Recurso de protección

nombre reservado.

Liceo nombre reservado

Recurso de Protección Rol N°1002-2026 La Serena, dos de septiembre de dos mil veintiséis.

Visto y Teniendo Presente:

Primero: Que, comparece nombre reservado, profesión u oficio desconocido, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de doña nombre reservado, directora del Liceo nombre reservado, dependiente del Servicio Local de Educación Pública S.L.E.P.

Elqui, RUT RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, por el acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en la medida disciplinaria expulsión respecto de su hija la adolescente nombre reservado, lo que vulnera su derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a no ser juzgada por comisiones especiales.

Señala que el 11 de mayo de 2026 fue notificada de la expulsión de su hija, medida que -afirma- fue adoptada en un contexto de especulación y alarma por eventuales amenazas de tiroteos en establecimientos educacionales.

Sostiene que la dirección actuó de manera arbitraria e ilegal, fuera de todo proceso racional y justo, al atribuirle a la estudiante haber advertido o participado en una eventual amenaza de tiroteo, circunstancia que, según afirma, no ha sido acreditada fehacientemente. Agrega que la medida afectó su continuidad escolar, pues no habría sido revinculada a otro establecimiento, y le habría provocado depresión y ansiedad.

Indica que la investigación se habría iniciado sobre la base de conjeturas relacionadas con la intención de la estudiante de retirarse anticipadamente del establecimiento, declaraciones de alumnos no individualizados y supuestas conversaciones en redes sociales que la sindicaban como autora de escritos vinculados con amenazas de tiroteo. Sin embargo, afirma que no se constató que la alumna hubiera realizado los rayados o amenazas y que únicamente existirían referencias de otros estudiantes acerca de su intención de salir prontamente del colegio.

Por otra parte, señala que, pese a haber solicitado copia de los antecedentes, la directora solo habría entregado información verbal y nunca proporcionó las declaraciones ni los medios de prueba reunidos, lo que le habría impedido conocer los cargos, elaborar una teoría del caso, controvertir los antecedentes y formular descargos. Sostiene, además, que su hija no fue escuchada antes de imponerse la expulsión, calificando la medida como exagerada, desproporcionada y generadora de discriminación arbitraria.

Precisa que, en la causa seguida por la Fiscalía RUC 2600517474-K, existirían al menos tres sujetos de interés y que a la adolescente le fueron practicadas pruebas caligráficas que mostrarían diferencias entre los rayados y su escritura, lo que incluso podría conducir a una decisión de no investigar. Pese a ello, el establecimiento resolvió expulsarla casi a mitad del año escolar, dejándola en una situación de indefensión educacional.

Reitera que nunca se le entregaron los antecedentes de la investigación. Reconoce que algunos podrían ser reservados conforme a la denominada Ley Aula Segura, pero sostiene que era posible resguardar la identidad de los declarantes y, al mismo tiempo, permitir que la estudiante conociera los elementos reunidos en su contra y efectuara los descargos correspondientes.

Luego, alega que la medida es desproporcionada, pues no ponderó los antecedentes personales de la estudiante ni explicó los vínculos probatorios que permitirían atribuirle la autoría de los rayados, sino que habría sido fundada únicamente en hipótesis y conjeturas.

Afirma que la medida es ilegal, ya que vulneró todo estándar mínimo de debido proceso. Señala que tomó conocimiento, a través de la Superintendencia de Educación, de que su hija no podía volver al colegio desde el 11 de mayo, sin que ella ni la estudiante hubieran sido notificadas personalmente por un funcionario designado al efecto.

Como garantías constitucionales vulneradas invoca la igualdad ante la ley, prevista en el artículo 19 Nº2 de la Constitución, así como el derecho a no ser juzgada por comisiones especiales, contemplado en el artículo 19 Nº3 inciso quinto, por haberse impedido a la estudiante conocer los antecedentes reunidos en su contra, ser oída durante el procedimiento y obtener una sanción proporcional.

Culmina solicitando que se acoja el recurso de protección y se ordene el reintegro de la alumna al Liceo nombre reservado.

Segundo: Que, a folio 6 del expediente digital, atendido el tiempo transcurrido sin que la recurrida cumpliera con evacuar el informe requerido, se dispuso prescindir del mismo y traer los autos en relación, no sin antes requerir de la recurrida la incorporación del Reglamento Interno del establecimiento educacional, y el expediente con el proceso disciplinario.

Asimismo, como medida para mejor resolver, se dispuso la incorporación de la mensajería rápida y las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad del lugar aludida en las resoluciones cuestionadas; y, además, los procesos investigativos seguidos en contra de los otros estudiantes investigados.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones, arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Cuarto: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Quinto: Que, de los antecedentes acompañados a esta instancia, analizados conforme a las reglas de la sana crítica, es posible tener por establecidos los siguientes presupuestos fácticos: a.- Que el 9 de abril de 2026, durante la jornada escolar de la mañana estudiantes del establecimiento educacional Liceo nombre reservado, advirtieron a una docente de este de la existencia de un mensaje escrito en el baño de mujeres que decía “hoy tiroteo 12.30 horas”, por lo que se dispuso como medidas la revisión general de las mochilas de los estudiantes, la evacuación preventiva de los estudiantes a las 13.15 horas, la comunicación a carabineros de Chile quienes recibieron una denuncia y el registro fotográfico del lugar donde se encontró el mensaje. b.- Que, con ocasión de la situación descrita se realizó en el establecimiento educacional una jornada de reflexión el 13 de abril de este año, oportunidad en que estudiantes entregaron antecedentes que permitió a la administración del colegio identificar la existencia de un grupo de WhatsApp del segundo medio A, en el que se habría organizado la elaboración del mensaje. c.- Que con motivo de la información entregada se inició un proceso de investigación interna. d.- Que, entre el 15 hasta el 17 de abril, el establecimiento recurrido inició procedimientos disciplinarios en el marco de Aula Segura respecto de los estudiantes involucrados, entre ellos el de la hija de la recurrente, mismo que comenzó el 16 de abril de 2026. e.- Que, según el informe de resultados de la investigación, procedimiento disciplinario Ley N° 21.128 (aula segura) de 4 de mayo de 2026 el que da cuenta de las diligencias realizadas y los resultados de la investigación y análisis de los antecedentes, calificó la conducta investigada como una falta gravísima, conforme a lo establecido en el Reglamento de Convivencia Escolar, adoptándose la medida disciplinaria de expulsión, acordándose además la cautelar de suspensión de 10 días hábiles. f.- Que dicha apelación fue apelada el 6 de mayo de 2026 por la apoderada de la adolescente nombre reservado y resuelta por el Consejo de Profesores en sesión extraordinaria el 7 del mismo mes y año, el que determinó por unanimidad mantener la medida disciplinaria de expulsión de la estudiante, al configurarse una afectación grave a la convivencia y seguridad de la comunidad educativa, decisión que fue notificada a la recurrente. g.- Que la medida de expulsión también fue decretada respecto de los alumnos y alumnas nombre reservado, de nombre reservado, de nombre reservado, y de nombre reservado, Sexto: Que el artículo 6 letra d) del D.F.L. N°2 de 1998 del Ministerio de Educación, modificado por la Ley 21.128, autoriza la aplicación de medidas de expulsión o cancelación de matrícula, únicamente, cuando concurran causales graves expresamente previstas en el reglamento interno del establecimiento y siempre que dichas medidas sean adoptadas mediante un procedimiento racional y justo, previamente regulado, que garantice al estudiante afectado y a su apoderado el derecho a ser oídos, efectuar descargos y solicitar reconsideración de la decisión.

Séptimo: Que, según se advierte de los antecedentes aparejados, la sanción de expulsión decretada respecto de la hija de la recurrente, se sustentó en el supuesto consistente en la disposición en el baño del establecimiento educacional donde esta estudiaba, de un rayado con la frase “hoy tiroteo a las 12.30 horas”, el que fue observado por alumnos de la comunidad educativa, que advirtieron de tal suceso a las autoridades del colegio, lo que motivó que ese día, en resguardo de la seguridad de todos ellos, se suspendieran las actividades académicas en forma anticipada, acción que fue fraguada en el segundo año medio A de ese liceo, en particular por un grupo de 5 estudiantes aproximadamente, con el propósito de evitar la realización de un examen en la asignatura de matemáticas, lo que constituyó, según las decisiones adoptadas, una falta gravísima al Reglamento de Convivencia Escolar.

Sobre este punto, la reglamentación aludida, es aquella que precisa en el apartado denominado “NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS”. “Ley 21128, Aula Segura”, que “Este Reglamento de Convivencia Educativa se adhiere a la Ley 21128 Aula Segura, velando por el resguardo de la integridad física y psicológica de los miembros de la Comunidad Educativa”, el procedimiento aplicado, las infracciones, su calificación y las sanciones que corresponden respecto de cada infracción.

Así el documento en sus páginas 21 y siguientes, se dedica a definir las faltas y calificarlas en los rangos de leve, graves y gravísimas, siendo estas últimas las que se refieren “a todo acto u omisión que constituya una transgresión a los acuerdos de convivencia, es decir, todas aquellas conductas contrarias a las normas de convivencia establecidas, que son consensuadas con todos los integrantes de la comunidad educativa”. Luego, se refiere al debido proceso.

Asimismo, el mentado instrumento se detiene en las “FALTAS GRAVÍSIMAS” las que “Serán abordadas exclusivamente por Inspectores Generales. Al inicio del abordaje de faltas gravísimas, el Inspector General debe avisar formalmente a la Dirección del establecimiento los hechos acontecidos y los pasos y plazos que establece este manual para indagar en la situación y establecer responsabilidades. Este aviso deberá ser por escrito. Excepción de ello son las conductas que pudieren terminar en la cancelación de matrícula o la expulsión del alumno, las que deberán ser abordadas por la Dirección del establecimiento educacional”.

Enseguida en el documento aludido, se identifican los “TIPOS DE MEDIDAS FORMATIVAS Y DISCIPLINARIAS” dentro de las que se encuentra la de expulsión, la que es definida como una “Sanción máxima del establecimiento que conlleva la cancelación inmediata de la matrícula a un estudiante. A través de este acto, el estudiante deja de ser parte de la comunidad educativa. Esta sanción sólo será aplicada tras haber cumplido los pasos del debido proceso descritos en el presente Manual y en casos que justificadamente se considere su aplicación. De acuerdo a la Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar, “la decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el director/a del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado/a, según el caso, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de 15 días hábiles desde su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles”. Sin perjuicio de la decisión que tome el Consejo de Profesores, el Director/a deberá de manera expresa confirmar o dejar sin efecto la medida adoptada”.

En Reglamento, además, se identifican las “ACCIONES QUE CONSTITUYEN FALTAS AL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA Y MEDIDAS ASOCIADAS”, dentro de las que existe un catálogo de infracciones, dentro de las que se encuentran las faltas gravísimas, donde se encuentra la de “Amenazas contra la vida o integridad física o psicológica de cualquier miembro de la comunidad educativa, no importando el contexto y el medio por el cual se realice. Lo anterior es definido como un hecho que afecta gravemente la convivencia escolar”, que es precisamente aquella que le fue imputada a la estudiante por la conducta realizada, en cuyo caso las medidas asociadas son la de “Derivación del caso a convivencia escolar para activación de protocolo de violencia escolar. Citación de apoderado. La Suspensión de 10 días como medida cautelar.

Denuncia a los organismos competentes. Inicio de procedimiento de Aula Segura”.

Octavo: Que tal como se advierte, de la preceptiva aplicable, en el Reglamento de Convivencia escolar aplicado en la investigación que culminó con la expulsión de la adolescente nombre reservado, se establece el catálogo de faltas respecto de la conducta atribuida a esta, el que contempla la falta gravísima, que es precisamente aquella en la que se encuadró la conducta investigada, por lo que tal decisión se sustentó en el mérito del proceso investigativo llevado a efecto, de acuerdo con el instrumento citado por la directora del establecimiento educacional, doña nombre reservado, quien en un primer informe , tomando en consideración las diligencias realizadas, concluyó los siguientes elementos: “Se constata La existencia de interacciones en un grupo de mensajería digital (WhatsAp) que en el que participa la estudiante, en el cual se identifica un mensaje asociado a la idea de retirarse anticipadamente de la jornada escolar. A partir de las entrevistas realizadas, un número significativo de estudiantes señala que la propia estudiante manifestó haber sido responsable del rayado que contenía la amenaza estos relatos presentan coincidencias relevantes en su contenido. Asimismo, existen testimonios de estudiantes que refieren haber escuchado directamente a la alumna indicar que ella habría realizado el escrito con contenido de amenaza.

Se recogen además declaraciones que indican que la estudiante habría iniciado la idea de realizar una acción orientada a provocar la salida anticipada de clases, asociando dicha intención a la elaboración de una amenaza de tiroteo.

En este mismo contexto, algunos estudiantes señalan que, posteriormente, la estudiante habría eliminado mensajes vinculados a dicha interacción en el grupo de mensajería.

Los antecedentes descritos presentan coherencia, reiteración y consistencia entre sí”.

Enseguida de los antecedentes aparejados, aparece que el Consejo de Profesores, quienes conocieron de la medida a propósito del recurso de apelación deducido por la apoderada de la estudiante, determinó la confirmación de la medida de expulsión, teniendo en cuenta los siguientes fundamentos:

Los docentes, analizaron diversos aspectos referentes a la investigación desarrollada, en particular la gravedad y afectación institucional, exponiendo que “La situación investigadora generó una afectación significativa a la comunidad educativa, alterando el normal funcionamiento del establecimiento, provocando preocupación en estudiantes, funcionarios y apoderados, y haciendo necesaria la activación de protocolos de seguridad y evacuación preventiva.

Asimismo, se deja constancia de que el hecho ocurrió en un contexto regional y nacional en el cual distintos establecimientos educacionales reportaron amenazas similares durante la misma jornada, escenario que incrementó la percepción de inseguridad y temor dentro de la comunidad educativa.

Se señala además que la situación implicó alteraciones al desarrollo normal de las actividades pedagógicas, incluyendo suspensión y posterior recuperación de jornadas académicas.

Los docentes participantes manifiestan especial preocupación respecto del impacto emocional y sensación de inseguridad generada en estudiantes, funcionarios y familias, considerando el contexto nacional asociado a hechos recientes de violencia escolar y amenazas a establecimientos educacionales”.

Luego se hacen cargo de los antecedentes relativos a la participación de la estudiante, respecto de los argumentos vertidos por su apoderada en el recurso de apelación presentado, luego sobre la proporcionalidad y pertinencia de otras medidas disciplinarias.

Noveno: Que, en este contexto, siendo la medida de expulsión la de mayor entidad y por ende aplicada en casos calificados como gravísimos, en atención a la magnitud de la afectación generada en la comunidad educativa es que la decisión no aparece desprovista de razonabilidad ni resulta manifiestamente desproporcionada, advirtiéndose que la misma se encuentra dotada de debida fundamentación, abarcando no solo los elementos de juicio que se tuvieron en cuenta para realizar el juicio de atribución en la conducta, como también todos aquellos extremos que fueron considerados en la apelación presentada por la apoderada de la estudiante.

Décimo: Que, en razón de lo expuesto, no puede estimarse que la recurrida hubiera incurrido en un acto ilegal, respecto de la decisión, toda vez que ella se ajustó plenamente a la normativa legal y reglamentaria vigente.

Asimismo, no se ha constatado la ausencia de la necesaria racionalidad en el proceder de la recurrida, puesto que no se advierte una manifestación del simple capricho del agente, que es lo que precisamente identifica el requisito en examen, verificándose por el contrario, que la decisión objetada, encuentra sustento en los criterios de análisis y valoración previamente expuestos, más allá que la decisión final no sea compartida por la recurrente, argumentos todos que permiten desechar el recurso intentado.

A lo anterior ha de agregarse que los reclamos formulados con relación a la solicitud de copia de antecedentes, encuentran su respuesta en el documento aparejado a folio 15, numeral segundo, en el que se incluyó el procedimiento disciplinario cuestionado, en cuya página 10 se aparejó una misiva suscrita por don nombre reservado, solicitándolos, donde además anticipa descargos de 22 de abril de 2026, la que fue respondida mediante correo electrónico del 27 de ese mismo mes y año, suscrita por la directora del establecimiento educacional, por lo que aparece como suficientemente satisfecho dicha petición y por ende en esa parte el recurso también debe ser desestimado.

Luego, los antecedentes que fueron allegados a esta instancia como medida para mejor resolver, permiten establecer que fueron cinco estudiantes, dentro de los que se encuentra la hija de la recurrente, quienes se identificaron como los autores de los hechos, los que también fueron expulsados con motivo de la conducta imputada, por lo que no puede sostenerse que la adolescente fuera sometida a un trato diferencial o distinto al de otros compañeros, motivo por el cual no existe una vulneración al principio de la igualdad ante la ley que se ha levantado.

Undécimo: Que, en consecuencia, la medida en contra la cual se recurren como acto arbitrario e ilegal aparece fundada en antecedentes objetivos, fue adoptada mediante un procedimiento que contempló instancias de defensa y responde al deber del establecimiento de resguardar la seguridad e integridad de la comunidad educativa, sin que se configure una actuación ilegal o arbitraria susceptible de ser corregida por esta vía cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en representación de su hija la adolescente nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, directora del Liceo nombre reservado, dependiente del Servicio Local de educación Pública S.L.E.P. Elqui.

Comuníquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la ministra doña Marcela Sandoval Durán.

Rol N°1.002-2026 (Protección).-