Protección contra Empresa Ingeniería y Maquinarias Real Spa

nombre reservado y otros Empresa Ingeniería y Maquinarias Real Spa Recurso de Protección Rol Nº 1009-2021 La Serena, tres de noviembre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, empresaria, domiciliada en domicilio reservado; don nombre reservado, académico, domiciliado en domicilio reservado, y doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, quienes deducen recurso de protección en contra de la Empresa Ingeniería y Maquinarias Real Spa, representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado; en contra de la Dirección Regional de Vialidad, Región de Coquimbo, representada legalmente por su Director Regional, Oscar Vilches Estay, ambos domiciliados en domicilio reservado; en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente, representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado; en contra de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas de la Región de Coquimbo, representada legalmente por su Director Regional Luis Muñoz Lenck, ambos domiciliados en domicilio reservado, y en contra de la Corporación Nacional Forestal de la Región de Coquimbo, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Sostienen que la acción de protección se entabla en razón y por causa de dos circunstancias diversas: en contra de la Empresa Ingeniería y Maquinaria Real SpA, por la acción concreta y permanente que desarrolla a diario, botando escombros rocosos de gran tonelaje y residuos pétreos, en diversos lugares de la Localidad de Las nombre reservado, de manera ilegal, arbitraria y transgrediendo todo tipo de normativa legal, tanto la medio ambiental aplicable, como la propia ley del contrato que los liga a la Dirección de Vialidad-MOP; en contra de los otros recurridos, se interpone el recurso por su omisión, también permanente, de manera arbitraria y, por sobre todo, ilegal, de sus atribuciones y facultades en los distintos ámbitos de competencia que les entrega la ley, por cuanto han tomado conocimiento de lo ocurrido en las Riberas del Rio Elqui, áreas verdes de la Localidad de Las nombre reservado, Parque Comunitario y terrenos ribereños, propiedad de particulares, sosteniendo que las 4 instituciones y organismos públicos recurridos; VIALIDAD, DOH, CONAF y SESMA, se han limitado a ser meros espectadores del desastre medioambiental que se está generando en la Localidad de Las nombre reservado, derivando toda responsabilidad a la a la Dirección de Vialidad, sin tomar sobre sí, su deber de fiscalización ante la intervención del cauce del Rio Elqui que se está realizando a diario, hasta el día de hoy.

Sostienen que, de manera absolutamente arbitraria e ilegal, la conducta y acto recurridos, como las omisiones descritas, han transgredido las normas legales procedimentales y sustanciales y, especialmente, las de rango constitucional que fundan el recurso.

Refieren que con fecha 30 de octubre de 2020 se ha dado comienzo a un contrato de ejecución de obra pública, denominado, “Conservación Periódica Ruta 41 CH Camino Internacional Gabriela Mistral, Sector Cruce Las nombre reservado, D.M 21.050 a DM 21.680, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo”, contrato suscrito entre la Dirección Regional de Vialidad-MOP y La Empresa Ingeniería y Maquinarias Real SPA, ya individualizada, siendo, por ende, la inspección fiscal, de cargo y responsabilidad de la Dirección Regional de Vialidad Región de Coquimbo del Ministerio de Obras Públicas.

Señalan que, con motivo del desarrollo de este contrato, se está realizando un trabajo de eliminación de parte de un cerro de gran envergadura, denominado Cerro Pan de Azúcar, ubicado en el Cruce de la Ruta 41 CH y el Acceso a La Localidad de Las nombre reservado, cerro que impedía el ensanchamiento de la ruta en que se desarrolla el contrato, por lo que se está removiendo la mayor parte de este cerro, mediante su dinamitación y excavación con maquinarias de grandes dimensiones.

Sostienen que, junto con la destrucción del cerro referido, se ha dañado y destruido toda la flora y fauna que aquel contenía, por la extracción y producción de una gran cantidad de rocas de inmensas dimensiones y peso, cuya disposición final se está haciendo sin ningún tipo de control, ni criterio de protección del entorno; que ante la falta de control y supervisión de los órganos del Estado involucrados, la Empresa Ingeniería y Maquinarias Real SPA, está disponiendo de este material rocoso, botándolo en áreas verdes, Ribera del Rio Elqui y predios de particulares, a orillas del Río Elqui, y que con esta acción irresponsable y destructiva, se está alterando el entorno natural de muchas especies vegetales y animales, además, de alterar, artificialmente el cauce del Rio Elqui.

Añaden que, en el marco de las actividades descritas y denunciadas por este recurso, se han hecho diversas, solicitudes a los distintos órganos del Estado e instituciones públicas involucradas, sin lograr su acción concreta en fiscalizar o recabar los antecedentes pertinentes y, menos aún, una visita a terreno para observar la evidente acción ilegal que se está desarrollando y su fiscalización, a saber, la Corporación Nacional Forestal de La Región de Coquimbo, Superintendencia del Media Ambiente, Dirección de Obras Hidráulicas-MOP y Vialidad Región de Coquimbo; que ante estos organismos e instituciones públicas, se realizaron presentaciones por particulares, para tratar de obtener una intervención y fiscalización, de acuerdo a la Ley 20.283 y su Reglamento, para procurar la protección de especies vegetales y animales que están viendo afectado su hábitat y para frenar la destrucción de la Ribera del Rio Elqui; que se ha pretendido, además, proteger especies de árboles que habitan en la ribera del Rio Elqui, como maiten (Maytenus boarias), romero de tierra (bacharis linearis), huingán (Schinus polygamus), pimiento (Schinus molle), culén, cola de caballo, hierba buena, cortadera, verbena 3 esquinas y espinos nativos, entre otros; que también, de manera consecuencial, se ha tratado de proteger, mediante esta solicitud, especies animales como; picaflor del norte, picaflor chico, picaflor gigante, garza chica, garza grande, chincoles, queltehue, cachuditos, fio fio, tenca, zorzales, aguilucho, tiuque, entre otros.

Arguyen que, en este contexto del actuar sin control por parte de la empresa recurrida, diversos particulares han tratado de sacar provechos económicos, “ganando espacios al Rio Elqui”, mediante la acumulación de material rocoso en sus terrenos. De esto dan cuenta contratos que se acompañan más adelante, que muestran los acuerdos entre la empresa recurrida y particulares para la disposición del material resultante de la tronadura y remoción de rocas del Cerro Pan de Azúcar; que en este mismo orden de ideas, se contrató con la Junta de Vecinos del Sector, a través de su representante legal, para permitir el “botadero de rocas” dentro del Parque de la Localidad de Las nombre reservado, causando un daño irreparable a ese lugar de recreación, esparcimiento y resguardo de flora y fauna silvestre nativo. El uso de esta área verde, constituida por un parque y camping que se encuentra a orillas del Rio Elqui, sigue generando, día a día, un mayor perjuicio que nadie quiere atender, a pretexto de ser responsabilidad de otros, siendo ese “otro”, la Dirección Regional de Vialidad Región de Coquimbo, quien se niega a ejercer sus atribuciones de fiscalización y regulación que le competen.

Indican que la empresa ha logrado que algunos particulares, consientan o autoricen el depósito de este material en sus predios colindantes con el Rio Elqui, con la finalidad de ganarle espacio al rio, en beneficio propio, logrando mayor superficie utilizable, de manera subrepticia y exenta de todo control o asesoría técnica del organismo encargado (Dirección Regional de Vialidad Región de Coquimbo y Dirección de Obras Hidráulicas-MOP).

En cuanto al acto recurrido, afirman que está constituido por el conjunto de acciones que a diario está realizando la Empresa Ingeniería y Maquinaria Real SPA, ya individualizada, en cuanto desarrollar las obras descritas, con absoluto desprecio a la normativa medioambiental; en específico, se está destruyendo el entorno natural existente en la Zona de Las nombre reservado, en las Riberas del Rio Elqui. Se bota escombro (rocas de gran tonelaje) de manera antojadiza e irresponsable, en espacios que se pretende ganar al rio, en áreas verdes, Parque, humedales, etc.

Reiteran que se debe hacer hincapié, que el acto recurrido es la acción concreta de botar y disponer, grandes rocas y material rocoso, en los lugares descritos y sin ningún tipo de supervisión o control; basta una inspección en terreno, de cualquiera de las instituciones u organismos públicos recurridos, para verificar la existencia del material dispuesto de la forma ilegal descrita; que dicho hecho ilegal y arbitrario se desarrolla a diario, así como la omisión de parte de las instituciones y organismos públicos cuyas competencias se encuentran comprometidas en esta materia.

Citan y transcriben disposiciones legales y reglamentarias aplicables en el caso.

En cuanto a las garantías fundamentales que sostienen han sido conculcadas, ellas son las contempladas en el art. 19 de la Constitución Política de la República, en sus numerales 2 y 8, esto es, la igualdad ante la ley y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, indicando que la primera de ellas se vulnera principalmente en el irrespeto de las normas que rigen el ejercicio de toda función pública, toda vez que las instituciones y organismos públicos recurridos, se han mantenido en absoluta omisión de ejercer sus facultades legales y de supervisión en los temas que les son entregados por la ley para salvaguardar el imperio del derecho y el debido cuidado del entorno natural y medio ambiental, lo que genera que los recurrentes están recibiendo un trato discriminatorio por parte de todas las autoridades recurridas, al no recibir un justo trato apegado a la ley y el recto desempeño que debe guiar a todo funcionario que se apegue a la legalidad y probidad administrativa, añadiendo que la ilegalidad y arbitrariedad en el acto recurrido se manifiesta por cuanto las normas legales citadas por los recurrentes han sido transgredidas, por todos los recurridos, en dos sentidos; la empresa recurrida, todos los días en cuanto vulnera la legislación medio ambiental, dañando la Ribera del Rio Elqui y diversos sectores de la Localidad de Las nombre reservado, dañando espacios naturales, especies vegetales y animales, provocando un perjuicio inmenso e irreparable a quienes viven en el sector; y en segundo término, todas las instituciones y organismos públicos recurridos “pecan” por omisión, de manera permanente y sostenida, al no ejercer de manera continuada y, hasta el día de hoy, sus atribuciones y deberes, tendientes a fiscalizar y hacer cumplir la ley en el ámbito de cada una de sus atribuciones, en pro del bien común.

En cuanto a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, señalan que la actual Constitución Política de la República contempla dicha garantía en su art. 19 n.° 8, el cual asimismo, dispone el deber del Estado de velar para que el derecho señalado no sea afectado y de tutelar la preservación de la naturaleza y que, al concluir dicho artículo, la Carta Fundamental establece que la ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el ambiente; que de esta manera, el que por causa de actos u omisiones ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio del derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, imputable a una autoridad o persona determinada, podrá por medio del recurso de protección recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva para que se restablezca el imperio del derecho, ello sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, lo que queda en evidencia de todo lo narrado, lo cual se trata de graficar en su extensión temporal y gravedad, a través de set de fotografías que acompañan al recurso.

Hacen presente, que han procurado, pacientemente, la intervención de diversas instituciones públicas para lograr el respeto de la ley, sin embargo, sólo ha encontrado negativas, evasivas y omisión, ya que estando en conocimiento de lo que acontece y, ser de público conocimiento, pues basta transitar por el sector y observar, para advertir la improvisación y actuar negligente y abusivo, nadie quiere intervenir, esperando que todo lo oculte el tiempo.

Concluyen solicitando se acoja el recurso deducido y, en definitiva, se ordene que los Recurridos cesen en los actos y omisiones, ilegales y arbitrarios, tomándose todas las medidas necesarias que esta Corte de Apelaciones determine, con expresa condenación en costas.

Acompañan a su recurso documental consistente en: 1.- Set de 10 fotografías que darían cuenta de la disposición indiscriminada del material rocoso y pétreo, residual, de obras realizadas en Cruce Las nombre reservado de La Ruta 41 CH, en lugares no permitidos y en perjuicio de la vegetación y fauna del sector, en contravención a la legislación aplicable a la especie; 2.- Solicitud ante la Superintendencia del Medio Ambiente, acerca de la destrucción de especies protegidas por Ley 20283 y su Reglamento. 3.- Carta de Particulares que solicitan disposición ilegal de residuos rocosos, para hacer defensas en ribera de Rio Elqui. 4.- Contrato Privado entre Empresa Recurrida Ingeniería y Maquinarias Spa y Particular, para disponer o botar escombros rocosos 5.- Respuesta de la Superintendencia del medio Ambiente, acerca de solicitud de información por la disposición ilegal de escombros rocosos en las Riberas del Rio Elqui al margen de la ley y sin supervisión o apoyo técnico de la Inspección Fiscal, ni DOH-MOP. 6.- Oficio Respuesta DOH, ante solicitud de un particular.

Por su parte, comparece doña nombre reservado, en representación de la Superintendencia del Medio Ambiente (“SMA”), informando al tenor del recurso, quien alega en primer término la falta de legitimación activa de los recurrentes, indicando que es una exigencia para la procedencia de la presente acción la existencia de un perjudicado o agraviado, esto es, una persona determinada que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de sus derechos; que ha sido reiteradamente sostenido por la Excma. Corte Suprema que el recurso de protección no constituye una acción popular, sino que corresponde al directamente lesionado con el acto u omisión que se reclama, por lo que debe demostrarse por quien lo impetra un interés jurídico en su resultado; que en el presente caso los recurrentes señalan como omisión vulneradora de sus derechos, la falta de activad o fiscalización ante una denuncia que no ha sido presentada por ninguno de los recurrentes de autos; que la denuncia ID-107-IV-2021, fue presentada por don nombre reservado, quien no es recurrente en esta acción de protección; que por lo tanto, no hay un interés legítimo ni directo por parte de los recurrentes, respecto a la omisión imputada a la Superintendencia, en cuanto a la denuncia efectivamente presentada.

Arguye que, si los recurrentes desean que la Superintendencia investigue un determinado hecho, lo mínimo que deben hacer es denunciarlo de forma de tomar el carácter de interesado en la investigación; de lo contrario, malamente podría alguna omisión en las facultades de la Superintendencia en la tramitación de una denuncia que no existe.

Añade que la Superintendencia ha dispuesto en su página web de un portal de denuncias online2, lo que hace aún más accesible la presentación de una denuncia.

Sostiene además que, respecto al ORD. Nº 125, de fecha 05 de mayo de 2021, acompañado por la recurrente, corresponde a la respuesta a la solicitud de información pública realizada por la Sra. nombre reservado, quien sí es recurrente en estos autos, pero que, sin embargo, tal como consta en el oficio antes mencionado, efectivamente se dio respuesta a la recurrente, en forma oportuna y acorde a la Ley 20.285, sobre acceso a la información pública. Por lo tanto, la recurrente no puede ser considerada como una persona efectivamente lesionada por una supuesta omisión de la Superintendencia, cuando, por el contrario, existe un acto formal de respuesta.

Refiere asimismo que, incluso si se considera a la Sra. nombre reservado como lesionada por la respuesta de la Superintendencia, el recurso de protección sería extemporáneo, ya que la respuesta a la solicitud de información es de fecha 05 de mayo de 2021, y fue notificada, vía correo electrónico, el mismo día, en circunstancias que el recurso de protección fue presentado el día 21 de junio de 2021.

Indica que, si bien los recurrentes señalan en su recurso que residen en la comuna de La Serena, ellos no especifican la manera en que sus derechos resultan vulnerados, pues solo se limitan a denunciar de forma genérica que se ha vulnerado la garantía constitucional de su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y la de igualdad ante la ley, presentándose un interés difuso en la especie que no se encuentra debidamente singularizado; cita jurisprudencia al efecto.

Posteriormente, la informante indica que los recurrentes no atribuyen ninguna acción u omisión a la Superintendencia del Medio Ambiente, el recurso no menciona ningún acto u omisión que pueda ser dirigido directamente a la Superintendencia del Medio Ambiente, ni tampoco una pretensión concreta y debidamente individualizada respecto de dicho servicio, razones por la cuales el recurso debe ser rechazado respecto del actuar de la informante, quien no ha sido emplazada con ninguna alegación concreta en el recurso.

Reitera que el servicio ha actuado en función de sus competencias y acorde a su mandato legal, indicando que con fecha 04 de abril de 2021, la Superintendencia recepcionó la denuncia del Sr. nombre reservado, por motivos de afectación de vegetación y fauna nativa, principalmente; que posteriormente, con fecha 09 de abril de 2021, la Oficina Regional de Coquimbo de la Superintendencia del Medio Ambiente, mediante el ORD. ORC Nº 150, declaró su incompetencia para conocer y sancionar los hechos denunciados y derivó los antecedentes a la Corporación Nacional Forestal, por lo que, al contrario de lo planteado por los recurrentes, la Superintendencia efectivamente actuó en el caso de la denuncia ID 107-IV-2021, y resolvió de forma legal, por lo que, en consecuencia, la supuesta omisión no es efectiva.

Agrega que, por otra parte, con fecha 07 de abril de 2021, la Superintendencia recibió un requerimiento de información pública Nº AW003T0005370, por parte de la recurrente en estos autos, la Sra. nombre reservado, y que mediante el Ord. Nº 1525 SMA 2021, de fecha 05 de mayo de 2021, la Superintendencia respondió a la solicitud de información antes mencionada; por lo tanto, al igual que para el caso de la denuncia, la Superintendencia efectivamente respondió a los requerimientos hechos a propósito de los hechos que se denuncian en el recurso, no configurándose ninguna omisión al respecto; que una cosa diferente es que la respuesta otorgada por el Servicio no esté en la línea pretendida por los recurrentes, hecho que no supone una omisión en los deberes legales ni en las facultades fiscalizadoras y de sanción de la SMA, como pretende hacer ver el recurso de autos.

Luego, sostiene la informante que la Superintendencia no es competente respecto a los hechos denunciados en el recurso y por lo tanto, no puede fiscalizar o sancionar hechos respecto a los cuales no está mandatada por el legislador, por lo que no existe ninguna acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de la Superintendencia, que está obligada por el artículo 7º de la Constitución Política de la República a actuar solamente dentro de sus competencias, citando al efecto normas de su Ley Orgánica, que dispone que el actuar de la Superintendencia se enmarca en el seguimiento y fiscalización de los instrumentos de carácter ambiental que establezca la ley, esto, sin perjuicio de las competencias y facultades de fiscalización que tengan otros organismos del estado, y que la mantención de las competencias ambientales que tengan otros organismos del Estado y su reconocimiento en la ley orgánica señalada es una manifestación del principio de coordinación administrativa, que, en el caso de autos, es precisamente el que se cumplió cabalmente con el actuar de la Superintendencia, mediante el ORD. ORC Nº 150.

Añade que no existe una omisión en su deber de fiscalización, como incorrectamente acusan los recurrentes, porque los Servicios Públicos no pueden actuar fuera del marco establecido por el legislador, y que al declararse incompetente derivó los antecedentes al organismo competente en la materia, conforme al principio de coordinación entre los organismos del estado, por lo que su actuar cauteló adecuadamente los derechos de los interesados en las solicitudes realizadas ante ella.

Señala que, en cuanto a las alegaciones de daño ambiental que se desprenden del recurso de autos, la Ley N° 20.600, en su artículo 17, establece dentro de las competencias de los Tribunales Ambientales, conocer de las demandas para obtener la reparación por daño ambiental; que en tal sentido, la demanda por reparación de daño ambiental constituye una acción judicial destinada a obtener en materia ambiental, la reparación de un daño ocasionado por un demandado, mediante la declaración, por parte del Tribunal Ambiental, de que por la acción u omisión de una persona natural o jurídica se ha generado un daño ambiental, y que, por tanto, se le condene a repararlo.

Solicita en definitiva el rechazo del recurso de protección deducido en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Acompaña a su informe documental consistente en Denuncia ID 107-IV-2021; ORD. ORC. Nº 150, de fecha 09 de abril de 2021; ORD. Nº 1525, de fecha 05 de mayo de 2021.

Por otra parte, comparece don Oscar Vilches Estay, Director Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, quien informa el recurso deducido en contra de dicho servicio, indicando en primer término que el recurso se deduce con ocasión del conjunto de acciones que a diario está realizando la Empresa Ingeniería y Maquinaria Real SpA, al desarrollar las obras descritas en el recurso, con absoluto desprecio a la normativa medioambiental y sin ningún tipo de supervisión o control, destruyendo el entorno natural existente en la localidad de Las nombre reservado, en las riberas del Río Elqui, botando escombros de manera antojadiza e irresponsable, en espacios que se pretenden ganar al río, en áreas verdes, parques y humedales, y que asimismo se recurre en contra de la omisión del deber de fiscalización y control que pesa sobre las instituciones y organismos públicos cuyas competencias se encuentran comprometidas en la materia.

Posteriormente, el informe refiere in extenso aspectos relativos a los antecedentes del contrato y descripción del proyecto que se ejecuta, tratándose de una obra que busca mejorar el Camino Internacional Gabriela Mistral, señalando aspectos técnicos de la misma, describiendo los trabajos a realizar, sosteniendo asimismo que la ejecución de estos es una actividad fuertemente regulada a través de un conjunto de normas establecidas en el contrato de obra pública; al efecto, cita normativa específica.

Cita asimismo el informante disposiciones del D.F.L. N° 850, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas, que establece la competencia de la Dirección de Vialidad, y las disposiciones aplicables a la Ruta 41 CH, Camino Internacional Gabriela Mistral.

Alega la inexistencia de una omisión ilegal imputable al Ministerio de Obras Públicas, indicando que no es efectivo que la ejecución de las obras y en particular, la extracción de roca, se haya ejecutado sin control de la Dirección Regional de Vialidad, correspondiendo a la Administración, la fiscalización del contrato de obra pública a través del Inspector Fiscal, indicando, en síntesis, que las labores de fiscalización se materializaron en supervisiones oculares realizadas en terreno una vez a la semana, verificando que la ejecución de las obras del proyecto se ajustara al plan de trabajo, a las especificaciones técnicas y en general a la normativa del contrato, de lo cual se dejó constancia en el Libro de Obras, verificándose asimismo el cumplimiento, por parte del contratista, de los permisos con que debía contar para ejecutar las labores de fragmentación de rocas mediante explosivos y para tránsito de camiones que transportaban el material a los botaderos autorizados, otorgados por Carabineros de Chile y por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, respectivamente, señalando además que, respecto de los trabajos ejecutados en la ribera del río y aun cuando las obras de enrocado se coordinaron entre la DROH y la SEREMI de Obras Públicas, verificar de qué forma se estaba realizando, lo que se hizo a través de una inspección visual.

Añade en su informe que el proyecto se ha ejecutado observando criterios de protección del entorno, por cuanto el contrato de obra pública establece diversas y numerosas obligaciones ambientales y en su diseño, incorpora una serie de medidas de carácter ambiental que aseguran que los distintos componentes ambientales se encuentran debidamente protegidos; cita y transcribe al efecto normas relativas a las Especificaciones Ambientales Generales, como asimismo del Manual de Carreteras.

Por otra parte, sostiene el informe que las obras de refuerzo de la orilla del Río Elqui, se han ejecutado a solicitud de los propietarios ribereños, bajo la coordinación de la SEREMI de Obras Públicas y la Dirección Regional de Obras Hidráulicas y, en todo caso, ceden en beneficio de los mismos, evitando consecuencias provocadas por el desborde del río.

Refiere que, producto del desborde del Río Elqui del año 2017, y a fin de evitar futuras socavaciones, se solicitó por los mismos, a través de presentación realizada por doña nombre reservado en representación de 20 firmantes, respaldar el pretil de seguridad conformado entre el año 2017 y 2018 por la Dirección Regional de Obras Hidráulicas, proponiendo utilizar las rocas y material extraído del cerro y acopiado producto de los trabajos que Vialidad está realizando en la Ruta CH-41 y eliminar la curva en el Km. 21, para lo cual resultaba necesaria la instalación de un enrocado de protección; indica que esa presentación, de marzo de 2021, aparece suscrita por doña nombre reservado, recurrente de autos, sosteniendo en una cuestión distinta e incongruente con lo sostenido en el recurso que se analiza, además de que tal situación daría cuenta de la extemporaneidad de la acción de protección deducida.

Señala que el MOP, a través de su SEREMI y dadas las solicitudes de la comunidad, con miras a otorgar seguridad de los propietarios ribereños, acogió la solicitud referida; acompaña ilustración del emplazamiento del depósito de rocas para protección de la ribera, y que la Inspección Fiscal del Contrato, a solicitud del Director Regional de Vialidad de la Región de Coquimbo, supervisó los trabajos de colocación de rocas, por lo que no es efectivo que el servicio recurrido haya omitido su deber de fiscalización frente a la acción de la empresa contratista, la cual ha actuado dentro de los límites del contrato y en conformidad a las directrices otorgadas por la Inspección Fiscal.

Asimismo, arguye la informante que el depósito de rocas no ha afectado humedales aledaños, el cauce del Río Elqui, no se ha realizado corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, reiterando que, a fin de ejecutar las obras necesarias para los fines del contrato, se realizaron trabajos de remoción y extracción de roca, sin afectar los componentes ambientales que señalan los recurrentes, señalando asimismo que, conforme a la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, en la zona de ejecución de las obras no existen especies nativas o autóctonas que hubieren ameritado protección, sino únicamente vegetales que crecieron producto del aumento del agua, y ejemplares de aromos, los que no se intervinieron, y que además no son categorizados en alguno de los sistemas de conservación, cuestión similar a lo que ocurre con la fauna, que no se visualiza en el sector, no existiendo riesgo de afectación de ese componente.

Indica que, conforme al Decreto N° 93, artículo 3° inciso 3°, citado por los recurrentes, la presentación y aprobación previa por la CONAF de un plan de trabajo, procede cuando se reúnen la totalidad de las condiciones que la norma enumera, de donde surge que tampoco correspondía tramitar el permiso, dado que no se cumple con los presupuestos que indica.

Insiste que la disposición de rocas a orillas del Río Elqui obedeció a la solicitud de los propietarios que soportaron las consecuencias del desborde ocurrido el año 2017, sin que dichas obras impliquen el depósito de residuos o escombros o que modifiquen el curso del agua, indicando algunos aspectos respecto de las obras ejecutadas, sosteniendo que en cumplimiento de las especificaciones ambientales, se han adoptado medidas por la contratista, lo que ha impedido la afectación de los componentes ambientales que manifiestan los recurrentes.

Arguye asimismo que no vislumbra cuál ha sido la omisión que motiva el recurso, pues la parte recurrente sostiene que la Dirección de Vialidad no ha tomado sobre sí su deber de fiscalización ante los hechos que expone, sin que haya invocado precisa y claramente cuáles son las conductas que alega han sido omitidas, citando jurisprudencia.

Por otra parte, sostiene la inexistencia de amenaza o perturbación en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales del artículo 19 N° 2 y 8 de la Constitución Política de la República, refiriendo, en cuanto a la primera garantía señalada, que no es efectivo que se haya configurado un supuesto de afectación de dicho derecho, toda vez que el supuesto trato discriminatorio que señala la parte recurrente en su escrito no pasa de un planteamiento puramente genérico y sin fundamento alguno, y que las solicitudes que esgrime en su presentación no son debidamente individualizadas, ni en cuanto a sus fundamentos, destinatarios o peticiones concretas; asimismo, niega la configuración de una vulneración en el derecho constitucional señalado en el artículo 19 N° 8 de la Carta Fundamental, desde que el contrato ha considerado el cumplimiento obligatorio de un conjunto de obligaciones ambientales, tanto respecto del suelo, flora, fauna, medio humano, emisiones atmosféricas, ruido, vibraciones, etc.

Concluye solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Acompaña a su informe documental consistente en: 1. Antecedentes Generales y Descripción del Proyecto; 2. Especificaciones Técnicas Especiales del Proyecto; 3. Especificaciones Ambientales Generales del Proyecto; 4. Monografía de rol de Caminos de la Dirección de Vialidad de la Región de Coquimbo de 1968; Decreto MOP N° 1055 de 31 de octubre de 1997, que declara caminos nacionales con carácter de internacionales; 5. Decreto MOP N° 127 de 25 de febrero de 2009, que modifica denominación de camino internacional, declara caminos nacionales IV Región de Coquimbo; 6. Resolución DRV Coqbo. N° 1487, de fecha 21 de octubre de 2020, que adjudica Licitación Pública; 7. Presentación de marzo de 2021, de la Sra. nombre reservado, y de los firmantes que indican, dirigida al Director Regional de Vialidad, de Coquimbo; 8. Ord. N° 392, de fecha 14 de abril de 2021, del Director Regional de Obras Hidráulicas de la Región de Coquimbo; 9. Presentación de mayo de 2021, de la Sra. nombre reservado, dirigida al SEREMI de Obras Públicas; 10. Planes de Manejo de Acopio Provisorio de Roca presentado por Ingeniería y Maquinarias Real SpA; 11. Presentación “Botaderos y Acopios Temporales” o “Estatus Botaderos y Acopios”; 12. Pronunciamiento ambiental sobre enrocado en ribera derecha aguas abajo de puente Las nombre reservado, presentado por Ingeniería y Maquinarias Real SpA; 13. Presentación “Enrocado Cauce Río Elqui, sector Las nombre reservado”; 14. Plan de Manejo Integral presentado por Ingeniería y Maquinarias Real SpA; Folios 3, 5 y 12 del Libro de Obras Maestros del Contrato “Conservación Periódica Ruta 41 CH Camino Internacional Gabriela Mistral, Sector Cruce Las nombre reservado, D.M. 21.050 a DM 21.680, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo”.

Por otra parte, comparece don nombre reservado, Director Regional (S) de Obras Hidráulicas, quien informa al tenor del recurso, sosteniendo en primer término que la acción deducida carece de los requisitos exigidos para su ejercicio, dada la ausencia de actos u omisiones ilegales o arbitrarios, indicando que, a mediados del mes de mayo de 2017, en la región de Coquimbo se produjeron eventos hidrometeorológicos de importancia que generaron crecidas de varios cauces naturales, entre ellos el Río Elqui, siendo uno de los sectores afectados por su crecida la localidad de Las nombre reservado, principalmente aguas abajo del puente Las nombre reservado; que el servicio informante realizó trabajos de emergencia con maquinaria pesada para encauzar el río y conformar pretiles de borde con material fluvial en el río para que los pretiles llegaran hasta el borde erosionado, por lo que quedó un espacio considerable entre el terreno erosionado y el pretil conformado como medida de emergencia.

Añade que, en el mes de abril de 2021, tomó contacto con el servicio la Sra. nombre reservado, de la localidad de Las nombre reservado, indicando que en marzo de 2021 había enviado una carta al MOP solicitando reforzar los pretiles antes mencionados, con la roca proveniente de las excavaciones en la Ruta CH-41, obras que están a cargo de la Dirección de Vialidad a través de la empresa Real, carta que tiene fecha marzo de 2021 y que fue dirigida al Director de Vialidad Región de Coquimbo.

Refiere que el servicio realizó una visita a la localidad de Las nombre reservado junto a la Sra. nombre reservado y al profesional residente de la empresa Real, determinándose que efectivamente es una buena medida reforzar los pretiles en su parte posterior, rellenando el espacio existente con rocas, otorgando mayor seguridad al sector ante crecidas del río Elqui, y que, producto de la visita, la Dirección de Obras Hidráulicas responde, mediante el Ord. N° 392, del 14 de abril de 2021, a la Sra, nombre reservado con copia a la Dirección de Vialidad, pronunciándose respecto de la propuesta de reforzar el pretil aprovechando la roca en cuestión, por lo que la empresa Real, autorizada por la Dirección de Vialidad, se dispuso a colocar roca entre el terreno erosionado y el pretil, y la Dirección de Obras Hidráulicas realizaba visitas a la zona para apoyar con lineamientos técnicos en tales labores, manifestando no tener conocimiento de otros sectores en el cual la empresa Real haya dispuesto roca causando daños o afectaciones indicados en el recurso deducido.

Por lo anterior, manifiesta no haber incurrido en acto u omisión ilegal o arbitraria, indicando que los recurrentes no señalan específicamente cuál habría sido la omisión que motiva el recurso en la que habría incurrido el servicio, pues sólo indica que se ha omitido el deber de fiscalización, sin invocar precisa y claramente qué conducta alega haberse omitido, agregando que la Dirección de Obras Hidráulicas no cuenta con facultades fiscalizadoras, sobre todo tratándose de un contrato de otro servicio del Ministerio de Obras Públicas.

Concluye solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Por su parte, comparece don nombre reservado, en representación de Ingeniería y Maquinarias Real SpA, informando al tenor del recurso, sosteniendo en primer término, en cuanto a lo señalado en el recurso de realizar la “acción concreta y permanente, que desarrolla a diario, botando escombros rocosos de gran tonelaje y residuos pétreos, en diversos lugares de la localidad de Las nombre reservado, de manera ilegal, arbitraria y transgrediendo todo tipo de normativa legal, tanto la medio ambiental aplicable, como la propia ley del contrato que lis liga a la Dirección de Vialidad-MOP”, ello no es efectivo toda vez que, en el marco de las obras propias del contrato adjudicado, cuyos aspectos técnicos fueron latamente descritos en el informe evacuado por la Dirección de Vialidad, la extracción de material rocoso del denominado Cerro Pan de Azúcar ha sido depositado en 04 lugares destinados a botadero y acopio, de conformidad al plan de manejo para acopio provisorio de roca, hecho que ha sido refrendado por la Dirección de Vialidad, según consta en su informe, pues de haberse hecho lo contrario, la empresa estaría contraviniendo lo pactado en el contrato, arriesgando sanciones y multas.

Añade que, en cuanto a la denuncia que “se está realizando un trabajo de eliminación de parte de un cerro de gran envergadura, denominado Cerro Pan de Azúcar, ubicado en el cruce de la ruta 41 CH y el acceso a la localidad de Las nombre reservado…, se ha dañado y destruido toda la flora y fauna que aquel contenía, por la extracción y producción de una gran cantidad de rocas de inmensas dimensiones y peso, cuya disposición final se está haciendo sin ningún tipo de control, ni criterio de protección del entorno… la empresa Ingeniería y Maquinarias Real SpA, está disponiendo de este material rocoso, botándolo en áreas verdes, Ribera del Río Elqui y predio particulares, a orillas del Río Elqui…”, se remite a lo dicho anteriormente, ya que dicha obra es parte de las especificaciones del contrato adjudicado, y en tal contexto, La empresa al realizar la eliminación de ese cerro sólo estaba cumpliendo con sus obligaciones contractuales; que además, en la ejecución de dichas obras, no se afectó vegetación susceptible de protección de la ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo; prueba de ello, es que la propia recurrente señala haber efectuado denuncias ante CONAF Coquimbo, sin que a la fecha se haya cursado a la empresa alguna infracción por tal concepto, ello, precisamente porque no ha transgredido norma alguna, ello sin perjuicio que la recurrente no señala cuándo hizo la supuesta denuncia a la Corporación Nacional Forestal, mucho menos acompaña copia de la misma, como tampoco indica en su libelo cuáles son las especies protegidas que supuestamente fueron destruidas, ni superficie afectada; tampoco se refiere mayormente a la fauna afectada.

Afirma que, en lo que respecta a la supuesta disposición de material rocoso y escombros en áreas verdes, la ribera del Río Elqui y predios particulares, la empresa cuenta con lugares de acopio establecidos, con los respectivos contratos y permisos, por lo que no existe tal afectación, en los términos planteados por los recurrentes, y que en lo que respecta a los trabajos realizados en la ribera del Río Elqui, en el sector de la localidad de Las nombre reservado, responde exclusivamente a la petición de la Dirección de Vialidad, para depositar únicamente material rocoso (no escombros) a fin de respaldar el pretil de seguridad conformado en el año 2018, a raíz de la crecida del río en el 2017, la cual por su envergadura, produjo socavones en toda la ribera hasta el puente Las nombre reservado, llegando al punto de arrastrar viviendas cercanas, debido al caudal y la fuerza del mismo; que, según fue de público conocimiento, una de las graves consecuencias debido a la crecida del río, fue la erosión de los terrenos aledaños al costado poniente del río Elqui, razón por la cual la Dirección de Obras Hidráulicas dispuso entre el 2017 y 2018, maquinaria para generar pretiles con material fluvial que sirvieran de protección en la ribera del río, ante eventuales nuevas crecidas del caudal; que no hubo material suficiente para rellenar el espacio que quedó entre el respaldo del pretil y el terreno erosionado y que en ese contexto, y en consideración a lo solicitado a través de una carta enviada por 20 habitantes del sector Las nombre reservado, dirigida al Sr. Oscar Vilches Estay, Director de Vialidad, en marzo del presente año, mediante la cual los vecinos solicitaron expresamente que se utilizaran “las rocas y material que está siendo extraído del cerro acopiado a un costado de la ruta D41 sector Las nombre reservado, trabajo realizado por Vialidad para ampliar dicha ruta y eliminar la curva en kilómetro 21” para la construcción de defensas fluviales, es que se dispuso el depósito de material rocoso en el espacio entre el pretil de seguridad y el terreno erosionado, conforme se pronunció la Dirección de Obras Hidráulicas de la región mediante ORD. DOH N° 392 de 14 de abril de 2021, es decir, Ingeniería y Maquinarias Real SpA procedió a hacer los trabajos de depósito y refuerzo del pretil antedicho, a solicitud de la Dirección de Vialidad, quien encomendó dicha tarea a petición expresa de los vecinos del sector de Las nombre reservado; insiste que en el lugar sólo se depositó material rocoso, y no escombros como se denuncia falsamente; tampoco se afectó vegetación protegida, pues en el lugar sólo había matorrales que crecieron a raíz de la crecida del agua, como tampoco hubo avistamiento de fauna en el lugar, pues la empresa a fin de precaver cualquier daño, adicionalmente y a su costa, solicitó el informe de un Ingeniero Ambiental para asegurar de que en el proceso no se dañara ni flora ni fauna protegida, el cual igualmente fue acompañado por la Dirección de Vialidad en su presentación.

Finalmente, indica que el recurso refiere que el acto recurrido es “la acción concreta de botar y disponer grandes rocas y material rocoso, en los lugares descritos y sin ningún tipo de supervisión o control; que basta una inspección en terreno, de cualquiera de las instituciones u organismos públicos recurridos, para verificar la existencia del material dispuesto de la forma ilegal descrita.” Indica que, según lo ha señalado en reiteradas oportunidades, la empresa cuenta con lugares establecidos para el acopio del material rocoso, resultante de las obras, por lo que no son efectivos los hechos que se denuncian, cumpliendo a cabalidad con lo establecido en el contrato, actuando siempre conforme a derecho, sin transgredir la normativa que vagamente se señala en el recurso, lo cual ha sido refrendado en el propio informe de la Dirección de Vialidad, pues incluso la disposición de material rocoso a orillas del río Elqui, fue dispuesta y supervisada por un Inspector Fiscal.

Señala que los recurrentes sólo denuncian hechos genéricos, no especificando cuál es el derecho vulnerado en relación a un daño concreto, y mucho menos señalan quién o quiénes serían los afectados, limitándose a hacer aseveraciones difusas que no tienen sustento alguno, pues ni siquiera señalan la fecha en que comenzaron a darse los supuestos actos arbitrarios e ilegales, mucho menos si éstos han cesado o no, es más, el texto mismo del recurso es vago y disperso, pues lanza una serie de acusaciones pero no ahonda en ninguna de ellas.

Añade que, a mayor abundamiento, no es posible comprender cuáles son las acciones u omisiones que denuncian respecto a los servicios públicos recurridos, ya que si bien acusa haber hecho denuncias, en momento alguno indica la fecha de éstas, si es que hubo resultado, y en caso de haber uno, cuál fue, de hecho, no han acompañado un solo documento que dé cuenta de tales denuncias, por lo que incluso dudamos que las hayan realizado, pues de los documentos allegados, hay algunos que son suscritos por personas diversas a los recurrentes y que el recurso tampoco esta interpuesto en su favor.

Sostiene que, en cuanto a las garantías constitucionales que alegan vulneradas, no resiste mayor análisis, pues no se aprecia cómo las obras realizadas por la empresa, en el marco de un contrato vía adjudicación en un proceso licitatorio público, pueda vulnerar el derecho a la igualdad ante la ley de los recurrentes.

Afirma que, en relación con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, no se logra comprender la argumentación en torno a esta garantía constitucional supuestamente conculcada, pues como se ha dicho en reiteradas oportunidades, el recurso carece de antecedentes y hechos concretos, toda vez que los hechos descritos siquiera se enmarcan dentro de la definición que entrega el artículo 2 de “contaminación” o siquiera de “contaminante” que entrega la ley de Bases Generales del Medio Ambiente, a saber: “c) Contaminación: la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, en concentraciones o concentraciones y permanencia superiores o inferiores, según corresponda, a las establecidas en la legislación vigente; d) Contaminante: todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energía, radiación, vibración, ruido, luminosidad artificial o una combinación de ellos, cuya presencia en el ambiente, en ciertos niveles, concentraciones o períodos de tiempo, pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental;”

Refiere que ninguno de los hechos descritos en el recurso, permiten enmarcar la supuesta conducta de la empresa dentro de las definiciones entregadas por la citada ley, como tampoco los recurrentes han aportado antecedentes que permitan establecer que el actuar de mi representada sea contaminante. Incluso, es más, en el recurso acusan la afectación de humedales, sin embargo, desconocemos a qué humedales se refiere, pues según nuestros registros, no existen humedales en la zona de ejecución de las obras. De todas maneras, en el evento de considerarse que la actividad de nuestra empresa provoca algún tipo de daño, la acción de protección no es la vía legal para discutirlo, ya que esas materias son de competencias de los Tribunales Ambientales, y por ende, cualquier acción debe ser sometida al conocimiento de dichos tribunales y no ante esta Corte de Apelaciones.

De acuerdo a lo señalado, ha quedado de manifiesto que el recurso de protección deducido carece de fundamentos, argumentando hechos vagos y dispersos, sin indicar fecha de los hechos, o siquiera si estos han cesado o se han mantenido en el tiempo, tampoco indica quién o quiénes son los afectados y forma concreta de afectación de las garantías constitucionales que invoca, mucho menos acompaña pruebas a este proceso, que permitan siquiera presumir la veracidad de los hechos que alega, motivo por el cual, esta temeraria acción de protección debe ser rechazada en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Acompaña a su informe, documental consistente en 1.- Copia de carta enviada por la Sra. nombre reservado, habitante y representante de los pobladores del sector Las nombre reservado, de marzo de 2021, al Director de Vialidad de Coquimbo, Sr. nombre reservado; 2.- Copia de correo electrónico de fecha 07 de abril de 2021, enviado por el Sr. nombre reservado, funcionario de la DOH a nombre reservado, Ingeniero Residente de Ingeniería y Maquinarias Real SpA. 3.- Copia de ORD. N° 392 de 14 de abril de 2021, de la Dirección de Obras Hidráulicas. 4.- Presentación en ppt. “Botaderos y acopios temporales”, realizado por Ingeniería y Maquinarias Real SpA, en donde constan los lugares predeterminados de acopio temporal del material rocoso en virtud del contrato adjudicado, descartando así la hipótesis de buscar lugares “alternativos para botar escombros”. 5.- Copia de carta de agradecimiento enviada por la Sra. nombre reservado, habitante y representante de los pobladores del sector Las nombre reservado, de 04 de mayo de 2021 al Sr. nombre reservado, Seremi de Obras Públicas de la IV Región. 6.- Presentación en Power Point de abril de 2021, realizado por Ingeniería y Maquinarias Real SpA, en donde se describen los trabajos a realizar en el proceso de enrocado del cauce del río Elqui en el sector Las nombre reservado. 7.- Copia de pronunciamiento ambiental sobre proceso de enrocado en la ribera derecha, aguas abajo del puente Las nombre reservado. 8.- Copia de correo electrónico de fecha 23 de julio de 2021, enviado por el Sr. nombre reservado, funcionario de la DOH a nombre reservado, Ingeniero Residente de Ingeniería y Maquinarias Real SpA. 9.- Copia de correo electrónico de fecha 10 de agosto de 2021, enviado por el Sr. nombre reservado, en representación de la Junta de Vecinos de Las nombre reservado, al Sr. nombre reservado, Ingeniero Residente de Ingeniería y Maquinarias Real SpA. 10.- Copia de carta de agradecimiento dirigida al Director de Vialidad de Coquimbo, de fecha 02 de agosto de 2021, enviada por el Sr. nombre reservado, Director de la 3° Compañía de Bomberos de la localidad de Marquesa-N. Talcuna. 11.- Copia de escritura pública de junta extraordinaria de accionistas, de la empresa Ingeniería y Maquinarias del Real SpA, de fecha 29 de junio de 2016, donde consta la personería de don nombre reservado.

Finalmente, comparece don nombre reservado, abogado, por la recurrida Corporación Nacional Forestal Región de Coquimbo, solicitando el rechazo del recurso de protección deducido, indicando en primer término que, de la sola lectura del recurso, es posible indicar que no se imputa a CONAF ninguna acción u omisión concreta que perturbe, menoscabe o amenace el ejercicio de los derechos constitucionales alegados por los recurrentes; que se limitan los recurrentes a señalar genéricamente, sin mayor precisión y detalle, que CONAF no ejerció sus atribuciones legales de fiscalización consagradas en la Ley Nº 20.283 sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal; que el recurso no cumple con los requisitos para su procedencia, asimismo, tampoco señalan los recurrentes peticiones concretas respecto de CONAF y que en el evento de acoger la acción constitucional se pudiesen decretar.

Añade que sin perjuicio de las falencias del recurso denunciadas precedentemente, CONAF respecto del Proyecto “Conservación Periódica Ruta 41 CH Camino Internacional Gabriela Mistral, Sector Cruce Las nombre reservado, D.M 21.050 a DM 21.680, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo”, ha ejercido sus facultades legales de fiscalización cuando han sido requeridas por los propios recurrentes o bien de oficio; que con fecha 04 de abril de 2021 ingresaron al sitio web institucional de CONAF, tres denuncias ciudadanas que informaban de trabajos de movimiento de tierra y vertimiento de escombros en la ribera del río Elqui, en la localidad de Las nombre reservado, comuna de La Serena. Posteriormente, con fecha 09 de abril de 2021 y en similar tenor, la Superintendencia del Medio Ambiente derivó a su representada por medio del Ord. Nº 150, una cuarta denuncia ciudadana por los mismos hechos; que, atendiendo las denuncias ciudadanas, funcionarios fiscalizadores de la OP. Elqui de CONAF se constituyeron en el lugar con fecha 21 de abril de 2021, constatando que la empresa recurrida Ingeniería y Maquinaria Real S.A. se encontraba realizando trabajos en la ribera del río Elqui, sin intervenir formaciones vegetacionales reguladas por la ley Nº 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Conforme a aquello, la Oficina Provincial Elqui de CONAF emitió las respectivas respuestas de las denuncias ciudadanas, respuestas cuyo tenor transcribe en el informe.

Refiere que en la inspección los fiscalizadores constataron en un área cercana a los trabajos, la existencia de un bosque nativo y con el objeto de prevenir una intervención ilegal, se emitió la Carta N° 25 de fecha 29 de abril de 2021 dirigida a la recurrida de autos, la que indica: “En el marco de las facultades fiscalizadoras que detenta la Corporación Nacional Forestal y de la actividad de fiscalización realizada en el predio individualizado previamente con fecha 21 de abril de 2021, cumplimos con informar que aquel cuenta con recursos forestales regulados en la normativa forestal administrada por esta institución, y que se componen de lo siguiente: Presencia de Bosque Nativo compuesto principalmente por individuos de las siguientes especies: Schinus polygamus o “Huingán” Maytenus boaria o “Maitén” Salix humboldtiana o “Sauce chileno” Especies que, según el D.S. Nº68 del Ministerio de Agricultura, correspondería a especies arbóreas originarias del País. Cabe precisar que la visita a terreno se realizó en el sector del “Camping Las nombre reservado” ubicado en la ruta D-325, como también en otro sector aledaño al puente de Las nombre reservado en la comuna de La Serena, con el objeto de realizar un procedimiento de fiscalización a propósito de una denuncia ciudadana que indicaba que se estarían desechando áridos provenientes de una obra realizada por su empresa, cuyo jefe de obras, según la información recabada en terreno es don nombre reservado. Esta faena se encuentra funcionando en las cercanías del cruce de la ruta 41 con la ruta D-325. Si bien, no se detectaron infracciones manifiestas a la regulación pertinente por parte de la empresa, ya que el vertimiento está siendo realizado en zonas aledañas al bosque, éstas acciones son potencialmente peligrosas para la vegetación antes mencionada pues, eventualmente, podrían existir un escurrimiento, ya sea por acción del viento o producto de la pendiente, precipitaciones o bien por un desborde del río, hacia el área boscosa, lo que podría generar diversos efectos adversos sobre el área tales como: el desmoronamiento o desenganche de individuos, impedimento de la regeneración natural, problemas en la infiltración del agua, alteración del hábitat para la flora y fauna, entre otros. Conforme al artículo 5º de la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, la formación señalada acorde a los objetivos de protección y uso sostenible de los ecosistemas forestales y sus elementos asociados, requiere de la observancia de las prohibiciones, requisitos y condiciones técnicas y legales que regula la legislación forestal para su intervención y, en caso que se encuentre permitida, requiere de la previa presentación y aprobación del respectivo instrumento de gestión ambiental-forestal ante la Corporación. Por otra parte, la intervención ilegal de esos recursos forestales se encuentra sancionada en los artículos 51º y siguientes de la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, con el pago de una multa a beneficio municipal y, en cualquier caso, con la corrección de la infracción por medio de la presentación y posterior ejecución del correspondiente instrumento de gestión ambiental-forestal. Todo lo cual, se ventila en un proceso judicial de competencia del Juzgado de Policía Local competente, donde la Corporación actúa como denunciante y cuyos fiscalizadores tienen el carácter de ministros de fe en sus actuaciones. En caso de consultas favor dirigirlas a esta Oficina Provincial, en los siguientes canales de contacto: Correo OIRS: correo reservado Teléfono: teléfono reservado Correo funcionario encargado provincial: correo reservado. Esperando el cumplimiento de la normativa forestal y preocupación por los recursos forestales presentes en el predio indicado.”

Agrega que, con posterioridad a las cuatro denuncias ciudadanas y sus respectivas respuestas, el Servicio Forestal no ha vuelto a recibir nuevas denuncias, ni tampoco reclamo alguno de los denunciantes, una de ellas recurrente de autos, respecto del tenor de la respuesta institucional.

Refiere que, sin perjuicio de lo anterior, con fecha 16 de agosto de 2021, de oficio funcionarios fiscalizadores de la Oficina Provincial Elqui de CONAF, concurrieron nuevamente al lugar previamente fiscalizado, constatando que no se verificaron cambios respecto a lo observado en la fiscalización realizada en día 21 de abril de 2021, esto en relación a las áreas donde se ha vertido material en las riberas del río Elqui donde no existe vegetación regulada por la normativa forestal. Respecto de la zona de bosque nativo que se encuentra al interior del camping administrado por la Junta de Vecinos, no se pudo acceder dado que los dos portones de acceso se encontraban cerrados con candado, sin embargo, es posible inferir fundadamente que dicha formación no ha sido afectada, esto debido al hecho que no existe evidencia de circulación de camiones además de encontrarse obstruido en acceso a todo tipo de vehículos.

Afirma que, en suma, CONAF conforme a los mandatos contenidos en la legislación forestal vigente, ha dado cumplimiento a su función fiscalizadora de los recursos forestales, atendiendo las denuncias ciudadanas respecto de los hechos objeto de la acción de protección y, también, actuando de oficio con el objeto de verificar si los hechos constatados en abril de 2021 habían sufrido cambios a agosto del presente. Cita normativa referente a los bienes jurídicos protegidos de la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

Establece como conclusiones que CONAF, por medio de las Cartas N° 28, 30, 31 y correo electrónico de fecha 11 de junio de 2021, atendió las 4 denuncias ciudadanas sobre los hechos objeto del recurso de protección de autos; que las respuestas de CONAF, se apegaron a su experticia técnica y conforme a los parámetros establecidos en la Ley N° 20.283, no existiendo una afectación a los recursos regulados por la normativa forestal de parte de la empresa recurrida de autos, y que inclusive, luego de la primera fiscalización y de manera preventiva, CONAF emitió la Carta N° 25 dirigida a la recurrida empresa Ingeniería y Maquinaria Real S.A., dando cuenta de la existencia de un bosque nativo cercano a la zona de los trabajos, informando de la normativa forestal aplicable y de las consecuencias de una eventual infracción; que, en agosto de 2021, CONAF de oficio fiscalizó nuevamente el lugar para efectos de verificar si había variado la situación constatada en abril, sin que existiera transgresión a la normativa forestal, y que CONAF ejerció sus facultades de fiscalización oportunamente apegado a la legalidad vigente y en base a los criterios técnico-forestales que eran aplicables.

Solicita en definitiva rechazar el recurso deducido, con costas.

Acompaña documental consistente en: 1. Denuncia de tercero Nº 10/10-19/21 de fecha 04 de abril de 2021; 2. Denuncia de tercero Nº 11/10-19/21 de fecha 04 de abril de 2021; 3. Denuncia de tercero Nº 12/10-19/21 de fecha 04 de abril de 2021; 4. Ord. Nº 150 de la Superintendencia del Medio Ambiente de fecha 09 de abril de 2021; 5. Carta Nº 28/2021 de fecha 03 de mayo de 2021 de la Oficina Provincial Elqui de CONAF; 6. Carta Nº 30/2021 de fecha 05 de mayo de 2021 de la Oficina Provincial Elqui de CONAF; 7. Carta Nº 31/2021 de fecha 05 de mayo de 2021 de la Oficina Provincial Elqui de CONAF; 8. Correo electrónico de fecha 11 de junio de 2021 de la OIRS de CONAF; 9. Carta Nº 25/2021 de fecha 29 de abril de 2021 de la Oficina Provincial Elqui dirigida a la empresa Ingeniería y Maquinaria Real S.A; 10. Mandato Judicial.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que, en la acción constitucional de protección que se analiza, corresponde en primer término, abordar una eventual falta de legitimación activa de parte de los recurrentes, cuestión que ha sido alegada en su informe por la recurrida Superintendencia del Medio Ambiente.

CUARTO: Que, sobre el punto, cabe tener presente que, tal como lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, el recurso de protección no constituye una acción popular, sino que corresponde al directamente lesionado con el acto u omisión que se reclama, pudiendo otro comparecer en su representación o a su nombre (C. Suprema, Rol N° 31.897-2017). En la especie, del tenor del libelo recursivo no es posible evidenciar quién es el titular de las garantías que se denuncian como conculcadas, dado los términos amplios y genéricos en que aparece redactado el mismo, pues de su tenor se desprende que los recurrentes no señalan ser titulares de aquellas garantías fundamentales vulneradas por los actos y omisiones que refieren, ni tampoco se expresa en favor de quién o quiénes se deduce la acción, y que serían titulares de aquellas garantías, ni mucho menos se indica en forma expresa, clara y precisa de qué forma esas conductas de los recurridos, y que motivan la acción en análisis, pudieran vulnerar los derechos fundamentales de uno o más afectados debidamente individualizados.

De lo razonado entonces, a juicio de estos sentenciadores, se concluye que no se cumple con esta exigencia ineludible para que el recurso de protección deducido en estos antecedentes pueda prosperar, lo que conduce necesariamente a su rechazo.

QUINTO: Que, sin perjuicio de lo indicado precedentemente, la Superintendencia del Medio Ambiente ha sostenido además que el recurso es extemporáneo respecto de la recurrente nombre reservado, alegación que, a la luz de los antecedentes, y en especial de la documentos acompañados al recurso, aparece como efectiva, teniendo presente que la carta respuesta remitida por la Superintendencia del Medio Ambiente a la Sra. nombre reservado, referida a la disposición de escombros de la empresa Ingeniería y Maquinarias Real SpA en la ribera del Río Elqui, es de fecha 05 de abril de 2021, lo que permite colegir que, a lo menos con esa fecha, la recurrente individualizada ya tenía conocimiento de la existencia de las obras referidas en el recurso, en circunstancias que el recurso de protección fue presentado con fecha 21 de junio de 2021, es decir, habiendo ya vencido el plazo de 30 días corridos señalados en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte suprema sobre Tramitación del recurso de protección, plazo que por lo demás reviste el carácter de fatal, razón por la cual se concluye que la acción deducida en estos antecedentes por doña nombre reservado es extemporánea.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, y para los efectos de agotar el examen del recurso de protección que se analiza, se ha de considerar que este se ha fundado principalmente en dos conductas diferentes atribuidas a cada entidad recurrida. Tratándose de la empresa Ingeniería y Maquinaria Real SpA, la acción se sustenta, según refiere el recurso, en la conducta concreta y permanente que dicha empresa desarrollaría a diario, botando escombros rocosos de gran tonelaje y residuos pétreos, en diversos lugares de la Localidad de Las nombre reservado, de manera ilegal, arbitraria y transgrediendo todo tipo de normativa legal, tanto la medioambiental aplicable, como la propia ley del contrato que los liga a la Dirección de Vialidad-MOP; respecto de la Dirección Regional de Vialidad Región de Coquimbo, Superintendencia del Medio Ambiente, Dirección Regional de Obras Hidráulicas de la Región de Coquimbo y Corporación Nacional Forestal de la Región de Coquimbo, el recurso se sustenta en la omisión, también permanente, arbitraria e ilegal, en el ejercicio de sus atribuciones y facultades en los distintos ámbitos de competencia que les entrega la ley, por cuanto han tomado conocimiento de lo ocurrido en las riberas del Río Elqui, áreas verdes de la localidad de Las nombre reservado, Parque Comunitario y terrenos ribereños, propiedad de particulares.

SÉPTIMO: Que, respecto de las conductas atribuidas a la empresa Ingeniería y Maquinaria Real SpA, tal como se refiere en la parte expositiva, se sostiene que diversos particulares han tratado de sacar provecho del actuar de tal empresa, ganando espacios al Río Elqui mediante la acumulación de material rocoso en sus terrenos; sin embargo, de los documentos que los propios recurrentes acompañan a su recurso, no existe ningún antecedente que refrende lo sostenido y, por otra parte, no existe constancia de tales circunstancias vulneratorias de garantías constitucionales.

Por otra parte, tanto del informe evacuado en autos por la recurrida, como asimismo de los antecedentes acompañados en relación al contrato celebrado, en especial el informe de la Dirección Regional de Vialidad Región de Coquimbo, por el cual se explica profusamente y en detalle las características del contrato celebrado con la empresa recurrida, se concluye que, al contrario de lo que se sostiene por la recurrente, no existe ninguna conducta realizada por Ingeniería y Maquinaria Real SpA que pueda ser calificada de arbitraria e ilegal, pues todas las actividades desplegadas se enmarcan en el contexto del cumplimiento del aludido contrato, contando asimismo con las autorizaciones respectivas que se requieren para la correcta ejecución de las obligaciones contraídas como ejecutora de la obra, en cuyo contexto se incluye también la disposición de los escombros provenientes de los trabajos realizados.

OCTAVO: Que, en lo que dice relación con las conductas omisivas que se imputan a las recurridas Dirección Regional de Vialidad Región de Coquimbo, Superintendencia del Medio Ambiente, Dirección Regional de Obras Hidráulicas de la Región de Coquimbo y Corporación Nacional Forestal de la Región de Coquimbo, en cuanto a que no habrían efectuado actividades de fiscalización respecto de las obras ejecutadas en la Ruta CH41 ya indicadas, ello queda descartado a la luz de los informes que cada uno de los servicios públicos individualizados ha acompañado a estos antecedentes, en los que cada uno de ellos explica en detalle las labores específicas de fiscalización y control de las obras que ejecuta la empresa Ingeniería y Maquinarias Real SpA en el Camino Internacional Gabriela Mistral, Sector Cruce Las nombre reservado, como asimismo el acatamiento a la normativa legal y reglamentaria que regula específicamente tanto la ejecución misma de las obras, como las labores de disposición de escombros y las de protección a la flora y fauna existente en el lugar.

Al efecto, cabe precisar que la Superintendencia del Medio Ambiente sostiene en su informe la ausencia de la conducta que se le imputa, indicando en primer término que con fecha 04 de abril de 2021, recepcionó denuncia de don nombre reservado, por motivos de afectación de vegetación y fauna nativa, principalmente, declarando su incompetencia para conocer de los hechos denunciados con fecha 09 de abril, derivando los antecedentes a la Corporación Nacional Forestal, lo que demuestra que sí actuó en el caso de la denuncia indicada, no siendo entonces efectiva la supuesta omisión que se le atribuye en el recurso; que con fecha 07 de abril de 2021 recibió un requerimiento de información pública Nº AW003T0005370, por parte de la recurrente en estos autos, la Sra. nombre reservado, respecto de los permisos municipales y de medio ambiente de la obra referida, para la disposición de escombros en el lecho del río Elqui por parte de la empresa Ingeniería y Maquinarias Real SpA, solicitud que fue respondida mediante Ord. Nº 1525 SMA 2021, de fecha 05 de mayo de 2021, lo que permite también descartar que dicho servicio haya incurrido en la omisión pretendida por la recurrente.

NOVENO: Que igual razonamiento se puede sostener respecto de la recurrida Dirección Regional de Vialidad, del Ministerio de Obras Públicas, la que en su informe, ya consignado en la parte expositiva de la presente sentencia, explica en detalle cuáles fueron las actividades de fiscalización de las obras desarrolladas por el Inspector Fiscal, fundamentalmente inspecciones oculares en terreno una vez a la semana, verificando que la ejecución de las obras del proyecto se ajustara al plan de trabajo, a las especificaciones técnicas y en general a la normativa del contrato, dejándose constancia de ello en el Libro de Obras; asimismo, se verificó el cumplimiento por la empresa contratista de los permisos para la ejecución de labores de fragmentación de rocas mediante explosivos y para tránsito de los camiones que transportaban el material a los botaderos autorizados, otorgados por Carabineros de Chile y por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y que respecto de los trabajos ejecutados en la ribera del río, y aun cuando las obras de enrocado se coordinaron entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la SEREMI de Obras Públicas, la Dirección Regional de Vialidad instruyó de todas formas a la Inspección Fiscal verificar de qué forma se estaba realizando dicha labor, lo que se hizo a través de una inspección visual.

DÉCIMO: Que, de lo precedentemente consignado, se desprende con claridad la inexistencia de las conductas atribuidas por los recurrentes a la Dirección Regional de Vialidad, la que ha descrito en detalle las obligaciones y deberes que le corresponden como servicio público a la luz de la normativa que le resulta aplicable, conforme las obras que se ejecutan actualmente en la Ruta Internacional Gabriela Mistral a la altura del cruce con la localidad de Las nombre reservado, por lo que el recurso de protección no puede prosperar respecto de tal entidad pública.

UNDÉCIMO: Que, con relación a la Dirección de Obras Hidráulicas de la Región de Coquimbo, en su informe refiere con claridad cuáles han sido sus labores desarrolladas en el contexto de las obras ejecutadas en la ruta ya tantas veces indicada, precisando que, debido a la crecida del Río Elqui en mayo de 2017, la localidad de Las nombre reservado, entre otras, se vieron afectadas por tal fenómeno, principalmente aguas abajo del puente Las nombre reservado, por lo que se ejecutaron trabajos de emergencia en dicho sector para encauzar el río y conformar pretiles de borde de material fluvial, el que fue insuficiente para que los pretiles llegaran hasta el borde que resultó erosionado por la crecida, quedando un espacio considerable entre el terreno erosionado y el pretil conformado como medida de emergencia, y que luego, en abril del año en curso, doña nombre reservado contactó al servicio indicando que en marzo había enviado una carta al MOP solicitando reforzar los pretiles ya indicados, utilizando para ello las rocas provenientes de las excavaciones de la Ruta CH-41, lo que motivó que el servicio realizara una visita a la localidad de Las nombre reservado junto a la Sra. nombre reservado y al profesional residente de la empresa Real, determinándose que era una buena idea reforzar los pretiles en su parte posterior rellenando el espacio existente con rocas, dando mayor seguridad al sector ante crecidas del Río Elqui, decisión que fue comunicada a la Sra. nombre reservado mediante Ord. N° 392, de fecha 14 de abril, con copia a la Dirección de Vialidad, no teniendo conocimiento de otras zonas en las que la empresa Real haya dispuesto roca causando los daños o afectaciones que refiere el recurso.

DUODÉCIMO: Que del tenor de lo reseñado precedentemente, tampoco es posible apreciar, en la conducta desplegada por la Dirección de Obras Hidráulicas, alguna actuación o alguna omisión que pueda lesionar alguna de las garantías fundamentales referidas en el recurso, desde que no se avizora ilegalidad ni arbitrariedad alguna en las actuaciones desplegadas por dicha Dirección, la cual ha enmarcado su actuar dentro de lo que dispone el ordenamiento jurídico, razón por la cual tampoco puede prosperar el recurso de protección a su respecto.

DÉCIMO TERCERO: Que, en lo que dice relación con las conductas imputadas a la Corporación Nacional Forestal Región de Coquimbo, del informe y antecedentes acompañados por dicha repartición pública al recurso que se analiza, tampoco se ha logrado acreditar que haya incurrido en alguna conducta que conlleve la vulneración de las garantías constitucionales de los recurrentes, pues tanto de lo expresado en su informe evacuado en estas gestiones, como asimismo de la documental que obra en autos, se desprende que, frente a las denuncias ingresadas a dicho servicio en el mes de abril del año en curso, que informaban de trabajos de movimiento de tierra y vertimiento de escombros en la ribera del Río Elqui, en la localidad de Las nombre reservado, fiscalizadores de CONAF se constituyeron en el lugar con fecha 21 de abril de 2021, verificando que la empresa Ingeniería y Maquinaria Real se encontraba realizando trabajos en la ribera del río señalado, sin intervenir formaciones vegetacionales reguladas en la Ley N° 20.283, remitiendo en consecuencia respuestas a las denuncias ciudadanas, informando sobre el tema, sosteniendo asimismo que, dado que se constató la existencia de un bosque nativo en un área cercana a los trabajos, a objeto de prevenir una intervención ilegal, se emitió Carta N° 25, de fecha 29 de abril de 2021, dirigida a la empresa ejecutora de las obras, notificándole tal circunstancia y remarcando la necesidad de respetar la normativa existente sobre la materia, añadiendo que, pese a que no han existido nuevas denuncias sobre la materia, de todas formas con fecha 16 de agosto del año en curso, de oficio, funcionarios fiscalizadores de dicho servicio concurrieron nuevamente al lugar previamente fiscalizado, constatando que no se habían verificado cambios desde la visita anterior del mes de abril, ello en relación con las áreas donde se ha vertido material en las riberas del Río Elqui donde no existe vegetación regulada en la normativa forestal, y que en cuanto al bosque nativo que se encuentra al interior del camping administrado por la Junta de Vecinos, no se tuvo acceso por estar cerrado, pero se puede inferir que dicha formación no ha sido afectada, por no haber acceso de ningún tipo de vehículo al sector.

DÉCIMO CUARTO: Que, de lo expuesto precedentemente, se evidencia que la Corporación Nacional Forestal ha ejercido labores de fiscalización de las obras referidas en el recurso deducido en autos, actuando dentro de la esfera de sus atribuciones, por lo que no ha incurrido en alguna omisión que vulnere garantías constitucionales de los recurrentes, por lo que el recurso de protección deducido también ha de ser desestimado en esta parte.

DÉCIMO QUINTO: Que, finalmente, conduce también necesariamente al rechazo del recurso, los términos amplios e imprecisos en que éste ha sido deducido, pues se ha imputado a las recurridas conductas descritas genéricamente, sin referir con claridad en qué fecha se habría verificado la conducta atribuida a cada una de las recurridas, sin acompañar por lo demás antecedentes que permitan establecer la existencia de tales conductas, como tampoco se explica, ni se ha logrado acreditar en autos, la forma en que esas supuestas conductas vulnerarían las garantías constitucionales referidas en el recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZA, por extemporáneo, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente.

II.- Que SE RECHAZA asimismo, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, don nombre reservado y doña nombre reservado, en contra de la Empresa Ingeniería y Maquinarias Real Spa, de la Dirección Regional de Vialidad, Región de Coquimbo, de la Superintendencia del Medio Ambiente, de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas de la Región de Coquimbo, y de la Corporación Nacional Forestal de la Región de Coquimbo, sin costas, por estimar que tuvieron motivo plausible para accionar.

Redacción del abogado integrante don Claudio Fernández Ramirez.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1009-2021(Protección).

Pronunciado por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por el Ministro titular señor Christian Le-Cerf Raby, el Ministro suplente señor Jorge Corrales Sinsay y el abogado integrante señor Claudio Fernández Ramirez. No firma el señor nombre reservado y señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse haciendo uso de su feriado legal y por haber cesado en su cometido, respectivamente.

En La Serena, a tres de noviembre de dos mil veintiuno, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.