nombre reservado con SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN DE COQUIMBO

nombre reservado

Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Recurso de Protección Rol 10211-2022 La Serena, a diecisiete de febrero de dos mil veintitrés.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que a folio 1, y con fecha diecinueve de diciembre de los corrientes, comparece don nombre reservado, asistente social, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado quien interpone acción de protección en contra de la SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL (SEREMI) DE VIVIENDA Y URBANISMO, Región de Coquimbo, persona jurídica de derecho público, rol único tributario N°61.802.004-5, representado legalmente por don nombre reservado, Secretario Regional Ministerial, organismo que dictó la Resolución Exenta N°272/2208/2022, de treinta de noviembre de dos mil veintidós, notificada por carta certificada con fecha catorce de diciembre de dos mil veintidós, que resolvió el término anticipado de su designación a contrata en la planta profesional de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo.

Refiere en primer lugar que ingresó a trabajar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) a través de concurso público como Analista Social para el Programa Barrios, cargo Honorarios Suma Alzada asimilado al grado 13° EUR, en octubre de dos mil dieciocho. Señala además que ostentó este cargo durante aproximadamente ocho meses, y luego, por concurso público, accedió al puesto de Analista Técnico de Barrios, Profesional Grado 10° EUR.

Establece que fue degradado por Resolución N°272/1923/2022, de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, pasando desde el grado 10° al grado 15°. Y en virtud de ello, interpuso una demanda de tutela laboral, RIT T-221-2022 ante el Tribunal del Trabajo de La Serena. Y, agrega, con fecha catorce de diciembre de dos mil veintidós, le notificaron por carta certificada la Resolución Exenta N°272/2208/2022, que contiene la decisión de no prorrogar su contrata, la que estima es ilegal y arbitraria.

Refiere que dicha Resolución contiene circunstancias vagas y genéricas sin precisar ningún hecho específico que argumente el por qué se adopta esta decisión ni cuáles son sus fundamentos. En términos precisos, ninguno de sus considerandos expresa la motivación del acto administrativo.

Señala que los fundamentos 1°, 2°, 3° y 4°, son descriptivos y dan cuenta claramente que se encuentra amparado por la confianza legítima debido a que su relación a contrata excede los dos años y se ha renovado reiteradamente, conforme lo ha establecido la Contraloría General de la República (Dictamen N°85.700 de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, actualizado por el Dictamen N°6.400 de dos de marzo de dos mil dieciocho), principio que ha sido recogido por la jurisprudencia judicial.

Indica también que los fundamentos 5°, 6°, 7°, 8° y 9° solo reproducen la información del acto arbitrario e ilegal por el cual lo degradaron treinta y siete días antes de ser notificado de la no renovación de la contrata. Por otro lado, ese asunto se encuentra judicializado como ya lo mencionó.

Agrega que los fundamentos 10°, 11°, 12° y 13° intentan explicar el motivo de la no necesidad de sus funciones, y los nuevos proyectos que se van a ejecutar el presente año, sin embargo, los tres considerandos ocupan frases genéricas y aluden a planes futuros que no explican ni desarrollan, solo los nombran. Estima que la necesidad urgente de contar con un profesional del área de la ingeniería es infundada, debido a que los nuevos lineamientos del “Programa Quiero a nombre reservado” para el año 2023, del cual participó por más de cuatro años en la Región de Coquimbo, hubo efectivamente un cambio estratégico y se diseñó la integración de trabajos de ingeniería propios del programa, los que fueron licitados, ya que el Programa Quiero a nombre reservado y Pequeñas Localidades son programas que trabajan de forma independiente y con presupuesto independiente y ambos dependen del Departamento de planes y programas del MINVU.

Expresa además que el Programa Pequeñas Localidades cuenta con recursos asignados para desarrollar las asistencias técnicas de ingeniería (si sus proyectos lo requieren) por lo cual no necesita contar con un profesional ingeniero, es decir, se solicitan como una consultoría externa.

Y, continúa señalando que en los fundamentos 14°, 15° y 16°, no pueden sostenerse bajo ninguna lógica, toda vez que hablan de falta de cupos y disponibilidad presupuestaria y hacen alusión nuevamente a las funciones que ya desarrollaba.

Hace presente que esta Resolución transgrede el principio de la confianza legítima, el cual señala que, si una relación a contrata excede los dos años y se renueva reiteradamente, una vez superado ese límite se transforma en un vínculo indefinido, tal como lo indica la jurisprudencia de la Contraloría General de la República y de los Tribunales Superiores de Justicia. Cita jurisprudencia al efecto.

Junto a lo anterior, establece que la aludida Resolución es contraria a los artículos 11 inciso segundo, 16 y 41 de la Ley 19880, lo que convierte al acto administrativo impugnado por esta vía en una decisión ilegal que afecta sus derechos reconocidos en el artículo 19 numerales 2° y 24° de la Constitución Política de la República.

Destaca que en la Resolución que motiva el presente recurso de protección, se invocan motivos genéricos y ambiguos, insuficientes para constituirse como un fundamento objetivo que permita justificar adecuadamente la decisión de no renovar el contrato de un funcionario público, lo que torna en arbitraria la decisión de la recurrida, puesto que tales conceptos han sido interpretados a su voluntad, con el propósito de revestir de fundamento plausible su decisión. Además, vulnera su derecho de propiedad, respecto de sus remuneraciones y a la permanencia en el cargo, como efecto directo de la confianza legítima.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos: 1) Acta de Proceso de Selección “Cargo Dos Analistas Social Programa Quiero a nombre reservado de Honorarios, SEREMI Vivienda Región Coquimbo” nombre reservado; 2) Acta de Proceso de Selección “Programa Quiero a Barrio Calidad de Contrata SEREMI Vivienda Región Coquimbo”, nombre reservado; 3) Historial de contrataciones de don nombre reservado, desde el 08/10/2018 al 31/01/2022, de fecha veintiséis de abril de dos mil veintidós; 4) Resolución Exenta N°272/1923/2022, de veinticuatro de octubre dos mil veintidós: Baja de grado la contrata de don nombre reservado; 5) Resolución Exenta N°272/2208/2022, de treinta de noviembre dos mil veintidós, que contiene la decisión de no prorrogar la contrata de don nombre reservado.

SEGUNDO: Que a folio 17, y con fecha dieciocho de enero de los corrientes, la recurrida evacuó informe a través del cual solicita se rechace la presente acción teniendo en consideración los siguientes argumentos.

Refiere que mediante Resolución Exenta N°272/1826/2018, de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de Coquimbo, de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho, se contrató al actor a honorarios, cargo que fue prorrogado por Resolución N°272/34/2019.

Agrega que por la Resolución Exenta N°272/1451/2019, de fecha cinco de septiembre de dos mil diecinueve, de esta misma repartición, se contrató al mismo profesional en calidad a contrata, la que fue renovada para el año dos mil veinte por Resolución N°272/84/2020; para el año dos mil veintiuno por Resolución Exenta N°272/99/2021; y, para el año dos mil veintidós, por Resolución Exenta N°272/131/2022.

Indica que con fecha tres de octubre de dos mil veintidós el Sr. Secretario Regional Ministerial le comunicó al recurrente sobre el cambio de sus funciones y se le notifica de la reducción de su grado, de 10° a 15°, decisión que da cuenta de la disminución de responsabilidades asociadas a su cargo, según consta del nuevo perfil de cargos de la institución, lo que quedó reflejado en la Resolución Exenta RA N°272/1923/2022 del diecinueve de octubre de dos mil veintidós, que lo designó como contrata grado 15°, a contar del tres de octubre y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós. Concluye que esta fue una nueva contratación, que implicaba diversas funciones, distinto estamento y que no se relaciona con el trabajo desarrollado previamente y confirma, además, la demanda laboral por tutela de derechos fundamentales presentada por el recurrente en contra del servicio.

Arguye que en virtud de la facultad de administración que tiene el SEREMI, existe la necesidad de contar con un profesional del área de la ingeniería para el presente año, a fin de cumplir con las metas impuestas por el gobierno central. Y, a mayor abundamiento, agrega que existe a nivel nacional la línea del Programa de Pequeñas Localidades, que funciona dentro del Programa nombre reservado, el que a nivel regional está siendo asumida por un profesional del Departamento Planes y Programas; esta línea de financiamiento involucra, al igual que el Programa nombre reservado, la ejecución de obras y por lo mismo, las evaluaciones técnicas, los informes de especialidades e ingeniería de la asistencias técnicas, que requieren el perfil de un profesional de dicha área y actualmente no existe en el servicio alguien que desempeñe esta labor ni existen cupos ni disponibilidad presupuestaria adicional para contratar un nuevo profesional, siendo necesario disponer de un cupo profesional con la actual dotación de personas, para satisfacer la contratación requerida.

Prosigue señalando que se revisaron las funciones desarrolladas y las cargas laborales de los otros profesionales del programa, concluyendo respecto del actor, que sus labores están siendo asumidas por otros profesionales del Programa, lo que incide directamente en su baja carga laboral. De la misma manera, se evaluó su reasignación a otras funciones dentro de los Departamentos y Secciones de la SEREMI, no existiendo requerimientos ni necesidad de contar con un profesional con su perfil.

Señala que el MINVU recientemente ha implementado el Plan de Emergencia Habitacional (PEH), con el fin de disminuir el déficit habitacional, para lo cual se ha propuesto objetivos Ministeriales 2022 - 2026, para revertir dicho déficit a nivel país, debiendo proponer acciones y medidas para la correcta implementación del Plan de Emergencia Habitacional (PEH), de conformidad a lo dispuesto en la Ley N°21.450, hacer seguimiento de la ejecución de iniciativas asociadas al PEH, coordinando con los distintos equipos de la SEREMI y SERVIU, las acciones necesarias para la correcta implementación y ejecución del Plan de Emergencia Habitacional, proponer lineamientos a objeto de determinar los sectores prioritarios de la región para llevar a cabo las acciones contempladas en el PEH, coordinar la difusión de los Programas Ministeriales en la comunidad, promover espacios de participación ciudadana en los niveles que corresponda para la difusión y capacitación de la comunidad, informando, aclarando y orientando sobre planes y programas habitacionales y de inversión urbana del MINVU en la Región.

Arguye que, en vista de estos antecedentes, el Secretario Regional Ministerial concluyó que las funciones del Sr. nombre reservado no eran requeridas en esta repartición, motivo por el cual se ha decidido no renovar su contrata para el presente año.

Establece que la resolución impugnada es la Resolución Exenta RA N°272/2201/2022, de treinta de noviembre de dos mil veintidós, que dispone la decisión de no prorrogar la contratación del actor.

Refiere que efectivamente, tal como señala el recurrente, los considerandos 1° al 4° tratan una sucinta referencia a los hechos que dan cuenta de la relación laboral entre el recurrente y la SEREMI de Vivienda y Urbanismo. Y, los considerandos 5°, 6° y 7° reproducen lo señalado en la Resolución de fecha tres de octubre de dos mil veintidós, cuya legalidad se encuentra sometida a la jurisdicción en sede laboral, producto de la interposición de la acción de tutela laboral a la que se hizo referencia precedentemente.

Indica que el acto recurrido cumple con los estándares exigidos por la Constitución y la ley, pues la no renovación de la contrata que afecta al actor cumple con el imperativo que tiene la Administración del Estado de disponer con eficiencia y eficacia la gestión de los recursos públicos, siendo imprescindible disponer de los profesionales adecuados para asumir y cumplir con los objetivos Ministeriales.

Estima además que respecto del acto recurrido no existe ilegalidad, pues emana de la autoridad competente, dentro del ejercicio de sus facultades y funciones públicas; ni tampoco arbitrariedad, toda vez que su decisión no obedeció al mero capricho de la autoridad, sino que, a fundamentos de hecho y de derecho, claros, precisos y concordantes, los cuales fueron debidamente informados y expresados en la resolución requerida.

Establece que el ejercicio de esta acción cautelar supone la existencia de un derecho indubitado. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha señalado que “De acuerdo a los objetivos tenidos a la vista por el constituyente, la acción de protección tiene por finalidad establecer el imperio del derecho quebrantado y para ello se precisa la existencia de los derechos que se estiman vulnerados no se encuentre controvertida” (C. Suprema, 10 de julio de 2001, R.G.J., N°253, pág. 36). Se ha señalado también que tratándose de una acción específica, de emergencia, respecto del cual se ha establecido un procedimiento rápido e informal “requiere por tanto, que el derecho que se dice conculcado sea legítimo, es decir, que se funde en claras situaciones de facto que permitan, por este especial procedimiento, establecer el imperio del derecho; pero es improcedente que por medio de él se pretenda un pronunciamiento sobre situaciones de fondo, que son de lato conocimiento” (C. Suprema, 22 junio 1992, R.G.J., N°144, pág. 57. R.D.J. t.89, sec. 62, pág. 234).

Conforme con lo anterior, señala que respecto del derecho reconocido en el artículo 19 N°2 de la Constitución, es necesario tener presente que el artículo 10 del Estatuto Administrativo señala: “Los empleos a contrata duraran, como máximo, solo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expiraran en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”. Lo anterior revela el carácter esencialmente transitorio de esta forma de contratación siendo el plazo al treinta y uno de diciembre el tiempo “máximo” (sic) de duración, y, por tanto, puede terminar antes, si la autoridad llamada a concluir esa contratación estima que hay razones para ello, lo cual debe reflejarse en un acto administrativo fundado.

Arguye que en este contexto, cabe señalar que la comunicación formal realizada al recurrente, no es un acto que vulnere la garantía constitucional de igualdad ante la ley, toda vez que se cumplió con el requisito sine qua non de dictar el acto administrativo debidamente fundado en las razones que tuvo la autoridad para adoptar esta determinación, no existiendo por ende ninguna desigualdad ni en la aplicación de la normativa correspondiente, ni en el trato dado al recurrente con la decisión de no renovar la contrata para el presente año.

Agrega que el recurrente hace alusión al derecho de propiedad sobre sus remuneraciones y a la permanencia en el cargo, como efecto directo de la confianza legítima. Al respecto, cabe señalar que la Constitución Política de la República, en su artículo 19 N°24, asegura a todas las personas “El derecho de propiedad en sus diversas especies sabre toda clase de bienes corporales o incorporales”.

Indica también que con relación a esta protección cautelar, cabe señalar que el constituyente estableció directamente esta garantía reconociendo la categoría que el derecho civil ha desarrollado a partir de los dispuesto en el artículo 583 del Código Civil que dispone: “Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad, así el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo”. Así entonces se reconoce y garantiza la propiedad sobre cosas incorporales, como los derechos personales o reales, según categorización del artículo 576 del Código Civil, con la misma intensidad con la que se reconoce el dominio sobre cosas corporales.

Al respecto refiere que sin embargo, en el caso sub lite, y atendida la naturaleza precaria de la modalidad a contrata que tenía el recurrente, no se puede pretender que exista un derecho de propiedad sobre su empleo y remuneraciones hasta después del treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, por cuanto se trata solo de meras expectativas en tanto aquel constituye el plazo máximo de duración del contrato, pudiendo la autoridad disponer su no renovación cuando a juicio de la autoridad administrativa existieren motivos fundados para ello, tal como ha ocurrido en la especie, los que fueron claramente esgrimidos en la resolución recurrida.

Agrega que, en consecuencia, no existe un derecho devengado respecto de ese empleo y remuneraciones posterior al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, sino solo sobre aquellas devengadas hasta la fecha señalada precedentemente, derecho que ha sido plenamente reconocido al funcionario recurrente, reflejado en el correspondiente pago de sus remuneraciones hasta el último día de su contrata, y hasta que el acto administrativo que dispuso la no renovación de la misma se encontrase totalmente tramitado; comprendiendo además el uso de los permisos estatuarios correspondientes.

Conforme con lo expuesto, sostiene que la Resolución Exenta RA N°272/2208/2022 se ajusta a la legalidad vigente, y no configura una actuación ilegal o arbitraria y se encuentra debidamente motivada, correspondiendo el rechazo del Recurso de Protección, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, sea que se denomine recurso o acción el arbitrio intentado, cabe tener presente que es “un proceso de protección de derechos fundamentales, o bien, un proceso sumario especial, que permite dar efectividad urgente, aunque con un carácter provisional, a los derechos fundamentales” (Bordalí Salamanca, Andrés. El Proceso de Protección. Revista de Derecho (Valdivia), dic. 1999, vol.10, N°1, pp. 43-58.), o sea, un procedimiento de urgencia destinado a restablecer el imperio del derecho.

QUINTO: Que son hechos no discutidos del recurso que don nombre reservado ingresó a trabajar a la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de Coquimbo el ocho de octubre de dos mil dieciocho como profesional a honorarios asimilado al grado 13° EUR del MINVU, para desarrollar funciones como Analista Social, su posición fue prorrogada el dos de enero de dos mil diecinueve y permaneció en ella hasta el uno de agosto de dos mil diecinueve, al presentar su renuncia a este cargo. Luego, por Resolución N°1451 de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve pasó a formar parte del estamento profesional a contrata asimilado a grado 10° del Ministerio. Dicha contrata fue prorrogada para los años dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil veintidós.

Asimismo, por Resolución Exenta RA Nº272/1923/2022, de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, fue designado como profesional a contrata asimilado esta vez a grado 15° EUR, a contar del día tres de octubre de dos mil veintidós y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós.

Y, que por Resolución Exenta RA Nº 272/2208/2022, de treinta de noviembre de dos mil veintidós, se adopta la decisión por parte de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de no renovar la contrata para el presente año.

SEXTO: Que, en estos autos el recurrente impugna la Resolución Exenta RA N°272/2208/2022, de treinta de noviembre de dos mil veintidós, por carecer de fundamentación suficiente y contradecir el principio de confianza legítima, vulnerándose con ello la garantía consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley. Además, considera vulnerado el derecho de propiedad reconocido en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, pues la no renovación de su contrata afecta sus remuneraciones, y, por ende, su patrimonio, así como su propiedad sobre el cargo que este ostentaba en la entidad recurrida.

SEPTIMO: Que la recurrida al momento de evacuar su informe solicita el rechazo de la presente acción, fundado en que el acto que se reclama tiene como antecedentes un cambio en las estrategias impulsadas por el MINVU a nivel nacional, lo que conlleva la necesidad de que los programas en los que participaba el actor contaran con un profesional del área de la ingeniería, perfil que el Sr. nombre reservado no cumple.

OCTAVO: Que así, para determinar si dicha actuación resulta ilegal o arbitraria, es del caso sostener que por expresa disposición de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, los empleados de la Administración del Estado se clasifican en empleados de planta o a contrata. La diferencia esencial entre ambos radica en la permanencia en las funciones de los primeros y en la transitoriedad de los segundos. El artículo 10 de este cuerpo legal dispone que “Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”.

En armonía con el precepto anterior, el artículo 146 letra f) del mismo texto legal señala que el funcionario cesará en el cargo “por el término del periodo legal por el cual ha sido designado” y el artículo 153 agrega que el término del periodo legal por el cual es nombrado el funcionario, o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado, produce la inmediata cesación de sus funciones.

NOVENO: Que la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”, conforme lo ha fijado también la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, se encuentra en armonía con el carácter que tienen los empleos a contrata, toda vez que la Ley N 18.834, luego de definir la planta del personal de un servicio público como el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución, al tratar los empleos a contrata señala en la letra c) del artículo 3 que son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución. Luego, el mismo texto legal determina en el artículo 10, en relación con la permanencia de esta última clase de cargos, como más arriba se expresó, que los empleos a contrata durarán, como máximo, solo hasta el treinta y uno de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley.

“De esta norma se desprende inequívocamente que la autoridad tiene la facultad de poner término a las funciones del empleado a contrata incluso antes de la fecha recién indicada, requiriéndose para ello solo de un acto fundado, que cumpla con las exigencias de motivación que demanda la Ley N 19.880” (Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco, sentencia Rol 3460-2018, de veintiocho de septiembre, c. 6°).

Lo anterior también guarda relación con la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, contenida en el Dictamen N°22.766 de dos mil dieciséis, unificado en el Dictamen N°85.700, de veintiocho de noviembre del mismo año, y recientemente actualizado a través del dictamen N°E156769-2021, de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, normativa en la cual se sostiene, en síntesis, que en el caso de la renovación continua de la relación estatutaria en un órgano de la Administración -desde la segunda prórroga al menos- se genera en la persona la convicción de que será tratada en lo sucesivo y bajo condiciones similares, de igual modo que lo ha sido previamente, de modo tal que en el evento de que la Administración tome una decisión distinta a la que ha venido adoptando -prorrogar la contrata por toda la anualidad “debe comunicar su cambio de criterio a través de un acto debidamente fundado que dé cuenta de las circunstancias de hecho que justifiquen su determinación de no renovar ese vínculo laboral” (Corte Suprema, sentencia Rol 12621-2021, de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, c. 5°).

DECIMO: Que, en consecuencia, debe colegirse que es requisito sustancial en la decisión, que la autoridad aporte la expresión de su motivo o fundamento concreto, que ha sido exigida como condición de mínima racionalidad, puesto que, como ocurre en la especie, a través de tal resolución, se afectan derechos de las personas, de modo que, si carece de ellos, la resolución impugnada resultaría arbitraria al carecer de razonabilidad y de fundamentos suficientes.

UNDECIMO: Que para efectuar el test de razonabilidad a fin de determinar si la resolución impugnada es o no arbitraria, se debe tener presente que “[…]lo razonable, supera las formalidades para internarse en un contenido o sustancia que no es ‘puesto’ discrecionalmente por quien dicta la norma, sino que se anuda a patrones axiológicos superiores y objetivos” (Bidart Campos, Germán. Compendio de Derecho Constitucional, 2008, Buenos Aires: Ediar, p. 78). O, lo que es lo mismo: el Derecho, para que sea válido, se supone razonable en cuanto se arregla a parámetros objetivos, lo que supone una equitativa presencia y correlación entre lo que resulta racionalmente justo, empíricamente esperado y lógicamente sensato e idóneo para aprender, prever, exigir o interpretar conceptos que son jurídicamente relevantes para la sociedad.

La razonabilidad de alguna manera resulta en una explicación del contenido del Derecho. De ese modo, el escrutinio de razonabilidad se debe avocar a analizar los fundamentos y propósitos buscados por la resolución impugnada.

Con relación a los fundamentos, la autoridad recurrida se encuentra vinculada a las bases constitucionales establecidas en los artículos 6 y 7 de la Constitución, que consagran los principios de supremacía, juridicidad y legalidad a los que debe ceñirse toda actuación del Estado. Debido a ello, se justifica la decisión contenida en la resolución que por esta vía se impugna en la facultad que tiene la SEREMI para administrar eficientemente el personal a su cargo y la eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos públicos, tal como queda consignado en los considerandos 10° y 15°. Además, el contenido de dicha fundamentación se encuentra expresado en los motivos 11°, 12°, 13° y 14° de la resolución impugnada.

Junto a ello, el propósito de la decisión adoptada se encuentra consignada en el motivo 11° al expresar que “11° Que, a mayor abundamiento, es dable agregar que existe a nivel nacional la línea del Programa Pequeñas Localidades, que funciona dentro del Programa nombre reservado, programa que a nivel regional está siendo asumida por un profesional del Departamento de Planes y Programas; esta línea de financiamiento involucra, al igual que el Programa nombre reservado, la ejecución de obras y por lo mismo, las evaluaciones técnicas, los informes de especialidades e ingeniería de las asistencias técnicas, razón por la que se requiere el perfil de un profesional del área de la ingeniería, sin embargo actualmente no existe en el servicio un profesional del área que desempeñe esta labor” (El destacado es nuestro).

Asimismo, la resolución impugnada destaca en el considerando 12° que la SEREMI de Vivienda y Urbanismo debe implementar en la región el Plan de Emergencia Habitacional “que requiere reforzar sus equipos de modo de contar con profesionales idóneos que puedan apoyar las labores asociadas a la gestión de proyectos habitacionales y planificación urbana, sobre todo considerando la crisis habitacional que afecta a nuestro país en la actualidad” (el destacado es nuestro).

También establece la autoridad recurrida en el motivo 13° “Que no existen cupos ni disponibilidad presupuestaria adicional para contratar el nuevo profesional requerido para el año 2023, siendo necesario disponer de un cupo profesional con la actual dotación de personas, para satisfacer la contratación requerida y de esta forma asegurar el correcto cumplimiento de los objetivos institucionales” (el destacado es nuestro).

Finalmente, la institución destaca que se efectuó una revisión de las funciones desempeñadas por el Sr. nombre reservado, concluyendo que “…sus labores encomendadas están siendo asumidas por otros profesionales del área social del programa, lo que incide directamente en la baja carga laboral del funcionario. De la misma manera, se evaluó su reasignación a otras funciones dentro de los Departamentos y Secciones de la SEREMI, no existiendo requerimientos ni necesidad de contar con un profesional de su perfil”.

En definitiva, este examen de razonabilidad del acto administrativo establece claramente, a juicio de estos sentenciadores, que los parámetros utilizados por la autoridad regional para establecer el cese anticipado en las funciones del recurrente son de carácter objetivo y acordes con lo establecido en la Constitución por lo cual resulta ser un acto racional, razonable y expresa suficientemente las razones que se tuvieron en consideración para la adopción de la decisión, indicando los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustenta, no advirtiendo ilegalidad o arbitrariedad alguna en su dictación.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y las demás normas citadas, se declara que SE RECHAZA SIN COSTAS el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Coquimbo por la dictación de la Resolución Exenta RA N°272/2208/2022, de treinta de noviembre de dos mil veintidós, que resolvió la no renovación de su cargo a contrata.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Redacción de la abogada integrante señora Carolina Salas Salazar.

Rol N°10211-2022.- (Protección)