nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

nombre reservado, nombre reservado

Comisión Médica Central y otros Recurso de Protección Rol N° 1002-2021.- La Serena, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno comparece VINKA ESTEFANÍA PUSICH CAMACHO, abogada, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de COMISIÓN MÉDICA CENTRAL; en contra de la Coordinadora Administrativa de la COMISIÓN MÉDICA REGIONAL DE LA SERENA; y en contra de la SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES.

Expone que con fecha 17 de Marzo del presente, el recurrente fue notificado por carta certificada, seguimiento en línea N° 1176294731148 de Correos de Chile, de la resolución N° C.M.C. 1617/2021, que señala:

“SANTIAGO, 17/02/2021 VISTOS:

El reclamo presentado por COMPAÑÍAS DE SEGUROS DEL CONTRATO N° 5 Y nombre reservado referente al Dictamen de Reevaluación del Grado de Invalidez N° 005.3659/2020 de la Comisión Médica LA SERENA, correspondiente al afiliado don(ña) nombre reservado, RUT RUT reservado, el estudio de los antecedentes respectivos, y en virtud de los establecido en los Artículos 4° y 11° del D.L. N° 3.500 de 1980 y sus modificaciones, esta Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, en Sesión N° 135 de fecha 17/02/2021, y CONSIDERANDO:

Que no procede otorgar invalidez, por cuanto la(s) enfermedad(es) alegada(s) como invalidante(s) no alcanza(n) a provocar una pérdida de su capacidad de trabajo de a lo menos el cincuenta por ciento, Acuerda:

Someter los reclamos a tramitación, revocar el Dictamen de Reevaluación N° 005.3659/2020, de la COMISION MEDICA LA SERENA, del 04/11/2020, y resolver que no procede otorgar invalidez.

OBSERVACION:

Según Dictamen de Invalidez.

Su incapacidad global alcanza a un 25%.”

Refiere que el recurrente había realizado una solicitud de pensión de invalidez con fecha 30 de Noviembre del año 2016 a la Superintendencia de Pensiones Comisión Médica de la Región de La Serena, la que mediante el Dictamen N° 005.223/2017 de fecha 15 de Febrero de 2017, relativo al Expediente de Calificación de Invalidez N° 122767, del año 2016, donde se estableció como impedimento del recurrente un LUMBAGO CRONICO, calificando el menoscabo de su capacidad de trabajo en un 53%; por lo que se acordó aceptar la invalidez transitoria parcial a contar del 30 de Noviembre del año 2016.

Con fecha 6 de Enero de 2020, la Aseguradora hizo una solicitud de reevaluación del grado de invalidez del recurrente, que, conforme a los antecedentes médicos consignados en el Expediente de Calificación de Invalidez N° 325392, y su comparecencia ante la comisión médica regional el 18 de Junio del año 2020, establecieron que tenía un menoscabo de la capacidad de trabajo de un 52.0 (igual o mayor que 50% y menor a 2/3), teniendo en consideración que sus enfermedades provocan una pérdida de la capacidad de trabajo mayor (o igual) del 50%, pero menor de dos tercios, acordando la comisión médica aceptar su invalidez definitiva parcial y ratificando su derecho a pensión de invalidez parcial otorgado por dictamen N° 005.223/2017, de fecha 15 de Febrero de 2017, lo que fue ratificado por la Comisión Médica Central por un menoscabo global de 52% (lumbago crónico 49% y 3 FC).

Destaca que la compañía de seguros reclamó ante la mantención de la pensión parcial por cuadros osteomioarticulares, estimando su cuadro sobrevalorado, no teniendo acceso el recurrente a los antecedentes que le llevan a esa conclusión por cuanto las evaluaciones del año 2016 y año 2020 son prácticamente idénticas.

Señala que el recurrente acompañó a la nueva revisión una ecografía de su hombro derecho, donde se detectaron anomalías en el manguito rotador. La comisión médica revisó su expediente, no estaban las observaciones del médico asesor, el interconsultor traumatólogo sugirió configurar raquis degenerativo cervical dorsal y lumbar con radiculopatía L5 bilateral con menoscabo de clase III rango alto, concordante con su evaluación del año 2016.

Añade que la Comisión Médica para mejor resolver ordenó una evaluación neurológica, donde se determinó un menoscabo grado II rango medio, proponiendo revocar la pensión parcial dictaminada a nivel regional, por lo que la comisión concuerda en revocar el dictamen regional y rechazó la invalidez, ponderando el impedimento en un 25%, como lumbago crónico, sin ponderar ningún factor complementario, como edad, educación o trabajo. En estos exámenes no se evalúa la lesión que tiene el recurrente en la columna, le practicaron un examen a la rodilla, si hay concordancia entre las evaluaciones que se le practicaron en el año 2016 y la del año 2020 no se entiende o justifica suficientemente como pasó a ser evaluado de un 52% a un 25% en Febrero del año 2021 cuando su cuadro es degenerativo y no tiene remedio, por lo que lo único que puede hacer en progresar o estancarse, lo que había ocurrido ya que el año 2016 cuando fue evaluado con un 53% de incapacidad y el año 2020 con un 52% de invalidez.

Reitera que el 17 de Marzo del presente el recurrente fue notificado de la resolución N° C.M.C. 1617/2021, donde se califica su grado de invalidez en un 25%, por lo que con fecha 23 de Marzo del presente, estando dentro de plazo, el recurrente interpuso recurso de reposición, mediante correo electrónico a la Comisión Médica Regional, correo reservado, correo que fue contestado el 24 de Marzo del presente, indicando que la resolución señalada había salido ejecutoriada el día 10 de Marzo de 2021, por lo que el recurso de reposición se habría ingresado fuera de plazo, resolviendo la Comisión Médica rechazar la reposición interpuesta por extemporánea.

Puntualiza que la resolución que resolvió la anterior es la C.M.C. 2996/2021, de fecha 31 de Marzo de 2021, que le fue notificada por carta certificada al recurrente, seguimiento en línea N° 1176301945216, con fecha 20 de Abril de 2021, respecto de esta resolución interpuso un nuevo recurso de reposición y jerárquico con fecha 26 de Abril del presente, que también se interpone dentro de plazo, acompañando los seguimientos en línea de la página de Correos de Chile de las dos resoluciones de la comisión médica, pero que no fue recibido por la Comisión Médica Regional, por cuanto se informó mediante correo electrónico de fecha 3 de Mayo que el caso se encontraba cerrado, que había salido Resolución Ejecutoriada por lo que se había presentado el recurso de fecha 23 de Marzo del presente y que no se podía presentar otro.

Entretanto, con fecha 14 de Abril del presente, el recurrente presentó un reclamo en la página web de la Superintendencia de Pensiones, reclamo que le fue respondido mediante el Ordinario N° 14007, de fecha 19 de Mayo del presente, el que no resolvió la situación procesal sobre su recurso que fue tenido por interpuesto fuera de plazo y que la Resolución N° 2996/2021 se encontraba ejecutoriada con fecha 15 de Abril de 2021, generándose un rechazo administrativo, lo que vulnera los derechos del recurrente.

Menciona que cuando la aseguradora realizó la solicitud de reevaluación del grado de invalidez del recurrente, la comisión médica revisó el expediente del recurrente y no estaban las observaciones del médico asesor. La referida omisión resulta particularmente grave y evidencia una vulneración del proceso de calificación de invalidez, ya que a pesar de que la normativa que regula el procedimiento para la calificación del menoscabo laboral le garantiza a los solicitantes la participación de un médico asesor, que defenderá sus derechos siempre que haya fundado su solicitud, en el caso de marras, dicho médico no existe siendo un imperativo de la normativa para un afiliad cubierta por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia SIS, esto es, no ha fundado o rechazado solicitud alguna; señala que en el evento de que el médico asesor que se asigne para defender los derechos del afiliado, no funde la solicitud de pensión de invalidez; los solicitantes, tienen el derecho de designar, a su costa un médico externo que los represente en el proceso, si así lo estiman pertinente, pero con esto no liberan de forma alguna la responsabilidad obligatoria del Médico Asesor, así se señala expresamente el Compendio de Normas del D.L. 3.500, pero esas gestiones administrativas se encuentran en poder del personal de la Fundación Para la Administración de Comisiones Médicas entidad de derecho privado que en sus manos tiene el destino de los procedimientos administrativos referente a su representado. Sostiene que el énfasis es extremadamente relevante, puesto que el encargado de fundar la solicitud es precisamente el Médico Asesor, que en el caso de marras simplemente se omitió, lo que evidentemente vulnera los derechos del solicitante, toda vez que si efectivamente hubiese existido una entrevista con un médico asesor, y que este no estuviese de acuerdo con la pensión de invalidez, el recurrente a su costa podría haber tenido un profesional observador que representara sus intereses.

Esclarece la Ausencia del Médico Asesor; profesional encargado de representar los intereses del afiliado, que al momento de revisar los antecedentes disponibles en el expediente se constata que “LAS OBSERVACIONES DEL MÉDICO ASESOR NO SE ENCUENTRAN”, como consta en el acta de la sesión N° 135 de fecha 17 de Febrero de 2021, lo que contraviene normativa expresa, y conculca los derechos del recurrente, cuanto a pesar de que el médico asignado regional propone mantener impedimento sugerido por interconsultor traumatólogo, de todas formas realizan nuevas evaluaciones de tipo neurológica que terminan por modificar la calificación, perjudicándolo.

Indica que, finalmente, lo resuelto por la Comisión Médica Central por resolución N° C.M.C. 2996/2021 importa una evidente infracción a la Ley N° 19.880 y varios de los principios contenidos en dicha ley. En efecto, la circunstancia de haberse tenido por notificado y ejecutoriada la resolución impugnada con anticipación a la fecha real de notificación constituye una vulneración a: el principio de contradictoriedad, reconocido en el artículo 10 de la Ley N° 19.880; el principio de transparencia y publicidad, reconocido en el artículo 16 de la Ley N° 19.880.

Destaca que la resolución impugnada ha afectado en forma grave e irreparable el derecho a defensa que tenía el recurrente en el proceso de reevaluación de su grado de invalidez, dejándolo en la indefensión a que se opone a un proceso justo, vulnerándose su derecho al debido proceso, lo que se confirma con el oficio ordinario de la Superintendencia de Pensiones que no advierte ninguna irregularidad en el proceso.

Indica que la actuación de la Comisión Médica Central y Comisión Médica Regional de La Serena administrada por la Fundación para la Administración de Comisiones Médicas, es del todo arbitraria e ilegal, pues va en contra de lo establecido en las Normas para la Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores afiliados al Nuevo Sistema Previsional, dictadas por la Comisión Técnica de Invalidez, publicada en el Diario Oficial de fecha 2º de marzo de 2016 y vigentes a contar del día 1º de julio de 2016, dictadas en cumplimiento de lo prescrito en el artículo 11 bis del Decreto Ley N.º 3.500, o simplemente Normas para la calificación del menoscabo laboral. Y además en contra de lo establecido en el Compendio de Normas del D.L. 3.500. La recurrida solo agregó y tuvo en vista aquellos antecedentes que le permitían contrariar la decisión inicial de la Comisión Médica Regional de La Serena que había beneficiado al recurrente, persistiendo en una conclusión que al rebajar a un 25% el porcentaje de invalidez del afiliado favoreció el interés de las Compañía de Seguros, lo que claramente aparece como una actuación voluntariosa de su parte, que aún con las facultades que a la administración asisten para resolver en estos casos, sitúa su decisión al margen de las normas de un debido proceso, con una intensidad tal que desnaturaliza al ente administrativo que en este caso actuaba como tribunal y lo transforma en una comisión especial, al menos en lo que se refiere a Resolución N° C.M.C. 1617/2021, que en Sesión N° 135/2021, adopta la Comisión Médica Central.

Agrega que lo actuado por la Comisión Médica Central no ha sido el resultado de un procedimiento legal, técnico científico, debidamente razonado a la luz de los antecedentes disponibles en el expediente del recurrente, de los resultados de las pericias médicas y exámenes complementarios y de lo previsto para cada impedimento por las Normas de Evaluación si no que, por el contrario, se aprecia en este caso el actuar voluntarioso previamente considerado, el cual sobrepasa los límites de lo que las potestades discrecionales permiten. No puede dejar de considerar ni valorar todos los antecedentes existentes, y si advierte una omisión, que pudiera acarrear menoscabo para el afiliado, como la falta de observaciones del médico asesor y el hecho de no ponderar ningún factor complementario, sin posibilidad de ser revisada dichas conclusiones por cuanto se le tuvo por notificado de dicha resolución y por tanto, precluido su derecho a reclamo antes de siquiera haber sido notificado por carta certificada, lo que deja claramente en entredicho la legalidad de la decisión adoptada, que se tornaría de este modo contraria a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto Ley N° 3.500, al no considerar debidamente las Nuevas Normas para la evaluación y calificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores afiliados al Nuevo Sistema Previsional, dictadas por la Comisión Técnica de Invalidez, en cumplimiento de lo prescrito en dicho artículo.

Refiere como garantía constitucional conculcada el derecho a defensa y a no ser juzgado por comisiones especiales, contemplado en el inciso quinto del N °3 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Sostiene que como consecuencia de las graves vulneraciones que ha sufrido el recurrente en sus derechos, como consecuencia de la Resolución C.M.C. 2996/2021, de fecha 31 de Marzo de 2021, ha dejado de percibir su pensión de invalidez que se constituía como su único ingreso, conculcándose así el derecho consagrado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución, de propiedad sobre bienes incorporales, entre los que se encuentra el derecho a la pensión de invalidez, por haber reunido los requisitos que establece el Decreto ley N° 3.500, de 1980, con la norma complementaria las Nuevas Normas para la Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores Afiliados al Nuevo Sistema Previsional, dictadas por la Comisión Técnica de Invalidez, publicadas en el Diario Oficial de fecha 1° de Marzo de 2012 y vigentes a contar del día 1° de Julio de 2012, más conocido como el nombre reservado de Invalidez.

Por estas consideraciones solicita acoger el presente recurso, declarando que las Comisiones recurridas retrotraigan el proceso de calificación de invalidez al estado de la evaluación y que la Comisión Médica Regional y Central, habiendo retrotraído el proceso y antes de resolver al respecto, el afiliado sea entrevistado por el Médico Asesor correspondiente, que a su vez señale si funda o no la solicitud, y de fundar asesore al afiliado en el trámite de apelación, alegaciones o recursos, según corresponda de acuerdo a lo establecido en el Libro III, Título I, Letra D Pensión de Invalidez Capítulo XIII. Normas y Procedimientos Administrativos para la Calificación y Reevaluación del Grado de Invalidez por las Comisiones Médicas del Compendio de Normas del DL 3500. Todo ello de acuerdo con lo establecido en las Normas para la evaluación y calificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores afiliados al Nuevo Sistema Previsional, dictadas por la Comisión Técnica de Invalidez, vigentes a contar del día 1 de julio de 2016, en cumplimiento de lo prescrito en el artículo 11 bis del Decreto Ley N° 3.500, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Seguimiento de carta Correos de Chile N° 1176294731148, carta notificada 17 de Marzo 2021; 2.- Copia simple sobre de carta seguimiento N° 1176294731148; 3.- Seguimiento de carta Correos de Chile N° 1176301945216, carta notificada 20 de Abril 2021; 4.- Copia simple sobre de carta seguimiento N° 1176294731148; 5.- Dictamen N° 005.223/2017 de fecha 15 de Febrero de 2017, relativo al Expediente de Calificación de Invalidez N° 122767, del año 2016; 6.- Resolución Superintendencia de pensiones ratifica derecho a pensión 15 Febrero 2017; 7.- Resolución Superintendencia de pensiones 17 Febrero 2021; 8.- Reclamo ingresado en la página web de la Superintendencia de Pensiones; 9.- Oficio Ordinario N° 14007 de la Superintendencia de Pensiones de fecha 19 de Mayo de 2021.

SEGUNDO: Que, evacuó informe nombre reservado, PRESIDENTE COORDINADOR COMISIÓN MÉDICA REGIONAL DE LA SERENA Expone latamente, en primer término, los antecedentes de los tres procesos de calificación de invalidez a los cuales se sometió el actor.

Agrega que la Comisión Médica Central solicitó un pronunciamiento a la Superintendencia de Pensiones y dicho Organismo Fiscalizador instruyó que se dejase sin efecto la notificación de la Resolución N° 1617/2021 del 17 de febrero de 2021, procediendo emitir una nueva notificación con la finalidad de que el afiliado pueda ejercer su derecho a reclamo dentro de plazo.

En consecuencia y, sobre la base de lo informado la Comisión Médica Regional solicita, solicita desestimar el recurso de protección interpuesto por el señor nombre reservado, por cuanto evidentemente, la acción constitucional interpuesta perdió oportunidad por la concreción de lo solicitado, pues su proceso de calificación de invalidez fue retrotraído, de manera que el afiliado será notificado nuevamente de la Resolución CMC N° 1617/2021 del 17 de febrero de 2021, emitida por la Comisión Médica Central, pudiendo ejercer su derecho a interponer recurso de reposición y controvertir lo reclamado por las compañías de seguros de vida adjudicatarias del seguro de invalidez y sobrevivencia, en su oportunidad.

TERCERO: Que, evacuó informe MARIO VALDERRAMA VENEGAS, FISCAL de la Superintendencia de Pensiones.

Aduce la FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DE LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, ya que el acto objeto del recurso, conforme se singulariza en la parte petitoria del recurso, no es otro que la Resolución N° C.M.C. 1617/2021, de fecha 17 de febrero de 2021, dictado por la Comisión Médica Central y no por ese organismo fiscalizador, respecto de la cual a ese organismo fiscalizador no le cabe intervención alguna.

Destaca que la representación judicial de las Comisiones Médicas Regionales y Central corresponde al Consejo de Defensa del Estado.

Añade que el D.L. N° 3.500 de 1980 y su Reglamento establecen que las Comisiones Médicas Regionales y la Comisión Médica Central están conformadas por tres médicos cirujanos, designados por el Superintendente de Pensiones, previo concurso público, contratados a honorarios por esa Superintendencia, estableciendo expresamente lo contrario de lo que afirma el recurrente, no son dependientes de este Servicio. Lo más relevante es que están dotadas de autonomía en cuanto al conocimiento y resolución de las invalideces sometidas a consideración de ellas, en tanto que reserva a esa Superintendencia facultades de supervigilancia y fiscalización administrativa, como de dictar las normas operativas de la calificación de invalidez.

Por consiguiente, la Superintendencia de Pensiones no tiene la representación judicial ni extrajudicial tanto de las comisiones médicas regionales, como de la Comisión Médica Central, a las que el actor imputa haber vulnerado sus derechos fundamentales.

A continuación, aduce la INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN DEDUCIDA EN AUTOS, la cual excede el ámbito del Recurso de Protección, no siendo susceptible de discutirse en esta sede lo que persigue la recurrente. Vale decir que, por esta vía, es posible amparar el ejercicio legítimo de derechos indiscutidos y preexistentes, no un pronunciamiento declarativo como pretende la recurrente ni que se deje sin efecto un acto administrativo, como son las Resoluciones de la Comisión Médica Central, pidiendo se ordene revisar el procedimiento a un estado anterior a la dictación de aquéllas, ya que no se trata de una acción de nulidad de derecho público ni un recurso de casación. Consecuente con ello, no resulta admisible por medio de esta acción cautelar, resolver discusiones de fondo que constituyen materias de lato conocimiento.

En subsidio a lo anterior, solicita se declare la improcedencia de la acción, por haber sido interpuesta en forma extemporánea, ya que el recurrente reconoce en su acción constitucional haber tomado conocimiento de la Resolución C.M.C. 1617/2021, el día 17 de marzo de 2021, sin embargo, interpuso su acción constitucional el día 18 de junio de 2021. Por lo tanto, más allá de si la notificación de la Resolución N° C.M.C. 1617/2021, fue o no fue hecha dentro de plazo, este Recurso es extemporáneo, pues fue interpuesto por el actor excediendo latamente el plazo de 30 días corridos desde que tomó conocimiento de la Resolución en cuestión.

En subsidio de las alegaciones argumentadas precedentemente, informa los antecedentes de los procesos de calificación de invalidez del recurrente.

En cuanto a la alegación del recurrente relativa a la fecha de notificación de la Resolución N° 1617/2021 del 17 de febrero de 2021, esa Superintendencia confirmó que dicha Resolución fue recibida por el afiliado con posterioridad a entenderse ejecutoriada, por ello se instruyó a la Comisión Médica Regional y a la Comisión Médica Central que debe quedar sin efecto la notificación de la Resolución CMC N° 1617/2021 y, con ello también lo obrado por dicha Comisión Médica con posterioridad a la emisión de la Resolución antes indicada, debiendo efectuar una nueva notificación con la finalidad de que el afiliado pueda ejercer su derecho a interponer Recurso de Reposición. Además, instruirá a la AFP que reponga el pago de pensión de invalidez parcial transitoria, con pagos retroactivos desde el término del beneficio, hasta que la Resolución se encuentre correctamente ejecutoriada a partir de la nueva notificación.

Por estas consideraciones solicita declarar inadmisible el Recurso de Protección interpuesto por don nombre reservado, por cuanto esa Superintendencia carece de legitimidad pasiva para ser recurrida en autos; en subsidio de lo anterior, desestimarlo, por cuanto excede el ámbito de aplicación del Recurso de Protección; y en subsidio de ello, declare su extemporaneidad y, finalmente, en subsidio de todo lo anterior, se pronuncie desestimando dicho recurso de protección atendido que, evidentemente, la acción constitucional interpuesta por el actor perdió oportunidad, decayó en su fundamento, justamente por la concreción de lo solicitado, pues su proceso de calificación de invalidez fue retrotraído, de manera que el afiliado será notificado nuevamente de la Resolución de la Comisión Médica Central N° CMC 1617/2021, de 17 de febrero de 2021, pudiendo ejercer su derecho a interponer Recurso de Reposición.

Acompaña los expedientes de calificación y reevaluación del grado de invalidez y calificación de invalidez del señor nombre reservado.

CUARTO: Que, evacuó informe nombre reservado, PRESIDENTA COORDINADORA COMISIÓN MÉDICA CENTRAL, en los mismos términos que los informes precedentemente expuestos.

QUINTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEXTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SÉPTIMO: Que, atendido lo informado por las recurridas, se concluye que la acción ha perdido oportunidad, toda vez que el proceso de calificación de invalidez del actor fue retrotraído, a fin de ser nuevamente notificado de la Resolución CMC N° 1617/2021 del 17 de febrero de 2021, emitida por la Comisión Médica Central, pudiendo ejercer el protegido su derecho a interponer recurso de reposición y controvertir lo reclamado por las compañías de seguros de vida adjudicatarias del seguro de invalidez y sobrevivencia, en su oportunidad.

A lo anterior se adiciona lo informado, en particular, por la Superintendencia de Pensiones, en orden a que instruirá a la AFP a la cual se encuentra afiliado el actor, a fin que reponga el pago de la pensión de invalidez parcial transitoria, con pagos retroactivos desde el término del beneficio, hasta que la resolución se encuentre correctamente ejecutoriada a partir de la nueva notificación.

Todo lo anterior permite sostener que, a la fecha, han desaparecido los supuestos fácticos que sustentaban la presente acción y que, en concepto del actor, configuraban vulneraciones a las garantías constitucionales que invoca en su libelo, lo cual conduce indefectiblemente a desestimar el arbitrio impetrado, resultando inoficioso pronunciarse sobre las demás alegaciones formuladas por las recurridas.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por VINKA ESTEFANÍA PUSICH CAMACHO, en representación de nombre reservado, en contra de COMISIÓN MÉDICA CENTRAL; en contra de la Coordinadora Administrativa de la COMISIÓN MÉDICA REGIONAL DE LA SERENA; y en contra de la SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1002-2021 (Protección).-