nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado, nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol Nº 10103-2022 La Serena, treinta de enero de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1 y con fecha siete de diciembre de dos mil veintidós comparece don nombre reservado y nombre reservado, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, en favor de doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO).

Expone que doña nombre reservado tiene 82 años de edad, y se encuentra aquejada por una osteoartrosis leve a moderada con condrocalcinosis en la rodilla por lo que desde el año 2022, específicamente en los meses de marzo a julio estuvo con licencias médicas que fueron en su momento revisadas y autorizadas por los entes administrativos respectivos, sin mayores inconvenientes ni cuestionamientos tanto respecto de la existencia de las patologías, como respecto de la necesidad de reposo para poder superar tales afecciones.

Sostiene que, sin embargo, dicha situación cambia a contar del rechazo de dos licencias otorgada desde el 07 de agosto del año 2022, por 60 días, siendo rechazadas en primer término por la COMPIN Región de Coquimbo, para luego confirmarse dicho rechazo por parte de la SUSESO.

Agrega que las licencias médicas, fueron otorgadas por médicos del centro de salud CESFAM Dr. Sergio Aguilar de Coquimbo, y en las instancias de reclamación que la normativa administrativa le otorga, acompañó diversa documentación, consistente básicamente en informes médicos y copias de recetas médicas que acreditan tanto la existencia de las enfermedades que han motivado el otorgamiento de las licencias médicas, así como el tratamiento y evolución que su situación física ha tenido en el tiempo, antecedentes que no fueron considerados ni analizados en la resolución de la SUSESO.

Indica que debido al no pago de las licencias médicas otorgadas y ante la incapacidad económica de hacer frente a sus necesidades más básicas, con fecha 31 de marzo de 2022, suscribió su finiquito con su ex empleador, por lo que la recurrente quedó sin trabajo y sin la debida protección que la seguridad social debiera otorgar a personas en estado de vulnerabilidad.

Sostiene que el 09 de noviembre del año 2022, la recurrente tomó conocimiento de la Resolución Exenta N° R-01-UNRA-151146-2022, de esa misma fecha, por la cual la Superintendencia de Seguridad Social, a través de su Departamento Contencioso, nombre reservado, rechaza su reclamación respecto de la actuación de la COMPIN Región de Coquimbo, que confirmó el rechazo de las Licencias Médicas N°s RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 60 días a contar del 07 de agosto de 2022, por reposo no justificado.

Para ello, agrega, la recurrida argumenta el rechazo de las licencias médicas, señalando: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el informe médico emitido por la Dra. nombre reservado con fecha 05-09-2022 no permite establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del periodo del reposo ya autorizado, el cual alcanza a 109 días por el mismo diagnóstico.”

Indica que, de la simple lectura de lo consignado en la resolución, resulta evidente que en ella no existe ningún análisis de los antecedentes aportados por doña nombre reservado, sólo se consigna afirmaciones genéricas, sin especificar cuál es el mérito que se desprende del informe médico, y por qué se resuelve en contra de lo que tales informes y antecedentes consignan, que es de aquellas resoluciones tipo que la recurrida suele dictar en estos casos, omitiéndose referencias más específicas a la condición médica de la paciente y cómo esa situación concreta, debidamente ponderada, sirve de sustento a la decisión del ente administrativo, de manera que la Sra. nombre reservado pueda conocer con absoluta claridad los motivos del rechazo de sus licencias. Pareciera ser que, para la recurrida, el solo transcurso del tiempo es suficiente para curar cualquier tipo de patología, sin considerar a la persona en su individualidad y complejidad, como si todos los seres humanos respondiéramos de la misma forma frente a las enfermedades que puedan afectarnos.

Hace referencia a lo dispuesto en el artículo 16, 21 y 22 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional e indica que se pudo haber dispuesto que la COMPIN solicite a la Dra. nombre reservado información complementaria respecto de las patologías que aquejan a doña nombre reservado, así como su tratamiento y evolución, o bien que se efectuara un peritaje a doña nombre reservado, a fin de determinar su estado de salud, pues está dentro de sus potestades hacerlo, pero en lugar de ello, y reitero, de manera infundada, opta por rechazar las licencias médicas.

Hace presente que la resolución rebatida constituye un acto administrativo, que debe cumplir con los requisitos de todo acto administrativo, entre ellos, el principio de imparcialidad contenido en el artículo 11 de la Ley 19.880 y la obligación de fundamentación, y que en la especie, tal estándar normativo no se cumple, ya que no se entiende el motivo de rechazo de las licencias, cuando en la especie se acredita que la Sra. nombre reservado sí presenta un cuadro clínico relativo a su salud, cuya evolución ha sido lenta, con asistencia a tratamiento kinesiológico a cargo de profesionales de tales especialidades.

En cuanto a las garantías vulneradas, sostiene que la conducta del órgano recurrido constituye una perturbación y amenaza al derecho a la vida e integridad física de la recurrente, el que se encuentra garantizado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República. Asimismo, al carecer de fundamentación la resolución recurrida, se infringe la garantía constitucional de contenida en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral. Finalmente alega infracción al derecho de propiedad, ya que el rechazo indebido de las licencias médicas legalmente emitidas, privan del derecho a la retribución monetaria contemplada en la ley, en caso de que el trabajador se imposibilite de trabajar por motivo de enfermedad, como en este caso.

Por lo expuesto, pide que se ordene dejar sin efecto la resolución que rechazó las licencias médicas materia del presente recurso de protección y, en su lugar, acoger el reclamo deducido, dictaminando que se autorizan la licencias médicas materia del recurso, adoptando asimismo cualquier otra medida para restablecer el imperio del derecho y asegurar el debido resguardo y respeto a las garantías fundamentales de la recurrente, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1) Copia Resolución Exenta N° R-01-UNRA-151146-2022, de fecha 09 de noviembre de 2022. 2) Copia Informe Médico emitido por la Dra. nombre reservado, de fecha 05 de diciembre de 2022. 3) Copia Receta Médica de fecha 19.04.2022, emitida por el Dr. nombre reservado, donde se acredita la necesidad de terapia kinesiológica. 4) Copia Receta Médica de fecha 17.05.2022, emitida por el Dr. nombre reservado, especialista en traumatología y ortopedia. 5) Informe de resonancia magnética de rodilla derecha de fecha 06.06.2022. 6) Copia del Finiquito suscrito con fecha 31 de marzo de 2022.

SEGUNDO: Que, evacuó informe ROBERTO BARRAZA SAAVEDRA, Abogado, en representación de la recurrida la UPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Solicita, en primer lugar, se declare la improcedencia de la presente Acción de Protección por haber sido ésta interpuesta en forma extemporánea.

Expone que, la acción de que se trata fue interpuesta con fecha 07 de diciembre de 2022, en circunstancias que la Sra. nombre reservado recurrió ante esa Superintendencia, el 12 de octubre de 2022, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 60 días a contar del 07 de agosto de 2022, por reposo no justificado. Y que su representada estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas referidas no se encontraba justificado, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° R-01-UNRA-151146-2022, de fecha 09 de noviembre de 2022.

Agrega que, además, consta que la actora reclamó previamente ante la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO por el rechazo de la licencia médica RUT reservado, presentación que fue desestimada mediante Resolución Licencia Médica de fecha 23 de septiembre de 2022, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el número primero del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la tramitación y fallo de la Acción de Protección, correspondía computar el plazo fatal de 30 días corridos desde, a lo menos, la notificación de la Resolución Licencia Médica, de fecha 23 de septiembre de 2022 emitida por la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, por lo que pide rechazar la acción de protección de autos, por haber sido ejercida de forma extemporánea, con costas.

Añade que, en subsidio de lo anterior, alega la improcedencia de la acción de protección en materias de Seguridad Social y solicita se le declare improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al Sistema de Seguridad Social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio de las alegaciones anteriores, informa en cuanto al fondo del asunto que motiva la acción de marras.

Puntualiza que consta en el expediente administrativo que la actora a través de presentación de fecha 12 de octubre de 2022, concurrió reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 60 días a contar del 07 de agosto de 2022, por reposo no justificado.

Precisa que, en razón de lo señalado, la Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas referidas no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que el informe médico emitido por la Dra. nombre reservado, de 05 de septiembre de 2022, no permite establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 109 días por el mismo diagnóstico. Además, el citado informe no indica la evolución del cuadro clínico ni grado de compromiso funcional que le ocasiona, examen físico, ajustes al tratamiento, pronóstico, informe de recuperabilidad y fecha probable de alta; que permitan comprender el rol terapéutico del reposo reclamado; asimismo, no aporta certificado de lista de espera para hora de evaluación por especialidad en la Red Pública de Salud; informe de kinesioterapias realizadas que indique plan de rehabilitación implementado, evolución de las terapias y número de sesiones realizadas; informe de exámenes imagenológicos realizados, ni derivación a GES, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° R-01-UNRA-151146-2022, de fecha 09 de noviembre de 2022.

Luego de repasar el marco jurídico-normativo que regula la materia arguye que la pretensión del recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, ciertamente desborda los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “… sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso de la recurrente claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esta Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

Por su parte, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, su representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido, en la especie, vulneración o amenaza al derecho a la vida e integridad física y psíquica, ni menos se ha infringido o vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocidos a todas las personas en el artículo 19 N°s 1 y 24 de la Constitución Política de la República, como tampoco ningún otro derecho garantizado por la referida Carta Fundamental.

Por las consideraciones expuestas y previas citas normativas, solicita sea desestimada la presente acción en todas sus partes.

Acompaña a su informe copia de los expedientes administrativos, relativos al caso de la recurrente de autos.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, es dable reconocer que el recurso se dirige en contra de la decisión de la recurrida de confirmar el dictamen de la entidad de salud de rigor, lo que consta en el acto reclamado Resolución Exenta R-01-UNRA-151146-22 de 9 de noviembre de aquel año, de manera que al intentarse esta acción el día 7 de diciembre de 2022, lo fue dentro del término fijado por el N°1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la materia y, por consiguiente, la pretendida extemporaneidad debe ser desestimada.

SEXTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia, basta con sostener que las garantías constitucionales que refiere el libelo van más allá de la seguridad social, sin perjuicio que esta Corte, en el conocimiento del asunto, puede incluso extender su mirada a otras fuera de las mencionadas y que sí se encuentren dentro del listado del artículo 20 de la Constitución Política de la República, motivo suficiente para desechar esta segundas alegación.

SÉPTIMO: En cuanto al fondo, la recurrente impugna la Resolución Exenta N° R-01-UNRA-151146-2022, de fecha 09 noviembre del año 2022, la cual rechazó su reclamo respecto del Dictamen de la COMPIN, confirmando el rechazo de la licencia médica N°s RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 60 días a contar del 07 de agosto de 2022, por reposo no justificado.

Consta, asimismo, que la resolución impugnada señala al respecto que: “Esta conclusión se basó en que el informe médico emitido por la Dra. nombre reservado con fecha 05 de septiembre de 2022, no permite establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 109 días por el mismo diagnóstico. Además, el informe médico tenido a la vista no indica la evolución del cuadro clínico y grado de compromiso funcional que le ocasiona, examen físico, ajustes al tratamiento, pronóstico, informe de recuperabilidad y fecha probable de alta; que permitan comprender el rol terapéutico del reposo reclamado; asimismo, no aporta certificado de lista de espera para hora de evaluación por especialidad en la Red Pública de Salud; informe de kinesioterapias realizadas que indique plan de rehabilitación implementado, evolución de las terapias y número de sesiones realizadas; informe de exámenes imagenológicos realizados, ni derivación a GES”.

Por su parte, la recurrida ha referido la normativa y procedimientos aplicables a las licencias médicas, habiendo -la recurrente- aprovechado las instancias administrativas existentes para la revisión de su situación.

OCTAVO: Que, en cuanto al marco normativo para resolver el asunto sometido a conocimiento de esta Corte, cabe señalar que el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por COMPIN y por las Instituciones de Salud Previsional, contenido en el Decreto Supremo Nº 3, del Ministerio de Salud, de 1984, señala que “…en caso de rechazo de una licencia (…) la resolución o pronunciamiento respectivo se estampará en el mismo formulario de licencia y se dejará constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida”.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez de este. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

NOVENO: Que, del propio tenor de la resolución impugnada en esta sede, se advierte que dicha resolución no se basta asimismo, toda vez que no expresa las razones por las cuales se estima que el reposo no se encuentra justificado.

En tal sentido, la resolución sostiene que el informe médico acompañado por la actora no da cuenta de la evolución del cuadro clínico y otros antecedentes que reseña, sin embargo, los reseñado en dicha resolución, no es categórico en orden a describir los hechos y argumentos en los que sustenta su postura de no ser posible comprender que el reposo otorgado a la actora por un médico no sea justificada.

De esta forma, no cabe duda de que la decisión que mantuvo el rechazo de las licencias médicas tantas veces mencionadas -y que constituye el acto repudiado por el recurso, radica en un re-estudio, incluso parcial en este caso, de los antecedentes, limitándose a señalar que el reposo propuesto en ella no se encuentra justificado. Sin embargo, dicha conclusión es arribada solo con un estudio documental de los antecedentes que la recurrente acompañó en el proceso, refiriéndose a él de forma descriptiva y escueta.

De esta forma, esta Corte advierte que la decisión adoptada por la Superintendencia recurrida no se apoya en antecedentes conclusivos de la especialidad.

Incluso, si bien mencionan hacerlo según el informe médico emitido por la Dra. nombre reservado, este documento no concluye algo de forma categórica, pues sólo se limita a indicar en su parte final que recomienda “mantener la gestión”, sin que aquello pudiera entenderse, de forma alguna, como justificativo suficiente para llegar a sostener lo que la recurrida plasmó en su dictamen.

DÉCIMO: Que, en estas circunstancias, el actuar de la recurrida es arbitrario, pues la falta de la necesaria fundamentación de su resolución de rechazo de la licencia médica transforma su decisión en caprichosa y carente de razones, además de injustificada, vulnerando con ello la integridad psíquica y el derecho de propiedad de la recurrente, derechos consagrados en el artículo 19 N°s 1 y 24 de la Constitución Política de la República. En efecto, el no pago de la licencia médica ya indicada, sin duda que repercute en el patrimonio de la actora, al impedir su acceso al subsidio por enfermedad, lo que en forma indefectible deriva en que no puede recuperar su salud, todo lo cual conduce a conceder la protección impetrada del modo que se dirá a continuación.

UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, en cuanto a la arbitrariedad, entendida ésta como la falta de justificación y razonabilidad en la decisión adoptada, debe señalarse que el artículo 16 de la Ley N° 16.395, contempla la necesidad de justificar la decisión que se adopte, al disponer que deberá dejarse constancia de los fundamentos que se han tenido en consideración para adoptar alguna de las medidas que la norma contempla.

Por su parte, el artículo 21 del Decreto Supremo N° 3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, regula que, “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I. – Que SE RECHAZAN las alegaciones de extemporaneidad e improcedencia, opuestas por la recurrida.

II. – Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, debiendo la recurrida proceder a autorizar el pago de las licencias médicas N°s RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 60 días a contar del 07 de agosto de 2022, por reposo no justificado.

Dicho pago deberá efectuarse en un plazo de quinto día, desde la ejecutoria del fallo.

Se previene que el Ministro Sr. Pulgar concurre a la decisión de fondo, sólo en cuanto a que, a su juicio, los argumentos de la resolución recurrida son suficientes, aunque al basarse en el informe médico que señalan, éste debió haber sido concluyente como son los primeros lo que no ocurre, toda vez que la doctora emisora del mismo advierte la “necesidad de continuar con la gestión” lo que no detenta la naturaleza jurídica indicada.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N°10.103-22/PROTECCIÓN.-