nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

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Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol N°1021-2023.- La Serena, veintidós de junio de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha dieciocho de mayo de dos mil veintitrés comparece LEYLA SOLEDAD VÁSQUEZ CORREA, abogada, en representación de nombre reservado, interponiendo acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, (SUSESO).

Expone que la recurrida, emite la Resolución Exenta Nº R-01-UME-54227-2023 de fecha 24 abril 2023, Folio 81777300-1 la cual rechaza la licencia médica Nº 81777300-1 de su representado, extendida por un total de 30 días.

Refiere que debido al ambiente hostil que sufrió su representado en la empresa en la que trabajaba comenzó a sentir una serie de sintomatología que afectó gravemente su integridad psíquica y física, por lo que fue derivado a la ACHS, quien declaró que la afectación de índole laboral era una como enfermedad común, declaración totalmente injustificada, pues su representado nunca fue evaluado por ningún psiquiatra o especialista que le pudiera apoyar en sus crisis de pánico y en su gran afectación a nivel emocional, solo fue atendido por médicos generales, que por lo demás no lo estaban ayudando pues sus malestares continuaban.

Señala que ante el rechazo injustificado de la ACHS, debió concurrir de forma particular con la psicóloga de salud mental Jriso Cantuarias Stamatacos, quien lo evaluó e indicó que su malestar psíquico tenía un origen laboral, además, lo derivó con el psiquiatra nombre reservado, con quien comenzó una terapia y le ordenó reposo absoluto dándole licencia médica, debido a su estado de salud, también coincidió en su diagnóstico que sus afectaciones tienen un origen laboral.

Destaca que con fecha 24 abril 2023 se rechazó la última licencia médica Nº 81777300-1 otorgada a su representado, con fecha 14 de febrero 2023 se presentó apelación ante la SUCESO con el objetivo de lograr el pago, sin embargo, se volvió a rechazar.

Por ello, la decisión de la SUSESO no se adecua a la legalidad de su decisión en cuanto es arbitraria e ilegal.

Además, la recurrida no solo rechaza el derecho a su descanso para recobrar su salud mental, sino también el subsidio económico imprescindible para enfrentar la incapacidad laboral temporal que tiene como efecto la disminución de la capacidad de trabajo y la posibilidad de generar el sustento necesario de su representado.

Sostiene que el rechazo, como acto administrativo, no invoca ningún razonamiento real y legítimo que otorgue fundamento al mismo, quedando en la más completa indefensión, con relación a poder controvertir el contenido y argumentos, tanto jurídicos como médicos, de tal decisión, siendo legítimo el cuestionarse cuáles son los fundamentos por los que se le rechace las licencias médicas presentadas ante la recurrida.

En efecto, la decisión adoptada por la recurrida no contiene ningún elemento de convicción que la avale. En consecuencia, la conducta de la SUCESO no se ajusta a derecho, por no especificar los argumentos de su determinación ni por molestarse en solicitar nuevos exámenes o una nueva evaluación médica especializada en la enfermedad declarada por su representado para lograr esclarecer la condición actual de su salud, que como ya se mencionó solo fue evaluado por médicos generales sin especialidad en la materia que le afectaba, la carencia de una evaluación especialidad constituye un elemento que debió detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad del COMPIN y la SUCESO que conllevó el no pago de las licencias médicas de mi representado Así las cosas, en este caso concreto, no existió diligencia mínima tendiente a resolver cualquier duda sobre el proceder o no el pago de la licencia médica.

Refiere que en el presente recurso se pueden identificar las siguientes garantías constitucionales afectadas por la arbitraria decisión tomada por la recurrida:

- Garantía Constitucionales del articulo 19 N° 1, que dice: “La Constitución asegura a todas las personas: N° 1 El Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas”.

En la especie, el rechazo de la licencia médica, y por ende, el no pago del referido subsidio, constituye un atentado evidente a su integridad psíquica, el que se manifiesta además a nivel físico, ya que, producto de la impotencia, angustia y dolor que implica en la práctica no disponer con los medios económicos suficientes para hacer frente a sus necesidades diarias, siendo el único sustento de su familia y debiendo convivir con una enfermedad que lo inhabilitaba para poder realizar su trabajo, pues su representado se desempeñaba en una minera con trabajo pesado.

- Garantía Constitucional del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, esto es: “Derecho de propiedad”:

La que se traduce en la no percepción por parte del recurrente del subsidio por enfermedad respectivo, vulnerando de esta manera su legítimo derecho a percibir su remuneración en el periodo que por enfermedad ha debido ausentarse. Lo anteriormente expuesto implica un evidente perjuicio patrimonial, derivado del derecho de dominio que posee sobre sus remuneraciones, hay una evidente privación de un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajar por enfermedad.

- Garantía Constitucional del Artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República; esto es, “la igualdad ante la ley”.

Su representado se ve afectado por una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral, por tal motivo la institución recurrida en uso de las facultades que otorga el Auto Acordado sobre la presente materia, le permite tomar todas las medidas para resguardar la protección de las garantías constitucionales.

Por estas consideraciones solicita se deje sin efecto la Resolución Exenta Nº R-01-UME-54227-2023 de fecha 24 abril 2023, ordenando el pago íntegro de la licencia médica Nº 81777300-1, adoptando, asimismo, las demás medidas que se estimen pertinentes a fin de restablecer el imperio de derecho y asegurar la debida protección del afectado, con expresa condenación en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Resolución Exenta Nº R-01-UME-54227-2023 de fecha 24 abril 2023, Folio 81777300-1; 2.- Certificado emitido por la psicologa Jriso Cantuarias Stamatakos de fecha noviembre 2022; 3.- Informe psiquiátrico de fecha 25 de enero 2023; 4.- Informe antecedentes médicos emitido por la ACHS, de fecha 26 de enero 2023.

SEGUNDO: Que, evacuó informe SEBASTIÁN DE LA PUENTE HERVÉ, Abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Solicita, en primer lugar, se declare la improcedencia de la presente Acción de Protección, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio de lo anterior, informa en cuanto al fondo. Hace presente que, conforme consta en el expediente administrativo PAE código R-23693-2023, el interesado recurrió a su representada el día 14 de febrero de 2023, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, confirmó el rechazo de la licencia médica N° 81777300-1, extendida por un total de 30 días a contar del 22 de enero de 2023 emanado de la ISAPRE BANMÉDICA S.A., por reposo no justificado.

Por lo anterior, mediante la Resolución Exenta Nº R-01-UME-54227-2023, de 24 de abril de 2023, previa solicitud de informe de parte de su representada, y del estudio de los antecedentes del caso, este Servicio concluyó que: “…el reposo prescrito por la licencia médica N° 81777300-1, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado de 81 días por este diagnóstico. El informe médico aportado no incluye detalles respecto de la evolución, cambios o ajustes del tratamiento, funcionalidad y plan de tratamiento que permitan desprender el rol terapéutico de mayor reposo”.

Concluye dicha Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de la licencia médica N° 81777300-1, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

Señala que el día 23 de abril de 2023, la profesional de la Superintendencia de Seguridad Social, Dra. nombre reservado, informó lo siguiente en el caso del Sr. nombre reservado:

“Detalle: IMT 7/2/23 refiere síntomas desde nov 2022 y que consulta luego e que ACHS declarara enfermedad como común, en apelación. Indica uso de trazodona y escitalopram 10 mg+clotiaepam, sin historia de ajustes. Refiere ansiedad en espera de apelación. Sin antecedentes clínicos ni biográficos. Sin detalles de evolución ni cambios de la funcionalidad. Sin plan de tto ni estimación de fecha de reintegro.certificado de psicóloga febrero 2023 indica tto desde octubre 2022, sin historia de ajustes. No indica número ni frecuencia de las sesiones.

Fundamentos de la resolución: Reposo continuo desde el 02/11/2022, primeros 81 días aceptados hasta el 21/01/2023n Licencia emitido por psiquiatra libre elección Sin GES ni manejo en la red de salud No acredita psicoterapia IMT insuficiente para justificar rol terapéutico de mayor periodo de reposo. No se argumenta que no pueda continuar el tto en paralelo a reintegro laboral no acoge”.

Conforme a lo anterior, el reposo reclamado impresiona como no justificado por ser prolongado y sin claro rol terapéutico.

De esta forma, sostiene que de los antecedentes médicos citados, claramente es posible establecer que el reposo temporal otorgado por la licencia médica reclamada, no se encuentra médicamente justificado, por lo que es procedente su rechazo.

Además, la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”.

En el caso del Sr. nombre reservado, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de las licencias médicas reclamadas.

Lo anteriormente expuesto, debe llevar a este Tribunal a desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de su defendida. Es del caso, que, respecto de las licencias reclamadas, el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió esa Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

Por todo lo anterior, se aprecia que, la conclusión del dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social, impugnado por el recurrente, referido a la licencia médica reclamada, encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que acompaña, los que no sólo se encuentra en el dictamen impugnado, sino en una serie de antecedentes médicos, que respaldan la conclusión del mismo.

Por último, hace presente que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, su representada se limitó a resolver la situación del Sr. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un hipotético derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

Por estas consideraciones solicita rechazar en todas sus partes la acción, con costas.

Acompaña copias de los antecedentes que obran en los expedientes administrativos, relativos al caso de don nombre reservado.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción en materias de seguridad social, fundada en que el artículo 20 de la Carta Fundamental no establece dentro del catálogo taxativo de garantías constitucionales protegidas aquella prevista por el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Magna, cabe señalar que si bien es efectivo lo sostenido por la recurrida, no es menos cierto que ello sólo implica que por este acápite no podrá, si correspondiere, ser acogido el presente recurso.

SEXTO: Que, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UME-54227-2023, de 24 de abril del año en curso, por la cual la Superintendencia de Seguridad Social rechaza el recurso impetrado por el actor respecto lo resuelto por la COMPIN Región de Coquimbo, en orden de mantener el rechazo de la licencia médica N° 81777300-1, extendida por un total de 30 días a contar del 22 de enero de 2023, por reposo no justificado.

En torno al argumento vertido por la SUSESO, organismo recurrido, al mantener la decisión de rechazar las licencias médicas referida previamente, aquel gira en torno a la siguiente idea: “…el reposo prescrito por la licencia médica N° 81777300-1, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado de 81 días por este diagnóstico. El informe médico aportado no incluye detalles respecto de la evolución, cambios o ajustes del tratamiento, funcionalidad y plan de tratamiento que permitan desprender el rol terapéutico de mayor reposo”.

SEPTIMO: Que, del mérito de los antecedentes expuestos, no cabe duda que la argumentación otorgada por la recurrida devela la obligación que pesaría sobre el paciente de demostrar él la viabilidad de su reposo temporal.

Sin embargo, esta Corte no puede dejar pasar aquella argumentación que, sin duda, pone de cargo del recurrente, afectado por una patología de salud mental, de buscar uno y otro profesional del área, que sea de confianza de la recurrida y, pagando sus servicios, obtenga un informe que ratifique el diagnóstico otorgado por su médico tratante.

Para el análisis de las licencias, digamos que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud sostiene que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1).

Luego, el artículo 16 del citado cuerpo normativo regula que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Luego, agrega que “Sin perjuicio de lo anterior la Compin, podrá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”

Por su parte, el artículo 24 del mismo texto sostiene, en lo pertinente que, en el caso de que “…sea necesario un nuevo examen del trabajador o solicitar informes o exámenes complementarios para pronunciarse sobre la misma, el plazo se prorrogará por el lapso necesario para el cumplimiento de esas diligencias, el que no podrá exceder de 60 días, decisión que deberá ser comunicada al trabajador y al empleador.”

De todo lo anterior fluye con prístina claridad que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste, siendo improcedente, a juicio de estos sentenciadores, esgrimir como argumentos de rechazo la falta de antecedentes aportados por el propio paciente.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

OCTAVO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida escapa a los márgenes de sus facultades y al expreso mandato legal, dejando al paciente en una situación compleja, en que debe ser éste quien procure nuevos exámenes, siendo aquello una obligación que la propia ley pone de cargo del organismo que analiza su contenido, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron, resultando insuficiente para estos efectos el informe evacuado por los profesionales de la recurrida, toda vez que el mismo, de acuerdo a su propio tenor, solo se basa en un análisis de la documentación medica acompañada por el actor en sede administrativa, sin haber entrevistado ni evaluado directa y personalmente a la afectada.

NOVENO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente con las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio del recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental, motivos por los cuales se acogerá el recurso, en los términos que se indicarán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZA la alegación de improcedencia.

II.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por LEYLA SOLEDAD VÁSQUEZ CORREA, en representación de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, solo en cuanto se dispone que la recurrida deberá realizar al recurrente todos los exámenes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia y eventuales concurrencias de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por la licencia médica N° 81777300-1, extendida por un total de 30 días a contar del 22 de enero de 2023, para luego determinar la procedencia de su autorización, a fin de que con dichos resultados proceda –o no- al pago de éstas, según corresponda y determine la autoridad competente, todo ello dentro de un plazo de treinta días hábiles administrativos. En caso que la recurrida no realice el peritaje en el plazo previamente dispuesto, deberá proceder derechamente al pago de las licencias médicas previamente individualizadas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1021-2023 (Protección).-