nombre reservado con MINISTERIO DE TRANSPORTES, SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES

nombre reservado, nombre reservado

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Recurso de Protección Rol N° 10.288-2022.- La Serena, ocho de febrero de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado interponiendo acción constitucional de protección en contra de la decisión de la Subsecretaria de Transportes y Telecomunicaciones, Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Coquimbo RUT RUT reservado, representado legalmente por don nombre reservado, fundando su libelo en el rechazo de la apelación presentada en contra de la decisión de la Subsecretaria de Transportes y Telecomunicaciones, Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Coquimbo, que le informa sobre la decisión de dicha Entidad en torno a no prorrogar su contrato a honorarios.

Explica que en virtud de Decreto Exento RA N° 288/754/2019 de la Subsecretaria de Transportes que aprobó el contrato a honorarios suscrito entre dicha entidad pública y la recurrente, ingresó con fecha 3 de junio de 2019 a prestar servicios como profesional de apoyo en la región de Coquimbo, vínculo laboral que se fue extendiendo a través de sendas y reiteradas renovaciones hasta el día 31 de diciembre de 2022, como consecuencia de su buen desempeño y labores cometidas, lo cual fue ratificada de forma constante por sus sucesivas jefaturas.

Detalla todas las actividades que debía realizar y las que se le sumaron por su buen desempeño indicando que su vínculo está sujeto a las disposiciones establecidas en el contrato y en lo dispuesto Ley N° 18.834 que contiene el Estatuto Administrativo de los funcionarios públicos, por lo cual aplica lo establecido artículo 160 y siguientes que regulan el derecho a presentar el reclamo pertinente dentro de los 10 días hábiles desde que tuvieron conocimiento de la situación, Resolución y/o actuación que dio lugar al vicio reclamado, junto a la Jurisprudencia Administrativa emanada desde Contraloría General de la República, que interpreta, completa y orienta este tipo de procesos, y cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio.

Refiere que con fecha 23 de noviembre del año 2022, la llamó nombre reservado, para notificarle de un documento denominado informe de solicitud de desvinculación, la cual es suscrita por D. nombre reservado, Jefe División Transporte Público Regional, bajo la causal “Otra causal”, justificando el alejamiento de forma somera “El cargo de analista Regional ITP se desempeña en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Bio Bio”, aludiendo sin más argumentos, razonamiento y/o fundamento que, se hace necesario prescindir de las labores de la recurrente dado que sus funciones no se hacen necesarias en la región de Coquimbo.

En tal sentido, luego el documento contiene un detalle infundado, incoherente y sin sentido lógico, dado que no se acompañan pruebas y/o documentos que digan relación y prueben lo consignado en los párrafos iniciales, faltando directamente a la verdad en lo señalado, puesto que a pesar que se le obligaron a tomas los descansos y días de permiso, han existido sendas contrataciones en la división a nivel nacional y en la misma Entidad Recurrida, lo cual a todas luces da cuenta de una decisión carente de fundamentos y argumentos para prescindir de mis servicios.

Sostiene que una vez ocurrido lo anterior, la Unidad de Administración del Personal de la Subsecretaria de Transportes vía correo electrónico, le informó que podía presentar una apelación, incorporando los antecedentes que desee como respaldo de la misma. El plazo para apelar es hasta el día lunes 28 de noviembre de 2022 hasta las 12:00 hora, lo cual cumplió en forma y plazo recibiendo como respuesta que habiendo analizado su apelación, la autoridad ha decidido no continuar contando con sus servicios para el año 2023, respuesta que considera insólita e insuficiente, de acuerdo al deber y obligación de los órganos de la administración del Estado en tener que fundamentar y justificar las decisiones que se adopten en cualquier materia, más aun cuando se trata respecto a su fuente de trabajo, en el cual nunca ha sido objeto de sumario y siempre bien calificada.

Refiere que queda de manifiesto que no cumple con el estándar ni ninguno de los requisitos de fondo y forma que exige para fundamentar los actos emitidos por los órganos de la administración, de acuerdo a la normativa latamente contenida en su recurso, siendo la resolución absolutamente insuficiente, ambigua y carente de motivación, puesto que no expone los argumentos y los hechos objetivos y comprobables. Del mismo modo, no se apoya en ningún informe técnico u objetivo que considere o aconseje poner término a sus funciones.

Previas citas legales y constitucionales y un análisis de las garantías conculcadas solicita que se deje sin efecto la comunicación de fecha 30 de noviembre de 2022 y toda aquella decisión destinada a no prorrogar su contrato a honorarios, reintegrando todas el saldo remuneracional adeudado a la fecha de sentencia, producto de este cambio de grado de contratación de la administración. Todo ello con costas en caso de oposición.

Para fundar sus alegaciones acompaña:

1.- Correo electrónico de fecha 30 de noviembre de 2022 que informa la decisión de autoridad de no continuar con mis servicios, rechazando mi apelación.

2.- Resolución exenta N° 80/2022 que modifica resolución exenta N° 698 de 2021, de la subsecretaria de transportes, en el sentido que indica.

3.- Carta de apelación presentada por mi persona, nombre reservado a la unidad de administración del personal de la subsecretaria de transportes de fecha 27 de noviembre de 2022.

4.-Contrato a honorarios SUBT y nombre reservado de fecha 31.12.2020.

5.- Contrato a honorarios SUBT y nombre reservado de fecha 31.12.2021.

6.- Decreto Exento RA N° 288/689/2022 de la Subsecretaria de Transportes y Telecomunicaciones.

7.- Decreto Exento RA N° 288/789/2021 de la Subsecretaria de Transportes y Telecomunicaciones.

8.- Decreto Exento RA N° 288/814/2020 de la Subsecretaria de Transportes y Telecomunicaciones.

9.- Decreto Exento RA N° 288/754/2019 de la Subsecretaria de Transportes y Telecomunicaciones.

SEGUNDO: Que, NICOLÁS ANDRÉS CORREA NORAMBUENA, abogado recurrido, en representación de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Región de Coquimbo, informa solicitando el rechazo del recurso intentado, con costas, señalando los siguientes argumentos.

Refiere que la autoridad, al optar por no celebrar un nuevo contrato con la recurrente realiza un lato y profundo análisis el que se recoge en un informe de no renovación que se denomina “Informe de Solicitud de desvinculación”, cuyo contenido resulta ser la fundamentación material para la decisión que adopta la autoridad.

De esta forma, en orden a la estricta sujeción al procedimiento de egreso de la Subsecretaría de Transportes, a la recurrente se le notificó el informe antes mencionado, con el fin de que tome conocimiento de la motivación de la autoridad respecto a la decisión, en este caso, de no disponer la renovación del convenio de honorarios para la anualidad 2023. Junto con conferirle una instancia de impugnación para que pueda apelar respecto del informe que se evacuó, oportunidad procesal que la recurrente ejerció, no obstante, la autoridad desestimó las alegaciones, y mantuvo su decisión de no celebrar un nuevo contrato con la recurrente.

Ahora bien, la autoridad de transportes, en el ejercicio de las facultades que la ley le confiere, dispuso de manera totalmente fundada su decisión de no celebrar un nuevo contrato a honorarios de nombre reservado, con estricta sujeción a la normativa vigente, esgrimiendo una fundamentación objetiva para disponer esa decisión, la cual dice relación con la disminución presupuestaria dispuesta por la Ley de Presupuesto 2023, que en el ítem correspondiente dejó a la Región de Coquimbo, sin iniciativas de inversión respecto de la unidad en la cual la recurrente se desempeñaba, lo cual influye directamente en la decisión de no volver a contratar a la recurrente, por cuánto sus servicios dicen relación, en síntesis, con la ejecución de las iniciativas de inversión en la referida comuna.

Sostiene que todas las labres de la recurrente se encuentran ligadas directamente a la función de analista de Infraestructura para el Transporte Público “analista ITP”, para la región de Coquimbo.

Sobre el particular, el desempeño de las labores encomendadas por la autoridad a la recurrente, estuvieron enmarcadas en la ejecución de acciones tendientes a la implementación de propuestas y desarrollo de carteras de iniciativas de infraestructura para el transporte público en la región, la ejecución de acciones necesarias para la gestión de recursos sobre la materia, la prestación de asesoría técnica relativa al desarrollo de estudios e iniciativas financiados con recursos de la Ley N° 20.378, la actualización del seguimiento de la ejecución de estudios y proyectos de infraestructura para el transporte público, la colaboración en procesos de gestión y seguimiento de convenios financiados con recursos de la Ley N° 20.378, en la colaboración de revisión de antecedentes asociados a convenios financiados con recursos de esa ley como en coadyuvar en la ejecución y seguimiento de los avances correspondientes a planes maestros de transporte público y proyectos estratégicos en el marco de la aludida ley.

En este contexto, y producto de un proceso de evaluación respecto de la función de analista regional ITP, se constató que era necesario prescindir del referido cargo para la región de Coquimbo, y por consiguiente de las labores desarrolladas por la señora nombre reservado, habida consideración de que para el año 2023, la región no cuenta con nuevos recursos para iniciativas de infraestructura, en el marco de la Ley N°20.378, siendo clara la disminución presupuestaria del subtítulo 31, de la División de Transporte Público Regional.

Indica que en el informe de 15 de noviembre de 2022, el Jefe de la División de Transporte Público Regional, supervisor del contrato de honorarios de la recurrente, solicitó la no prórroga o no renovación para la anualidad 2023, de la contratación de doña nombre reservado, debido a la disminución de recursos del subtítulo 31 de dicha División de Transporte Público Regional, siendo necesario prescindir de las labores de la servidora estatal, por cuanto la función de Analista ITP para la región de Coquimbo, no es necesaria para el servicio, proceder de otro modo implicaría un mal uso de los recursos fiscales, fundándose en el reordenamiento de labores del área de Inversión de Transporte Público, y en la disminución de recursos del subtitulo 31 de la División de Transporte Público Regional, Respecto de la no renovación, apelación y alegaciones de la recurrente, indica que la decisión de no celebrar un nuevo contrato a honorarios con la recurrente encuentra sus fundamentos objetivos en el informe entregado a la autoridad por el Jefe de la División de Transporte Público Regional, que detalla como la disminución de recursos para financiar obras ha determinado la revisión de las labores de dicha División, la cual por una parte, prescinde de analistas de ITP para regiones que no cuentan con nuevos recursos, manteniéndolos sólo en el caso del Gran Concepción y Gran Valparaíso, reiterando que la reducción de recursos asignados al Programa 06, afectó el número de iniciativas de infraestructura programada para las regiones, afectando fuertemente a la Región de Coquimbo, siendo necesario ajustar la cartera programada para 2023-24, lo que se encuentra debidamente acreditado, agregando que la apelación deducida ante la recurrida, no logra controvertir los fundamentos de la determinación de no celebrar un nuevo contrato de prestación de servicios a honorarios, desprendiéndose de su argumentación más bien una exposición de la forma en que ha desarrollado sus labores a honorarios, desempeñando la función de analista regional ITP y el contexto que la llevó a postular a dicho Servicio, mas no logró desvirtuar los fundamentos objetivos que motivaron la decisión de la autoridad, los cuales respondían principalmente cuestiones de índole presupuestaria como se indicó precedentemente.

Finalmente, en cuanto a la decisión de la autoridad de no celebrar un nuevo contrato de prestación de servicios con la recurrente indica que la decisión comunicada se encuentra en el marco de la potestad con la que cuenta la Autoridad, para no renovar los contratos a honorarios conforme lo dispone la jurisprudencia de larga data de la Institución Contralora, entre ella, se encuentra el Dictamen Nº 81.913, de 2016.

Estima que el recurso es improcedente puesto que no existe acto ilegal o arbitrario ni se han vulnerado las garantías fundamentales de la recurrente, teniendo especialmente en cuenta que el actuar de la autoridad se enmarca dentro de sus facultades legales que está dispuso fueron debidamente fundamentado por lo cual no puede alegarse un actuar ilegal ni arbitrario de parte de la autoridad en la decisión de no renovar el contrato.

Para fundar sus alegaciones, acompaña:

- Ley de Presupuestos año 2022, partida 19, capítulo 01, Programa 06.

- Ley de Presupuestos año 2023, partida 19, capítulo 01, Programa 06.

- Oficio N° 33472/2022 DAF, 22 de diciembre de 2022, de la Subsecretaría de Transportes.

- Dictamen E173171N22 Contraloría General de la República.

- Contratos de honorarios de la recurrente de los años 2019, 2020, 2021 y 2022.

- Informe de Jefe División Transporte Público Regional, de fecha 15 de noviembre de 2022 TERCERO: Que, el segundo de los recurridos, Subsecretaría de Transportes, evacuó el informe requerido, solicitando el rechazo de la acción en razón de las siguientes alegaciones.

Indica que existió un actuar lícito y fundado de parte de la autoridad al no celebrar un nuevo contrato a honorarios, refiriendo los mismos argumentos del primer recurrido para fundar la no renovación del contrato, agregando que el informe en que se basó la decisión se basó en el reordenamiento de labores en el área de inversión de transporte público y en la disminución de recursos.

Sostiene las mismas consideraciones respecto de los fundamentos de la primitiva resolución y la posterior apelación y en definitiva alega que es improcedente el recurso y que no existe vulneración de las garantías fundamentales.

Indica que la decisión de no celebrar un nuevo contrato de honorarios con la recurrente, se enmarca plenamente en las facultades de la autoridad, toda vez que respondió a la disminución de recursos del subtítulo 31 de la DTPR, que asignó la Ley de Presupuestos 2023, que significó que no es posible financiar nuevas iniciativas para la cartera ITP 2023-24 para Coquimbo.

Señala además que los dictámenes que invoca la recurrente en su favor no le resultan aplicables por cuanto son criterios que se han establecido en resguardo de los funcionarios públicos y no de quienes no detentan tal calidad, como es el caso de la Sra. nombre reservado quien se desempeñó en la subsecretaría bajo una contratación a honorarios.

Estipula que la relación contractual de la recurrente con la Subsecretaría de Transportes se rigió exclusivamente por las disposiciones de su contrato y la cláusula tercera del referido contrato que fijaba su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, no ha sido alterada ni por normas legales ni por la jurisprudencia administrativa, resultando plenamente aplicable dicha fecha para la expiración del contrato de honorarios que se sostuvo.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en la misma disposición se enumeran, ello mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias dirigidas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio de tales garantías fundamentales.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expuesto, constituye requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que proviene de la persona natural o jurídica o entidad contra el cual se deduce la acción de protección. Es decir la conducta que se imputa -acción u omisión- deber ser contraria a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, íntimamente relacionado con lo anterior, es dable precisar que otra de las características de la acción de protección de garantías constitucionales, dada su inmediatez, es que el derecho cuya protección se reclama debe ser indubitado, o sea, que no exista controversia respecto de su existencia.

Al efecto, el Tribunal Constitucional, por sentencia de 9 de septiembre de 2014, rol 2538-14, ha sostenido respecto al Recurso de Protección que: “su naturaleza jurídica es la de una acción cautelar, para la defensa de derechos subjetivos concretos, que no es idónea para declarar derechos controvertidos, sino tan solo para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, en presencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que amerita una solución urgente”. De igual forma se ha pronunciado la Excma. Corte Suprema en los autos Rol 1621-2020, Rol 26.449-2018, y Rol 88.898-2016.- SÉPTIMO: Que, de los antecedentes que obran en la causa, es posible advertir que la discusión de fondo que plantea la recurrente supone tener que indagar ciertos hechos, respecto de la no renovación de un contrato de honorarios por la recurrida, indicando que no existe fundamento para dicha decisión, cuestión que fue controvertida por la recurrida, quien indica que la inexistencia de la renovación se debió a la falta de presupuesto otorgado a la entidad para ejercer las labores que debía realizar la recurrente, todo lo cual escapa con creces a los alcances de esta excepcional acción cautelar, no siendo esta la vía para declarar derechos subjetivos.

Decidir lo contrario, atendida la materia propuesta, constituiría un contrasentido, ya que no es posible que mediante el conocimiento de un recurso de protección se prive al recurrido de la oportunidad de hacer valer sus derechos en un procedimiento de lato conocimiento.

Cabe recordar que el recurso de protección es un procedimiento excepcional que “Se aplica sólo cuando existe una amenaza, perturbación o privación del legítimo ejercicio de un derecho esencial producida por una acción u omisión arbitraria o ilegal de un tercero, sea este público o privado, existiendo una manifestación de dicha actuación que no requiere de un proceso de prueba complejo, la afectación del derecho debe ser relativamente clara o evidente. En caso contrario, debe utilizarse el procedimiento ordinario o sumario correspondiente.” (Nogueira Alcalá, Humberto; El Recurso de Protección en el Contexto del Amparo de los Derechos Fundamentales Latinoamericano e Interamericano, en Revista Ius et Praxis, 13 (1): 75 - 134, 2007), por lo que abona el rechazo de este recurso el hecho que nos encontramos en sede cautelar de urgencia en la cual no es dable una discusión para la declaración de derechos dubitados, lo que requiere, tal como ya se dijo, de un proceso de lato conocimiento donde se pueda aportar antecedentes, rendir prueba y controvertir, sin que sea posible abordar peticiones de reparación del inmueble, como las formuladas por la actora, cuestión de suyo complejo, razón por la que el libelo no puede prosperar.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo dicho, se desprende del petitorio de autos que lo solicitado a esta Corte es que “se deje sin efecto la comunicación de fecha 30 de noviembre de 2022 y toda aquella decisión destinada a no prorrogar su contrato a honorarios, reintegrando todas el saldo remuneracional adeudado a la fecha de sentencia, producto de este cambio de grado de contratación de la administración”, lo que no se condice con el mérito de lo indicado en autos, específicamente al cambio de grado y además se solicita dejar sin efecto una comunicación que solo se limitó a poner en conocimiento una decisión luego de un procedimiento administrativo (apelación) legal y debidamente tramitado, motivo suficiente para desestimar la acción deducida.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la decisión de la Subsecretaria de Transportes y Telecomunicaciones, Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Coquimbo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 10.288-2022 (Protección)