nombre reservado con nombre reservado

nombre reservado, nombre reservado

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Recurso de Protección Rol N° 100-2023.- La Serena, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha veinticuatro de enero del año en curso comparece don nombre reservado, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, interponiendo Recurso de Protección en contra de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, por haber incurrido la recurrida en actuaciones ilegales y/o arbitrarias, que se generan por publicaciones en redes sociales denigrándole como persona.

Expone que es de profesión psicólogo y presta servicios desde junio del año 2013 a la fecha para el Hospital de Vicuña. Luego, con fecha 17 de diciembre de 2022 recibe amenazas por un supuesto abuso a una paciente, sin entender mucho la situación. Con fecha 19 de diciembre le avisan que su nombre aparece en redes sociales, y tras unos días explorando en internet, logra ver la publicación el 26 de diciembre de 2022; es entonces cuando tomo real conocimiento de los hechos denunciados, del contenido del mismo y de la autora de estos, que motivan este recurso, tomando conocimiento formal y logrando ver las “funas” que se habían hecho en su contra, específicamente en la plataforma de Facebook, en una publicación donde es calumniado de un posible “abuso sexual”, donde la supuesta víctima relata, que dichos hechos sucedieron hace 10 años, cuando ella tenía 11 años de edad.

Señala que la recurrida hace una publicación señalando su nombre completo, y acusándole falsamente de un delito que no cometió, el cual consiste en un supuesto abuso sexual, hecho que le ha causado un perjuicio grave, no sólo en el ámbito personal si no más aún en el ámbito profesional, ya que dichas calumnias con publicación han desprestigiado su imagen como psicólogo, poniéndose en duda su ética profesional y la seriedad de su trabajo, restando confianza a sus pacientes y sobre todo poniendo en peligro su puesto de trabajo y la imagen que proyecta en el ámbito laboral, en su círculo de trabajo, dañando gravemente su honra y su profesionalismo.

Aclara que actualmente, la recurrida no es su paciente ni mantiene ningún lazo profesional que les una, no obstante ella recibió atenciones médicas de carácter psicológico en el Hospital de Vicuña, entre agosto de 2014 y enero de 2018, siendo atendida en dichos periodos, por diversos profesionales médicos del área de psicología del Hospital, y por él sólo en 5 ocasiones en el año 2014.

En aquel año, la recurrida tenía 13 años de edad, y de acuerdo a la ficha clínica, las atenciones brindadas a la paciente, siempre fueron realizadas en presencia de la madre, protocolo que mantiene hasta el día de hoy con sus pacientes menores de edad, por lo cual es imposible que el hecho que se le imputa o acusa a modo de calumnia, sea posible, toda vez que la madre de la querellada siempre estuvo presente en cada una de las citas médicas, ya que la atención no se realiza si no está el paciente junto a su cuidador. Además, de acuerdo a sumario que se está cursando actualmente en el Hospital de Vicuña, se ha corroborado que en todas y cada una de las atenciones hechas a la recurrida además se encontraba igualmente en presencia de alumna en práctica, por lo que es imposible que se dieran los supuestos para cometer el delito que falsamente se le imputa.

Añade que el relato de la recurrida es incongruente, ya que en su primera publicación en redes sociales, donde relata el supuesto abuso, señala contarle a su madre de inmediato, respecto de lo abuso sucedido; luego cambió dicha publicación, y en la siguiente nueva, borra el nombre del recurrente, para luego finalmente volver a cambiar la publicación, y en un tercera ocasión, relata en los supuestos hechos, que le cuenta a su madre lo sucedido un año después. Recalca que en la publicación la recurrida hace mención que el supuesto abuso ocurrió 10 años atrás, existiendo además incongruencias en las fechas, ya que según su relato, hace 10 años atrás la querellada tenía 11 años, dado que actualmente tiene 21 años, siendo imposible que hubiera cometido tal delito, ya que en esa época no se encontraba titulado, y recién comenzó a trabajar y prestar servicios para el Hospital de Vicuña en junio del año 2013.

Luego de las fechas señaladas, y previa petición de cambio de profesional, la recurrida continuó siendo atendida por otros colegas del área de psicología, llamándole la atención que no haya comentado lo denunciado a alguno de los profesionales posteriores o que no se haya efectuado denuncia alguna por su madre.

Sostiene que los hechos relatados, sin duda alguna, tienen por objeto injuriar y calumniar, con el fin de lesionar su honor y honra, siendo acusaciones absolutamente falsas, y carentes de todo fundamento fáctico y/o legal, que le permita a la recurrida realizar dicha acción. Las actividades desplegadas por las recurrida son contrarias al ordenamiento jurídico, y se encuentran sustentadas en una arbitrariedad y/o ilegalidad que nuestra Constitución Política de la República prohíbe, por cuanto en ella se encubre un engendro de autotutela.

Afirma que a la fecha de interposición de la acción las publicaciones aludidas continúan vigentes, con adeptos que siguen la misma línea de la recurrida, en el sentido de descalificar, desprestigiar y amenazar, difundiéndose cada vez por más personas y en más redes sociales, dando pie con ello a que otros sujetos realicen todo tipo de juicios de valor.

Agrega que no existen ni denuncias, ni demandas, ni querellas en contra de su persona, y que la recurrida solo se ha limitado a realizar un uso desmedido y perjudicial de las redes sociales, sin asidero alguno, configurándose, como se señala anteriormente, una especie de autotutela, la que está prohibida en nuestro ordenamiento jurídico Estima que los actos denunciados han vulnerado su garantía contemplada en el N° 4 del artículo 19 del Cuerpo Político, esto es, el derecho de la vida privada y pública de su persona, como asimismo su honra, pues se ha difundido relatos carentes de toda veracidad, mediante redes sociales, sin su consentimiento. Asimismo, también se ha vulnerado su derecho a la propiedad contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, en relación a su derecho sobre su propia imagen.

Estima que los actos de realizar publicaciones en internet, mediante redes sociales, incitando a la propagación del mensaje, atribuyendo actos que involucren difamación, denostación y deshonra en contra quien se vierten constituyen un acto ilegal y arbitrario. Es un acto ilegal, pues si la recurrida plantea que incurrió en un delito de carácter sexual, lo lógico sería que se hiciera la correspondiente denuncia ante la fiscalía para que se abriera una investigación al respecto o bien interponer una querella penal en su contra; y es arbitrario, pues se aleja de la racionalidad en cuanto la autotutela no es una conducta aceptada para la solución de un conflicto.

Solicita que, acogiendo el recurso, se declare que se han conculcado las garantías constitucionales de los artículos 19, N°4 y 19, N°24; que, las publicaciones efectuadas por la recurrida en las redes sociales, entiéndase Facebook o cualquier otro medio de internet constituyen un acto arbitrario e ilegal que altera el orden jurídico establecido y que vulnera el derecho a la honra y propiedad de la imagen del recurrente; que, se ordena la completa y definitiva eliminación de todas las publicaciones realizadas en las páginas de facebook o por cualquier otro sitio web similar y/o red social, que afecten su imagen y honra directamente y que fueron expuestas en este recurso, y; que, se ordene a la recurrida se abstenga en el futuro de realizar y compartir, por cualquier vía, estas y otras publicaciones referidas a su persona, a fin de restablecer el imperio del derecho y cesar el acto ilegal y arbitrario en el cual ha incurrido la recurrida, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que comparece evacuando informe la recurrida doña nombre reservado, quien señala que efectivamente realizó la publicación que refiere el recurrente, pero ello fue el resultado de la impotencia que le produjo el hecho de que, habiendo vivido durante su infancia y adolescencia diferentes situaciones traumáticas, decidió publicar sus vivencias en su página de Facebook, como una manera de llamar la atención en razón de diversas experiencias que le había tocado vivir, dado que en un principio nadie había prestado oído a sus palabras.

Añade que nunca fue su intención afectar la honra e imagen del recurrente, sino que fue un error cometido en un momento de frustración y desesperación, cuando efectuó la primera publicación; ello queda en evidencia con las posteriores publicaciones que el propio recurrente acompaña a su recurso, en las cuales se puede constatar que había eliminado su nombre, precisamente porque se percató del error cometido al haberlo señalado en un primer momento.

Agrega que el día 07 de marzo del año en curso eliminó toda referencia a las publicaciones anteriormente indicadas, y manifiesta que no volverá a publicar ningún comentario sobre el asunto, ni en Facebook ni en ninguna otra red social, dejando todo entregado a los organismos públicos competentes.

Así, al día de hoy, no existe ninguna publicación relativa al tema que refiere el recurrente, ni en Facebook ni en ninguna otra plataforma o red social, por lo que la presente acción ha perdido su oportunidad, por lo que solicita el rechazo de la acción interpuesta o, en subsidio, se le exima del pago de las costas, por encontrarse patrocinada por la Corporación de Asistencia Judicial.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, teniendo presente que la finalidad de esta acción no es determinar la existencia o veracidad de los hechos que se imputan por la recurrida al recurrente, mediante sus publicaciones en las redes sociales que se mencionan, sino adoptar los resguardos necesarios para hacer cesar los efectos de un acto que puede ser arbitrario o ilegal que afecte sus derechos, es pertinente tener presente que en nuestro ordenamiento jurídico no se admite la autotutela, por lo que, finalmente, resulta ilegal que la recurrida advierta por medio de una red social a terceros ajenos el actuar supuestamente ilícito del recurrente, porque con ello ha visto afectada su honra, al publicarse sus datos personales, atendido el alcance que poseen las redes sociales en la actualidad.

Que tales acciones de autotutela ni siquiera pueden justificarse por la existencia de denuncias formales e investigaciones penales a cargo del Ministerio Público, referidas a los mismos hechos; ello porque la persecución penal no corresponde a la recurrida, ni menos efectuar “denuncias públicas” y, en todo caso, con su actuar vulnera gravemente la presunción de inocencia consagrada en el artículo 4° del Código Procesal Penal, que obliga a todos los habitantes de la República a respetarla.

SEXTO: Que, en este sentido, cabe señalar que si bien el resguardo de la libertad de expresión y opinión resulta indispensable para el desarrollo de una sociedad democrática, lo cierto es que su ejercicio no tiene un carácter absoluto sino que reconoce como límites el respeto de otros derechos en términos tales que estos últimos no resulten afectados en su esencia, que es lo que ocurre en este caso, mediante las expresiones contendidas en las publicaciones que se reprochan, en cuanto, además de imputársele la comisión de un delito grave, no se le otorga la posibilidad de controvertir tales afirmaciones, afectándose así su honra y dignidad.

No obsta a aquello la afirmación efectuada por la recurrida en cuanto a la modificación y posterior eliminación de las publicaciones efectuadas en redes sociales, ya que, tal como lo reconoce en su informe, las publicaciones efectivamente fueron realizadas, habiéndose consumado las vulneraciones referidas precedentemente, cuestión que no puede ser soslayada.

Todo lo anterior, lleva a estos juzgadores a acoger el recurso, como se señalará en lo resolutivo.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, el actuar de la recurrida no puede calificarse como el ejercicio legítimo de un derecho, en cuanto al de solo emitir opinión, una advertencia o denuncia pública, ya que en la especie, conforme a los antecedentes acompañados, se observa el uso de una red social para denostar al recurrente, sin perjuicio de las vías procesales que permiten ejercer las acciones judiciales que sean pertinentes, por lo que se acogerá la referida acción constitucional, en la forma que se dirá en lo resolutivo.

OCTAVO: Que, por encontrarse patrocinada por la Corporación de Asistencia Judicial, y atendido lo dispuesto en el artículo 600 del Código Orgánico de Tribunales, no se condenará en costas a la recurrida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, sólo en cuanto deberá abstenerse de realizar en lo sucesivo publicaciones con contenido escrito o fotográfico en deshonra o descrédito del recurrente, en la red social Facebook u otras redes sociales.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 100-2023 Protección. -