Protección contra Inspección Provincial del Trabajo de La Serena

nombre reservado y Compañía Limitada Inspección Provincial del Trabajo de La Serena Recurso de Protección Rol Corte 1018-2021 La Serena, a veinticinco de agosto de dos mil veintiuno.

VISTOS:

PRIMERO: Que en estos antecedentes, comparece don Aldo Fendez Pacheco, abogado, en representación convencional de nombre reservado y Compañía Limitada, del giro de su denominación, representada por doña nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena, representada legalmente por doña nombre reservado, Jefa de la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena, funcionaria pública, ambos domiciliados en domicilio reservado, en razón del acto ilegal y arbitrario consistente en haber publicado en Tesorería General de la República a la empresa “nombre reservado y Compañía Limitada” con multas impagas que corresponden a la Resolución de Multa N° 7957/20/17, y posteriormente haberse despachado mandamiento de ejecución y embargo en contra de su representada, no obstante haber sido dicha resolución impugnada, lo que implica para la recurrente, una privación y perturbación en el legítimo ejercicio de los derechos garantizados en el artículo 19 número 24 y número 2 de la Constitución Política de la República.

Refiere que su representada fue objeto de una fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo, que dio lugar a la aplicación de la multa N° 7957/20/17, de fecha 05 de agosto de 2020, notificada el día 25 de agosto de 2020 por carta certificada.

Señala que la multa fue impugnada mediante el procedimiento administrativo presentado el día 05 de octubre de 2020, consistente en una solicitud de reconsideración que se remitió al correo electrónico correo reservado (oficina de partes virtual) puesto a disposición de los usuarios por la Dirección del Trabajo debido a la pandemia que afecta al país, deduciéndose así, dentro de plazo, por esa vía la solicitud de Reconsideración Administrativa de multa.

Sostiene que el plazo para interponer tal acción de reconsideración, está establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo, transcribiendo a su vez el artículo 25 de la Ley 19.880, relativo a la forma de cómputo de los plazos, sosteniendo que, por lo tanto, al día 05 de octubre de 2020, al momento de remitir el correo electrónico con la Reconsideración Administrativa de multa, no expiraba aún el plazo de 30 días que establece el artículo 512 del Código del Trabajo para realizar la presentación de la reconsideración administrativa de la multa, toda vez que el procedimiento de reconsideración, es un procedimiento administrativo regido por las normas de la Ley 19.880, que establece que los plazos de días, son de días hábiles, y que el plazo de 30 días vencía el día 07 de octubre de 2020.

Arguye que la solicitud de reconsideración presentada vía correo electrónico cumplió con los requisitos establecidos e informados por la propia recurrida, acompañándose en su oportunidad el Formulario F 10, anexo y documentos fundantes; que, hasta la fecha de interposición del recurso de protección, no habían recibido notificación de la resolución del reclamo administrativo interpuesto.

Indica que con fecha 07 de junio de 2021, producto de una revisión financiera realizada por un banco, tuvieron conocimiento que a su representada se le habían aplicado dos multas ascendentes a un total de 142,00 Unidades Tributarias Mensuales, más de siete millones de pesos, que correspondían a las multas informadas por la Dirección del Trabajo de la Resolución de multa N° 7957/20/17 que fue objeto de la solicitud de reconsideración administrativa presentada vía correo electrónico; que el día 17 de junio de 2021, se procedió al embargo de bienes de la recurrente en la ciudad de Viña del Mar, producto de que la reclamada al no haber dado tramitación a la solicitud de Reconsideración Administrativa de Multa presentada, informó las multas con fecha 05 de agosto de 2020 (misma fecha en que se presentó la solicitud vía correo electrónico) mediante resolución de fecha 04 de junio de 2021 que ordena despachar mandamiento de ejecución y embargo en contra de su representada por figurar en la lista de morosos de la Tesorería Provincial de Viña del Mar.

Afirma que es más que evidente que la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena, ha cometido un acto arbitrario e ilegal, atentando contra el derecho de propiedad de mi representada garantizado en el artículo 19 Nº 24 y el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues no obstante haber deducido el correspondiente reclamo administrativo dentro de plazo, en un acto absolutamente ilegal, procede a informar a la Tesorería General de la República, que se adeuda a la referida Inspección del Trabajo dos multas por un total en pesos de $7.138.624, lo que perjudica a su representada, por no poder optar a créditos, así como dañar su reputación empresarial frente a sus clientes, añadiendo que lo que agrava más la situación es que su representada, producto del acto arbitrario e ilegal de la Inspección del Trabajo que informó que las infracciones estaban ejecutoriadas (el mismo día en que se presentó la solicitud, y cuando faltaban 2 días de plazo todavía) fue objeto durante el mes de junio de un embargo por parte de la Tesorería Provincial de Viña del Mar en una de sus sucursales, desmejorando su situación económica, y perjudicándola frente a su cliente.

Refiere que su representada nombre reservado y Compañía Limitada, es una empresa cuyo giro y actividad es brindar servicios de telecomunicación para empresas como Movistar, con una gran fuerza laboral en la Quinta y Cuarta Región, cuya fuente laboral y reputación frente a su cliente se ve directamente comprometida por la actitud ilegal y arbitraria de la Inspección del Trabajo, que por el modelo de negocio tiene un alto impacto en la cantidad de dinero comprometido en el pago de remuneraciones, por lo que el resultado del recurso deducido va a ir en directo beneficio de la justicia para los trabajadores.

Añade que el recurso deducido no tiene por objeto pedir que esta Corte conozca del fondo de la cuestión debatida en el reclamo, o que considere que las multas originales y que fueron reclamadas, están bien o mal cursadas, sino que simplemente se ordene dejar sin efecto la información que la recurrida a la Tesorería General de la República y dejar sin efecto el embargo decretado en contra de mi representada mientras no resuelva el reclamo administrativo deducido dentro de plazo y por los canales oficiales señalados por la Dirección del Trabajo respecto de la Resolución de Multa N° 7957/20/17. Cita jurisprudencia en apoyo de sus argumentos.

Concluye solicitando se acoja Recurso de Protección y se ordene que la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena elimine la información de la Tesorería General de la República de deuda por las multas ya referidas en el cuerpo de este escrito y deje sin efecto el embargo decretado correspondientes a la Resolución de Multa N° 7957/20/17, con expresa condena en costas.

Acompaña a su recurso documental consistente en 1.- Resolución de Multa N°7957/20/17 de fecha 05 de agosto de 2020. 2.- Instructivo de funcionamiento emanado por la Dirección del Trabajo. 3.- Pantallazo de correo remitido desde la casilla de correo electrónico: correo reservado, asunto: Reconsideración administrativa de Multa de Multa N° 7957/20/17 / IPT LA SERENA, de fecha 05 de octubre de 2020 a la casilla de correo electrónico de la Dirección del Trabajo que se indica en el instructivo: correo reservado. 4.- Pantallazo de correo electrónico de respuesta recibida con fecha 05 de agosto de 2020 de la casilla de correo electrónico: correo reservado. 5.- Resolución de Nomina de deudores morosos de la Tesorería Provincial de Viña del Mar. Deudor: nombre reservado y Compañía Limitada. 6.- Certificado de deuda de Tesorería General de la República. 7.- Pantallazo de correo electrónico remitido don nombre reservado, jefe de administración y Gestión de la empresa nombre reservado y Cia Ltda., donde informa que se tomó conocimiento de la deuda por las multas cursadas.

SEGUNDO: Que, por la parte recurrida, comparece el abogado don Elías Patricio Alcayaga Zumarán, informando al tenor del recurso, sosteniendo que con fecha 17 de julio de 2020 se recibió denuncia de una trabajadora respecto de presuntos incumplimientos contractuales y a las normas sobre protección a la maternidad. Se activó la fiscalización Nº 0401.2020.706, a cargo del fiscalizador Sr. nombre reservado; que en el marco de la referida fiscalización, con fecha 05 de agosto de 2021 se cursaron las sanciones contenidas en la resolución N° 7957/2020/17, del siguiente tenor: “No otorgar beneficio de sala cuna”, de acuerdo al detalle contenido en la propia multa, lo que implica una contravención a los arts. 203 y 208 del Código del Trabajo, y fue sancionada con la suma de 102 UTM; “No llevar correctamente el registro de asistencia”, de acuerdo al detalle contenido en la propia multa, lo que contraviene los arts. 33 y 506 del Código del Trabajo, en relación al art. 20 del Reglamento N° 969/1933, fue sancionada con la suma de 102 UTM.

Refiere que las citadas multas fueron notificadas por carta certificada al domicilio de la empresa determinado durante la fiscalización, Pedro Pablo Muñoz N° 340, comuna de La Serena.

Agrega que con fecha 05 de octubre de 2020, dentro de plazo legal, la empresa solicitó reconsideración administrativa de las multas cursadas, adjuntando diversa documentación fundante de su petición. En el formulario respectivo, se indicó como domicilio del empleador el ubicado en domicilio reservado.

Señala que el recurso de reconsideración fue desestimado, confirmándose ambas sanciones, tal como consta en la Res. N° 195 de 21 de octubre de 2020, emitida por la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena, resolución que fue remitida al domicilio aportado por la propia empresa, esto es, 7 Norte N° 942, comuna de Viña del Mar; que la correspondiente carta certificada se despachó con fecha 27 de octubre de 2020, con el número de seguimiento 999083427333, y Correos de Chile efectuó dos intentos de entregar la comunicación en el domicilio citado, de fechas 29 y 30 de octubre de 2020, pero que ella no fue recibida, devolviéndose finalmente el sobre a la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena con fecha 03 de noviembre de 2020.

Indica que, considerando que la no entrega de la comunicación no fue responsabilidad de la Inspección Provincial de La Serena, por cuanto la notificación fue remitida al domicilio aportado por la propia empresa en su recurso de reconsideración y en dicho lugar no fue recibida, el evento fue consignado en el sistema informático de la Dirección del Trabajo y, transcurrido el plazo pertinente, el día 23 de noviembre de 2020, las multas se cargaron para su cobro por la Tesorería General de la República, activándose el cobro ejecutivo y la publicación en el boletín de infracciones laborales.

En cuanto a los vicios relativos a la reconsideración administrativa y a la notificación del resultado de esta, sostiene que, si bien el libelo recursivo acusa a la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena de publicar las sanciones como impagas e iniciar la Tesorería General del República el cobro compulsivo de aquéllas sin resolverse la reconsideración administrativa, dicha afirmación no es efectiva, entendiendo que la discusión deberá referirse a la notificación de la citada Res. N° 195 de 21 de octubre de 2020; que, en tal sentido, la notificación por carta certificada regulada en el art. 508 del Código del Trabajo se perfecciona por el envío al domicilio que la propia empresa indicara, formalidad cumplida en la especie, sin que sea responsabilidad del Servicio la circunstancia de que nadie recibiera la comunicación en dicho lugar, incluso cuando Correos de Chile visitó en dos días distintos el domicilio en cuestión, por lo que no es procedente imputar al Servicio recurrido la eventual no recepción de la Res. N° 195 ya que, tratándose la reconsideración de un recurso iniciado por iniciativa del empleador, cualquier cambio en el domicilio deberá ser informado por éste, máxime si se considera que la notificación por carta certificada se agota en el envío de la misma y no en la recepción conforme o en la voluntariedad del acto de notificación por parte de la empresa.

Previa cita jurisprudencial, arguye que el recurso de reconsideración fue resuelto y el resultado debidamente notificado a la empresa, por tanto, no existe ilegalidad ni vulneración de derechos en los actos posteriores que la recurrente intenta atacar por la vía de la presente acción de protección.

Respecto de la legalidad de la notificación efectuada, refiere, en atención a lo señalado en el art. 508 del Código del Trabajo, la notificación de la Res. N° 195 de 21 de octubre de 2020, emitida por la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena se efectuó de forma completamente legal, sin que sea responsabilidad del Servicio obtener un nuevo domicilio cuando nadie recibe una comunicación despachada a la ubicación aportada por la parte solicitante, como sucedió en la especie, constituyendo la publicación de la multa impaga y las resultantes acciones de cobro de las sanciones por parte de la Tesorería General de la República, una consecuencia legal de una notificación efectuada completamente conforme a Derecho.

Sostiene que en caso alguno el cobro compulsivo de las multas constituye un acto arbitrario por parte de la administración del Estado, ya que habiéndose notificado legalmente el resultado del recurso de reconsideración no puede responsabilizarse a la Dirección del Trabajo de las consecuencias posteriores de dicho acto.

Sostiene que la notificación se entendió practicada por el solo envío de la comunicación al domicilio indicado por la empresa, sin que exista arbitrariedad al presumir que la notificación se efectuó aun cuando nadie la recibió; que en el mismo sentido, las acciones de cobro de las multas son ejecutadas por el Estado cuando ha transcurrido el plazo respectivo sin que aquellas se paguen, lo que en este caso ocurrió el día 23 de noviembre de 2020, determinación que tampoco es arbitraria, sino que obedece estrictamente al mandato legal.

Afirma asimismo que la Dirección del Trabajo no ha conculcado el ejercicio de garantías constitucionales, pues en cuanto a la garantía constitucional de igualdad ante la ley (Art. 19 Nº 2), no se precisa la forma en la que se produce tal afectación; que en tal sentido, cabe hacer presente que la Carta Fundamental asegura a todas las personas la igualdad ante la ley, estableciendo que ni la ley ni autoridad alguna pueden establecer diferencias arbitrarias; que asimismo se ha entendido esta garantía en el sentido de que el concepto de igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y, consecuencialmente, diversas para aquéllas que se encuentren en situaciones diversas1, por lo que no es posible entender cómo se habría afectado la garantía constitucional del recurrente, especialmente en atención a que la reconsideración administrativa fue resuelta, notificada al domicilio aportado por la empresa.

En cuanto a la vulneración a la vulneración a la garantía establecida en el artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, en lo relativo a las consecuencias patrimoniales de la sanción aplicada, refiere que no se precisa la forma concreta en que se habría afectado este derecho fundamental, y que cabe señalar que las consecuencias económicas del incumplimiento de la normativa laboral no constituyen una vulneración a la garantía constitucional citada, ya que por una parte el pago de la sanción al cual se encuentra obligado al empleador es la consecuencia final de su conducta infractora de la normativa vigente, mientras que por otro lado que las acciones ejecutivas que ha debido enfrentar por su desconocimiento del resultado del recurso de reconsideración, tampoco son imputables a este Servicio, ya que la resolución en comento debe entenderse válidamente notificada al domicilio aportado por el propio empleador.

Concluye solicitando el rechazo del recurso de protección deducido, con costas.

Acompaña a su informe documental consistente en: 1. Resolución de multa N° 7957/2020/17 de 05 de agosto de 2020; 2. Activación de fiscalización Nº 0401.2020.1061; 3. Solicitud de recurso administrativo de 05 de octubre de 2020, incluyendo nota adjunta; 4. Resolución Nº 195 de 21 de octubre de 2021, de la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena; 5. Documento express de envío por Correos de Chile, de 27 de octubre de 2020; 6. Manifiesto resumen de envío por Correos de Chile, de 27 de octubre de 2020; 7. Sobre devuelto de envío por Correos de Chile; 8. Reporte de seguimiento de envío por Correos de Chile, envío N° 999083427223; 9. Pantallazo de sistema informático DTPlus, da cuenta de estado de multas cursadas mediante resolución N° 7957/2020/17.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, del mérito de este proceso, aparece que la Resolución N° 7957/20/17 de 05 de agosto de 2020, en la que se rechazó la reconsideración administrativa de multa, fue enviada por carta certificada a la dirección que la propia recurrente señaló en su solicitud administrativa, cuestión que se evidencia de la documental acompañada por la recurrida a su informe, en que consta que tanto en el escrito en que la recurrente formula sus descargos, como en el formulario denominado “Solicitud de Recurso Administrativo”, de fecha 05 de octubre de 2020, aparece indicado como domicilio de la empresa nombre reservado y Compañía Limitada, el de 7 Norte N° 942, Viña del Mar.

No obstante lo anterior, consta del seguimiento del envío expedido por Correos de Chile, que tanto el día 29 de octubre de 2020, como el día 30 de octubre de 2020, el envío no pudo ser entregado en su destino, indicándose en la segunda ocasión que no había quién recibiera el envío en el domicilio.

SEXTO: Que, así las cosas, la interrogante que ha de abordarse y responderse, para los efectos de resolver el recurso de protección que se analiza, es si la comunicación que no fue recibida por la parte recurrente, aunque fue remitida a su domicilio, permite tener por cumplido lo ordenado por la ley.

SÉPTIMO: Que, en este punto, ha de tenerse presente que ya esta Corte ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la materia, en los autos Rol N° 856-2019, por lo que resulta absolutamente pertinente tener en consideración los argumentos y reflexiones sostenidos en la sentencia que resolvió la acción constitucional deducida en aquella ocasión, por ser ellos plenamente aplicables al caso sub lite.

OCTAVO: Que, en efecto, para dar respuesta a la inquietud planteada precedentemente, resulta relevante indicar que por “notificar” comprendemos el dar noticia de algo, en este caso, de una resolución. Por su parte, el legislador ha regulado diversos tipos de notificación, tal como se aprecia en el Libro I del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, en el caso particular, el artículo 508 del Código del Trabajo dispone que la Dirección del Trabajo puede realizar notificaciones por medio de carta certificada, siendo válido que aquellas se remitan al domicilio del empleador. Asimismo, en el inciso final de dicha disposición, se presume que la notificación ha sido practicada al sexto día hábil desde que se realizó su entrega en Correos de Chile.

NOVENO: Que, la notificación por carta certificada importa la remisión al domicilio del notificado de la resolución de la que se pretende dar noticia, dándose cuenta de ese hecho y de la individualización de su receptor por parte de la empresa de correos. En el caso en cuestión se ha cumplido con lo antes indicado, salvo en cuanto a la individualización del receptor pues, como se constató, nadie concurrió a los llamados para recibir la documentación. No obstante, aquello no puede frustrar la validez de la notificación practicada, pues el recibir o no la carta de la que se da noticia, importa un acto voluntario de la parte a ser notificada y como bien reza el artículo 39 del Código de Procedimiento Civil: “Para la validez de la notificación no se requiere el consentimiento del notificado”, disposición esta que resulta absolutamente aplicable en la especie, al estar aquella contenida en el Libro Primero del Código señalado, que contiene las disposiciones comunes a todo procedimiento; por lo demás, de sostener otra interpretación, se llegaría al absurdo que esta forma de notificación se convertiría en imposible si la parte a notificar decide no responder a los llamados del agente notificador. En fin, la Inspección del Trabajo dio noticia de la resolución a comunicar en la forma prescrita por la ley.

DÉCIMO: Que, con lo anterior no se está sosteniendo que quien no ha sido notificado, quede impedido de desvirtuar la presunción del artículo 508 del Código del Trabajo. No obstante, es necesario que acredite los presupuestos necesarios de aquello, pues es sabido que las presunciones simplemente legales tienen por efecto invertir la carga de la prueba. Pues bien, el único evento justificante de la falta de entrega de la notificación en el presente caso es la propia inactividad de la recurrente, en primer término, porque fue la misma recurrente quien señaló aquel domicilio como lugar hábil para recibir las notificaciones relativas a su solicitud de reconsideración de la multa administrativa cursada en su contra, como también porque no recibió la carta que se concurrió a ofrecer. Como es sencillo comprender, el fundamento mismo del recurso, esto es, que no se le habría notificado a la empresa la resolución recaída en la solicitud de reconsideración de la multa cursada, no puede sostenerse a la luz de los antecedentes acompañados a estos autos, que evidencian que, al contrario de lo sostenido por la actora, sí hubo un pronunciamiento del ente administrativo respecto de la solicitud de reconsideración, y sí hubo notificación legal de tal resolución en el domicilio señalado por la recurrente en su petición, por lo que no puede restarse valor a la notificación efectuada.

UNDÉCIMO: Que, por lo anterior, no se aprecia vulneración alguna a las garantías constitucionales invocadas, ajustándose el obrar de la Dirección Regional del Trabajo de Coquimbo a la ley.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por don Aldo Fendez Pacheco, en representación de nombre reservado y Compañía Limitada, en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Coquimbo.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante don Claudio Fernández Ramirez.

Rol N° 1018-2021.-