nombre reservado con SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Coyhaique, a nueve de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En causa rol Corte 91-2025, con fecha 04 de abril de 2025, comparece el abogado don CLAUDIO QUIROGA HINOJOSA, en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región nombre reservado. Carlos Ibáñez del Campo, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, como continuador legal del Departamento de Extranjería y Migraciones, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago, representado por su director nombre reservado, por la omisión ilegal y arbitraria en la emisión de resolución exenta que pone fin al procedimiento administrativo, aprobando o rechazando la solicitud de residencia definitiva, solicitada por la recurrente con fecha 24 de julio del 2023, por privar y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria, los derechos de la recurrente, garantizados en el artículo 19 en sus numerales 2 y 3 de la Constitución Política de la República, es decir, Igualdad ante la Ley y el Debido Proceso, de manera de restablecer el imperio del derecho y asegurar su protección como afectado, solicitando en definitiva: ‘’… le otorgue a la recurrente la Resolución exenta que acoge su solicitud de residencia definitiva para que de esta forma pueda acceder a los derechos que le corresponden por su residencia, todo dentro de un plazo fatal de 30 días hábiles o las medidas que SS Ilustrísima con su prudente arbitrio considere más pertinentes.” (SIC)

Con fecha 11 de abril de 2025, doña María José Astudillo Vásquez, abogada, en representación de la recurrida, incorporó el informe requerido.

El 03 de junio de 2025, se ordenó traer los autos en relación y el 05 de junio del mismo año, se procedió a la vista de la causa, sin la comparecencia de los apoderados de las partes, quedando en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente fundamenta su recurso, en lo sustancial, señalando que reside en Chile con situación migratoria regular, convive con su pareja, don nombre reservado, de nacionalidad chilena, y se desempeña como asistente de biblioteca en el Colegio Antonie de Saint-Exupéry E.I.E, con sus cotizaciones previsionales al día.

Refiere que, con fecha 24 de julio del 2023, solicita el beneficio migratorio de residencia definitiva, como consta en el comprobante N°65184921, pagando posteriormente los derechos del referido beneficio.

Argumenta que, transcurrido más de un año y medio desde la presentación de su solicitud, no ha recibido respuesta alguna del Servicio, sin que se le haya requerido subsanar documentos, por lo que no existen gestiones pendientes.

Por último, manifiesta que, el Servicio Nacional de Migraciones ejerce, mediante una omisión, una discriminación arbitraria e ilegal en la tramitación de la solicitud de residencia definitiva, en relación con otros interesados quienes, en condiciones iguales o más desfavorables, han obtenido respuesta oportuna, afectando con ello a sus garantías fundamentales.

En cuanto al plazo de interposición de la presente acción, sostiene que, atendido al permanente perjuicio que reporta la omisión recurrida, se mantiene dentro del plazo legalmente oportuno.

Expresa la recurrente, que se ha vulnerado manifiestamente su derecho a la igualdad ante la ley, consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental de nuestro ordenamiento jurídico.

SEGUNDO: Que, la abogada María José Astudillo Vásquez, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, evacuando el informe requerido, en primer lugar, solicita el rechazo en todas sus partes del presente recurso, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser declarado inadmisible, al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal.

En segundo lugar, alega la falta de legitimación pasiva del Servicio, por cuanto las reclamaciones que se formulan en el recurso emanan de terceros indeterminados.

En cuanto al fondo, señala que, nombre reservado, solicitó el beneficio de la permanencia definitiva, mediante solicitud N° ID 65184921.

Que, con fecha 06 de septiembre de 2023, se le solicita el pago de derechos; el que es realizado por la extranjera con fecha 27 de septiembre de ese mismo año.

Agrega que, la solicitud de la recurrente, se encuentra actualmente en etapa de resolución, tal como se muestra en la foto-captura obtenida del Registro Nacional de Extranjeros, acompañada en estos autos.

En lo que respecta a los antecedentes de derecho, señala que el artículo 78 de la Ley N°21.325, señala: “Residencia definitiva es el permiso para radicarse indefinidamente en Chile, que autoriza a desarrollar cualquier actividad lícita, sin otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias”.

Agrega que, el artículo 37 de la misma Ley señala: “Al Servicio le corresponderá otorgar, prorrogar y revocar los permisos de residencia y permanencia definidos en este Título, con excepción de aquellos correspondientes a residentes oficiales, que serán de competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Respecto a la extensión del procedimiento, establece que es de público conocimiento el aumento exponencial de las solicitudes de residencias definitivas que se formularon al Servicio, entre los años 2020 al 2024, lo cual significó un justificado y razonable retardo por parte de la autoridad migratoria en la resolución de este tipo de trámites.

Sin perjuicio de lo anterior, argumenta que, el plazo establecido en el artículo 27 de la LBPA, es un plazo “no fatal”, debido a que la ley no declara expresamente que tenga dicha naturaleza, como tampoco existe alguna sanción de caducidad asociada al transcurso del plazo. Así lo ha confirmado la Excelentísima Corte Suprema en causa Rol N°115064-2022, de fecha 20 de marzo de 2023.

Arguye que, el hecho de que el referido plazo, no sea fatal para dar término a los procedimientos administrativos, refuerza el hecho de encontrarse ajustado a derecho el actuar de la autoridad administrativa, máxime cuando es pacífico que ha dado tramitación legal a la solicitud, sustanciando su tramitación, dándole curso progresivo, y poniendo a disposición de la recurrente el respectivo comprobante que acredita su residencia regular en el país.

Respecto a la inexistencia de vulneración de las garantías fundamentales, dispone que, la solicitud de residencia definitiva de la recurrente se encuentra actualmente en trámite, pudiendo acceder a un certificado que acredita tal situación.

Esgrime que, la Ley de Migración y Extranjería, mediante sus artículos 38, 43 y 45, garantiza que los extranjeros con solicitud de residencia definitiva en trámite, mantengan una situación migratoria regular en el territorio nacional, lo que les asegura el ejercicio pleno de sus derechos. Agrega que, en su artículo 38, protege la libertad personal y la seguridad individual de los extranjeros que ostenten un certificado de residencia en trámite, determinando que son libres para entrar y salir del país, incluso si su permiso de residencia anterior ha vencido.

Asimismo, afirma que, también se puede acreditar la condición migratoria regular, mediante la cédula de identidad vigente. En ese sentido, afirma que, el artículo 43, inciso final, protege el legítimo ejercicio de los derechos de los extranjeros al establecer, de pleno derecho, la prórroga de la vigencia de la cédula de identidad de extranjeros, siempre y cuando se pueda acreditar que mantiene una solicitud de permiso de residencia en trámite.

Hace constar que, la protección jurídica otorgada a los extranjeros migrantes, ha sido expresamente reconocida por la Excelentísima Corte Suprema, citando nuevamente la causa Rol N°115064-2022.

Concluye que, en el caso de autos, la recurrente mantiene una solicitud de residencia definitiva en trámite, pudiendo acceder a un certificado que acredite dicha situación y posee una cedula de identidad para extranjeros, por lo que es posible desacatar cualquier vulneración de sus garantías fundamentales por el mero hecho de que su solicitud de residencia no se encuentre resuelta.

Así las cosas, manifiesta que, la existencia de una protección legal para los solicitantes de residencia definitiva, ha hecho concluir a la Excma. Corte Suprema que la mera ausencia de un pronunciamiento final sobre una solicitud de esta naturaleza no puede ser calificada, por sí sola, como una vulneración de garantías fundamentales.

Asevera que, cualquier acción jurisdiccional intentada, que tenga por causa el desconocimiento del artículo 43 de la Ley de Migración y Extranjería por un tercero, deberá ser dirigida en contra de aquella persona u organismo que haya desplegado efectivamente la conducta reprochable y no contra el Servicio, tal y como lo ha establecido la Excma. Corte Suprema: “UNDÉCIMO: Que, igualmente, no deja de advertir esta Corte Suprema, tal como lo señala el Servicio recurrido en su presentación de diez de enero del actual, que existe una problemática que se ha mantenido no obstante la claridad del artículo 43 de la Ley N° 21.325, y que se materializa en las dificultades que, otros órganos públicos y/o privados, colocan a los extranjeros en la situación de espera de pronunciamiento del beneficio de permanencia definitiva, cuestión que legitima pasivamente a dichas entidades para ser objeto de esta acción, y no al Servicio recurrido.(…)”

Finalmente, sostiene que la acción de protección deducida no cumple con los requisitos constitucionales para su interposición, no existiendo conducta ilegal o arbitraria desplegada por el Servicio, debido a que el plazo que la ley consagra para la terminación del acto administrativo no es fatal para la Administración; y, en segundo lugar, ha quedado claramente establecido que la mera tardanza en la resolución de una solicitud de residencia presentada por un extranjero no puede ser identificada como una conducta que perturbe sus garantías fundamentales, por lo que solicita el rechazo del presente recurso de protección.

TERCERO: Que, en lo referente a la solicitud de inadmisibilidad del recurso, formulada por la recurrida, deberá ser desestimada en esta etapa procesal, debiendo estarse a lo resuelto a Folio 3, con fecha 09 de abril de 2025, desde que en la referida resolución se decidió este aspecto de orden adjetivo y se declaró admisible la presente acción cautelar, toda vez que cumplía con los requisitos formales establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de garantías constitucionales de la Excma. Corte Suprema, correspondiendo, entonces, pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido al conocimiento de esta Corte.

CUARTO: Que, en cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva, planteada por el mismo Servicio recurrido, cabe señalar que lo reprochado por el recurrente, es la omisión del Servicio Nacional de Migraciones en el pronunciamiento de un acto terminal que resuelva su solicitud de permanencia definitiva, realizada con fecha 24 de julio de 2023, siendo precisamente el mencionado Servicio el competente para dictar el acto administrativo que se pretende, por lo que bajo dichas circunstancias, resulta verificable la legitimidad pasiva de la recurrida, motivo que, en consecuencia, llevará a que dicha alegación sea de igual modo desestimada, conforme así se declarará en lo resolutivo de esta sentencia.

QUINTO: Que, por otra parte, el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

SEXTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SÉPTIMO: Que, en tal orientación, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo, se afecte una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

OCTAVO: Que, en esa línea y conforme los antecedentes existentes en la presente causa, debe consignarse, que en la acción constitucional materia del presente arbitrio, el conflicto de marras radica en el hecho que doña nombre reservado, con fecha 24 de julio del 2023, presentó en tiempo y forma su solicitud de residencia definitiva ante el Servicio Nacional de Migraciones, sin que a la fecha de interposición del recurso, esto es, el día 04 de abril de 2025, se haya resuelto sobre ésta, lo que configura, a su juicio, una omisión ilegal y arbitraria en la emisión de resolución exenta que pone fin al procedimiento administrativo, todo lo cual le ha provocado diversos perjuicios.

NOVENO: Que, sin embargo, de los antecedentes sometidos al conocimiento de esta Corte, y a través de la aplicación de los criterios que reglan la sana crítica, es posible inferir que las afectaciones que la recurrente invoca como vulneradoras de su garantía fundamental de Igualdad Ante la Ley, y en base a las cuales fundamenta la interposición del presente libelo, se generan a partir del retardo por parte del Servicio en la emisión de respuesta a la solicitud de residencia definitiva, lo cual originaría la existencia de un trato desigual hacia la recurrente, en comparación con otros extranjeros, los cuales han recibido respuesta de manera oportuna, tratándose, desde luego, de un migrante en situación regular, con cédula de identidad vigente, respecto de la cual no consta orden de expulsión alguna o antecedentes similares en su contra.

DECIMO: Que, para la resolución del presente conflicto, resulta importante tener presente lo previsto en la Ley N°21.325, específicamente, en su artículo 43, el cual prescribe:

“Artículo 43.- Cédula de identidad. Los residentes temporales y definitivos deberán solicitar cédula de identidad ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de entrada en vigencia del respectivo permiso de residencia.

El Servicio tendrá acceso a la información actualizada de las cédulas de identidad que el Servicio de Registro Civil e Identificación haya otorgado a los residentes, con la identificación completa, nacionalidad, fecha de nacimiento y número de cédula y vigencia respectiva.

La cédula de identidad que se otorgue en virtud de este artículo deberá expedirse de conformidad con los nombres y apellidos y plazo de vigencia que registre el permiso de residencia respectivo.

Se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia, siempre y cuando el extranjero acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva solicitud.”

UNDÉCIMO: Que, en este estadio, el ordenamiento jurídico ha contemplado una norma especial para el caso, y que prevé las consecuencias que en la vida cotidiana puedan enfrentar los solicitantes mientras no se les otorgue la residencia, sea ésta, temporal o definitiva, disponiendo la mantención de la vigencia de la cédula de identidad de los extranjeros que cuenten con un certificado de residencia en trámite vigente, o hasta que la recurrida resuelva la solicitud de éstos.

DUODÉCIMO: Que, en consecuencia, a juicio de esta Corte, no se verifica perturbación o afectación alguna, ni siquiera en grado de amenaza, por el hecho que el Servicio recurrido haya excedido en más de seis meses la tramitación de la respectiva solicitud de la recurrente, pues no resulta verificable en los hechos, que ésta se encuentre impedida o imposibilitada de realizar trámites ante cualquier entidad pública o privada con su cédula de identidad, siempre y cuando se trate de extranjeros en situación regular en el país, como es el caso de la solicitante.

DÉCIMO TERCERO: Que, a mayor abundamiento, resulta importante tener presente que el artículo 38 de la Ley N°21.325, establece:

“Artículo 38.- Ingresos y egresos. No habrá límite al número de ingresos y egresos del territorio nacional que pueden efectuar los extranjeros residentes, en tanto esté vigente el permiso de residencia respectivo y se cumplan los requisitos que exigen esta ley y su reglamento.

Si el extranjero residente hubiere solicitado el cambio o prórroga de su permiso de residencia temporal o hubiere solicitado el permiso de residencia definitiva, y acredita que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente, no tendrá limitaciones al número de ingresos y egresos del territorio nacional, aun cuando el permiso de residencia que posea no se encuentre vigente.”

DÉCIMO CUARTO: Que, los preceptos recién transcritos, incluidos en un cuerpo normativo que viene a modernizar la legislación vigente en esta materia, corrobora lo razonado por estos sentenciadores y, reafirma que la circunstancia denunciada, esto es, el solo hecho de no existir pronunciamiento por parte de la recurrida acerca de la solicitud de residencia definitiva de la recurrente, no es antecedente suficiente para entender conculcados los derechos invocados, pues tanto del tenor del recurso como de los conocimientos que emanan de las máximas de la experiencia, es posible concluir que el único documento oficial cuya falta de vigencia puede obstar al desarrollo de la vida cotidiana en el país es la cédula de identidad y es, precisamente, la norma citada la que determina la mantención de la vigencia, de pleno derecho, de tal instrumento, mientras se tramita la solicitud recaída sobre la situación migratoria de un extranjero, precaviendo cualquier perturbación incluso en grado de amenaza, por el hecho que el Servicio tarde más de seis meses en tramitar la petición respectiva.

Así, la recurrente no se encuentra impedida de realizar trámites esenciales con su cédula de identidad ante cualquier entidad pública o privada, tratándose de extranjero en situación regular en el país, no advirtiendo esta Corte que existan impedimentos que obsten al desarrollo del proyecto de vida de la recurrente, al mantenerse la vigencia de su cédula de identidad, pudiendo entrar y salir del país y, desplazarse dentro de éste, siempre y cuando cuente con un certificado de residencia -temporal o definitiva- en trámite vigente, como efectivamente acontece en este caso.

DÉCIMO QUINTO: Que, en virtud de las consideraciones consignadas en los motivos precedentes, no habiéndose acreditado que la demora en la dictación del acto administrativo terminal suscite efectivamente una privación, perturbación o amenaza a las garantías constitucionales invocada, ni aún en grado de amenaza, el presente recurso deberá ser desestimado de la manera que se dirá.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE RESUELVE:

I.- Que SE RECHAZA la petición de inadmisibilidad del presente recurso, deducida por la recurrida.

II.- Que SE RECHAZA la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por la recurrida.

III.- Que SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por el abogado Claudio Quiroga Hinojosa, en favor de doña nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, lo anterior, sin perjuicio que la entidad recurrida deberá emitir pronunciamiento, dentro de un plazo razonable de 30 días, acerca de la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente, de conformidad al artículo 37, de la Ley N°21.325 y al artículo 46, del Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°296 de 2022.

Anótese, notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Sr. Ministro Titular, don José Ignacio Mora Trujillo.

Rol Corte Nº91-2025 Protección.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl Código: TNDUXQXGMKF Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl Código: TNDUXQXGMKF