nombre reservado con SERVICIO SALUD COQUIMBO

nombre reservado, nombre reservado

Servicio de Salud Coquimbo Recurso de Protección Rol N° 10278-2022.

La Serena, nueve de febrero de dos mil veintitrés VISTOS Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, a folio 1 y con fecha 28 de diciembre de 2022, comparece doña nombre reservado, chilena, médico cirujana, soltera, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce acción de protección en contra del SERVICIO DE SALUD COQUIMBO, representado por su Director Regional don GERMÁN LÓPEZ ÁLVAREZ, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por la transgresión a los derechos constitucionales y legales, según los siguientes antecedentes.

Refiere que logró titularse de médico cirujana en la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo, el año 2019.

El año 2020, previa postulación, el Ministerio de Salud le otorgó una beca para financiar su participación en un programa de formación en la especialidad de medicina interna, impartido por la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte, cuya extensión es de tres años, entre el 1 de abril de 2020 y el 30 de abril de 2023, a desarrollarse en los campos clínicos del Hospital San Pablo de Coquimbo y Hospital San Juan de Dios de La Serena.

Dentro de las obligaciones para ser beneficiara de la beca referida, se estableció ejecutar un periodo asistencial obligatorio (en adelante PAO), del doble de tiempo que duró la especialización, esto es 6 años, en un establecimiento de salud del Servicio de Salud Coquimbo. Lo que aceptó. Hace presente que su periodo de especialización se encuentra prácticamente finalizado.

Luego, relata que el 28 de junio de 2022, presentó, vía oficina de partes a la recurrida y por correo electrónico, una solicitud formal para poder cumplir con su PAO, en La Serena o Coquimbo, por motivos familiares impostergables. Dicha solicitud fue remitida a don nombre reservado del Servicio de Salud Coquimbo, de la cual no hubo respuesta. Por lo que el 4 de agosto de 2022, ante la falta de respuesta, envió una nueva comunicación para consultar por lo solicitado, de que tampoco obtuvo respuesta.

Posteriormente el 5 de septiembre de 2022, mediante ordinario N° 1335, la recurrida informó que debe cumplir su PAO, en el hospital de ILLAPEL a contar del 1 de abril de 2023, omitiendo que con fecha anterior a la distribución aleatoria1 de profesionales, había generado la solicitud formal, previamente referida, para cumplir su PAO, en la Serena o Coquimbo.

Señala que desde ese comunicado ha agotado todas las instancias administrativas para cumplir su PAO, en la ciudad de La Serena o Coquimbo por motivos de fuerza mayor impostergables que afectan directamente a su núcleo familiar, los que no han sido considerados.

Luego, el 5 de diciembre de 2022, recibe la última respuesta formal de parte de la recurrida quien a través del Ord. 1A/1890, resolvió su solicitud de reposición administrativa de redestinanción, siendo esta rechazada.

Indica que dicha negativa ha vulnerado una serie de derechos legales y constitucionales, toda vez que la ha privado de un legítimo derecho, al tenor de lo establecido en el artículo 20 del Decreto 91, que aprueba reglamento sobre acceso y condiciones de permanencia en programas de especialización a que se refiere la Ley N° 19.664, y del artículo 19 N° 1 y 2 de la Carta Fundamental relacionado a la familia.

Indica que la recurrida le ha impuesto el cumplimiento de su PAO en la ciudad de Illapel, sabiendo, de forma muy anticipada, que tiene motivos más que suficientes para solicitar el cambio de destino a la ciudad donde vive su familia.

Desarrollando los motivos que le impiden cumplir en Illapel, expone que tiene un hermano autista severo de 34 años de edad -nombre reservado- quien no es autovalente en atención a su condición, padece epilepsia, y recientemente perdió uno de sus ojos producto de un desprendimiento de retina. Junto con su madre, adulta mayor, doña nombre reservado, comparten el rol de cuidadoras. Acude a terapia tres veces por semana desde hace ya varios años de estimulación cognitiva y motora enfocada en personas con autismo siendo ella quien se encarga de sus traslados y atención médicas en el hogar.

Indica que en su calidad de hermana médico es una pieza fundamental en el apoyo, orientación y cuidados diarios de su hermano junto con su madre. nombre reservado además padece de epilepsia secundaria la cual se ha tornado de difícil control el último año por lo que, constantemente, están asisten a consultas con su médico tratante la Dra. Gisela Kuester, neuróloga especialista en epilepsia en la ciudad de Santiago y evaluando la posibilidad de eventual cirugía.

Precisa que junto a su madre han implementado un sistema de cuidado compartido, optimizando y garantizando los tiempos de terapia y cuidado de su hermano, tiempos laborales y académicos, por lo que se le hace urgente poder continuar su devolución de PAO en la ciudad de La Serena o Coquimbo.

Por otro lado, dice que abona a sus motivos de fuerza mayor el hecho de que junto con su madre son las cuidadores de sus padres -nombre reservado y nombre reservado- ambos adultos mayores de 93 años domiciliados en domicilio reservado, quienes se encuentras postrados y requieren de atención permanente para todo.

Finalmente hace presente que existen normas legales que han respaldo su petición y que no fueron consideradas por la parte recurrida en cada una de sus fundadas solicitudes.

El artículo 20 del Decreto 91, que aprueba Reglamento sobre Acceso y Condiciones de Permanencia en Programas de Especialización a que se refiere la Ley N° 19.664, dispone expresamente:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 17 y 18, los profesionales funcionarios podrán presentar una solicitud fundada ante el Director del Servicio de Salud del que dependan, adjuntando toda la documentación de respaldo pertinente, para cumplir su compromiso de desempeño en un Servicio de Salud distinto de aquel con el cual se encontraren obligados.

Para los efectos de este artículo, la solicitud deberá fundarse en hechos tales como los siguientes:

- RAZONES DE SALUD EN LA PERSONA DEL PROFESIONAL O FAMILIARES DIRECTOS, FEHACIENTEMENTE ACREDITADAS, CUYOS TRATAMIENTOS REQUIERAN DEL CAMBIO O SE VEAN FACILITADOS POR EL MISMO. Tales hechos, reclama, fueron acreditados y respaldados con lata documentación.

- Situaciones personales relevantes, calificadas por el Director, que obliguen al cambio.

- Cambio en las condiciones de trabajo profesional en el Servicio de Salud por razones ajenas al interesado, debidamente acreditadas.

- Situaciones de carácter socioeconómico o familiares graves que afecten en forma directa al profesional o a su familia directa, comprobadas fehacientemente.” (sic)y aunque califica para dicha normativa no fue considerada.

Acusa, asimismo, una vulneración a su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, y el derecho a la unidad familiar.

Finalmente solicita acoger el recurso declarando que fue víctima de la vulneraron a los derechos contenidos en los numerales 1, 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República; que la Resolución de 5 de diciembre de 2022, Ord. 1A/1890, no se ajusta a derecho; que su solicitud de cambio de destino se encuentra absolutamente fundada, ordenando su redestinanción de lugar de cumplimiento de Periodo Asistencial Obligatorio (PAO), en el hospital de la ciudad de La Serena o Coquimbo dependientes del SERVICIO DE SALUD COQUIMBO, al darse los presupuestos legales que han fundado mi solicitud, con costas.

Acompaña al recurso: 1.- Carta de 28 de junio 2022, dirigida a don nombre reservado Servicio de Salud Coquimbo, que fuera presentada por oficina de partes y vía correo electrónico; 2.- Ord. de 5 de septiembre de 2022: 3.- Resolución administrativa de 5 de diciembre de 2022, Ord. 1A/1890; 4.- Informe médico de 9 de septiembre de 2022, emitido por la Neuróloga Dra. Gisela Kuester, sobre el diagnostico de su hermano; 5.- Certificado emitido por la Kinesióloga de su hermano doña nombre reservado; 6.- Certificado médico de sus abuelos que acredita que son adultos mayores con dependencia severa al cuidado de su madre y ella.

SEGUNDO: Que, a folio 10, la recurrida solicita el rechazo del recurso de protección.

Expone que la recurrente conforme Resolución Exenta N° 2035/2020 del Servicio de Salud Coquimbo, es becaria de ese mismo Servicio, en la especialidad de Medicina Interna en la Universidad Católica del Norte, desde el 1 de abril de 2020 hasta el 30 de abril de este año. Obtuvo dicha beca a raíz del proceso concursal llevado a cabo por el Ministerio de Salud, conforme lo dispuesto en el artículo 43 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1/2005 del Ministerio de Salud y el artículo 18 numeral 1 del Decreto Supremo N° 507/1990 del mismo Ministerio.

Señala que el 25 de mayo de 2020 se redujo a escritura pública el Convenio de Derechos, Obligaciones y Garantía de Becario en programa de especialización. En dicho instrumento público, suscrito entre la recurrente y el Director de Servicio, se pactan derechos y obligaciones entre las partes, siendo éste instrumento de suma importancia, el cual fija el marco jurídico aplicable a este caso.

En la cláusula tercera del referido documento el Servicio de Salud Coquimbo se obligó a: pagos de matrículas, derechos o aranceles, al pago de un estipendio mensual, imposiciones previsionales, asignación familiar, derecho a sala cuna, informar al becario del establecimiento de salud en que deberá cumplir su PAO con al menos seis meses de anticipación a la fecha prevista de término del programa de especialización, entre otras.

Por su parte, en la cláusula cuarta se establecen las obligaciones de la becaria recurrente, entre las cuales destaca la comprendida en la cláusula g) que señala que la recurrente deberá realizar su PAO por un plazo igual al doble de la duración de su beca, esto es, por un plazo de 6 años debe desempeñarse en un establecimiento de salud del Servicio de Salud Coquimbo.

Asimismo, la recurrente constituyó una garantía en caso de incumplir cualquiera de sus obligaciones y, desde luego su PAO en el Servicio de Salud Coquimbo, la cual asciende a la suma de 6.934 unidades de fomento. Además, en caso de incumplimiento de su PAO, acarrea la inhabilitación a postular para ser contratado o designado en cualquier cargo de la Administración del Estado, hasta por un plazo de seis años, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía, conforme lo dispuesto en el artículo 2 inciso segunda y el artículo 24 del Decreto Supremo N° 507/1990 del Ministerio de Salud.

Expone que el Servicio de Salud ha pagado $27.721.554 a la Universidad Católica del Norte por concepto de matrículas y aranceles de la especialidad y, por concepto de estipendios mensuales, se le ha pagado a la recurrente $75.333.438. En consecuencia, ha desembolsado $103.054.992 en la becaria.

En cuanto a los motivos para rechazar el recurso, expresa que existe una errada alegación del artículo 20 del DECRETO 91/2001. Aclara que la carrera funcionaria de un médico cirujano se encuentra regulada en la Ley N° 19.664, la que establece normas especiales para profesionales funcionarios de los Servicios de Salud y que modifica la Ley N°15.076, quienes tienen la posibilidad de acceder a programas de especialización, los cuales están regulados por el Decreto 91/2001 para los médicos EDF o antiguos Médicos Generales de Zona y por el Decreto Supremo N° 507/1991 que aprueba el Reglamento de Becarios de la Ley N° 15.076, este último aplicable a la recurrente, en su calidad de becaria.

La incorporación a este programa de especialización, en estos casos, se realiza en calidad de becarios, de acuerdo a las reglas del artículo 43 de la Ley N° 15.076, quienes no son funcionarios públicos, sino que sólo tienen los derechos que establece el artículo precitado y deben cumplir con las obligaciones que suscriben en la escritura pública del convenio antes señalado, conforme lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto Supremo N° 507/1991.

En efecto, es errada la norma citada por la recurrente, por cuanto la normativa de los becarios, esto es el inciso 1 del artículo 20 del Decreto Supremo N° 507/1990, faculta a los Directores de los Servicios de Salud para determinar el establecimiento en que los becarios deben cumplir su PAO y dicha decisión obedece al interés general, es decir, a las necesidades actuales de la red asistencial, no existiendo ninguna disposición legal que faculte a los becarios elegir a su antojo el establecimiento de salud donde deban cumplir su PAO.

Fluye considerar que la solicitud de la recurrente se funda en aras de velar por sus intereses personales, sin embargo, éstas en nada inciden en las facultades legales y reglamentarias del Director de Servicio, a quien se le ha entregado la facultad de decidir o no el cambio de destino de un becario, velando siempre por las necesidades asistenciales y clínicas, en este caso de la Red Asistencial del Servicio de Salud Coquimbo.

De lo contrario, bastaría que cualquier médico postulara a una beca financiada por el Estado a través del Servicio de Salud, financie su formación con estipendios, aranceles y matrículas y que al momento de regresar a trabajar quiera hacerlo en un establecimiento de salud distinto de aquel determinado por el Director de Servicio de Salud, toda vez que constituiría un privilegio que no tiene cabida en el ordenamiento jurídico, máxime – como ya se ha señalado – el Servicio de Salud Coquimbo ha gastado a la fecha más de $100.000.000 en la formación de la especialista.

De igual manera es errada la aplicación del artículo 20 del Decreto N° 91/2001, por cuanto éste artículo supone los siguientes requisitos: a) dos médicos, de distintos Servicios de Salud, que soliciten cambio de cumplimiento de su PAO; b) un Servicio de Salud de origen y un Servicio de Salud de destino; c) la voluntad o acuerdo de ambos Directores de Servicio de Salud y d) que la solicitud sea fundada en las causales del artículo. Normativa que no se aplica en la especie. En este caso, como se ha dicho, es el Director de Servicio, quien velando por la gestión y articulación de la Red Asistencial, determina el establecimiento de salud del cumplimiento del PAO, conforme las necesidades asistenciales de la población.

El convenio suscrito por la recurrente, con fecha 25 de mayo de 2020, contiene las obligaciones que debe cumplir tanto la becaria como el Servicio de Salud.

Además la recurrente se obligó, expresamente, conforme la cláusula cuarta, al cumplimiento del PAO en un establecimiento de la red asistencial del Servicio de Salud Coquimbo, por seis años, el cual puede modificarse de acuerdo a las necesidades asistenciales y que su incumplimiento de dicho PAO acarrea el cobro de la cláusula penal por la suma de 6.934 UF.

Por otra parte, la cláusula sexta estableció expresamente: “[…] En consecuencia, el o la becario/a declara comprender y aceptar de forma irrevocable que este instrumento no puede ser esgrimido para impugnar o cuestionar decisiones de autoridad que se extiendan a aspectos o materias que, pudiendo tener un grado de relación con las que en este se mencionan, no estén específicamente señaladas en el mismo […]”

De manera tal que, el cuestionamiento que realiza la recurrente a la decisión del Servicio de Salud Coquimbo de cumplir su PAO en el Hospital de Illapel, cuya decisión obedece a razones de interés general, no puede ser materia de una acción de naturaleza cautelar como es la acción de protección y, en consecuencia, éste debe ser rechazado.

Indica asimismo que el Servicio no ha acogido la solicitud de la recurrente, por razones asistenciales en beneficio de la población y en este sentido, se le informó a la becaria que el financiamiento de las especialidades obedecen a un trabajo previo de análisis de brecha entre la oferta para atender a los pacientes y dar respuesta oportuna a los problemas de salud de la población, de manera tal que la decisión de formar especialistas es una acción planificada para cubrir las necesidades de salud de nuestros pacientes. Sin embargo, la recurrente ha insistido con cinco solicitudes del mismo tenor que la presente acción de protección.

La última respuesta del Servicio de Salud Coquimbo, se otorgó mediante ORD. 1A N° 53 de fecha 11 de enero pasado y autorizó el cumplimiento de su PAO de manera mixta, es decir, los primeros tres años en el Hospital de Illapel y los restantes tres años en el Hospital de La Serena y/o Coquimbo, previo análisis de la necesidad real a esa fecha.

Recalca que urge contar con especialistas en el Hospital de Illapel, por cuanto es el Hospital más grande de la Provincia del Choapa, de mediana complejidad y que, además, posee mayores especialidades que el Hospital de Los Vilos y el Hospital de Salamanca, sobre todo considerando que Illapel es una ciudad que queda a más de tres horas de los Hospitales Autogestionados de La Serena y Coquimbo.

Finalmente concluye que no existe actuación arbitraria e ilegal, ni se han afectado las garantías que señala la recurrente.

Acompaña: 1. Escritura pública suscrita entre la recurrente y el Servicio de Salud Coquimbo de fecha 25/05/2020; 2. Resolución Exenta N° 2035 de fecha 08/04/2020 del Servicio de Salud Coquimbo, 3. ORD. 1A N° 1335 de fecha 05/09/2022 del Servicio de Salud Coquimbo; 4. ORD. 1A N° 1124 de fecha 03/08/2022 del Servicio de Salud Coquimbo; 5. ORD. 1A N° 1419 de fecha 26/09/2022 del Servicio de Salud Coquimbo; 6. ORD. 1A N° 1755 de fecha 15/11/2022 del Servicio de Salud Coquimbo; 7. ORD. 1A N° 1772 de fecha 16/11/2022 del Servicio de Salud Coquimbo; 8. ORD. 1A N° 1890 de fecha 05/12/2022 del Servicio de Salud Coquimbo; 9. ORD. 1A N° 53 de fecha 11/01/2023 del Servicio de Salud Coquimbo.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Entonces es requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

CUARTO: Que, conforme los antecedentes allegados en autos, constan los siguientes antecedentes no cuestionados por las partes:

a).- Mediante Resolución Exenta N° 2035 de 8 de abril de 2020, fue concedida a doña nombre reservado beca en la especialidad de medicina interna en la Universidad Católica del Norte, desde el 1 de abril de 2020 hasta el 30 de abril de 2023, la que obtuvo mediante concurso efectuado por el Ministerio de Salud; que en la referida resolución se deja constancia que el período asistencial obligatorio (PAO) lo realizará en la Red Asistencial del Servicio Salud Coquimbo, en calidad de profesional funcionaria.

b).- El 25 de mayo de 2020 se redujo a escritura pública el Convenio de Derechos, Obligaciones y Garantía de Becario en programa de especialización, en cuya clausula tercera se establecen los derechos de la becaria, entre ellas, en su letra n) de información para cumplir el período asistencial obligatorio, oportuna y formalmente, el establecimiento de salud en que deberá cumplir su PAO, con al menos seis meses de anticipación; que en la cláusula cuarta del referido instrumento, se establecen las obligaciones de la becaria, en particular en la letra g), donde se establece como obligación la de realizar su el período asistencial obligatorio por un plazo igual al doble de la duración de su beca, es decir, por seis años que deberá debe desempeñarse en un establecimiento de salud del Servicio de Salud Coquimbo.

c).- Mediante Ord. N° 1ª/1335 de 5 de septiembre de 2022, se informó la destinación para inicio del periodo asistencial obligatorio en el Hospital Dr. Humberto Elorza Cortés de Illapel, dependiente del Servicio de Salud Coquimbo.

d).- Doña nombre reservado solicitó en el mes de junio de 2022, realizar su periodo asistencial obligatorio en un hospital de Coquimbo o en su defecto en uno de la comuna de La Serena, la que fue rechazada mediante ORD. N° 1A/1124 de 3 de agosto de 2022; que la recurrente formuló una segunda petición de redestinación el 12 de septiembre de 2022, la que también fue desestimada según ORD. N° 1A/1419 de 26 de septiembre de 2022; que mediante ORD. N°1A/1755 de 15 de noviembre de 2022, se rechazó una tercera petición de redestinación realizada por la recurrente, lo que también sucedió con una cuarta petición, mediante el ORD. N° 1A/1772 el 16 de noviembre de 2022.

e).- El 11 de enero de 2023, mediante ORD. N°1A/ 0053 el Director del Servicio de Salud Coquimbo, don nombre reservado, dio respuesta a una quinta solicitud de redestinación, autorizando a cumplir a la recurrente su periodo asistencial obligatorio, en la modalidad mixta, lo que implica que los tres primeros años deberá cumplir su PAO en el Hospital de Illapel y los tres restantes de este período en el Hospital de La Serena.

f).- Doña nombre reservado tiene un hermano don nombre reservado, de 34 años años de edad, con trastorno del espectro autista de grado severo y epilepsia focal frontal no lesional de larga data; su madre doña nombre reservado presenta un diagnóstico de depresión mayor, disfunción familiar severa y transación de persistente rol; y los abuelos de ésta, doña nombre reservado y don nombre reservado, ambos adultos mayores se encuentran inscritos en el Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa, encontrándose al cuidado de su hija y nieta.

QUINTO: Que el supuesto en que se funda el presente arbitrio, dice relación con la petición efectuada por la recurrente al Servicio de Salud de Coquimbo para realizar el Período Asistencial Obligatorio, como contraprestación por el financiamiento de sus estudios en la especialización de medicina interna, en un hospital de Coquimbo; o, en subsidio, en el de La Serena, debido a los problemas médicos que padece su hermano y sus abuelos, en circunstancias que la destinación efectuada por la recurrida la obliga a prestar servicios de esa especialidad, según la última decisión adoptada, en un sistema mixto de tres años en el Hospital Dr. Humberto Elorza Cortés, de Illapel, dependiente del Servicio de Salud Coquimbo y los últimos tres en el de La Serena, lo que la impide ejercer las labores de cuidado respecto de ellos.

SEXTO: Que en ese orden de ideas, es el artículo 43 D.F.L 1 que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°15.076 el que señala que “Los Servicios de Salud y las Universidades del Estado o reconocidas por éste podrán otorgar becas destinadas al perfeccionamiento de una especialidad médica, dental, químico-farmacéutica o bioquímica. Los otros empleadores de los demás Servicios Públicos podrán otorgar becas de perfeccionamiento a sus profesionales funcionarios en la Universidad de Chile o en otra universidad del Estado o reconocida por éste y en los Servicios de Salud, conservándoles el goce de su remuneración en las condiciones que fije el reglamento.”

A su vez el artículo 20 del Decreto N° 507 que aprueba el Reglamento de Becarios de la Ley Nº 15.076, en el Sistema Nacional de Servicios de Salud prescribe que “El período de práctica asistencial obligatorio deberá cumplirse en cualquier establecimiento que determine la Subsecretaría de Redes Asistenciales o el Director de Servicio de Salud correspondiente, lo que se señalará a lo menos con seis meses de antelación al término del período de beca. Para este efecto el profesional será contratado por el Servicio de Salud de que se trate o por la entidad administradora de salud municipal, según corresponda”.

De las normas antes transcritas se logra advertir que el Período Asistencial Obligatorio surge como contrapartida al financiamiento de la beca de especialización, tiempo en el cual la becaria debe prestar servicios en el lugar que determine, en este caso, el Director del Servicio de Salud de Coquimbo, conforme también se dejó constancia en la Resolución Exenta N° 2035 de 8 de abril de 2020, mediante la cual le fue concedida, a doña nombre reservado, beca en la especialidad de medicina interna, explicitándose que el PAO lo debía efectuar en la Red Asistencial del Servicio Salud Coquimbo, en calidad de profesional funcionaria. Esa estipulación también consta en la escritura pública suscrita entre la recurrente y el Servicio de Salud de Coquimbo, en su cláusula cuarta del referido instrumento, se establecen las obligaciones de la becaria, en particular en la letra g), donde se instituye como obligación la de realizar el período asistencial obligatorio en un establecimiento de salud del Servicio de Salud Coquimbo.

SÉPTIMO: Que, en ese orden de cosas y conforme a lo expresado, se advierte que en la última decisión adoptada por el servicio, contenida en el ORD. N°1A/ 0053 de 11 de enero de 2023, mediante el cual el Director del Servicio de Salud Coquimbo, don nombre reservado, dio respuesta a una quinta solicitud de redestinación, autorizando a cumplir a la recurrente su período asistencial obligatorio, en la modalidad mixta, lo que implica que los tres primeros años deberá efectuar su PAO en el Hospital de Illapel y los tres restantes en el Hospital de La Serena, no es ilegal puesto que la decisión de destinación de la recurrente a un recinto asistencial ubicado en la ciudad de Illapel, por el término de tres años, se encuentra amparada en las disposiciones legales que han sido precedentemente citadas, de las que la becaria se encontraba en pleno conocimiento, por cuanto a partir de la concesión de la beca, se impuso dicha obligación.

OCTAVO: Que, conforme se colige de la segunda decisión de rechaza de la solicitud de redestinación, el Servicio argumentó su desestimación teniendo presente que “el financiamiento otorgado por nuestro Servicio de Salud para las distintas especialidades se basa en un análisis de las brechas en la oferta para atender y dar respuesta a nuestros usuarios. Luego la decisión de formar especialistas es planificada para así cubrir la demandada (sic) de nuestra población beneficiaria en toda nuestra Red Asistencial. En este entendido, el no contar con un profesional en el lugar destinado a cumplir su Período Asistencial Obligatorio, nos perjudica no tan solo a nosotros como Servicio de Salud, sino también a nuestros usuarios.”

Ahora bien, conocidas las solicitudes de redestinación de la recurrente enviada al Servicio de Salud de Coquimbo, en particular la quinta, se advierte que sí fueron considerados los antecedentes familiares expuestos por la becaria. En efecto, del contenido de los Ordinarios emanados del recurrido, se atienden a las circunstancias personales descritas, pero en el último de ellos el criterio mantenido en las cuatro decisiones de rechazo anteriores fue mutado, puesto que se acogió, al menos parcialmente su petición, disponiendo el cumplimiento del período asistencial obligatorio bajo un sistema mixto, en la forma que ya se ha mencionado, sustentada en los antecedentes personales expuestos por ésta y en “las necesidades relacionadas con nuestra red asistencial(…)” haciéndose presente también, conforme se colige del párrafo cuarto del mentado documento que es deber del Servicio “velar por garantizar el acceso a la atención en salud de su población, con los mejores estándares de calidad y disponibilidad de horas de los recursos de especialistas”.

Entonces al resolver como se hizo, se tuvo en consideración los fundamentos que expuso la recurrente, pero también las obligaciones y requerimientos del servicio, tratándose de una medida proporcional que ponderó ambos postulados, sobre todo reflexionado en relación a los requerimientos de la becaria y la necesidad de contar con médicos especialistas, último punto que además se aviene con el hecho público y notorio de la ausencia de médicos especialistas en los hospitales dependientes de los servicios de salud de regiones.

A lo anterior debe sumarse que, conforme la documental acompañada por la recurrente consistente en informes médicos de sus familiares, en particular de la situación médica de su madre, hermano y abuelos, era una situación ya conocida por la recurrente al tiempo de postular a la beca y suscribir el Convenio de Derechos, Obligaciones y Garantía de Becario en programa de especialización, el 25 de mayo de 2020.

A lo anterior, debe sumarse que tanto la Resolución exenta que concede la beca como la escritura pública, ya tantas veces citada, solo contiene la obligación de realizar el período asistencial obligatorio en un establecimiento de salud del Servicio de Salud Coquimbo, dentro de los cuales se encuentra el Hospital de Illapel, por lo que era posible que esa destinación ocurriera en un lugar distinto de aquellos solicitados por la becaria, y aunque era una posibilidad, esa situación no le impidió postular a ella, asumiendo, luego de obtenerla, las obligaciones impuestas en su concesión.

NOVENO: Que, en razón de lo expuesto, no puede estimarse que la recurrida hubiera incurrido en un acto ilegal, respecto de la decisión, toda vez que ella se ajustó plenamente a la normativa legal y reglamentaria vigente. Asimismo, no se ha constatado la ausencia de la necesaria racionalidad en el proceder de la recurrida, puesto que no se advierte una manifestación del simple capricho del agente, que es lo que precisamente identifica el requisito en examen, verificándose por el contrario, que la decisión objetada, encuentra sustento en los criterios de análisis y valoración previamente expuestos, más allá que la decisión final no sea compartida por la recurrente, argumentos todos que permiten desechar el recurso intentado.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra del Servicio de Salud de Coquimbo, representado por su director don GERMÁN LÓPEZ ÁLVAREZ.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra (I) doña Marcela Sandoval Durán.

ROL N°10.278-2022-Protección