nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol N° 1018-2025 La Serena, tres de julio de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a folio 1, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de don nombre reservado, ciudadano venezolano, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, por la omisión ilegal y arbitraria en que ha incurrido al no pronunciarse sobre la solicitud de residencia temporal solicitada por la recurrente 19 de octubre de 2023, por impedir dicha omisión el principio de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República.

Indica que la parte recurrente ingresó el 19 de octubre de 2023, el beneficio migratorio de residencia temporal, sin embargo, a la fecha la parte recurrente no ha recibido ninguna respuesta por parte del servicio recurrido, lo que lo mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite por demás demorado.

Expone que las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados lo son por la omisión arbitraria e ilegal por parte del recurrido en el excesivo tiempo de tramitación en dar respuesta de solicitud de permanencia definitiva, y que a la fecha de presentación del recurso ha transcurrido 1 año, 11 meses, y 28 días, sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado sobre la solicitud formulada.

Señala que al respecto cobra relevancia lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de la Ley 19.880, y destaca los principios de celeridad y economía procedimental en virtud de los cuales la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra de la recurrida y ordenarle que se pronuncie sobre la solicitud de residencia temporal dentro de un plazo no mayor a 60 días, conforme con los principios que le impone su reglamentación en el artículo 37 de la Ley 21.325 y en el artículo 46 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N 296 de 2022 con expresa condena en costas.

Acompañan a su presentación: 1. Comprobante de solicitud de visa temporal. 2. Cédula de identidad para extranjeros. 3. Certificado que acredita domicilio en la región.

SEGUNDO: Que informa el recurso don Roberto Ignacio Castillo Toro, abogado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando su rechazo del recurso.

En primer término opone la excepción de incompetencia relativa de esta Corte, argumentando que conforme a los antecedentes registrados en el Servicio Nacional de Migraciones el último domicilio fijado por el recurrente consta en la comuna de Valdivia, lo que también consta en la solicitud de permanencia y un contrato de trabajo acompañado en sede administrativa.

Sostiene, subsidiariamente, que el recurso debe rechazarse en todas sus partes por no configurarse acto u omisión ilegal o arbitrario alguno.

Refiere que la solicitud migratoria del recurrente se encuentra actualmente en etapa de resolución desde el 7 de agosto de 2024, habiendo demoras debido a que este presentó tardíamente documentación solicitada, retrasando el proceso. Destaca que, según jurisprudencia actual y el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo de seis meses para resolver es no fatal, pudiendo extenderse por caso fortuito o fuerza mayor, configurado por la crisis migratoria actual en Chile, lo que impide resolver con mayor prontitud.

Añade que la autoridad administrativa no ha cometido ninguna discriminación arbitraria, dado que todas las solicitudes migratorias reciben tratamiento igualitario y en los mismos plazos, concluyendo que no existe vulneración de derechos fundamentales invocados.

Por todo lo expuesto, solicita el rechazo íntegro del recurso, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que vulneren el ejercicio de estos, mediante la adopción de medidas cautelares inmediatas, destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto, la jurisprudencia ha sostenido que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar, ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar. Por su parte, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida.

CUARTO: En primer término y en cuanto a la excepción de incompetencia se tendrá presente que el recurrente al interponer su acción cautelar en esta Corte acompañó certificado de su A.F.P. que indica poseer domicilio en la comuna de La Serena.

Cabe tener presente que el artículo 1 del Auto Acordado que regula la materia dispone que “el recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente”, Que teniendo en consideración la documentación acompañada por la recurrente que da cuenta de la existencia de un domicilio dentro de esta jurisdicción, lo cual no puede ser alterado sólo por los dichos de la recurrida, que nuestro ordenamiento jurídico permite la pluralidad de domicilios, y que la elección del lugar donde se interpone la acción cautelar pertenece al actor, la excepción de incompetencia será desestimada.

QUINTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEXTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SÉPTIMO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de residencia presentada, lo cual califica la parte recurrente de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita que se ordene a la recurrida resolver sin más demora su solicitud o bien adoptar las medidas que se estimen apropiadas para resguardar y restablecer el imperio del derecho.

Por su parte, la recurrida ha señalado que la solicitud de residencia se encuentra en trámite.

OCTAVO: Que, en cuanto al fondo del asunto, atendido el mérito de los antecedentes, es dable señalar que en el presente caso no se vislumbra en la tramitación del procedimiento algún acto u omisión que pueda calificarse como ilegal o arbitrario y que conculque la garantía constitucional de igualdad ante la ley invocada, que requiera de la adopción de una medida cautelar de urgencia como la que se pretende, por cuanto durante la sustanciación del procedimiento la entidad recurrida le ha dado impulso al mismo, mediante el transcurso de las diversas etapas que indicó en su informe, encontrándose actualmente en etapa resolutiva, fase que se inició en agosto de 2024, de forma tal que no se verifica en la especie infracción alguna al artículo 27 de la Ley N°19.880, no pudiendo estimarse como plazo excesivo aquel verificado en el caso de marras, motivos por los que la acción intentada se rechazará conforme se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se declara que se rechaza la excepción de incompetencia y SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Decisión acordada con el voto en contra del Abogado Integrante Sr. Gabriel Gallardo, quien fue de la opinión de acoger el recurso intentado, ya que, en mérito de lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones, es posible advertir que la tramitación de la permanencia definitiva del actor se encuentra en una etapa resolutiva desde septiembre de 2024, sin que la recurrida diera fundamentos para justificar esta etapa, extendiéndose la solicitud en más de dos años, plazo que escapa de toda razonabilidad para emitir un pronunciamiento, ya sea concediendo o rechazando el beneficio solicitado.

Por lo que queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de permanencia definitiva, excediendo de tal forma el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N°19.880, debiendo esta dilación, en este caso particular, ser debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal y oportuna, en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N°1018-2025. Protección.-