nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol 1018-2024 La Serena, siete de agosto de dos mil veinticuatro.

Visto y Teniendo Presente:

PRIMERO: Que a folio 1, comparece nombre reservado y Lillo, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, Consultorio Jurídico de Segunda Instancia de La Serena, y deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), representada por nombre reservado

Indica que doña nombre reservado, de 44 años, desempeñaba funciones como tesorera supervisora de caja en un supermercado de Coquimbo, comenzó a experimentar en el año 2022 diversos síntomas que afectaron su salud física y mental, tales como cansancio extremo, falta de memoria, fatiga, náuseas, debilitamiento y dolor muscular. Estas molestias dificultaron considerablemente su desempeño laboral.

Afirma que, debido a estos síntomas, doña nombre reservado consultó en diciembre de 2022 a la Dra. Miriam Chirivella Berroteran, quien, tras examinarla, le indicó una serie de exámenes pensando en la posibilidad de una enfermedad autoinmune tipo LES, prescribiendo AINES, Pregabalina y corticoides. Posteriormente, en marzo de 2023, la paciente fue evaluada por la Dra. Yulimar nombre reservado, quien inicialmente diagnosticó Lupus Eritematoso Sistémico, Polimiositis y síndrome adaptativo, derivándola a reumatología.

Refiere que, en mayo de 2023, doña nombre reservado acudió nuevamente a la Dra. Chirivella Berroteran, quien confirmó el diagnóstico previo y adicionó al tratamiento Hidroxicloroquina y Duloxetina, el cual se mantuvo hasta los primeros meses de 2024. No obstante, a pesar de los tratamientos, doña nombre reservado continuó presentando los mismos síntomas, sin mejora en su estado de salud.

Señala que, ante la falta de mejoría, doña nombre reservado consultó en marzo y abril de 2024 al reumatólogo Dr. nombre reservado, quien, tras realizar una serie de exámenes, diagnosticó Fibromialgia y descartó el diagnóstico de Lupus Eritematoso, indicando un tratamiento con Desvenlafaxina y terapia psicológica.

Destaca que, en mayo de 2024, doña nombre reservado comenzó un tratamiento psicoterapéutico en la Clínica Elqui con la psicóloga nombre reservado, debido a un diagnóstico de trastorno de ansiedad y del sueño (insomnio). Sin embargo, debido a problemas económicos derivados de la falta de pago de su subsidio por incapacidad laboral, se vio obligada a suspender dicho tratamiento y actualmente está a la espera de ser atendida en el CESFAM El Sauce.

Afirma que, en junio de 2024, doña nombre reservado consultó al psiquiatra Dr. nombre reservado, quien, observando la falta de respuesta a los tratamientos previos, le suspendió ciertos medicamentos y le prescribió Escitalopram, Venlafaxina, Tensodox XR, Clonazepam y vitaminas B1, B2 y B12 inyectables.

Agrega que, tras el rechazo de sus licencias médicas y el perjuicio económico que esto le ha causado, doña nombre reservado se vio obligada a retomar sus funciones en el supermercado el 8 de junio de 2024, desempeñándose con gran dificultad debido a los persistentes dolores que padece.

Destaca que las licencias médicas presentadas por doña nombre reservado anteriormente fueron aprobadas sin observaciones. Sin embargo, surge la interrogante de cómo es posible que, con los mismos antecedentes proporcionados previamente, la Superintendencia ahora rechace la autorización de las licencias médicas en cuestión, sin contar con nuevos elementos que justifiquen dicho rechazo.

Afirma que las licencias médicas reclamadas en la presente acción corresponden a los números RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 100010503-8 y RUT reservado, extendidas por un total de 179 días de reposo, a contar del 17 de noviembre de 2023. La resolución de rechazo emitida por la COMPIN se limita a indicar: "POR REPOSO NO JUSTIFICADO".

Contra esta decisión, doña nombre reservado presentó una apelación ante la Superintendencia de Seguridad Social, la cual, mediante la Resolución N.º R-01-UME-85731-2024 de 30 de mayo de 2024, confirmó el rechazo de las licencias médicas, siendo esta última resolución la que motiva la interposición del presente recurso de protección.

Señala que la Superintendencia, agrega en la resolución: “Esta conclusión se basa en que los informes emitidos por los tratantes, no exponen elementos psicopatológicos ni clínicos de gravedad que requieran tal extensión del reposo y tampoco describen detalladamente los ajustes farmacológicos realizados ni su temporalidad durante el período reclamado. Por las razones anteriores, los elementos aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período ya autorizado.”

Refiere que el diagnóstico de la enfermedad de doña nombre reservado está suficientemente fundamentado y acreditado con los informes médicos presentados en su momento, que el historial médico evidencia el carácter permanente de su tratamiento, el cual debe ser mantenido debido a la compleja situación de salud que enfrenta.

Se cuestiona cuáles fueron los antecedentes médicos objetivos que permitieron a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) llegar a un diagnóstico distinto al efectuado por el médico especialista tratante, quien otorgó las licencias médicas reclamadas, siendo cuestionable que el solo transcurso del tiempo en la recuperación de un paciente es razón suficiente para rechazar el subsidio laboral.

Afirma que, en su opinión, la actuación del ente administrativo no sigue los parámetros de razonabilidad y motivación que deben observar los actos administrativos y que la SUSESO omitió analizar adecuadamente los certificados e informes médicos relacionados con la condición de salud de doña nombre reservado, cuestionando diagnósticos que habían sido claramente establecidos por profesionales de la salud y que la recurrido ignoró completamente el cambio en el diagnóstico de la enfermedad de doña nombre reservado y, por tanto, la modificación en su tratamiento y medicamentos. Que en dicho escenario la extensión del reposo era completamente procedente debido a los deplorables resultados que han proporcionado los diversos tratamientos médicos a los que se ha sometido la recurrente, y al hecho de que el diagnóstico inicial no era el correcto.

Afirma que el rechazo de la licencia médica por parte de la SUSESO carece de una adecuada fundamentación que explique, al menos con claridad o fundamentación mínima, los motivos de su rechazo y deviene en arbitraria porque se ha fundamentado exclusivamente en el mero capricho o la voluntad del ente recurrido, sin contener las motivaciones mínimas que justifiquen su decisión.

Cita lo dispuesto en el Decreto Supremo N°3, artículos 16 y 24 respecto de la posibilidad de solicitar informes complementarios y que de todo lo anterior, se desprende con claridad que el organismo encargado de pronunciarse sobre las licencias médicas debe asumir un rol activo en su análisis, sin que sea responsabilidad del paciente, afectado por una enfermedad, obtener los antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante.

Cita lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, señalando que esta norma consagra el principio de imparcialidad en los procedimientos administrativos, exigiendo que los hechos y fundamentos de derecho deben siempre expresarse en aquellos actos que afecten los derechos de los particulares.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas a través del presente arbitrio, aduce que se afecta el derecho a la vida e integridad física y psíquica y la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral y finalmente, la conducta que se denuncia vulnera asimismo, el derecho de propiedad ya que el rechazo indebido de las licencias médicas legalmente emitidas, privan del derecho a la retribución monetaria contemplada en la ley, en caso que el trabajador se imposibilite de trabajar por motivo de enfermedad, como en este caso.

Por lo tanto, solicita que se tenga por interpuesto el presente recurso de protección en favor de doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, y que se ordene dejar sin efecto la resolución que rechazó las licencias médicas, disponiendo su pago.

Acompaña los siguientes documentos: 1) Resolución Exenta Nº R-01-UME-85731-2024, de fecha 30 de mayo de 2024, emitida por la Superintendencia de Seguridad Social; 2) certificado médico emitido por la Dra. Yulimar nombre reservado, de fecha 11 de enero de 2024; 3) informe médico emitido por la Dra. Yulimar nombre reservado, de fecha 07 de marzo de 2024; 4) informe médico emitido por la Dra. Mirian Rosana Chirivella, de fecha 07 de marzo de 2024; 5) informe médico emitido por el Dr. nombre reservado, de fecha 14 de marzo de 2024; 6) informe médico emitido por el Dr. nombre reservado, de fecha 02 de abril de 2024; 7) certificado de atención psicológica emitido por la psicóloga nombre reservado, de fecha 11 de mayo de 2024; 8) certificado médico emitido por la Dra. Mirian Rosana Chirivella, de fecha 16 de mayo de 2024; 9) solicitud de derivación a psicólogo, de fecha 03 de junio de 2024; 10) recetas médicas emitidas por el psiquiatra nombre reservado, de fecha 07 de junio de 2024.

SEGUNDO: Que evacuó informe Roberto Barraza Saavedra, abogado, en representación de la recurrida la Superintendencia de Seguridad Social.

Solicita, en primer lugar, solicita se declare la improcedencia de la presente Acción de Protección por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio de lo anterior informa el recurso, señalando que consta en el expediente administrativo que la Sra. nombre reservado recurrió ante esta Superintendencia, mediante presentación de fecha 08 de marzo de 2024, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 100010503-8, RUT reservado, extendidas por un total de 179 días a contar del 17 de noviembre de 2023, por reposo no justificado.

Señala que, en virtud de lo expuesto, la SUSESO estudió los antecedentes y concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas referidas no estaba justificado. Afirma que esta conclusión se basó en que los informes emitidos por los médicos tratantes no exponen elementos psicopatológicos ni clínicos de gravedad que requieran una extensión del reposo, y tampoco describen con detalle los ajustes farmacológicos realizados ni su temporalidad durante el periodo reclamado. Por las razones anteriores, los elementos presentados no permiten establecer la existencia de una incapacidad laboral temporal más allá del periodo ya autorizado, dictamen y fundamentos que se contienen en la Resolución Exenta N° R-01-UME-85731-2024, de fecha 30 de mayo de 2024.

Destaca que, considerando los antecedentes médicos y administrativos aportados al expediente de la recurrente, los facultativos de ese Organismo informaron lo siguiente: “Dr. nombre reservado. Ficha Médica (...) Fundamentos de la resolución: R-35336-2024 / RUT reservado. Paciente de 44 años, trabajadora en ABARROTES ECONOMICOS S.A., afiliada a FONASA La Araucana. Con 90 días autorizados por patología psiquiátrica, intercalados con 155 días autorizados por LES y 35 días rechazados por patología psiquiátrica, intercalados con 86 días rechazados por LES. El IMC sin GAF, sin elementos clínicos psiquiátricos ni reumatológicos de gravedad; no hay derivación al sistema público para atención integral por patología GES, ni a especialistas en psiquiatría o reumatología del servicio público; tampoco se observaron dosis adecuadas de farmacoterapia pese a la mantención de elementos supuestamente invalidantes. Aparenta reposo extenso sin rol curativo, por lo que se sugiere no acoger”.

Refiere el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección e indica que que no existe acto ilegal o arbitrario por parte de la Superintendencia de Seguridad Social, ya que, como se indicó, su representada se limitó a resolver la situación de dentro del ámbito de su competencia.

Afirma que tampoco ha habido vulneración o amenaza a las garantías fundamentales que señala la recurrente.

Destaca que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de un derecho relacionado con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración, según sea el caso. Cita lo dispuesto en el D.S. Nº3 de 1984 y el DFL. Nº44 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, señalando que para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con ciertos requisitos, entre ellos, la autorización de la licencia médica por la entidad correspondiente, como la ISAPRE o la COMPIN y que la licencia médica es determinada por el organismo administrador de este derecho, de acuerdo con los antecedentes del caso, constatando primero la existencia de una enfermedad o accidente y, en segundo término, que dicha enfermedad o accidente cause una incapacidad laboral temporal que justifique la ausencia del trabajador por un determinado lapso.

Afirma que el artículo 17 del reglamento citado dispone que una vez autorizada la licencia médica, o transcurridos los plazos que permitan tenerla por autorizada, esta constituye un documento oficial que justifica la ausencia del trabajador a sus labores o la reducción de su jornada de trabajo durante un tiempo determinado, y que puede o no dar derecho a percibir el subsidio o remuneración que corresponda, según el caso.

Señala que, en virtud de lo expuesto, no existe el derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, como pretende la recurrente, ya que para ello es necesario contar con licencias médicas autorizadas, lo cual no se cumple en este caso. Agrega que, si se considerara que basta con la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud para que esta surta todos sus efectos, incluyendo el derecho al subsidio o remuneración, haría impensable que el legislador hubiera contemplado causales de rechazo de las mismas, como se contempla en el D.S. Nº 3 de 1984 del Ministerio de Salud. Indica que aplicar dichas causales significaría atentar contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador, lo cual es inaceptable.

Finalmente, señala que se descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de la representada, ya que en el dictamen aludido se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión mencionada. Sostiene que no se trata de un acto carente de un fundamento racional o nacido del capricho irracional de la autoridad técnica, sino que es el resultado del estudio y ponderación de los elementos señalados, en concordancia con los criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en este Organismo de Control.

Por estas consideraciones solicita rechazar en todas sus partes el recurso, con costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto. En otras palabras, el actuar u omitir es ilegal cuando, fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que se alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

CUARTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción recurrida por tratarse de materias de seguridad social, garantizadas en el N° 18 del artículo 19 de nuestra Constitución Política de la República, que no se encuentran amparadas por la acción cautelar que se ejerce, se estima que dicha argumentación no puede prosperar, debido a que de los fundamentos fácticos del recurso, aparece que con el rechazo del pago de las licencias médicas, se ha visto vulnerado el patrimonio y la integridad psíquica de la parte recurrente, derechos que sí se encuentran tutelados por el recurso que se ejerce.

QUINTO: Que la recurrente impugna la Resolución Exenta R-01-UME-85731-2024, de fecha 30 de mayo de 2024, que confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 100010503-8 y RUT reservado, extendidas por un total de 179 días a contar del 17 de noviembre de 2023, por reposo no justificado.

Que la resolución impugnada señala al respecto que: “Esta conclusión se basa en que los informes emitidos por los tratantes, no exponen elementos psicopatológicos ni clínicos de gravedad que requieran tal extensión del reposo y tampoco describen detalladamente los ajustes farmacológicos realizados ni su temporalidad durante el período reclamado. Por las razones anteriores, los elementos aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período ya autorizado.”

SEXTO: Que, para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, por vía de la presente acción cautelar, cabe señalar que el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, contenido en el Decreto Supremo Nº3, del Ministerio de Salud, de 1984, señala que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez de este. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

SÉPTIMO: Que, además es necesario tener presente que el artículo 21 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional prescribe que “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”.

OCTAVO: Que, en conformidad a las normas legales precedentemente referidas, aparece que las resoluciones recurridas dictadas por la Superintendencia de Seguridad Social carecen de la fundamentación exigida por el ordenamiento jurídico, en la medida que su decisión contenida en los actos administrativos objeto de la presente acción, se funda exclusivamente en que se ha estimado que los antecedentes que obran en poder de esa entidad permiten entender que lo resuelto por la Isapre es justificado y que, por otra parte, no permitirían justificar el reposo prescrito.

Tal consideración, permite concluir que la decisión de la recurrida respecto a las licencias médicas materia del presente recurso es arbitraria al no expresar razones concretas en base a las cuales se califica el reposo como no justificado.

NOVENO: Que, si bien el rechazo de las licencias médicas fue realizado por la entidad llamada por la ley a resolver, no puede desatenderse que la falta de sustento fáctico en la decisión configura un motivo que amerita que ella sea calificada, a lo menos, de arbitraria, y que, de paso, deja en la indefensión al recurrente al no tener certeza de cuál o cuáles eran los antecedentes que debía aportar para superar la insuficiencia esgrimida.

A mayor abundamiento, la falta de ejercicio de atribución legal conferida por el artículo 21 del Decreto Supremo Nº3, del Ministerio de Salud, de 1984, aparece como antojadiza, pues bien pudo el ente administrativo llamado a resolver, disponer la práctica de diligencias que permitieran despejar sus dudas en torno a la procedencia de autorizar el pago de licencias médicas.

Que los mayores y mejores antecedentes que pudo haber aportado la práctica de peritajes, la elaboración de informes y otras medidas tendientes a recabar de mejor forma los fundamentos para el rechazo de la licencia médica, no aparecen vertidos en el acto administrativo que se reclama, el que se limita a indicar que lo resuelto por la Compin se encuentra justificado y que los antecedentes no permiten justificar el reposo prescrito, sin siquiera mencionar los efectivos datos que pudieron otorgar basamento a su decisión, impidiendo de ese modo a la destinataria tomar debido conocimiento de las razones por las que sus licencias médicas fueron rechazada, dejándola, como ya se ha dicho, en una situación de indefensión frente a los actos de la autoridad administrativa.

DÉCIMO: Que, en estas circunstancias, el actuar de la recurrida es arbitrario, ya que la falta de la necesaria fundamentación de su resolución de rechazo de la licencia médica transforma su decisión en caprichosa y carente de razones e injustificada, y este acto vulnera el derecho de propiedad del actor, protegido en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues, como es obvio, dice directa relación con su patrimonio que se vio mermado por la referida decisión que le impiden acceder al subsidio por enfermedad, todo lo cual conduce a conceder la protección impetrada del modo que se dirá.

UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, lo razonado es coherente con lo resuelto recientemente por la Excma. Corte Suprema en la causa Rol N°157.728-2022, en cuanto consideró que “al basarse el ejercicio de la facultad de rechazar una licencia médica únicamente en la revisión de la información contenida en el documento rechazado, sin que se haya tomado previamente alguna de las medidas que permiten, según el Reglamento aplicable, fundamentar ese rechazo, la decisión recurrida carece de sustento y deviene en un acto meramente discrecional de la recurrida y, por ende, arbitrario y contrario a nuestro ordenamiento jurídico.” (Cons.5°, sentencia pronunciada el veintidós de marzo de dos mil veintitrés en la causa Rol 157.728-2022 sobre recurso de protección).

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se RECHAZA la alegación de improcedencia de la acción opuesta por la recurrida y se ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, sólo en cuanto se dispone que la recurrida deberá realizar a la recurrente todos los exámenes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia y eventuales concurrencias de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por las licencias médicas rechazadas RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 100010503-8 y RUT reservado, extendidas por un total de 179 días de reposo, a contar del 17 de noviembre de 2023, por reposo no justificado, para luego determinar la factibilidad de su autorización, a fin de que con dichos resultados proceda –o no- al pago de aquellas, según corresponda y determine la autoridad competente, todo ello dentro de un plazo de treinta días hábiles administrativos, determinándose desde ya que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo indicado, debe proceder la emplazada a autorizar el pago de las referidas licencias, de plano y sin más trámites.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N°1018-2024 Protección.-