nombre reservado con SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

En Coyhaique, a catorce de Julio del año dos mil veintidós.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, chofer, domiciliado en domicilio reservado, quien, en lo principal, deduce recurso de protección en contra de la Delegación Presidencial Provincial Aysén, representada por su Delegado, don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado y en contra del Servicio de Gobierno Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representado por su Subsecretario don Manuel Zacarías Monsalve Benavides, domiciliados en domicilio reservado, que puso término anticipado a la contrata del recurrente, acto que tilda de arbitrario e ilegal, que afectarían sus garantías de los números 1, 2, 3, inciso quinto y 24, del Artículo 19, de la Constitución Política de la República, solicitando a este Ilustrísimo Tribunal, que el citado recurso “se le acoja, adoptando las medidas necesarias para asegurar el debido imperio del derecho, en particular se ordene a la recurrida dejar sin efecto la Resolución Exenta RA N° 245/1755/2022 y toda aquella destinada a poner término anticipado a la contrata del recurrente. Todo ello con costas en caso de oposición.”.

A su presentación, acompañó los antecedentes documentales que describió en el Primer Otrosí.

Consta en autos también, que don Ignacio García Suárez, abogado, en representación de la Subsecretaría del Interior, Servicio de Gobierno Interior informa según lo solicitado, pidiendo, en definitiva, el rechazo del recurso intentado, acompañando los antecedentes que indican en el otrosí de su informe.

Por su parte, compareció don nombre reservado, abogado de la Delegación Presidencial Regional de Aysén, en atención a lo informado por la Subsecretaría del Interior y considerando que el estado es una sola unidad y que el recurrente fue contratado por el Servicio de Gobierno Interior, indicó que no tenía más antecedentes que agregar a la presente causa.

Con fecha nueve de Julio del año 2022, se trajeron los autos en relación.

A estrado y a la vista de la causa, por la recurrente, alegó el abogado, don Maximiliano Ravest Ibarra, quien reiteró los fundamentos y peticiones de su recurso; por la recurrida informante, alegó por el rechazo del recurso, la abogado del Consejo de Defensa del Estado, doña Tamara Oyarzo Hernández.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente, fundando su libelo, sostuvo, en lo sustancial y relevante, que ingresó a prestar servicios para la Delegación Presidencial Provincial de Aysén, el 1° de Marzo del año 2021, como chofer en grado 18 de la EUS, de la planta Administrativos, renovándosele su contrata para el año 2022, terminándosele anticipadamente a su contrata por Resolución Exenta RA N° 245/1755/2022, notificado personalmente el día 5 de Mayo del año 2022, firmada por don Manuel Zacarías Monsalve Benavides.

Hizo presente que desde el 4 de Marzo del año 2019, comenzó a trabajar y luego presentó su renuncia voluntaria, a contar del 1° de Marzo del año 2019, en la Municipalidad de Aysén como Inspector.

Hizo presente que la Resolución que impugna contiene argumentos y justificaciones que son erróneos y carentes de veracidad, puesto que su cargo no es de confianza o crítico o estratégico, es un chofer que ejerce una labor meramente administrativa, no tiene que ver con funciones de gobierno donde la autoridad puede tener su gente de confianza como su jefe de gabinete.

Agregó que dicha resolución desconoce que trabajó hasta el 5 de Mayo del año 2022, cuando se le notificó el acto que tilda de arbitrario e ilegal, haciendo afirmaciones sobre su desempeño que no son reales, ya que de ser así procedía un sumario administrativo, optándose por vías de hecho, transformándose en una comisión especial, siendo juzgado sin el debido proceso y respecto de la normativa. (SIC).

Sobre el fondo del asunto, cita el artículo 10, de la Ley 18.834, sosteniendo que en base a dicha norma sus funciones debían durar a lo menos hasta el 31 de Diciembre del año 2022, -sin perjuicio de lo que expresará acerca de la confianza legítima-, fecha en la cual debía expirar su contrata, de manera que la decisión de la autoridad de poner término anticipado a la misma es ilegal, atentado con lo dispuesto en la precitada ley y Dictamen N° 23.518 del año 2016, citando algunos de sus párrafos. (En relación al deber de fundamentación de los actos administrativos de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 19.880).

Para justificar la exigencia de motivación, cita los artículos 6, 7 y 8, de la Constitución, 2 de la Ley 18.575 y 11 y 41, de la Ley 19.880; como también cita los Dictámenes 22.766, 85.700 y 6.400, de la Contraloría General de la República; normas todas que han sido infringidas a través del acto que impugna y que estima arbitrario e ilegal, agregando que no es factible plantear una argumentación derivada de la frase: “mientras sean necesarios sus servicios”, ya que los servicios de su representado si son necesarios y fundamentales para el funcionamiento de la entidad, lo que comprueba aún más el incumplimiento por parte de la autoridad administrativa, de la exigencia de una adecuada motivación de todo acto administrativo que afecte derechos de terceros.

Cita doctrina y jurisprudencia al respecto, recalcando que la Resolución impugnada es un acto administrativo vago e impreciso que no acredita los argumentos de hecho y derecho en que se funda, más allá de una mera retórica, haciendo presente que ha sido calificado en lista 1, de excelencia en el desempeño.

Acerca de la confianza legítima de que gozaría, cita los objetivos de la misma y Dictámenes de la Contraloría General de la República, sosteniendo que le ampara al recurrente ya que fue objeto de una renovación anual en la Delegación y un período servido anteriormente de dos años en la Municipalidad de Aysén, citando dictámenes y jurisprudencia relativos al tema.

Sostuvo que el acto administrativo impugnado ha vulnerado y afectado sus garantías constitucionales contenidas en el número 1, del artículo 19, de la Constitución Política de la República, lo que le ha provocado angustia y temor respecto a la manutención de su familia y a su fuente de desarrollo profesional; la del número 2, del artículo y fuente citados, toda vez que la decisión de la autoridad se debe a su calidad de simpatizante del partido político Unión Demócrata Independiente y su pareja es militante del mismo partido y fue candidata a Concejal por la Comuna de Aysén; la del número 3, inciso quinto, del artículo y cuerpo legal citados, en cuanto las recurridas actuaron como comisiones especiales al pronunciarse respecto de la conducta del suscrito sin respetar la normativa vigente del estatuto Administrativo; y finalmente, el número 24, en tanto se vulnera la propiedad sobre este cargo poniendo fin anticipado a su contrata.

SEGUNDO: Que, la Subsecretaría del Interior - Servicio de Gobierno Interior, representada como se anticipó, citó los antecedentes de la acción intentada, sosteniendo, primeramente, la improcedencia de dicha acción por no ser ésta la vía idónea para los fines perseguidos por la recurrente, ya que aquella excede y rebasa con creces las materias que naturalmente deben ser conocidas en esta sede, atendida su naturaleza cautelar, con motivo de la cual no es posible ni pertinente declarar derechos nuevos ni tutelar meras expectativas, como aquella consistente en mantener el vínculo a contrata del recurrente hasta el 31 de diciembre de la presente anualidad.

Seguidamente, cita el artículo 1, del DFL N° 22/1959, Ley Orgánica del Servicio de Gobierno Interior, estableciendo que es el organismo mediante el cual el Presidente de la República ejerce el gobierno interior del estado, siendo el Subsecretario del Interior su Jefe Superior; también citó el artículo 116, de la C.P.E. que determina que en cada provincia existirá una delegación presidencial provincial, órgano territorialmente desconcentrado del delegado presidencial regional, a cargo de un delegado presidencial provincial, nombrado y removido libremente por el Presidente de la República, con cita, también, del artículo 3, de la Ley 19.175 y el 4°, relativo a las funciones.

También recuerda lo dispuesto en el artículo 3, letra c) y 10, de la Ley 18.834, en cuanto regula los empleaos a contrata y su duración máxima al 31 de Diciembre de cada año.

Refuta el hecho de que la recurrente gozara del principio de la confianza legítima, basado, precisamente, en el Dictamen a que alude ésta, ya que dicho principio debe aplicarse a los funcionarios que han sido designados a empleos a contrata y otras figuras de designación semejantes regidos por los textos y normas legales que se indican en el apartado III del aludido instructivo (Dictamen E156.769/2021), entre los cuales no se encuentra la calidad jurídica servida por el recurrente con anterioridad a su designación a contrata en el Servicio de Gobierno Interior, cuando desarrolló funciones en la Municipalidad de Aysén, entre el 4 de Marzo de 2019 y el 1 de Marzo de 2021, bajo el régimen de asistente de la educación de la Ley 19.464, estatuto que, según lo dispone su artículo 4, se rige por el Código del Trabajo, norma que establece un efecto particular para los casos de renovaciones o prestación de servicios por sobre el plazo del contrato, excluyéndose expresamente de la hipótesis de la confianza legítima establecida por la misma Contraloría, tal como se aprecia en la letra b) del apartado III del citado instructivo.

Cita, también, parte de la Resolución impugnada, para hacer presente que la legislación reconoce a la autoridad superior del servicio la facultad de poner término anticipado a las designaciones a contrata, existiendo como único requisito la expresión de las razones por las cuales los servicios del afectado dejaron de ser necesarios para el organismo mediante el pertinente acto administrativo, todo lo cual, en la especie, se verificó en los considerandos 5°, 6° y 7°, de la resolución Exenta que dispuso el término de la contrata del recurrente, que seguidamente cita textualmente, de la que deduce que el acto administrativo impugnado explica que las funciones del recurrente fueron consideradas prescindibles, dadas sus condiciones personales, por cuanto la autoridad estimó necesario contar con administrativos de su confianza que se encargasen de su transporte, en el sentido al grado de confianza que requiere el ejercicio de funciones como conductor.

Que el ente Contralor ha dispuesto que puede ejercerse la facultad de ña cláusula mientras sean necesarios sus servicios, siempre y cuando ello sea a través de un acto fundado, esto es, se expliciten los motivos que posibilitan y justifican su emisión y en el caso de autos la aplicación de dicha cláusula está referida a las aptitudes personales del empleado, las cuales ya no son requeridas por el servicio, sin que ello implique necesariamente que el organismo dejará de desarrollar las tareas que a aquel se le encargaban, las cuales pueden continuar siendo cumplidas por otro funcionario, lo que se encuadra dentro de lo explicitado e instruido por Contraloría en el precitado Dictamen.

Acto seguido, la recurrida se explaya acerca de la inexistencia de una privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de los derechos invocados por el recurrente, cuestión, dado lo que se resolverá, se omitirá por resultar inoficioso su análisis.

TERCERO: Que el recurso de protección fue concebido para restablecer el imperio del derecho y resguardar el orden jurídico vigente cuando éste se ve alterado a causa de actuaciones arbitrarias o ilegales que perturban o amenazan el legítimo ejercicio de algunas de las Garantías Constitucionales contempladas en el artículo 19, de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, la arbitrariedad necesariamente, desde el punto de vista conceptual, debe vincularse y relacionarse con la noción de actuares u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por el principio de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad.

Por su parte la existencia de ilegalidad conjuga tanto la idea de lo contrario a derecho, o, más técnicamente, el no respetarse o infringirse una norma jurídica.

QUINTO: Que, de la lectura y análisis de los antecedentes aportados por las partes de este recurso, ha de tenerse por acreditado que:

El recurrente comenzó a prestar servicios en el Servicio de Gobierno interior a contar del primero de Marzo del año 2021, por designación a contrata como Administrativo asimilado al grado 18, de la E.U.S., con la formula “mientras sean necesarios sus servicios”, y hasta el 31 de Diciembre del año 2021.

Que dicha contrata fue prorrogada en igual calidad y con la misma fórmula, desde el 1 de Enero y hasta el 31 de Diciembre, ambas del año 2022.

Que, con fecha 27 de Febrero del año 2019, el recurrente celebró contrato de trabajo con la Municipalidad de Puerto Aysén, para desempeñar labores y funciones de paradocente del Liceo Raúl Broussain Campino, por tiempo indefinido; y con fecha 26 de Febrero del año 2021, presentó renuncia voluntaria, a contar del 1 de Marzo del mismo año.

Que, con fecha 27 de Abril del año 2022, se dictó, por el Servicio de Gobierno Interior, de la Región Metropolitana, la Resolución Exenta RA N° 245/1755/2022, por medio de la cual se resuelve poner término anticipado a la designación a contrata del recurrente por no ser necesarios sus servicios, Resolución que en su considerando Primero, cita la letra c), del artículo 10, de la Ley 18.834, como instructivo de la Contraloría General de la República, en cuanto a que la cesación de los servicios debe expresarse a través de un acto fundado y que puede serlo respecto en cuanto a las aptitudes personales del servidor; En el Segundo, se cita Dictamen E15676977/21, en cuanto el funcionario no goza de confianza legítima por haberle sido prorrogada su contrata solo por una vez; En el Tercero, el nombramiento y prórroga, como calidad de la contrata del recurrente, bajo la fórmula “mientras sean necesarios sus servicios”; En el Cuarto, la prórroga de la contrata; En el Quinto, “Que, el Sr. nombre reservado cuenta con educación media completa, se desempeña en la Delegación Presidencial Provincial de Aysén como conductor”; En el Sexto: “Que, tales funciones en la actualidad han sido definidas por la autoridad superior del Servicio como críticas y estratégicas, siendo prioritario para las jefaturas y su gabinete, contar con administrativos de su confianza, tomando en especial consideración la importancia que el transporte de la autoridad y funcionarios implica”; En el Séptimo, “Que, tras los antecedentes proporcionados por la Delegación Presidencial Provincial de Aysén en Oficio N° 1. de fecha 01 de abril de 2022, se ha realizado una evaluación del perfil del Sr. nombre reservado, concluyendo con que no cuenta con un desempeño laboral acorde a las expectativas de la autoridad, tomando en especial consideración los reclamos que ha recibido el Delegado, por parte de los mismos funcionarios de la repartición, respecto del desempeño del funcionario en cuestión, el que, actualmente, por dicha razón, no se encuentra ejerciendo dichas funciones.” ; En el Octavo, facultades que le irroga a la autoridad la Ley 18.575, en su artículo 31; En el Noveno, cita de la misma ley, pero a los artículos 3 y 5, para proceder al término anticipado de la contrata; En el Décimo, la notificación al funcionario.

SEXTO: Que, de lo expuesto es posible concluir que la actuación de las recurridas no puede ser calificada de ilegal o arbitraria, desde que se ha realizado en el ejercicio legítimo de las atribuciones y facultades que a la autoridad se le confieren respecto de un cargo en calidad de contrata, definido en la Ley 18.834, en su artículo 3, como aquel cargo transitorio de la dotación de una institución y cuya permanencia la señala luego el artículo 10, en el sentido que su máxima duración es hasta el 31 de diciembre de cada año, de manera tal que el ejercicio de autoridad, dentro de tal margen de actuación, no significa ni implica per se un actuar arbitrario, considerando, además, que el acto recurrido contiene la exposición de los hechos y los fundamentos respecto a ellos en relación con las normas jurídicas aplicables, como ocurre en la especie, de manera que el acto que se impugna por esta vía debe entenderse enmarcado dentro de las atribuciones de discrecionalidad de la autoridad y amparados por la potestad administrativa que le confiere al Subsecretario del Interior, como Jefe Superior del Servicio de Gobierno Interior, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1, del Decreto con Fuerza de Ley número 22, del año 1959, del Ministerio del Interior y artículos 3 y 5, de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a la alegación de la recurrente de encontrarse amparado por el principio de la “confianza legítima”, en razón de haberse desempeñado para la Municipalidad de Aysén por el año 2019, en forma indefinida bajo la modalidad de contrato de trabajo, al que renunció a contar del 1 de marzo del año 2021 y luego haber sido designado, a contar del 1 de Marzo del año 2021 y hasta el 31 de Diciembre del mismo año, prorrogada luego a contar desde el 1 de Enero y hasta el 31 de Diciembre del año 2022, debe ser desestimada, y ello fundado en los criterios que sobre tal principio ha establecido la Contraloría General de la República, precisamente, en los mismos Dictámenes que el mismo recurrente cita en su libelo y que acertadamente ha citado la recurrida en su informe.

En este sentido no es objetable la decisión impugnada dado que el actor estuvo vinculado, a contrata, solo por un periodo inferior a dos años con el Gobierno Interior, la vinculación anterior lo fue con la Municipalidad de Aysén, con personalidades jurídicas distintas y patrimonios independientes y bajo modalidades distintas, la primera bajo la tutela del Código del Trabajo, la segunda, sujeta al Estatuto Administrativo. Las contrataciones anteriores, no permiten hacer aplicable la “confianza legítima”, pues se trató de distintos empleadores, en cargos con distintas calidades y grados de remuneración y para funciones diversas, que impiden la mantención del último de los vínculos, la contrata, pues no pudo tal escenario inducir al actor a confiar en la repetición de tal renovación que antes si bien existió, actualmente no alcanzó a tener la temporalidad mínima que ya se ha fijado y determinado como un supuesto de procedencia de dicho principio invocado por la recurrente.

No obstante lo anterior, conviene hacer presente, que aún en el evento de aplicarse la referida “confianza legítima”, a fin de obtener la mantención del funcionario en el cargo, aquello no puede llevar a considerar que necesariamente implica inamovilidad, pues no se afectan con ella las facultades que tienen las autoridades respectivas en torno a las contratas, en cuanto a disponer su no renovación, sino que tal decisión de no renovar al funcionario, de disponerse le es permitido a la autoridad siempre y cuando se materialice en un acto administrativo debidamente fundado y notificado, ello en relación a lo prescrito por el artículo 11, de la Ley 19.880.

OCTAVO: Que, de esta manera la impugnada Resolución Exenta, que le fuera notificada, del Gobierno Interior, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que notifica la decisión de poner término anticipado a la designación a contrata del recurrente para el año 2022, no hace sino cumplir con el Estatuto Administrativo, en orden a que la misma estuvo siempre sujeta a “mientras sean necesarios sus servicios”, de manera que en el ejercicio de las atribuciones y facultades de la superioridad del Servicio, a través de un fundado y motivado acto administrativo, en atención a las particulares condiciones y aptitudes del funcionario, sus servicios dejaron de ser necesarios, dadas las particulares condiciones que deben cumplir quienes la desempeñen, lo que en el presente caso fue motivo de reproche y reparo que devino en la dictación de la resolución impugnada.

Así, nos encontramos frente al ejercicio de una potestad exclusiva y propia del Servicio, en las condiciones y términos que expone la citada Resolución, que tiene su antecedente en el estudio del perfil del cargo y del desempeño del recurrente, quien, a la fecha, no se desempeñaba en la natural función para la que fue contratado, tratándose de una manifestación de voluntad que goza de razonabilidad y legalidad sin que se vislumbre de qué manera ello conculca las garantías acusadas por el recurrente, sin que, de otra parte, la recurrente hubiere explicado adecuadamente, cómo la citada Resolución por la que fue contratado por un determinado período de tiempo, le conculca o amenaza las garantías que citó en su recurso.

NOVENO: Que, en efecto, el reproche que la titular de la acción cautelar hace no puede ser acogido al existir un apego al principio de legalidad, consagrado en los artículos 6 y 7, de la Constitución Política de la República, debiendo desestimarse el recurso de protección incoado por no vulnerar las garantías del artículo 19, números 1, 2, 3, inciso quinto y 24, de nuestra Carta Fundamental, en atención a que no se ha acreditado la existencia de una acción u omisión que revista caracteres de arbitrariedad o ilegalidad, lo que se declarará en consecuencia.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, se resuelve RECHAZAR, sin costas, la acción de protección deducida en autos por don nombre reservado, en contra de la Delegación Presidencial Provincial Aysén y del Servicio de Gobierno Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular, don Pedro Alejandro Castro Espinoza.

Rol N°: 917-2022.- (Protección).-