Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones Provida S

nombre reservado

AFP Provida S.A Recurso de Protección Rol N°1011-2025.- La Serena, dieciocho de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don Pablo Peñaloza Parra, abogado, en favor de don nombre reservado, venezolano, deduciendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., señalando como acto ilegal y arbitrario el rechazo a la solicitud de retiro de fondos para extranjero, comunicado el 05 de junio de 2025, lo que vulnera el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que la recurrente solicitó la devolución de fondos previsionales, conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156, en virtud de su calidad de técnico extranjero. La recurrente es notificada mediante correo electrónico el 20 de mayo de 2025, indicando que el trámite se encuentra detenido a la espera de acompañar el certificado de afiliación a la seguridad social del país de origen legalizado o apostillado.

Lo anterior implica que el trámite se encontraría detenido indefinidamente, puesto que la legalización o apostilla requiere de la existencia de relaciones diplomáticas entre los estados de Chile y Venezuela. Refiere que, de forma telefónica la recurrida le informa que su solicitud impetrada se encontraba rechazada, en virtud de que el certificado de afiliación del seguro social del país de origen tiene que estar apostillado o legalizado.

Menciona que el artículo 1° y 7° de la Ley 18.156, dispone que en caso de que trabajadores extranjeros registren cotizaciones en una administración de fondos de pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieran depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo primero, norma que exige que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen previsional o de Seguridad Social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Refiere que el actor cumple con los requisitos mencionados siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con una obstaculización en su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia.

Agrega, que existe un actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, puesto que: a) el rechazo se obtuvo de forma verbal, sin que medie una debida fundamentación; b) se acompañó constancia certificada emitida por la autoridad de seguridad social del país de origen, con código alfanumérico a efectos de acreditar la constancia y; c) La recurrida cuenta con distintos medios para acreditar que el recurrente efectivamente se encuentra afiliado, por lo que la interpretación realizada por la AFP recurrida, es a todas luces arbitrario e ilegal.

Indica que la verificación de la constancia electrónica se puede realizar directamente en la web de la seguridad social siendo que, si ingresas el código de verificación que indica la mentada constancia en la parte inferior o, la cédula de identidad venezolana, tal como se hizo ut supra, arrojará la constancia original, pudiendo ser visualizada y descargada sin inconvenientes, por lo que la recurrida cuenta con distintos medios para cumplir con la verificación.

Finaliza solicitando se ordene reconocer la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos previsionales solicitados, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicitando el rechazo del recurso con costas.

En primer término, alega improcedencia de la acción de protección, por resultar evidente que la materia en cuestión no es propia de la acción cautelar, pues lo solicitado es en definitiva es una modificación de los cuerpos normativos que regulan el sistema de pensiones, lo que no se condice con la finalidad de un recurso de protección, y la excede, pretendiendo discutir la constitucionalidad del DL 3.500 en sede cautelar y de emergencia.

Explica que, su representada rechazó el 05 de junio de 2025 solicitud de la recurrente de autos, por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida de acuerdo a las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones, las cuales debe observar.

En cuanto al derecho, se refiere al Decreto Ley 3.500, y las competencias y obligaciones que le otorga. Agrega en relación a la Ley 18.156, que su artículo 1° de la Ley N°18.156, y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, regulan la exención de cotizar en Chile a los técnicos extranjeros, siempre que den cumplimiento a los requisitos prescritos en el artículo 1° de dicha Ley y en el Libro II Título XI, del referido Compendio de Normas. Por su parte, el artículo 7° de la misma ley otorga la facultad de solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, a los trabajadores extranjeros afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del citado cuerpo legal, los cuales deben ser cumplidos de forma copulativa.

Indica que, por su parte, el artículo 7 admite la devolución de fondos siempre que se detente la calidad de técnico; se encuentre afiliado a un régimen previsional o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza y en el que conste su obligación de otorgar prestaciones, a lo menos en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, en este caso, el cumplimiento debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte; y que en el contrato de trabajo respectivo, el trabajador manifieste expresamente su voluntad de mantener su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen.

Finaliza manifestando que su actuar no es ni ilegal ni arbitrario, en tanto para efectos de realizar la devolución de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero sólo ha observado que se cumplan copulativamente los requisitos que establece la normativa vigente.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, para resolver el asunto en examen, que es dable sostener que el rechazo al retiro pedido por el actor lo fue basado en el incumplimiento de los requisitos legales.

Esta Corte, a su turno, comparte la postura de la recurrida por las siguientes razones: 1.- En primer término, valga recordar que el artículo 1 de la Ley N°18.156 dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Por su parte, el artículo 7 de la Ley N°18.156 establece que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”, esto es, “a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.”

Al respecto, no consta satisfecha la exigencia de haberse anexado los documentos indicados, en especial, aquel consignado en la letra a) precedente, esto es, el certificado previsional en una entidad extranjera con vigencia a la fecha del requerimiento, sobre todo por la redacción de la norma, que exige la actualidad de dicha pertenencia (“que se encuentre afiliado”), circunstancia que es tácitamente reconocida por la actora, al sostener que ese dato podía ser revisado por la misma entidad recurrida.

Por lo demás, el documento anexado a folio 1.4 no es idóneo para satisfacer la exigencia, al no cumplir con las exigencias básicas para considerarlo como válido en Chile, al tratarse de un documento extranjero sin la debida legalización exigida por nuestra ley nacional. 2.- A lo anterior abona que la recurrida sustenta su oposición a la improcedencia de acoger el requerimiento, en no cumplirse las exigencias legales referidas. Aquello deja en evidencia que el derecho que se exige carece del carácter de indubitado, que deben tener las garantías amparadas por esta vía constitucional y de excepción, nueva razón para desechar el presente arbitrio. 3.- Finalmente, en cuanto que la lectura de la ley, resulta acorde a los intereses del recurrente, como lo expresa en su libelo, cuyo sentido no es compartido por esta Corte, desde que la Ley N°18.156 fue dictada para permitir el retiro extraordinario de fondos acumulados por ciertos trabajadores extranjeros contratados por periodo acotado de tiempo, facultad que no cuentan los demás trabajadores nacionales, de manera que la excepcionalidad debe leerse con tal rasgo y, por ende, ser exigentes al momento de cumplir sus estándares. Al no ocurrir, el rechazo debe ser confirmado pues, lo contrario, importa provocar una desigual protección ante la ley.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1011-2025 Protección.-