Protección contra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

nombre reservado

I. Municipalidad de La Serena Recurso de protección Rol Nº10-2026.- La Serena, veintitrés de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece por sí don nombre reservado, cédula de identidad NUM000, de profesión inspector municipal, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, representada por su Alcaldesa doña Daniela Norambuena Borgueresi, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto que señala ser ilegal y arbitrario, consistente en la dictación del Decreto Alcaldicio NUM001, de 25 de noviembre de 2025, que decide no prorrogar su contrata para el año 2026, lo cual señala vulnerar sus garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone, que el actor ingresó a prestar servicio a la Municipalidad de La Serena el 1 de octubre de 2019, en calidad de funcionario a contrata, desempeñándose como inspector municipal en la Sección Inspección del Departamento de Rentas y Gestión Financiera de la Dirección de Administración y Finanzas, indica que, fruto de su buen desempeño en enero de 2023 lo cambian al grado 16, mismo escalafón, y en agosto de ese mismo año, le asignan nuevas funciones de responsabilidad en la Dirección de Seguridad Ciudadana. Asevera que, desde su ingreso hasta la fecha, su contrata ha sido prorrogada de manera ininterrumpida, por más de seis años. Añade que su conducta funcionaria ha sido intachable, sin observaciones y ha cumplido a cabalidad sus funciones.

Indica como primera ilegalidad que, el 4 de diciembre de 2025 le notificaron el Decreto Alcaldicio NUM001, por el medio del cual se decide no renovar su contrata para el 2026, fundándose genéricamente en un déficit presupuestario y desconociendo expresamente el principio de confianza legítima, pese a contar con más de 5 años de servicios continuos. Indica que, además, el acto recurrido, niega expresamente la existencia del principio de confianza legitima, contraviniendo la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y lo dispuesto por el Oficio Circular N°23 del Ministerio de Hacienda. Agrega que, la notificación del acto administrativo fue extemporánea, pues se realizó con solo 27 días de anticipación al plazo legal de 30 días, vulnerando lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley N°18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que exige comunicar la no prórroga con al menos 30 días de anticipación al 31 de diciembre, y en este caso se practicó el día 04 de diciembre, esto es, con solo 27 días de antelación. En segundo lugar, indica que el acto ha vulnerado el principio de la confianza legitima, pues superó el umbral de cinco años de renovaciones continuas, por lo que la recurrida solo podía disponer el término del vínculo mediante un sumario administrativo por faltas graves o una calificación deficiente, supuestos que no concurren en su caso, infringiendo así las normas que regulan la permanencia en el empleo público. Señala que lo anterior ha sido reconocido incluso por la Contraloría General de la República en su Dictamen N°E561358 del 2024, donde el ente contralor se abstiene de intervenir precisamente porque reconoce que la Corte Suprema ha fijado un criterio consolidado de 5 años para la protección del funcionario, validando la competencia de los Tribunales de Justicia para restablecer este derecho.

Invoca jurisprudencia que consagra este principio.

Alega que el acto recurrido carece de la motivación exigida por la Ley N°19.880, pues solo alude a la causal de déficit presupuestario de forma genérica, y no justifica por qué se prescinde de un funcionario con antigüedad y excelentes calificaciones en un área crítica como seguridad ciudadana, lo cual constituye una falta de motivación exigida por los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880.

Sobre la arbitrariedad, señala que se configura por carecer la decisión de un razonamiento lógico que vincule la causal invocada ("déficit presupuestario") con su situación particular, sin explicar por qué se prescinde de un funcionario con antigüedad superior a 6 años y calificaciones sobresalientes en un área crítica como seguridad ciudadana, mientras se mantienen otros contratos de menor antigüedad, lo que transforma a la decisión en un acto de mera voluntad o capricho de la autoridad. Además, arguye que el actuar de la recurrida constituye una desviación de poder al utilizar la facultad de no renovación para fines distintos a los previstos por el ordenamiento jurídico, siendo por tanto un trato desigual frente a otros funcionarios en idéntica situación jurídica cuyas contratas sí fueron prorrogadas.

Señala las garantías conculcadas, en primer término, la del artículo 19 N°2 de la Constitución Política, que, en el caso de marras, se ha visto infringida toda vez que, la decisión de desvincular a un funcionario con calificaciones sobresalientes y antigüedad superior a 6 años, mientras se mantienen contratas de menor antigüedad o idoneidad, constituye una "diferenciación arbitraria" proscrita, cuando no explica por qué ciertos contratos no se renovaron mientras otros sí se mantuvieron. En segundo lugar, refiere infringida la garantía constitucional del 19 N°24 Constitución Política, desde que se cuenta con confianza legitima por el paso del tiempo superior a cinco años, por lo que tiene derecho adquirido a la estabilidad del empleo, y su privación mediante un acto ilegal (como una notificación extemporánea o falta de motivación) vulnera directamente la garantía del derecho de propiedad, al privarlo de su fuente laboral mediante un acto viciado, afectando su patrimonio.

Concluye solicitando que, se acoja el recurso, y se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio impugnado, ordenando a la recurrida la reincorporación inmediata y el pago de las remuneraciones devengadas mientras estuvo separado del servicio.

Acompaña a su recurso: 1.- Copia del Decreto Alcaldicio NUM001; 2.- Formulario de Notificación de 04.12.2025; 3.- Copia del Decreto Alcaldicio NUM002 de 2019; 4.- Copia de Decretos de renovación y asignación de funciones (NUM003 y NUM004 de 2023); 5.- Copia de Informes de Precalificación 2023 y 2024; 6.- Copia de Oficio Circular N°23 del Ministerio de Hacienda; y 7.- Copia de Dictamen N°E561358 de Contraloría General de la República.

SEGUNDO: Que, a folio 10, comparece la abogada Vinka Pusich Camacho, en representación de la Ilustre Municipalidad de La Serena, evacuando el informe ordenado, solicitando su rechazo, con condena en costas.

Expone que, el Decreto Alcaldicio NUM001, de 25 de noviembre de 2025, dispuso no prorrogar el nombramiento a contrata del recurrente para la anualidad 2026, y que, aquella decisión no constituye una desvinculación discrecional ni una medida sancionatoria, sino la aplicación estricta del artículo 2°, incisos 2° y 3°, de la Ley N°18.883, que establece la duración de los empleos a contrata, es decir, que el acto recurrido declara un efecto legal, no genera uno nuevo, pues la contrata caducaba el 31 de diciembre de 2025 y, al no dictarse decreto de prórroga, el vínculo expira automáticamente.

Explica el contexto financiero municipal que justifica la no prorroga de la contrata del recurrente, indicando que es un hecho público, que su representada atraviesa una crítica situación financiera, agravada por la insolvencia profunda de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, lo que obligó al Concejo Municipal a adoptar medidas estructurales de reorganización presupuestaria para el ejercicio 2026 y a destinar recursos propios de la municipalidad a dicha corporación, lo que trajo como consecuencia un déficit económico del propio ente edilicio.

Refiere haberse aplicado criterios objetivos a la dotación completa de la recurrida, y el recurrente fue analizado con la misma metodología aplicada al resto de los funcionarios a contrata, por lo que su no renovación refleja la aplicación de criterios objetivos y generales, no siendo necesarios sus servicios dentro de la Dirección de Seguridad Ciudadana.

Alega que, el acto recurrido se encuentra debidamente motivado, de acuerdo con los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, y señala los criterios consensuados entre la jurisprudencia administrativa y judicial para entender cumplida la carga de motivar el acto.

Señala que la contrata del recurrente caducó por el solo ministerio de la ley el 31 de diciembre de 2025, e invoca jurisprudencia reciente de la Corte de Apelaciones de Talca Rol 226-2025, confirmada por la Excma. Corte Suprema en Rol N°28.295-2025, de los que se colige, que el cargo servido a contrata no constituye un derecho de propiedad, incorporado en virtud de la teoría de los derechos adquiridos dentro del patrimonio de un funcionario municipal, y protegido por el artículo 19 N°24 de la Constitución, debido que se trata de un vínculo estatutario sujeto a la ley y a sus causales de expiración. Así aplicando al caso concreto esta jurisprudencia, señala que, el recurrente no cumple los requisitos mínimos para invocar confianza legítima, pues su función no fue estable, su grado varió y no existe acto alguno que genere certeza objetiva de permanencia; la expiración de su contrata obedece al efecto legal previsto por el legislador y a razones objetivas de reorganización presupuestaria, y por tanto, no hay discriminación, pues no identifica a un funcionario en condiciones idénticas que haya recibido trato diferente. En el caso del recurrente no se configura la confianza legitima, pues prestó servicios continuos y homogéneos, y sus designaciones no fueron estables en funciones ni en grado.

Refiere que, en caso que se estime que concurre la confianza legitima, de igual forma la municipalidad sí justificó adecuadamente la decisión de no renovar su contrata basada en razones plausibles y objetivas.

Por lo que solicita rechazar en todas sus partes el recurso interpuesto, con costas.

A folio 12 acompaña: 1.- Certificado de deuda exigible de la Ilustre Municipalidad de La Serena al 31 de diciembre de 2023; 2.- Certificado de deuda exigible de la Ilustre Municipalidad de La Serena al 31 de diciembre de 2024; y 3.- Certificado de deuda exigible de la Ilustre Municipalidad de La Serena al 31 de diciembre de 2025.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que el acto recurrido es la decisión de la Municipalidad de La Serena de no renovar la contrata del recurrente por la anualidad 2026, del cual alega carece de motivación y fundamentación, a lo cual se añade, que don nombre reservado ha mantenido vínculo con la Municipalidad de manera ininterrumpida desde el 2019, con sólo variación de grado y funciones, por lo que a su respecto señala configurarse la confianza legítima.

Por tanto, lo discutido y controvertido, es si el Decreto NUM001 se encuentra debidamente fundado, y a su vez, si se configura en el caso sub lite la confianza legítima alegada por el actor.

SEXTO: Que, para resolver el asunto en examen, es preciso tener en consideración la normativa aplicable en la especie. Así, tratándose de un cargo a contrata, éste se encuentra definido en el artículo 3 letra c) de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, que estatuye: "c)

Empleo a contrata: Es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución". Mientras que en el inciso primero del artículo 10 de dicho cuerpo normativo, se estatuye que: "Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos", lo cual no ocurrió en el caso del recurrente a quien no se le prorrogó su contrata por el año 2026.

SÉPTIMO: Que, por otra parte, resulta necesario tener en consideración que son hechos no controvertidos en la causa, que el actor se desempeñó como inspector municipal desde el 2019 hasta diciembre de 2025, cambiando en el año 2023 de grado y se le asignan nuevas funciones de responsabilidad en la Dirección de Seguridad Ciudadana, acompañándose documental que acredita que su vínculo con la Municipalidad ha sido ininterrumpido desde su inició por prorrogas de la propia entidad alcaldicia.

Por tanto, lo discutido y controvertido, es si el Decreto NUM005 se encuentra debidamente fundado, y a su vez, si se configura en el caso sub lite la confianza legítima alegada por el actor.

OCTAVO: Que, en cuanto a la discrecional facultad de la Administración para no renovar o poner término anticipado a las contratas transitorias, mediante resoluciones debidamente fundadas en la ley, se hace necesario distinguir, como lo establece la Excma. Corte Suprema, en sentencia dictada en causa rol N°5.905-2025, entre otras, aquellas relaciones que han tenido una extensión temporal mayor en el tiempo, toda vez que dichas personas, según la jurisprudencia judicial y administrativa, se encuentran protegidas por el principio de confianza legítima, el que busca proteger a los funcionarios de los cambios intempestivos en las decisiones de la Administración, entregando estabilidad a los servidores públicos, impidiendo que a través de aquellos se lesionen derechos.

Se ha resuelto en estas materias, que tanto la decisión de poner término anticipado a una contrata, como la no renovación de la misma, respecto de personas que se han vinculado con la Administración por un determinado número de años, transgrede el principio de la confianza legítima del funcionario que alberga la justa expectativa de terminar el periodo cubierto por su designación y a ser recontratado para el año siguiente, la que, en todo caso, se configura cuando concurre, como ya se dijo, un elemento temporal estabilizador, esto es, que se hubieran producido renovaciones sucesivas, como ocurre en la especie, no pudiendo esgrimirse razones de cambio de grado o funciones para negar la concurrencia de la temporalidad.

Conforme lo razonado, la determinación del elemento temporal que cobra relevancia, en tanto es aquel el que determinara las exigencias que puedan imponerse para terminar el vínculo, pues si la persona que se desempeña en la Administración está protegida por el principio de confianza legítima, como en este caso, aquella solo puede poner término a esa relación estatutaria por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución, o por una calificación anual que así lo permita.

En la misma línea, el Estatuto Administrativo establece un procedimiento específico para evaluar el servicio de los funcionarios públicos, que es aplicable a quienes sirvan los cargos en calidad de planta o a contrata, debiendo la autoridad dejar plasmadas en el proceso de calificación las razones de un eventual mal desempeño que, una vez firme, determina que el funcionario deje de prestar servicios, sin que sea admisible para no renovar la contrata, el sólo hecho de que no se requieren de sus servicios sin mayor explicación, aludiendo a una situación presupuestaria o por término del periodo por el que fue contratado, conforme a lo estipulado en la resolución última que no renovó su designación respecto de una persona que se ha desempeñado por larga data sirviendo el cargo, pues aquello, sin duda vulnera el principio de confianza legítima.

NOVENO: Que, como ya se ha dicho, la Excma. Corte Suprema, a efectos de establecer un criterio unificador, ha considerado que el plazo de cinco años, es un período prudente para que la Administración evalúe íntegramente no sólo el desempeño del funcionario sino que, además, estudie la necesidad de seguir contando con el cargo que sirve la persona, por cuanto existe una real necesidad del servicio de contar con una persona que desempeñe las funciones específicas que motivaron la dictación del acto administrativo que determinó el inicio del vínculo con la Administración.

DÉCIMO: Que, se concluye de lo expuesto previamente, que si una persona se encuentra vinculada con la Administración a través de contratas anuales y ha tenido un periodo de desempeño por un tiempo superior a cinco años, como ocurre con el recurrente, le asiste el principio de confianza legítima y, en consecuencia, la Administración requiere la dictación de un acto especial al efecto, al ser superior a cinco años su vinculación con la Administración y encontrarse amparado por el principio de confianza legítima.

Así las cosas, en este escenario legal y fáctico, se concluye que el hecho que el actor haya sido nombrado en el cargo a contrata por más de cinco anualidades, lo que generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculado con la recurrida, sólo permite a esta última terminar esa relación estatutaria por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que así lo permita, aspectos estos últimos que no concurren en la especie, contraviniendo lo establecido en los artículos 11 y 41 de la ley 19.880 referidos a la motivación de los actos administrativos, que señala que en las decisiones que adopte la Administración deberá siempre expresar los hechos y fundamentos de derecho, cuándo estos actos afectaren los derechos de particulares, situación que no ocurre en el caso de autos, por tanto la decisión adoptada resulta ser ilegal, y en ese contexto, no supera el test de razonabilidad, pues no supera la mera formalidad, sin que dé cuenta de un contenido sustancial distinto de la mera discrecionalidad de la autoridad administrativa lo que deviene en una arbitrariedad, que además constituye discriminación del recurrente en relación a otros funcionarios, que en situación jurídica equivalente no han sido objeto de esta medida, razones todas por las que se acogerá el presente arbitrio en la forma que se dirá en lo resolutivo.

A mayor abundamiento, de la simple lectura del decreto recurrido se advierte su falta de motivación y fundamentación, aludiendo a una crisis financiera del ente edilicio, pero sin ponderar la situación particular del recurrente que convierte en prescindibles sus servicios, y apoyándose en un fallo dictado por la Excma. Corte Suprema, que a su parecer establece que no corresponde aplicar el principio de confianza legitima a los cargos de contrata, pues aquellos cargos no crean derechos adquiridos por el transcurso del tiempo, olvidando el ente alcaldicio el efecto relativo de las sentencias.

Y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 N°2 y 20 de la Constitución Política de la República; en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que SE ACOGE, sin costas el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la Municipalidad de La Serena, y en consecuencia se deja sin efecto, la resolución de término de su contrata, Decreto Alcaldicio NUM001, de 25 de noviembre de 2025, debiendo entenderse renovada ésta a contar del 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026, ordenando a la Municipalidad requerida que pague las remuneraciones y cualquier otro emolumento a que el actor tenga derecho en función del cargo del cual fue desvinculado, durante todo el periodo en que ha permanecido alejado del mismo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°10-2026 (Protección).