección carece de objeto, por cuanto, es evidente que en definitiva, lo que se afecta en relación a los hechos que motivan y fundamentan la acción de protección de autos, son los pagos por subsidios vinculados a las licencias médicas por enfermedades laborales, por una parte, y el derecho de propiedad sobre ellos en la medida que se cumplen los requisitos para su otorgamiento y, por otro, por encontrarse involucrados derechos constitucionalmente amparados y protegidos como son la vida y la salud de las personas, más cuando en el caso concreto, quien solicita la protección se encuentra en una situación de desmedro, al verse impedido de trabajar por una enfermedad que le provocó una incapacidad.

Finalmente, la determinación de los derechos fundamentales eventualmente amagados o afectados por los hechos que sirven de sustento fáctico de la acción de protección, corresponde a una facultad privativa de los Tribunales de Justicia, a quienes justamente el constituyente encargó la especial tarea de dar amparo y cobijo por vía del acceso a la jurisdicción a quienes se vean o estimen afectados en tales derechos.

DÉCIMO TERCERO: Que, resueltas las alegaciones de extemporaneidad de la acción de protección y la falta de objeto de la misma, se hace necesario determinar la existencia o no de los elementos que hacen procedente la acción de protección de conformidad a lo expuesto en el considerando décimo. De esta forma, en lo que interesa a la controversia que se ha suscitado por el presente recurso el problema se centraría en la declaración de enfermedad común que habría realizado la SUSESO mediante el ordinario N° 19.862, de 14 de abril de 2018, decisión que posteriormente fue ratificada con la dictación del ordinario N° 36750, de 19 de julio de 2018, que rechaza la reconsideración deducida por el recurrente, ratificando que la afección que lo afecta es de origen común, de forma tal que no es procedente otorgar la cobertura de la Ley N° 16.744. Por consiguiente, en el caso de autos no existe una mayor controversia sobre los hechos que motivan el recurso, no se desconoce la enfermedad que afecta al recurrente, ni el otorgamiento de diversas licencias médicas y períodos de reposo, siendo la controversia central la declaración de enfermedad común que afecta al actor, ello sin perjuicio de otras alegaciones efectuadas por los recurrentes y que ya se analizaron.

Señalado lo anterior, ha de centrarse el análisis en la declaración que califica como de origen común, la enfermedad que afectaba al recurrente y si, en el caso concreto, tal calificación constituye o no un acto u omisión ilegal o arbitrario que, consecuencialmente, provoque la afectación del derecho a la vida e integridad física y mental del actor de autos y de su eventual derecho de dominio sobre las prestaciones establecidas por la Ley N° 16.744.

DÉCIMO CUARTO: Que, el artículo 77 de la Ley N° 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, establece que los afiliados o sus derecho-habientes, así como también los organismos administradores podrán reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de las decisiones de los Servicios de Salud o de las Mutualidades en su caso recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico. Por su parte, el inciso segundo de la misma disposición establece que las resoluciones de la Comisión serán apelables, en todo caso, ante la Superintendencia de Seguridad Social dentro del plazo de 30 días hábiles, la que resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso. Por su parte, en relación al tema que es objeto de la presente acción de protección, el artículo 77 bis del referido cuerpo legal establece que: “El trabajador afectado por rechazo de una licencia o de un reposo médico por parte de los organismos de los Servicios de Salud, de las Instituciones de Salud Previsional o de las Mutualidades de Empleadores, basado en que la afección invocada tiene o no tiene origen profesional, según el caso, deberá concurrir ante el organismo de régimen previsional a que esté afiliado, que no sea el que rechazó la licencia o el reposo médico, el cual estará obligado a cursarla de inmediato y a otorgar las prestaciones médicas o pecuniarias que correspondan, sin perjuicio de los reclamos posteriores y reembolsos, si procedieren, que establece este artículo”. Agregando el inciso segundo de la misma disposición que: “En la situación prevista en el inciso anterior, cualquier persona o entidad interesada podrá reclamar directamente en la Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de la licencia o del reposo médico, debiendo ésta resolver, con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, sobre el carácter de la afección que dio origen a ella, en el plazo de treinta días contado desde la recepción de los antecedentes que se requieran o desde la fecha en que el trabajador afectado se hubiere sometido a los exámenes que disponga dicho Organismo, si éstos fueren posteriores”. Por consiguiente, de las disposiciones legales citadas se desprende que la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde actuar como órgano de apelación o reconsideración de la decisión que determina como de origen común o no de una determinada enfermedad o padecimiento que afecte a un trabajador afiliado al sistema de seguro de la Ley N° 16.395. Lo anterior se encuentra total armonía con lo dispuesto en la letra c) del artículo 2° de la Ley N° 16.395, cuando establece que le corresponde a la SUSESO, entre otras funciones, el “Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de la seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia”. Adicionalmente, el artículo 3° de la Ley N° 16.395, establece que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, del ámbito de su competencia”. Por su parte, el inciso 2° de la misma disposición prescribe que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones”. Del análisis de las referidas disposiciones legales se desprende que la Superintendencia de Seguridad Social posee las atribuciones legales necesarias para haber dictado tanto el ordinario N° 19.862, de 14 de abril de 2018, que declaró como común la afección del recurrente, como también el ordinario N° 36750, de 19 de julio de 2018, que rechazó la reclamación administrativa deducida por el señor nombre reservado.

DÉCIMO QUINTO: Que el recurrente sostiene, adicionalmente, que las resoluciones de la SUSESO a las que ya se ha hecho referencia, son del todo antojadizas, toda vez que no señalan cuáles son sus fundamentos, acusando, esencialmente, de falta de debida motivación a las respectivas decisiones administrativas y, por tanto, atribuyendo de arbitrario el actuar del referido órgano público. Ahora bien, si bien del examen del ordinario N° 19.862, de 14 de abril de 2018, se puede desprender una fundamentación de carácter general, al señalar que la afectación que presentó el recurrente es de origen común, toda vez que no es posible establecer una relación de causa directa, como lo exige la Ley N° 16.744, entre el trabajo desempeñado y las sintomatología que motivo el reposo, tal conclusión es el término de un procedimiento de análisis e investigación de diversos antecedentes que se tuvieron en cuenta, como lo demuestra el examen de los antecedentes administrativos acompañados a autos, en los cuales se analizaron una multitud de factores, entre ellos ambientales, laborales y médicos, que se tuvieron en vista para sostener tal conclusión. Adicionalmente, tal conclusión, analizada desde las diversas perspectivas que se han señalado, es el resultado técnico de diversas ciencias médicas y actuaciones realizadas por los organismos técnicos que la Ley N° 16.744 establece, de forma que corresponde a una cuestión en extremo compleja que, por regla general, excede el ámbito propio de la presente acción constitucional, labor que en principio resulta ajena a este procedimiento cautelar. Por consiguiente, no se observa, conforme a lo señalado precedentemente asomo de arbitrariedad en el actuar de la SUSESO, ello sin perjuicio de estimar que el fondo del asunto sometido a la presente acción constitucional, determinación o no del carácter común de una enfermedad, excede el ámbito de la misma. Ahora bien, en relación al ordinario N° 36750, de 19 de julio de 2018, de la SUSESO, si bien escueta en fundamentos, señala expresamente que la decisión se mantiene toda vez que nuevamente se revisaron todos los antecedentes ya tenidos a la vista para dictar el ordinario N° 19862, ya tantas veces singularizado, de forma tal que aquel surge necesariamente del mismo procedimiento de análisis e investigación que culminó en la declaración de enfermedad común del padecimiento del recurrente, conforme lo cual, por todo lo ya señalado, no se observa arbitrariedad en su dictación.

DÉCIMO SEXTO: Que, en relación a la acción de protección dirigida en contra de la COMPIN de Coquimbo, conforme consta de los antecedentes reunidos en esta instancia, especialmente del mismo recurso de protección y demás documentos acompañados, no se observa acción u omisión alguna en que la referida Comisión haya incurrido para afectar los derechos fundamentales del actor. De hecho, la referida entidad no tuvo participación alguna en el proceso de calificación de la enfermedad del señor nombre reservado y no participó en los hechos que culminan en la declaración de enfermedad común del padecimiento que sufría el actor, por lo que evidentemente la acción cautelar deducida en su contra no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que se rechaza la alegación de extemporaneidad del recurso planteada por la Superintendencia de Seguridad Social, y II.- Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de Superintendencia de Seguridad Social y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Coquimbo.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante, señor Enrique Labarca Cortés.

Rol N° 1032-2018.