nombre reservado con UNIVERSIDAD DE LA SERENA

nombre reservado, nombre reservado

Universidad de La Serena Recurso de Protección Rol N° 10.302-2022.- La Serena, veinticinco de febrero de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós comparece nombre reservado, Secretaria que presta servicios en la Unidad de Movilización de la Dirección de Servicios de la Universidad de La Serena, deduciendo recurso de protección en contra de la Universidad de La Serena, por los actos y omisiones de carácter ilegales y arbitrarios que fueran adoptados por dicha casa de estudios superiores, a partir del día 02 de Diciembre de 2022, a raíz de la Resolución Exenta N° 2078/2022, de fecha 25 de noviembre de 2022, de la Rectoría de la Universidad de La Serena, entregada a su persona el día viernes 02 de Diciembre de 2022, y que “dispone la no renovación de mi cargo a contrata como secretaría de la Universidad”, a contar del 01 de Enero de 2023.

Expone que se desempeña como Secretaria de la Universidad de La Serena, hace más de 18 años (Desde el año 2004 hasta la fecha).

Añade que, hasta el mes de Mayo de 2022, cumplía funciones en la Oficina de Capacitación de la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la Universidad de La Serena, para ser destinada a la Unidad de Movilización de la Dirección de Servicios, por medida preventiva decretada en un sumario administrativo que se instruye actualmente en la Universidad iniciado en el año 2019, en cuya Unidad Especializada se desempeña hasta la fecha como Secretaria, por existir la necesidad y la plaza para ello.

indica que el día 25 de noviembre de 2022, el Director de la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión, don nombre reservado, le dijo que le tenía malas noticias y le entregó la Comunicación Interna N° 78/2022 de fecha 25 de Noviembre de 2022, proveniente de esa misma dirección, haciendo firmar la copia del documento, a través de la cual se le indica la No Renovación de su Contrato como Secretaria, cuya última renovación se habría materializado, según dicha comunicación, a través de la Resolución Exenta RA 240/3461/2021.

Refiere que, sin perjuicio del nulo o a lo menos defectuoso emplazamiento, la recurrente entendía que debía tomar cartas en el asunto y ejerció su derecho a impugnar dicha comunicación interna a través de un formal ESCRITO que en lo PRINCIPAL contenía solicitud de invalidación conforme a lo consagrado en el artículo 53 de la Ley 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los órganos de la Administración del Estado, debido a los vicios que adolecía la referida comunicación tanto en la forma como en el fondo, y en forma subsidiaria, dedujo en el mismo escrito, RECURSO DE REPOSICIÓN con JERÁRQUICO en subsidio, siendo presentado dentro de plazo el día viernes 02 de Diciembre de 2022.

No obstante lo dicho, el mismo día viernes 02 de diciembre del año en curso, se le hizo entrega informal en su trabajo, en la Unidad de Movilización de la Dirección de Servicios, de una copia de la Resolución Exenta N° 2078/2022, de fecha 25 de noviembre de 2022, de la Rectoría de la Universidad de La Serena, suscrita por doña nombre reservado como Rectora (S) y don nombre reservado, como Secretario General, a través de la cual se adoptaba la misma decisión de no renovación de su contrato. Solo se le hizo firmar la copia del documento, pero no hubo acta o constancia formal de notificación.

Considerando que ese mismo día 02 de diciembre de 2022, vencía el plazo legal que consagra el artículo 59 de la Ley 19.880, de cinco (5) días hábiles, y solo contaba hasta ese día para presentar recurso de impugnación en contra de tan inesperada y perjudicial noticia, aparte que no tuvo ninguna orientación o aclaración de parte de ningún funcionario o directivo de la Universidad respecto de que derechos o que trámites debía realizar, o bien, el por qué se le estaban entregando dos (2) documentos en definitiva para avisarle del cese de su contrata por no renovación, se vio en la necesidad y urgencia de presentar ese día su escrito con SOLICITUD DE INVALIDACIÓN como petición principal, y con RECURSO DE REPOSICIÓN con JERÁRQUICO en subsidio, porque como no había notificación formal con acta o constancia que le indicara el plazo que tenía y los recursos que podía ejercer, entonces no podía arriesgarse a que luego se le indicara que no presentó su escrito dentro de plazo, entendiendo que la Comunicación de fecha 25 de noviembre de 2022 del Director de la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión, se trataba del documento institucional que debía recurrir.

Agrega que luego de recibir la Resolución Exenta N° 2078/2022, de fecha 25 de noviembre de 2022, de la Rectoría de la Universidad de La Serena, debió presentar una breve ampliación a su escrito, en donde indicaba que ya había efectuado una presentación formal de impugnación con fecha 02 de diciembre de 2022.

Posteriormente, y aún sin tener noticias de sus escritos, presentó solicitud de SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO, mientras no se resolviera el recurso procesal ya aludido y no se encontrara ejecutoriado el acto recurrido, en virtud a lo establecido en el artículo 57 de la Ley N° 19.880, y en subsidio solicitó a la Universidad que se resolviera una MEDIDA PROVISIONAL a su favor, conforme a lo establecido en el artículo 32, incisos 1°, 4° y 5° de la misma Ley 19.880, consistente en condicionar o interrumpir los efectos del acto impugnado durante la vigencia de todo el procedimiento administrativo generado a raíz de los recursos de reposición con jerárquico en subsidio que dedujo oportunamente, a fin de evitar que se haga efectivo el cese de su contrata vigente hasta el 31 de Diciembre de 2022, por no renovación o prorrogación de la misma, hasta que se encuentre firme o ejecutoriada la resolución final o de término que se pronuncie en el proceso impugnatorio en cuestión.

Indica que, lamentablemente, hasta el día de 31 de diciembre de 2022, no tiene noticia alguna sobre su caso, tampoco ha existido pronunciamiento respecto de las medidas de suspensión o provisional solicitada en subsidio una de otra, y claramente esta situación administrativa, cuya urgencia fue invocada oportunamente, causa una permanente incertidumbre no solo jurídica, sino que también personal y económica en su persona y entorno familiar, por cuanto a contar del 01 de enero de 2023, según lo consagrado en el artículo 10 de la Ley 18.834 Estatuto Administrativo, en términos meramente formales, expiraría en sus funciones por el solo ministerio de la ley y así nada más, pese haber prevenido oportunamente a la recurrida sobre la necesidad de urgencia para conocer la solicitud de invalidación, o los recursos en subsidio y las solicitudes de suspensión del acto administrativo mientras no quede a firme y/o ejecutoriado o bien sobre la medida provisional (similar a la suspensión) requerida en subsidio a la recurrida, retrasando sin razón actuaciones que debían haberse resuelto con prontitud y urgencia para evitar la incertidumbre y la afectación de los derechos laborales y patrimoniales de esta recurrente.

Hace hincapié que según las Resoluciones Exentas RA, que dan cuenta de las prórrogas de su contratación desde que inició sus labores en la Universidad en el año 2004 hasta hoy en día, dejan establecido que sus funciones no se encuentran circunscritas a desempeñarlas exclusivamente en la Oficina de Capacitación antes citada, sino que dicha resolución refiere a una prórroga como secretaria para la Universidad, y mientras exista plaza o cargo disponible, incluso en otras Unidades distintas a la Oficina de Capacitación, puede desempeñar sus funciones como secretaria sin ningún inconveniente, tal cual ocurre en la actualidad mientras cumple labores en la Unidad de Movilización ya aludida, la que por cierto, demanda tareas y labores de una secretaria en forma permanente, justificándose entonces su permanencia en el cargo.

En cuanto a los vicios, omisiones, vulneraciones, abusos y/o excesos administrativos advertidos, destaca que el primero que se aprecia, es sin duda la calificación o naturaleza jurídica de la comunicación antes referida y si cumple con las exigencias establecidas en el artículo 3° de la Ley 19.880. En este mismo contexto, señala que la aludida Comunicación, que, por cierto, a simple vista, no adopta la forma de Decreto Supremo o Resolución propiamente tal (Aplica el Dictamen N° 85.700 de 2016, de la Contraloría General de la República y el artículo 3 de la citada Ley 19.880).

Otro reparo importante, es la legitimidad de la Autoridad Administrativa que comunica la decisión de no prorrogar el contrato de la recurrente, toda vez que su contratación y las prórrogas sucesivas para mantenerla en el cargo de Secretaria, no ha emanado directamente de la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión, sino que de la Universidad, entonces el Director que emitió la comunicación interna no fue quien contrato a esa funcionario, y siendo así, tampoco puede desvincularla o ejercer la potestad de no renovarle el contrato. Entonces el acto en si carece de legitimidad de origen por falta de facultades suficientes del ente emisor, y, por consiguiente, no puede surtir el efecto pretendido por falta de validez.

También representa que la comunicación, como supuesta decisión o resolución fundada de no prorrogación de contrato, también debe necesariamente contener las menciones del artículo 41 de la referida Ley 19.880, es decir, la resolución indicada deberá señalar expresamente los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, datos o antecedentes que no se aprecian a simple vista en la comunicación interna N° 78/2022, y lamentablemente tampoco se advierten estos antecedentes en la Resolución Exenta N° 2078/2022, de fecha 25 de noviembre de 2022, de la Rectoría de la Universidad de La Serena, lo que no solo constituye una omisión de forma del todo relevante, porque se encuentra desprovisto de las menciones y ritualidades necesarias que exige la ley, sino que también, por tales omisiones afectan directamente el derecho de defensa de la recurrente, quien por sí sola no sabía qué hacer, y tuvo que consultar a terceros para recién conocer sobre las instancias administrativas y judiciales que se podrían presentar, y todo porque la administración no le aportó estos necesarios e importantes datos que deberían haberse incluido en el documento que contiene la resolución de no renovar su contrato, para ejercitar oportuna y válidamente sus derechos y recursos procesales.

Destaca en este sentido, que tanto la COMUNICACIÓN INTERNA como la RESOLUCIÓN EXENTA N° 2078/2022, carecen de un requisito de validez exigido expresamente en el Nuevo Instructivo sobre Confianza Legítima en las Contratas, aprobado a través del Dictamen Nº E156769 Fecha 17 de Noviembre de 2021, de la Contraloría General de la República, específicamente su numeral 6) relacionado al régimen recursivo que debe señalar expresamente la resolución que no renueva una contratación, tal cual acontece en la especie.

Reitera que no se trata de una mera mención facultativa, como podría haber pensado la recurrida, sino que se trata de una mención o antecedentes que obligatoriamente deben estar contenidos en la decisión administrativa, porque se trata de una disposición imperativa, y lamentablemente no se dio cumplimiento a esta explicita ritualidad o formalidad en beneficio del funcionario.

Por último, representa que se advierte una evidente falta de fundamentación en la ya aludida comunicación interna, porque como ya se ha adelantado en párrafos anteriores, necesariamente debe “explicitarse el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustentan la no renovación” (Dictámenes Nos. 91.529 de fecha 21-XII-2016, 12.248 de fecha 11.IV.2017 y 18.901 de fecha 24-V-2017, entre otros), y no solo circunscribirse en “la modificación de las funciones del órgano y su restructuración”, que para el caso en concreto se trataría de un cese de funciones de capacitación dispuesta mediante un Acuerdo (58) de 21 de Octubre de 2022 de la Junta Directiva de la Universidad, toda vez que, no se entregan los motivos, las justificaciones o las razones en concreto para arribar a dicha decisión, lo que se traduce solo en expresiones genéricas que no pueden entenderse como suficiente motivación del acto que comunica un término o no prorrogación de un contrato a nivel de administración pública del Estado.

En este mismo contexto, representa que ha sido la propia Contraloría General de la República, la entidad que ha exigido que, para sustentar estos motivos, necesariamente se deben acreditar en forma suficiente. De este modo, y en concordancia con los dictámenes Nos. 12.248 y 18.901, ambos de 2017, de aludido Órgano de Control, podrán servir éstos de fundamento para prescindir o alterar el vínculo con un funcionario, y en la medida que se encuentren suficientemente acreditados mediante la cita de los antecedentes que respaldan esa decisión, por lo que no solo basta invocarlos como fundamento así nada más, sino que deben citarse los antecedentes (no solo mencionar los documentos), analizarse, relacionarlos al caso concreto del funcionario y aportarlos en el acto administrativo para fundar la decisión, de lo contrario se consideraría antojadiza y mantendría un sesgo de arbitrariedad en vez de estar provisto de motivación.

Puntualiza que los Dictámenes invocados hablan por sí solos de la necesidad de citar antecedentes (no solo documentos), sino que explicar que incidencia tiene la situación en concreto respecto de la persona del funcionario y si puede seguir desempeñando sus funciones en otras áreas, como también, la necesidad de acompañar los antecedentes fundantes de la decisión comunicada, entendiéndose de esta forma que la comunicación interna bastante escueta por decirlo de alguna manera, no considera las reflexiones exigidas en la jurisprudencia de la entidad contralora, no acompaña antecedentes respaldatorios (que dirá el acuerdo, que dirá el decreto, etc.), además de los reparos ya mencionados en segmentos anteriores, todo lo cual constituyen vicios importantes que constituyen abusos administrativos de la autoridad recurrida, tanto en la forma como en el fondo, que no permiten tener por válidamente cumplidos los presupuestos y actuaciones exigidas por la ley y por la jurisprudencia administrativa para anticipar el término de contrato por no renovación del mismo, por lo que el acto de cese por no anticipación es del todo irregular, arbitrario e ilegal, e incluso no considera que la recurrente ya no presta servicio en la Oficina de Capacitación en donde pretenden cesar su contrata por la supuesta supresión de dicho estamento, sino que en realidad desempeña funciones como Secretaria en la Unidad de Movilización de la Dirección de Servicios de la Universidad de La Serena, y no obstante a ello, de igual forma se le pretende perjudicar laboral y económicamente, dejándola sin su fuente de trabajo, con todas las consecuencias jurídicas, familiares, económicas y sociales que ello implica en desmedro de su persona, pero no obstante haberse expuesto en detalle todos estos vicios o reparos, la recurrida sigue retrasando la resolución o pronunciamiento de su caso, sin razón, pese a que se les ha consultado y reiterado sobre el estado de resolución de sus presentaciones, en varias ocasiones, vía correo electrónico, sin tener respuesta alguna hasta la fecha.

Por último, representa que de acuerdo con lo previsto en el artículo 54 de la Ley N°19.880, existe compatibilidad de la presente acción constitucional con cualquier recurso administrativo que se pueda ejercitar en su momento en la administración.

Por estas consideraciones solicita se ordene a la Universidad de La Serena, anular, revocar o bien dejar sin efecto el cese de su contrata por no renovación de este y solo vigente hasta el 31 de Diciembre de 2022 y se le permita seguir cumpliendo sus labores como secretaria en la Unidad de Movilización de dicha casa de estudios superiores, o bien, que se resuelvan las acciones y medidas que se estime del caso decretar, para el restablecimiento de los derechos quebrantados.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Copia de la Comunicación Interna N° 78/2022 de fecha 25 de Noviembre de 2022, del Director de la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión, don nombre reservado; 2. Copia de la Resolución Exenta N° 2078/2022, de fecha 25 de noviembre de 2022, de la Rectoría de la Universidad de La Serena; 3. Nuevo instructivo sobre confianza legítima en las contratas aprobado a través del Dictamen Nº E156769 Fecha 17 de Noviembre de 2021, de la Contraloría General de la República; 4. Copias de los Escritos presentados por esta recurrente ante la Universidad de La Serena, compuesto por 3 documentos; 5. Resolución Exenta RA N° 340/235/2019 de 17.01.2019, renueva contratación año 2019; 6. Resolución de fecha 11.09.2019 de la Fiscalía a cargo del sumario; 7. Copia de correo electrónico de 17.05.2019, de la Dirección de Recursos Humanos; 8. Resolución de fecha 16.05.2019 de la Fiscalía a cargo del sumario; 9. Oficio N° 853/2019 de fecha 30.08.2019, del Departamento de Personal de la Universidad de La Serena; 10. Resolución de fecha 17.05.2019 de la Fiscalía a cargo del sumario; 11. Copia del extracto del Informe de Evaluación de Control Interno en donde se describe las funciones, competencias, estructura y finalidades de la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión; 12. Copias de correos electrónicos consultando el estado de tramitación de mis presentaciones ante la Universidad de La Serena.

SEGUNDO: Que, evacuó informe JULIO LANDAETA PASTENE, Abogado, en representación convencional de UNIVERSIDAD DE LA SERENA.

De manera preliminar, hace presente que de conformidad al artículo 1 del D.F.L. 158, de 1981, que aprueba el estatuto orgánico de la Universidad de La Serena, sus actos y omisiones se encuentran regidas por el Derecho Administrativo y por el Derecho Constitucional, lo cual en lo relativo al estatuto funcionario es manifestado expresamente por sus artículos 421 y 432, en relación con lo establecido en las leyes N° 18.575, 18.834 y 21.094.

Luego, de acuerdo con el literal c) del artículo 3 de la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo, se entiende que el llamado “empleo a contrata” es aquel “de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”.

A su vez, el inciso primero del artículo 10 del Estatuto Administrativo dispone que “Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”.

Precisa que de la descripción normativa previamente citada se desprende que la modalidad a contrata es meramente transitoria, configurándose la necesidad de manifestar la voluntad de la autoridad administrativa en el supuesto de pretender la renovación de la misma, sin perjuicio de la construcción jurisprudencial de la Contraloría General de la República denominada “confianza legítima”, cuyo sustento normativo es inexistente y, además, no es concordante con lo que, incluso, se ha pronunciado la Corte Suprema en la materia. En este entendido, los treinta días de antelación a que alude la disposición citada, constituyen el período requerido para la prórroga y no para notificar la no renovación de la contrata. En el mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República en dictámenes N° 1.932, de 1993, 29.969, de 1994, 7.670, de 2000, 21.026, de 2000, 22.209, de 2003, 31.470, de 2004 y 17.866, de 2008.

Respecto de la libertad de trabajo y derecho de propiedad sobre el cargo, señala que la modalidad de contrata es esencialmente transitoria, en los términos de los artículos 3 y 10 del Estatuto Administrativo, concluyendo aquella en la fecha establecida en el respectivo acto administrativo de contratación o renovación, no pudiendo superar el plazo correspondiente al 31 de diciembre de cada año o hasta que sus servicios sean requeridos.

En ese entendido, la actora se vinculó con su representada en calidad de funcionaria a contrata, cuya última prórroga fue aprobada por Resolución Exenta RA N° 340/3461/2021, por el periodo 2022.

Puntualiza que el acto administrativo por el cual la recurrente acciona de protección ante esta Ilustrísima Corte dispuso la no renovación de la contrata a doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, en el Nivel G-10, jornada completa, cuya vigencia de su última renovación fue hasta el día 31 de diciembre de 2022. En su parte considerativa expresa que a través de Decreto Exento N°705, de 2004, se designa a la Dirección de Extensión, actualmente denominada Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión, la función de centralizar todas las actividades de Capacitación velando por la aplicación y cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Norma Chilena NCh 2728-2022 (norma Chilena de Calidad para Organismos Técnicos de Capacitación–OTEC), del Instituto Nacional de Normalización.

Señala que mediante Resolución N°686, de 1993, se contrata a contar del 14 de junio de 1993 a doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, en el Nivel G-10, del escalafón de Secretarias, adscrita a la Dirección de Extensión, actualmente denominada Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión, jornada completa, en calidad de contrata hasta el 14 de julio de 1993, lo que se ha prorrogado hasta el año 2022, según consta en Resolución Exenta RA N°340/3461/2021.

Indica que en virtud de la citada contratación la señora nombre reservado se desempeña en la Oficina de Capacitaciones, originada por el Decreto Exento N°705, de 2004, ya mencionado, ejerciendo como secretaria.

Por su parte, menciona que a través de Decreto Exento N°592, de 2022, se deja sin efecto el Decreto Exento N°705, de 2004, en razón del cese de las funciones y actividades relacionadas con capacitación, por parte de la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión, en base al Acuerdo Nº58/2022, de fecha 21 de octubre de 2022 de la Honorable Junta Directiva y que, como efecto, también suprime la Oficina de Capacitación de la Universidad de La Serena y genera el cese de las contrataciones del personal asociadas con la misma, a la total tramitación del citado acto administrativo.

Destaca que dentro de los argumentos tenidos en consideración por la H. Junta Directiva, para su decisión, está lo expresado por el Director de Finanzas, en los términos siguientes:

1.- Si bien la Oficina de Capacitación tiene ingresos de años anteriores (saldos) los cuales permitirán financiar los gastos del periodo, desde el punto de vista de la sustentabilidad no se advierten recursos suficientes en el corto plazo.

2.- Debido a la imposibilidad de impartir cursos en Instituciones Públicas, no se advierte capacidad de generar mayores recursos.

3.- Finalmente, la normativa interna señala que todo proyecto autofinanciado debe ser capaz de cubrir todos sus costos con los ingresos que genere en un periodo determinado.

Manifiesta el acto administrativo que el dictamen N°85.700, de 2016, de la Contraloría General de la República, expresa que podrá servir de fundamento para prescindir de los servicios del funcionario, entre otros, la modificación de las funciones del órgano y/o su reestructuración, que hagan innecesarios los servicios del empleado o requieran que este desarrolle funciones diversas a las desempeñadas, o por un lapso inferior al año calendario, criterio que se reitera en dictamen N° 6.400, de 2018 de la aludida entidad fiscalizadora.

Agrega que, como se ha indicado, la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión tenía debido al Decreto Exento N°705, de 2004, la función de centralizar todas las actividades de Capacitación, lo cual fue modificado por el Decreto Exento N°592, de 2022, que suprime la Oficina de Capacitación, por lo que no se justificaría la prolongación de la contratación de la señora nombre reservado como funcionaria de una Oficina que al presente no tiene existencia en la institución.

Por último, puntualiza que si bien la funcionaria individualizada se encuentra transitoriamente destinada a la unidad de Movilización de la Dirección de Servicios desde el día 19 de mayo de 2022, esto tiene su fundamento en resolución de Fiscal Ad Hoc en Sumario Administrativo instruido por Resolución Exenta N°972, de 2019, en relación con lo preceptuado en el inciso primero del artículo 136 de la Ley N°18.8344, sobre Estatuto Administrativo, por lo que corresponde solamente a una medida preventiva.

Señala que es sobre el acto administrativo de no renovación de contrata que procede la interposición del Recurso de Reposición y no sobre la Comunicación Interna (que no reviste la calidad de acto administrativo), por lo que la recurrente efectivamente presentó el Recurso y éste fue resuelto por Resolución Exenta N° 2314, de 2022, por lo que no se vio truncado su derecho de impugnación.

Respecto a la supuesta falta de antecedentes en la mencionada Resolución Exenta Nº2078/2022, de fecha 25 de noviembre de 2022, que den cuenta de los motivos de su término, la Resolución Exenta N°2314, de 2022, invoca el artículo 11 de la Ley N°19.880, de 2003; en el Recurso de Reposición, se cuestiona en el punto 6.4.- que el acto administrativo -entiende a que hace referencia a la Resolución Exenta Nº2078/2022- necesita que se citen antecedentes y explicar qué incidencia tiene la situación en concreto respecto de la persona del funcionario como también acompañar los antecedentes fundantes de la decisión comunicada.

Sin embargo, yerra la recurrente por cuanto al desaparecer la Oficina de Capacitación se produce la desvinculación de todos los integrantes de esta.

En este sentido, la decisión administrativa no realiza distinciones en el personal que ejercía labores o prestaba servicios en la Oficina de Capacitaciones, como se detalló en el apartado anterior.

Por estas consideraciones solicita se niegue lugar a la presente Acción de Protección por no ser el actuar de la Universidad de La Serena un acto ilegal arbitrario y/o injusto, y que tampoco afecta ninguna de las garantías constitucionales invocadas como infringidas, todo ello con expresa condenación en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Copia de escritura pública del Mandato Judicial, otorgado por la UNIVERSIDAD DE LA SERENA; 2.- Resolución Exenta N° 2314, de 2022, de la Universidad de La Serena.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, sea que se denomine recurso o acción el arbitrio intentado, cabe tener presente que es “un proceso de protección de derechos fundamentales, o bien, un proceso sumario especial, que permite dar efectividad urgente, aunque con un carácter provisional, a los derechos fundamentales” (Bordalí Salamanca, Andrés. El Proceso de Protección. Revista de Derecho (Valdivia), dic. 1999, vol.10, N°1, pp. 43-58.), o sea, un procedimiento de urgencia destinado a restablecer el imperio del derecho.

SEXTO: Que, en estos autos la recurrente impugna tanto la COMUNICACIÓN INTERNA como la RESOLUCIÓN EXENTA N° 2078/2022, de fecha 25 de noviembre de 2022, de la Rectoría de la Universidad de La Serena, por carecer, a su juicio, de fundamentación suficiente y contradecir el principio de confianza legítima, vulnerándose con ello la garantía consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley y 19 N°16 “Libertad de trabajo, y su libre elección y contratación”. Además, considera vulnerado el derecho de propiedad reconocido en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, pues la no renovación de su contrata afecta sus remuneraciones, y, por ende, su patrimonio, así como su propiedad sobre el cargo que este ostentaba en la entidad recurrida.

Que, no existiendo controversia acerca de los hechos sustanciales que se exponen tanto en el recurso como en el respectivo informe de la recurrida, tampoco se discute que la afectada con la medida adoptada pudo ejercer oportunamente los actos de impugnación que la ley contempla contra el acto que considera legal y arbitrario y que, lo que en realidad reclama, es que, hasta la fecha de interposición del recurso, no ha existido pronunciamiento por parte de la recurrida respecto de dichas actuaciones.

Reconoce, además, que en la actualidad existe un Sumario Administrativo no concluido aún, que se instruye en la Universidad de La Serena, por disposición de la Resolución Exenta N°972 de 07.08.2019, el cual no solo le afecta a ella, sino que también a otros funcionarios de la universidad, y justamente fue en este proceso administrativo, que en un principio se dispuso su suspensión preventiva con cese temporal en las funciones de Secretaria, mediante Resolución de fecha 11.09.2019 de la Fiscalía a cargo del sumario.

Indica, también que la fiscalía a cargo del sumario, mediante resolución de misma fecha 17.05.2022, dispuso como medida preventiva, su destinación a la Unidad de Movilización de la Dirección de Servicios, en donde se desempeña hasta la fecha sin inconvenientes haciendo presente que no existe resolución o dictamen en el sumario, a firme o ejecutoriado (a), que disponga o aplique alguna medida disciplinaria o su desvinculación, como para cesar ahora sus funciones tal cual se pretende en la comunicación interna.

SÉPTIMO: Que, conforme a lo razonado en las motivaciones que preceden, se advierte que los actos impugnados mediante el presente arbitrio, no son constitutivos de un acto terminal que se pronuncie en forma definitiva respecto de la continuidad de la recurrente como funcionaria de la Universidad de La Serena, por encontrarse aún pendientes de resolución diversas instancias mediante las cuales ha podido ejercer los actos de impugnación que la ley le acuerda, por lo que no se cumple con la exigencia constitucional que justifique la procedencia del recurso de protección en cuanto se trata de un arbitrio que requiere de una urgente actuación de cautela, en resguardo de los derechos fundamentales de las personas. Que, en consecuencia, por ahora, la presente acción de protección incoada por la recurrente, no constituye la vía idónea para reclamar de la ilegalidad o arbitrariedad de las actuaciones a que se refiere, en tanto no exista un acto terminal por el que se pueda estimar la existencia de una real afectación a las garantías invocadas.

Que, sin perjuicio de lo señalado anteriormente y que es fundamento suficiente para rechazar el recurso, cabe puntualizar que del examen de los actos impugnados, así como de los hechos expuestos, tanto en el recurso como en el informe evacuado por la entidad emplazada, se puede colegir que en ellos se contienen consideraciones y fundamentaciones que pretenden motivar las decisiones adoptadas, las que están presentes en dichas actuaciones sin perjuicio de que ellas no sean compartidas por la recurrente, lo que implica que no se trata de actos arbitrarios o ilegales, como se alega en el recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Universidad de La Serena.

Se previene que la Fiscala Judicial señora nombre reservado, concurre al rechazo de recurso teniendo, únicamente, presente lo dispuesto en el inciso final del considerando séptimo del presente fallo.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro señor Iván Corona Albornoz.

Rol N° 10.302-2022 (Protección). -