nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE

nombre reservado, nombre reservado

Contraloría General de la República Recurso de Protección Rol N° 10221-2022.- La Serena, nueve de marzo de dos mil veintitrés.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, pensionada, ex funcionaria de CONAF quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Contraloría General de la República, representada por el Contralor General de la República, señor Jorge Bermúdez Soto, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, por el acto consistente en haber dictado la Resolución N°E275462 de 10 de noviembre de 2022 mediante la cual rechazó su recurso de reposición interpuesto a su vez en contra de la Resolución N°E250344 de 2022 que decidió omitir pronunciamiento respecto a un reclamo formulado por ella en contra de su ex empleadora CONAF por negar el aumento de su grado en la escala única de remuneraciones, para efectos acceder a una jubilación mayor, todo ello conforme fuera acordado entre CONAF y las organizaciones de funcionarios de esa corporación. Como garantías vulneradas indica aquellas contenidas en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que ingresó a prestar servicios para CONAF Coquimbo en el 1990, en calidad de jornal transitorio, pasando luego a formar parte de la planta como jornal permanente el 5 de enero de 1997. Afirma que desde el 1 de noviembre de 2009 y hasta el 21 de julio de 2010 se desempeñó como asistente de finanzas, ofreciéndosele un aumento en la escala única de remuneraciones (en adelante E.U.R) cuestión que no se habría concretado. Relata que posteriormente entre el 22 de julio de 2010 y el 31 de enero de 2011 prestó sus funciones en la sección de administración, en la cual nuevamente se le ofrece regularizar su grado de la E.U.R., cosa que no verifica, manteniéndose en consecuencia en el grado 18° que tenía hasta entonces. Prosigue señalando que entre el 1 de febrero de 2011 y el 31 de mayo 2012 retorna a la sección de finanzas como asistente y desempeña, paralelamente, el cargo de encargada de casino regional, ofreciéndosele por tercera vez un aumento en la EUR que no se cumple. Relata, luego, que a partir del 1 de junio de 2012 y hasta el mes de febrero de 2022 en que se produce su jubilación ejerció el cargo de encargada de Tesorería Regional y detalla que, entre octubre de 2020 y febrero de 2021, fue nombrada Jefa (S) de la Sección de Finanzas, experimentando un aumento de su grado de la EUR hasta el grado 12, para posteriormente retomar su cargo titular de encargada de Tesorería que tiene asignado el grado 17°.

Refiere que en el mes de julio del año 2021 se le informa que puede acogerse a retiro voluntario por haber cumplido 60 años y que para poder acceder al bono de incentivo al retiro debía firmar ‘una autorización’, comenzando entonces a correr el plazo para cumplir los restantes trámites del retiro. Explica que suscribió el documento teniendo para ello en consideración la existencia de un protocolo de acuerdo suscrito por la Dirección Ejecutiva de CONAF y las organizaciones sindicales FENASIC y SINAPROF, de 13 de mayo de 2014, y que fuera ratificado posteriormente el año 2016, en que se estableció -entre otras materias- un mecanismo de aumento de grado en la EUR el mes en que se haga efectivo el retiro del trabajador conforme a una tabla que distingue según el estamento en que se desempeñe el trabajador y la cantidad de años de servicios prestados.

Luego, sostiene que el 21 de octubre de 2021 el Director Ejecutivo de CONAF emitió el Memorándum N°5165/2021 dirigido a las organizaciones sindicales de la institución en el cual comunica que se recibió el Informe Final N°72-21 de la Contraloría General de la República relativo a una auditoría referente “a los gastos en personal autorizados con cargo a fondos públicos, en el período comprendido entre el 01 de Octubre de 2019 y el 31 de Marzo de 2020.”. Indica que en razón del memorándum antes citado y dada la negativa de CONAF a regularizar su grado en la EUR, se realiza consulta a la Contraloría General de la República, entidad de control que habría expresado respecto al informe de auditoría “que dentro de los hallazgos observados, está aquel relacionado con el aumento de remuneraciones en el último mes de desempeño en uno o más grados del personal en edad de jubilar que se acoge al retiro, hallazgo respecto del cual la Contraloría concluyó, que con ello CONAF habría excedido los límites en materia de disposición patrimonial que afecta a quienes administran recursos públicos, indicándose textualmente en el informe de auditoría ‘por lo que de ahora en adelante CONAF deberá ajustarse estrictamente al principio de legalidad del gasto, en los acuerdos que celebre y los procesos de desvinculaciones que efectúe, no pudiendo realizar futuros aumentos de remuneraciones a menos que exista una norma que autorice dicho gasto’. Afirma que en dicho pronunciamiento la Contraloría General de la República habría precisado que esta instrucción aplicaría solo respecto de aquellos funcionarios que tuvieran su anexo de contrato con el aumento de grado al 30 de septiembre de 2021, y no respecto de aquellos que, como en su caso, se encontraran en proceso de jubilación.

En otro acápite, manifiesta que ante la negativa de CONAF de regularizar su aumento de grado aduciendo lo resuelto por la Contraloría General de la República, acudió ante esa entidad, la que mediante oficio E250344 / 2022 de fecha 26 de agosto de 2022 resuelve omitir pronunciamiento “por cuanto el control del régimen jurídico y de remuneración del personal de mencionada Corporación corresponde a la Dirección del Trabajo atendida la circunstancia de que se trata de una entidad de derecho privado que no integra los cuadro de la Administración (aplica dictamen N°31.269, de 2010)”. Indica que contra aquel pronunciamiento interpuso recurso de reposición el cual fue desestimado mediante oficio E275462 / 2022 de 10 de noviembre de 2022 por la Contraloría General de la República expresando que “se hace presente que del primer párrafo de la presentación N°42.507 de 2022 que efectuó anteriormente la interesada queda claro que ella consulta por el beneficio de aumento de grado para el cálculo de su finiquito, como se expuso en el oficio cuya reconsideración requiere. Sin perjuicio de ello, más allá de la forma en que se expone la problemática, lo cierto es que la señora nombre reservado pide un pronunciamiento respecto a la decisión de CONAF de no aumentar su remuneración estando próxima a retirarse la institución, materia sobre la que no procede emitir un pronunciamiento pues, como ya se indicó, el control del régimen jurídico y de remuneraciones del personal de la mencionada Corporación corresponde a la Dirección del Trabajo, atendida la circunstancia de que se trata de una entidad de derecho privado”.

Arguye que la Contraloría General de la República actúa en forma ilegal y arbitraria pues si bien es efectivo que CONAF es una entidad de derecho privado, ésta forma parte de la denominada “Para-Administración” o “Administración Invisible” y al percibir fondos públicos se encuentra sujeta a la fiscalización de la recurrida, de modo que esta no podría excusarse de emitir pronunciamiento sobre el reclamo realizado. Por otro lado, cuestiona que CONAF haya dejado de otorgar un beneficio que tendría el carácter de un derecho adquirido de la trabajadora desde que esta inició su proceso de retiro encontrándose en vigor el beneficio. Argumenta que si CONAF deniega éste, en virtud de un informe de Contraloría General de la República, es lógico que esa entidad pueda pronunciarse sobre la conformidad de esa actuación con la legalidad presupuestaria.

Alega, además, que se produciría en la especie una situación de discriminación respecto de aquellos trabajadores que se jubilaron antes del pronunciamiento de la recurrida sobre la procedencia del beneficio de aumento de grado, en relación a aquellos que se retiraron con posterioridad, quienes se han visto privados de ese derecho en forma arbitraria. Sostiene, finalmente, que también se ha visto amagado su derecho a no ser juzgada por comisiones especiales en tanto la Dirección Ejecutiva de CONAF denegó en forma unilateral el beneficio que habría adquirido.

Previas citas de derecho solicita acoger la acción intentada y, en definitiva, resolver que “a) Se deje sin efecto resolución E275462 / 2022, en la que se rechaza recurso de reposición de fecha 05 de septiembre b) Se restablezca el imperio del derecho procediendo otorgar el beneficio negado antes descrito. c) Se adopten todas las otras medidas que este Ilmo. Tribunal estime necesarias para reestablecer el imperio del derecho. d) Se condene en costas a la recurrida.”.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la Contraloría General de la República indicando que mediante Informe Final N°72 de 30 de septiembre de 2021 esa entidad de control auditó los gastos en personal autorizados con cargo a fondos públicos en la CONAF, en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y 31 de marzo de 2020, constatando, en su acápite III, Nº6, letra a) aumentos en grados remuneratorios en el último mes de desempeño de los trabajadores, previo al término de su relación laboral, a fin de mejorar las condiciones de las desvinculaciones, sin que se haya apreciado una causa justificada para ello. Agrega que, en ese contexto, se ordenó a CONAF arbitrar las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, sus actuaciones se ajusten cabalmente a los límites en materia de disposición patrimonial que rige a quienes administran recursos públicos, en razón de los principios de legalidad del gasto público y de probidad administrativa.

Señala que, posteriormente, el 12 de julio de 2022 la recurrente solicitó pronunciamiento a esa entidad en los mismos términos planteados en su recurso de protección, argumentando la existencia de acuerdos con los Sindicatos de CONAF y de un error administrativo de esa corporación que no le sería imputable. Explica que Contraloría General de la República se abstuvo de emitir un pronunciamiento pues aquello implicaba abocarse al régimen jurídico y remuneratorio del personal de una entidad de derecho privado regida por el Código del Trabajo, y cuya competencia corresponde a la Dirección del Trabajo, a la cual los antecedentes fueron remitidos conforme a lo dispuesto en el artículo 14, inciso segundo, de la ley N.º 19.880.

Expresa que contra tal decisión la actora interpuso recurso de reposición fundado en que no habría solicitado pronunciamiento sobre la legalidad de la actuación de CONAF, sino que, respecto al cálculo de su finiquito, para el cual no se habría considerado por CONAF el aumento de grado. Precisa que la actora, además, expuso que, aun tratándose de un organismo privado, la CONAF recibe fondos públicos, por lo que estando facultada la Contraloría para auditar el uso de esos fondos y emitir informe al respecto, también se encontraría facultada para pronunciarse sobre la materia solicitada. Refiere que el recurso de reposición de la actora fue desestimado reiterándose que lo solicitado implica pronunciarse sobre el régimen jurídico y remuneratorio del personal de una entidad de derecho privado, cuyo control corresponde a la Dirección del Trabajo, situación que, no obstante, en ningún caso impide el ejercicio de las facultades de esta esa entidad de fiscalizar el uso de los recursos públicos por parte de la CONAF mediante auditorías.

Acto seguido, alega falta de legitimación pasiva, ya que si bien se recurre contra la decisión de la Contraloría General de la República de omitir pronunciamiento, lo cierto es que la actora estima vulneratorio la decisión de CONAF de no aumentar su grado en la EUR, por lo cual la acción debiera dirigirse en contra de esa corporación, Por otra parte, alega que la acción constitucional de protección no es la vía idónea para conocer de la materia planteada en el recurso toda vez que del mismo petitorio del libelo aparecería que la recurrente no cuenta con un derecho indubitado, sino que pretende que se le reconozcan derechos. Niega, además, que esa entidad haya actuado en forma ilegal o arbitraria, o que haya vulnerado los derechos constitucionales de la actora, y aduce que la decisión de omitir pronunciamiento en modo alguno puede considerarse cause agravio a la actora.

Finalmente, sostiene que esa entidad ha actuado conforme a la normativa que rige su actividad de fiscalización, y a la jurisprudencia existente en la materia conforme a la cual la Contraloría General de la República goza de las facultades necesarias para fiscalizar el uso de recursos públicos administrados por Corporaciones de Derecho privado como CONAF sin que ello signifique alterar el régimen jurídico que rige sus relaciones laborales, ni implique atribuirles a los trabajadores derechos propios de quienes poseen la condición de funcionarios públicos.

TERCERO: Que, mediante resolución de 30 de enero del año en curso se solicitó informe a CONAF respecto a los hechos planteados en el recurso el que consta evacuado a folio 19 de esta carpeta digital.

En el referido informe expone que CONAF es una institución de derecho privado que cumple funciones públicas y se encuentra sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República en virtud del artículo 16 de la Ley Orgánica Constitucional de esa entidad de control. Agrega que su dotación de funcionarios está formada por los empleados y jornales permanentes cuyos contratos de trabajo son de carácter indefinido y se rigen por las normas del D.L. N°249, del año 1974 de lo cual se sigue que sus remuneraciones corresponden a aquellas establecidas en la Escala Única de Remuneraciones. Indica que el personal de la dotación de CONAF, tiene un estatuto jurídico laboral especial, por cuanto, además de aplicarse la normativa de viáticos establecida en el D.F.L. N°262 del año 1977 que los reglamenta, se rigen, en lo relativo a los trabajos extraordinarios, por el D.F.L. 1046 del año 1977, así como también por las normas del Código del Trabajo, en todo aquello que no sea contrario a las normas especiales, antes enunciadas. Agrega que, asimismo, hay trabajadores de carácter transitorio que se rigen íntegramente por las normas del Código del Trabajo.

Tras exponer latamente el marco normativo que rige a esa Corporación y a sus funcionarios, manifiesta en cuanto al fondo de la acción deducida que el acuerdo con las organizaciones sindicales al que alude la actora en su recurso no impone obligaciones legales a CONAF, pues éste no tiene el carácter de instrumento colectivo al no reunir los requisitos previstos en los artículos 320 y siguientes del Código del Trabajo y por no encontrarse esa Corporación facultada para negociar colectivamente por prohibirlo el artículo 304 del Código del Trabajo. Expresa que el referido protocolo de acuerdo fue objeto de control de legalidad por parte de la Contraloría General de la República, la cual estableció en el Informe de Auditoría N°72 de 2021 que “la remuneración de 25 trabajadores de la CONAF que fueron desvinculados en el período comprendido entre los meses de julio a diciembre de 2019, por acogerse a retiro, fue aumentada en el último mes de su desempeño en unos o más grados -de acuerdo a las modificaciones de contrato tenidas a la vista, sin que sea posible apreciar la existencia de alguna causa asociada al cumplimiento de los fines de esa Corporación, que haya justificado dichos incrementos, lo que implicó, además, pagos por concepto de indemnización por años de servicios, de indemnización sustitutiva del aviso previo y de feriado legal y/o proporcional, acorde con las indicadas modificaciones contractuales”. Agrega que la Contraloría General de la República concluyó que “ CONAF excedió los límites en materia de disposición patrimonial que afecta a quienes administran recursos públicos, debido a los principios de legalidad del gasto y de probidad administrativa, establecidos en los dictámenes números 62.935, de 2016; 15.759, de 2017, y 29.617, de 2018, ordenando que -en adelante- la CONAF debe ajustarse estrictamente a dichos principios en los acuerdos que celebre y los procesos de desvinculaciones que realice.”

Señala que, posteriormente, CONAF solicitó reconsideración a la Contraloría General de la República, a fin de “dejar sin efecto el pronunciamiento respecto de todo el personal de CONAF, y en subsidio, respecto de aquellos trabajadores que con anterioridad al Informe Final N°72, ya contaban con un anexo de contrato pactando el aumento de grado o ya habían presentado el formulario para acceder al beneficio, lo que no es el caso de la recurrente Sra. nombre reservado.”. Refiere que mediante Oficio E187843/2022, la Contraloría Regional Metropolitana desestimó la petición principal de la reconsideración de CONAF, y, acogió parte de la petición subsidiaria, sólo respecto de aquellos trabajadores que hayan suscrito el pertinente anexo de contrato de aumento de grado antes de la notificación del referido informe final N°72, y, no respecto de quienes, a esa fecha, únicamente solicitaron hacer efectivo su retiro a través del formulario único u otros procedimientos previstos por CONAF, ya que ellos sólo gozaban de una mera expectativa de acceder a las prerrogativas objetadas por medio del referido informe de auditoría. (aplica criterio contenido en el dictamen N°10.235, de 2017).

Arguye que, siendo obligatorios para CONAF los dictámenes de la Contraloría General de la República esa corporación no puede obrar de otro modo que cumpliendo lo dictaminado por esa entidad de control, y sostiene que, no encontrándose la actora en la situación establecida por la Contraloría en que es procedente el pago del aumento de grado, no es posible a su respecto otorgarle ese beneficio.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

De lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas. Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o a una inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que como primera cuestión cabe pronunciarse respecto a la alegación deducida por la recurrida de falta de legitimación pasiva, la que fundamenta en que del propio libelo recursivo surgiría que lo que se cuestiona, en definitiva, no es una actuación que pueda atribuirse a esa entidad de control, sino que se reprocha la decisión de la Corporación Nacional Forestal de negar el aumento de grado requerido por la actora.

A este respecto cabe constatar que, en el petitorio de su recurso de folio 1, la actora pide, en primer lugar, que “se deje sin efecto resolución E275462 / 2022” de la Contraloría General de la República, “en la que se rechaza recurso de reposición de fecha 05 de septiembre”, intentado este contra la decisión de no emitir pronunciamiento sobre el caso planteado por la recurrente. En segundo lugar, la recurrente solicita que “Se restablezca el imperio del derecho procediendo otorgar el beneficio negado antes descrito” al cual se alude en extenso en el cuerpo del escrito y que fuera referido en los motivos precedentes.

En este escenario, concluye esta Corte que, tal como sostuvo el órgano contralor, la recurrente pretende en último término, que se aumente su grado en la escala única de remuneraciones con la finalidad de mejorar sus condiciones de retiro, lo que sustenta en el Protocolo de Acuerdo suscrito por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal y las organizaciones sindicales FENASIC y SINAPROF, de 13 de mayo de 2014, ratificado en el año 2016, que fuesen acompañados por la recurrida, lo que constituye un acuerdo adoptada por la Corporación Nacional Forestal, por lo que no es posible atribuir tal conducta a la Contraloría General de la República que se limitó, en virtud de las facultades que le son propias, a emitir el informe final de auditoría de la Corporación Nacional Forestal N° 72 /2021 de 30 de septiembre de 2021, razón que autoriza a desestimar la acción constitucional deducida en su contra.

En efecto, tal como se advierte del Informe aludido, entre sus objetivos se encontraba la de “practicar una auditoría a los gastos en personal autorizados con cargo a fondos públicos, en el período comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, en la Corporación Nacional Forestal -CONAF-, específicamente al aquel ubicado en la Región Metropolitana de Santiago -Nivel Central y Dirección Regional Metropolitana-.”, estableciéndose como uno de los principales resultados que “la remuneración de 25 trabajadores de la CONAF que fueron desvinculados en el período comprendido entre los meses de julio a diciembre de 2019, por acogerse a retiro, fue aumentada en el último mes de su desempeño en unos o más grados -de acuerdo a las modificaciones de contrato tenidas a la vista-, sin que sea posible apreciar la existencia de alguna causa asociada al cumplimiento de los fines de esa corporación, que haya justificado dichos incrementos, lo que implicó, además, pagos por concepto de indemnización por años de servicios, de indemnización sustitutiva del aviso previo y de feriado legal y/o proporcional, acorde con las indicadas modificaciones contractuales”. Determinando, que “La CONAF deberá arbitrar las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, sus actuaciones se ajusten cabalmente a lo precisado por esta Entidad Fiscalizadora en los dictámenes Nos 62.935, de 2016; 15.759, de 2017, y 29.617, de 2018, entre otros, en cuanto a los límites en materia de disposición patrimonial que afecta a quienes administran recursos públicos -como es el caso de la CONAF- en razón de los principios de legalidad del gasto y de probidad administrativa, de manera que los acuerdos que celebre y los procesos de desvinculaciones que realice se apeguen estrictamente a dichos principios.”

A tal conclusión también se arriba en el análisis del reclamo presentado por la recurrente ante la Contraloría General de la República y que motivó la emisión de la resolución que rechaza el recurso de reposición, también aparejado por la recurrida, signado como REF. 42.507 12/07/2022, por medio del cual doña nombre reservado pide “ acoja el reclamo que en este acto interpongo y se me permita hacer efectivo el beneficio incorporado a mi vínculo con la Corporación Nacional Forestal, mediante protocolo de Acuerdo de fecha 13 de mayo de 2014, suscrito entre la Dirección Ejecutiva de CONAF y las organizaciones sindicales FENASIC y SINAPROF y Protocolo de Acuerdo de fecha 28 de mayo de 2016, suscrito entre la Dirección Ejecutiva de CONAF y las organizaciones sindicales FENASIC y SINAPROF.”.

Teniendo en cuenta el contenido de la reclamación deducida el órgano contralor respondió, mediante Folio E250344/ 2022, que “Al respecto, cabe manifestar que, de acuerdo con lo informado en el dictamen N° 1.201, de 2004, de este origen, este Organismo Fiscalizador carece de competencia para pronunciarse sobre el asunto planteado, por cuanto el control del régimen jurídico y de remuneraciones del personal de la mencionada Corporación corresponde a la Dirección del Trabajo, atendida la circunstancia de que se trata de una entidad de derecho privado, que no integra los cuadros de la Administración (aplica dictamen N° 31.269, de 2010)”, remitiendo los antecedentes a la Dirección del Trabajo, para que fuese dicho servicio público el que resolviera la petición formulada, conforme a sus facultades.

Así el pronunciamiento que realiza la Contraloría General de la República, al tiempo de rechazar el recurso de reposición deducido y que por esta vía se impugna, contiene igual decisión, esto es, la ausencia de pronunciamiento respecto del reclamo formulado, puesto que se trata de un asunto que se encuentra fuera de la esfera de sus competencias, ya que lo requerido es “un pronunciamiento respecto de la decisión de CONAF de no aumentar su remuneración estando próxima a retirarse de la institución, materia sobre la que no procede emitir un pronunciamiento pues, como ya se indicó, el control del régimen jurídico y de remuneraciones del personal de la mencionada Corporación corresponde a la Dirección del Trabajo, atendida la circunstancia de que se trata de una entidad de derecho privado.”

SEXTO: Que, adicionalmente, el recurso tampoco puede prosperar ya que, encontrándose controvertida la procedencia del aumento de grado buscado por la recurrente no puede considerarse que ésta detente un derecho indubitado que pueda ser cautelado en esta sede, supuesto esencial del recurso deducido, toda vez que la recurrida ha cuestionado cada uno de los hechos afirmados por la actora, de donde surge como conclusión necesaria que al respecto existe una controversia que no puede ser resuelta por la presente vía. Así cualquier decisión de esta Corte a ese respecto excede el objetivo y naturaleza de esta vía cautelar, pues importa decidir sobre una cuestión de derecho que se encuentra controvertida, lo que debe ser decidido en las instancia jurisdiccional correspondiente.

Asimismo, huelga decir que la acción de protección no es una instancia declarativa de derechos, de modo que no procede que sea esta Corte, a través de esta vía de urgencia, establezca si la recurrente goza o no de un derecho que tiene que ver con el aumento de su remuneración derivado del acuerdo alcanzado entre los sindicatos y la Corporación Nacional Forestal, asunto que necesariamente debiese se ventilado en un procedimiento de lato conocimiento en que las partes puedan formular sus alegaciones y aportar las pruebas que estimen pertinentes para acreditar sus respectivas pretensiones.

SEXTO: Que, por último, cabe rechazar, además, el recurso por no existir de parte de la recurrida un hecho que tenga la aptitud de conculcar derechos o garantías constitucionales de la recurrente, toda vez que al omitirse pronunciamiento respecto a lo pretendido por la actora y remitir los antecedentes al organismo que se estima competente, no se ha visto alterada por alguna conducta de la recurrida la situación de hecho en que se encuentra la recurrente al no haberse adoptado ninguna decisión respecto a sus alegaciones.

Adicionalmente, no se aprecia que al proceder en la forma que lo hizo la recurrida haya obrado en forma contraria a derecho, pues ante un requerimiento relacionado a una materia para la cual no se considera competente, ha remitido los antecedentes al organismo que sí lo sería, dando de ese modo cumplimiento a la obligación que le impone el artículo 14 inciso segundo de la Ley N°19.880 Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra de la Contraloría General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra doña Marcela Sandoval Durán.

Rol N°10221-2022 Protección.