nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA

nombre reservado

Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana Recurso de Protección Rol N° 10.100-2022.- La Serena, veinticinco de febrero de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha siete de diciembre de dos mil veintidós comparece nombre reservado y Lillo, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, interponiendo recurso de protección en favor de doña nombre reservado, en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN Y ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA.

Expone que en la actualidad doña nombre reservado se encuentra trabajando como técnico paramédico en el Hospital San Juan de Dios de La Serena, encontrándose afiliada a la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA.

Refiere que el 21 de noviembre de 2022, doña nombre reservado al percatarse en su liquidación de sueldos correspondiente a dicho mes de una disminución en sus ingresos, se dirigió al Departamento de Personal del Hospital San Juan de Dios de La Serena quienes le informaron que ello obedecía a un descuento por la suma de $67.488, en pago de un crédito cobrado por la Caja de Compensación recurrida.

En el mismo acto, los funcionarios del Departamento de Personal le entregaron un documento denominado “Nómina y Comprobante de nombre reservado” emitida por la Caja de Compensación recurrida, donde se puede observar que incorpora como deudor de dicha entidad a la persona de nombre reservado, R.U.T. RUT reservado, asociado al folio crédito Nº 42-449586”, Cuota “3/60”, Valor Cuota “67.486”.

Indica que doña nombre reservado, antes nombre reservado, son la misma persona, según se puede observar en su número de Rut.

Es el caso que, cuando doña nombre reservado, usaba como nombre el de nombre reservado contrató un crédito social con la Caja de Compensación recurrida, operación a la que le fue asignado el folio de crédito Nº 42-449586, el cual debía pagar en 60 cuotas mensuales y sucesivas. Al perder su trabajo, durante el año 2012, sólo alcanzó a pagar las 2 primeras cuotas.

Es el caso que la recurrida, transcurrido ya aproximadamente 10 años, ahora instruyó a la empleadora de doña nombre reservado a realizar el descuento y pago de la suma antes referida, sin que la recurrida informara previamente a doña nombre reservado lo que pretendía realizar.

Asimismo, indica que doña nombre reservado tampoco jamás fue notificada de acción judicial alguna tendiente a perseguir el cobro de la suma adeudada.

Resulta evidente observar que tampoco correspondería el cobro de una obligación que a la fecha se encuentra prescrita, de acuerdo con las reglas del Derecho Civil.

Aduce que la recurrida CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA pretende, después de transcurridos aproximadamente 10 años, por la vía de este descuento ilegal, corregir la desidia y negligencia con que ha actuado en el ejercicio de sus acciones legales tendientes al cobro del crédito.

Agrega que, como puede advertirse, la recurrida en vez de ejercer las acciones ordinarias de cobro que franquea la ley, ha optado por actuar, por la vía de los hechos, a su conveniencia, presuntamente amparada en la ley de cajas de compensación, y ordenar al empleador de doña nombre reservado realizar un descuento mensual “por planilla”.

Señala que, en la especie, el único descuento practicado hasta la fecha se efectuó en la liquidación de sueldos del mes de noviembre de 2022, por la suma de $67.488.

Precisa que el acto que en esta acción se reprocha como arbitrario e ilegal consiste en el descuento que comenzó a efectuarse en su remuneración a partir del mes de noviembre de 2022, habiendo transcurrido aproximadamente 10 años desde que se le otorgó un crédito social contraído con la Caja de Compensación La Araucana.

A su juicio, en tales circunstancias, debe concluirse que la recurrida ha actuado de manera caprichosa e injustificada al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan. Tal beneficio, en la especie, resultaba improcedente, considerando el extenso lapso (más de 10 años) que alcanzó a transcurrir, sin que se hubieren llevado a cabo por la acreedora acciones tendientes a cobrar el crédito, con lo que su actual decisión de requerir el pago a través de esa vía especial deviene en antojadiza, sin perjuicio de su derecho para perseguir la obligación por los medios legales ordinarios, a fin de salvaguardar el fondo social.

Añade que el acto cuya arbitrariedad ha sido denunciada, vulnera el derecho de propiedad de doña nombre reservado sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos, los que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso, a nuestro juicio, debe ser acogido.

Asimismo, la conducta desplegada por la recurrida ha vulnerado la garantía constitucional establecida en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en su numeral 3, esto es, de la igualdad ante la ley, la igual protección de ley en el ejercicio de los derechos. En efecto, todas las personas tienen derecho a que les sea reconocida igualdad ante la ley, ante las autoridades y órganos jurisdiccionales y tienen igual derecho a reclamar la protección del sistema jurídico y, en particular, dentro de todo proceso, pues la recurrida omitiendo ejercer las acciones judiciales establecidas en la ley, por si y ante sí, “presuntamente amparadas” en una norma de la ley de cajas de compensación, procede efectuar un cobro ilegal, abusivo y extemporáneo de una eventual deuda que por lo demás, a la fecha, como se dijo, se encuentra prescrita.

Por estas consideraciones solicita se ordene a la recurrida:

1. El reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas de remuneraciones de doña nombre reservado, con los intereses que legalmente correspondan y debidamente reajustadas hasta el momento de dicha devolución.

2. Abstenerse de realizar por sí y/u ordenar que se realicen por terceros, especialmente por parte del empleador actual de doña nombre reservado, o por cualquier otra entidad que tenga o tuviere en el futuro, o por cualquier otro organismo público o privado, descuentos de sus remuneraciones, asociadas al crédito social folio 42-449586, otorgado por la recurrida.

3. Todo lo anterior, con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos:

1. Copia liquidación de sueldo de doña nombre reservado, de noviembre de 2022; 2. Copia de documento denominado “Nómina y Comprobante de nombre reservado”, Folio Nº RUT reservado, emitida por la recurrida; 3.- Copia de la actual cédula de identidad de doña nombre reservado y de su antigua cédula.

SEGUNDO: Que, evacuó informe Yasna Vukic, en representación convencional de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Expone que a la Sra. nombre reservado, la C.C.A.F. La Araucana le otorgó el 31 de octubre de 2012, el crédito social Folio N° 042-000449586, por un capital inicial de $2.143.700, pactado en 60 cuotas de $67.488, a descontar desde su remuneración. Crédito respecto del que pago 2 cuotas vía descuentos en su remuneración en 2012, no existiendo más pagos efectuados, por lo que pasa a figurar como morosa siendo posible ubicarla en noviembre de 2022 por encontrarse trabajando en una empresa afiliada a esa Caja de Compensación, remitiéndose nómina de descuento por la suma de $67.488, siendo remesada por su empleador, la suma de $67.488, durante los meses de diciembre 2022 (descontado en noviembre 2022) y enero 2023 (descontado en diciembre 2022), lo que permitió el pago de las cuotas 3 y 4, de las 60 cuotas pactadas.

Agrega que siempre se practicaron gestiones extrajudiciales para efecto de invitarla a regularizar la deuda, sin intereses y cargos, sólo capital, las que resultaron infructuosas.

Destaca que los descuentos a aplicar en una liquidación de remuneraciones tienen su asidero en el artículo 22 de la Ley N°18.833, aplicación de carácter obligatorio para las Cajas de Compensación, en concordancia con el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y con el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322, aplicación de carácter obligatorio para los empleadores.

Además, hace presente que las facultades que tienen las Cajas de Compensación para ordenar a los empleadores los descuentos de las cuotas impagas, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo, normas que en resumen describen el mecanismo del nombre reservado social, que opera, valga la redundancia, mediante el descuento y retención de la respectiva cuota a pagar del crédito social, en las remuneraciones del trabajador, por parte del empleador y la obligación legal de este de remesar dicho descuento.

En consecuencia, conforme lo expuesto precedentemente, su representada no han vulnerado Garantía Constitucional alguna, no existiendo de su parte una actuación ilegal o arbitraria, por cuanto en todo momento ha obrado conforme a las atribuciones por las que legal y legítimamente se encuentra investida, sin que se haya atribuido, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, funciones que vayan más allá de la normativa vigente que regula esta materia, teniendo además en consideración que, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo, siguen siendo plenamente exigible, atendido que no se ha declarado su prescripción o la obligación se ha extinguido por alguno de los medios legales establecidos en el artículo 1.567 del Código Civil, no siendo procesalmente el recurso de protección la vía idónea, atendido que la deuda es de pleno conocimiento de la recurrente.

En síntesis y conforme lo expuesto, su representada no ha privado, perturbado o amenazado derechos y garantías constitucionales contemplada en el artículo 19 N° 2, N° 3 y N° 24 de la Constitución Política de la República, no obstante lo informado precedentemente y sin reconocer la extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime la recurrente en el presente recurso de protección la Caja de Compensación viene en informar el cese de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente y la devolución de los descuentos efectuados en noviembre y diciembre 2022, por la suma total de $134.976, por cuanto a la fecha no se ha contabilizado otra remesa.

En estas circunstancias, solicita el rechazo de la acción de protección incoada por cuanto ha perdido oportunidad toda vez que su representada accede al cese del descuento y restitución solicitada.

Acompaña Dictamen 2659-2020 de 12 de agosto de 2020 de la Superintendencia de Seguridad Social.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, el acto que la recurrente reprocha como arbitrario e ilegal consiste en el descuento que comenzó a efectuarse en su remuneración a partir del mes de noviembre de 2022, habiendo transcurrido aproximadamente 10 años desde que se le otorgó un crédito social contraído con la Caja de Compensación La Araucana.

A su juicio, en tales circunstancias, debe concluirse que la recurrida ha actuado de manera caprichosa e injustificada al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan. Tal beneficio, en la especie, resultaba improcedente, considerando el extenso lapso (más de 10 años) que alcanzó a transcurrir, sin que se hubieren llevado a cabo por la acreedora acciones tendientes a cobrar el crédito, con lo que su actual decisión de requerir el pago a través de esa vía especial deviene en antojadiza, sin perjuicio de su derecho para perseguir la obligación por los medios legales ordinarios, a fin de salvaguardar el fondo social.

SEXTO: Que, siendo este proceder de la recurrida, manifiestamente arbitrario, corresponde que sea declarado y se otorgue protección a la recurrente, pues de lo contrario la Caja de Compensación recurrida obtendría un reconocimiento de la jurisdicción a su actuación arbitraria y podría mantenerlo permanentemente en el futuro y con quienes estime procedente, al igual que todas las otras Cajas que integran este sistema de prestaciones sociales, sin que el Estado pueda amparar estas conductas ni esta forma abusiva de ejercer sus atribuciones por parte de una entidad privada que presta un servicio público asistencial, especialmente en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo.

SÉPTIMO: Que el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada, vulnera el derecho de propiedad de la parte recurrente sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos, los que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso, como se adelantó, debe ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado y Lillo, en favor de doña nombre reservado, en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN Y ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA y, en consecuencia, se ordena a la recurrida abstenerse de continuar obteniendo el pago de los créditos sociales otorgados a la actora vía descuentos de sus remuneraciones, como asimismo deberá proceder la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana a la devolución de los montos indebidamente descontados, sin perjuicio de su derecho a perseguir el cobro por la vía jurisdiccional pertinente.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro señor Iván Corona Albornoz.

Rol N° 10.100-2022 (Protección). -