nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Coyhaique, a doce de mayo del año dos mil veintitrés.

VISTOS:

Con fecha 17 de febrero de 2023, comparece doña nombre reservado, de nacionalidad peruana, administradora de empresas, con domicilio en domicilio reservado, Región de Aysén, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado legalmente por don nombre reservado, por la omisión ilegal y arbitraria en el pronunciamiento sobre su solicitud de permanencia definitiva de fecha 26 de septiembre del año 2022, todo lo cual estima que priva, perturba y amenaza el legítimo ejercicio de sus derechos contenidos en los numerales 2 y 4, del artículo 19, de la Constitución Política de la República, referentes a la igualdad ante la ley y el derecho a la honra de la persona y su familia, y, eventualmente, los derechos establecidos en el artículo 19 N° 7 y 16, esto es, el derecho de residir en cualquier lugar de la República y de entrar y salir de su territorio, así como la libertad de trabajo y su protección; solicitando, en definitiva, se acoja “ordenando a dicho Servicio emitir pronunciamiento terminal sobre la solicitud de residencia definitiva de la recurrente, nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, dentro 30 días desde que la sentencia quede ejecutoriada, o el plazo que SS. I. estime prudente al efecto, adoptándose adicionalmente todas las medidas que este Iltmo. Tribunal estime convenientes para restablecer el imperio del derecho.” (SIC)

Con fecha 3 de marzo de 2023, se declaró admisible el recurso de protección interpuesto y se pidió informe a la recurrida.

Con fecha 15 de marzo de 2023, don Israel Villavicencio Chávez, abogado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, evacua el informe requerido, y solicita el rechazo del recurso en todas sus partes.

Con fecha 06 de mayo de 2023, se trajeron los autos en relación, y con fecha 09 de mayo de 2023, se llevó a cabo la vista de la causa, con la comparecencia telemática del abogado, don Ignacio Seguel Cañas, por el recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente fundamenta su recurso en lo sustancial, señalando que en marzo de 2021, contrajo Acuerdo de Unión Civil con su actual cónyuge, Ignacio Seguel Cañas, chileno, cédula de identidad número RUT reservado, lo que le permitió postular a la residencia temporal por vínculo familiar. La visa de residencia temporal fue concedida por el Cónsul General de Chile en Lima el 16 de agosto de 2021.

Señala que, ingresó a territorio chileno el 6 de noviembre de 2021 (fecha en la que se activó la visa de residencia temporal) y dentro de plazo efectuó el registro de la misma en la Policía de Investigaciones y obtuve mi cédula de identidad, todo ello en conformidad a la antigua legislación migratoria.

La residencia temporal se le concedió por 365 días, por lo que su fecha de vencimiento fue el 6 de noviembre de 2022 y el 22 de abril de 2022 contrajo matrimonio civil con don Ignacio Seguel Cañas.

Agrega que, conforme la antigua ley, le correspondía pedir la residencia definitiva al cabo del plazo de 1 año contado desde la activación de la visa de residencia temporal. La solicitud se debe ingresar no más de 90 ni menos de 10 días antes del vencimiento de la visa temporal.

Es por ello que con fecha 26 de septiembre de 2022, y a través de las plataformas digitales del recurrido, solicitó la residencia definitiva en calidad de titular, por vínculo familiar con chileno (cónyuge), adjuntando todos los antecedentes exigidos por la autoridad para esos efectos, con la respectiva apostilla en el caso de aquellos que provienen de la República del Perú. A esa solicitud se le asignó el N° 55619105.

Agrega que, ha efectuado un proceso migratorio absolutamente regular, al obtener su visa de residencia temporal desde fuera del territorio de Chile –nunca tuvo que regularizar su situación–, la que se activó a su ingreso al país. Actualmente, posee certificado de residencia definitiva en trámite, el que tiene vigencia de 6 meses contados desde su emisión, esto es, desde el 15 de diciembre de 2022 Manifiesta que, al realizar la solicitud de residencia definitiva adjuntó todos y cada uno de los documentos exigidos por la autoridad, el Servicio Nacional de Migraciones pidió, el mismo 15 de diciembre de 2022, que adjuntara un certificado de antecedentes de su país de origen, Perú. Para no entrabar el proceso, no obstante que dicho antecedente sí había sido acompañado a la solicitud electrónica de residencia definitiva, a través de la plataforma digital la recurrente adjuntó nuevamente el referido certificado de antecedentes.

Indica que, habiéndo realizado la solicitud de residencia definitiva hace más de 6 meses, la página web del Servicio Nacional de Migraciones, no me permite siquiera consultar el estado de avance de su solicitud.

Alega que, el Servicio recurrido ha dejado transcurrir más de seis meses desde el inicio del procedimiento administrativo destinado a obtener la residencia definitiva de la recurrente, esto es, desde el 26 de septiembre del año 2022. Ni siquiera el Servicio recurrido le concede la información necesaria del estado de avance de su solicitud.

Continúa su alegación haciendo referencia a la Ley 19.880, especialmente, a sus artículos 4, 7, 9, referentes a los principios que rigen el procedimiento administrativo, como lo son, el de escrituración, gratuidad, celeridad, conclusivo, economía procedimental, contradictoriedad, imparcialidad, abstención, no formalización, inexcusabilidad, impugnabilidad, transparencia y publicidad.

Señala que, el artículo 27 expresamente establece que “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”, norma que ha sido transgredida por el recurrido, al dejar pasar más de 6 meses contados desde la solicitud de residencia definitiva. Dicha omisión es, por tanto, ilegal, en tanto infringe las normas antes citadas, y arbitraria, por cuanto carece de justificación razonable.

Agrega que el artículo 17 de la citada Ley, se refiere al derecho de las personas de conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de los procedimientos administrativos que le interesen.

Sostiene que, lo anterior constituye un atentado inminente y grave en contra de las garantías constitucionales de la recurrente, especialmente, las contenidas en el artículo 19, N° 2, de la Constitución Política de la República, referente a la igualdad ante la ley, desde que, el actuar de la recurrida constituye una discriminación arbitraria en su contra, en tanto es manifiesto el trato diferenciado en relación con otros solicitantes que, en estado y condiciones jurídicas similares, han podido tramitar debidamente sus solicitudes de residencia definitiva, obteniendo un pronunciamiento administrativo terminal y una resolución fundada sobre su solicitud.

Asimismo, estima que se ha infraccionado el N°4, del artículo 19, de la referida Carta Fundamental, en relación con su artículo 1, toda vez que, la recurrente migró a Chile por motivos familiares, dado que su cónyuge es chileno y reside en Chile, de modo tal que no contar con residencia definitiva le causa una absoluta incertidumbre desde el punto de vista familiar, al no saber, no obstante el tiempo transcurrido, si podrá permanecer legítimamente en este país.

Eventualmente, estima que podrían verse vulnerados los derechos establecidos en el artículo 19 N° 7 y 16, esto es, el derecho de residir en cualquier lugar de la República y de entrar y salir de su territorio, no obstante haber cumplido todas las normas migratorias al respecto, y la libertad de trabajo y su protección, puesto que, de no poder renovarse el certificado de visa en trámite, no podrá entrar o salir libremente de territorio chileno, ni ejecutar actividades remuneradas.

SEGUNDO: Que, doña Patricia Acuña Garabito, abogado, en representación de la Dirección Regional de Aysén, del Servicio Nacional de Migraciones, evacuando el informe requerido, solicita el rechazo en todas sus partes del presente recurso señalando que doña nombre reservado, obtuvo visa de residencia temporal concedida por el Cónsul General de Chile en Lima el 16 de agosto de 2021, ingresando a territorio chileno el 6 de noviembre de 2021, activándose la visa antes mencionada, con vigencia de 1 año a contar de esa fecha.

Así, con fecha 26 de septiembre de 2022, la recurrente solicitó ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el beneficio de la permanencia definitiva, mediante la solicitud N° ID 55619105, la cual se encuentra actualmente en trámite.

En lo que respecta a los antecedentes de derecho, señala que habiendo solicitado la recurrente el beneficio de la permanencia definitiva previo a la entrada en vigor de la nueva Ley N° 21.325, corresponde señalar que el 41 del Decreto Ley N° 1.094 de 1975, Ley de Extranjería, señala: “La permanencia definitiva es el permiso concedido a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier clase de actividades”.

Por su parte, el artículo 41 del Decreto Ley N° 1.094 de 1975, Ley de Extranjería, señala: “La permanencia definitiva es el permiso concedido a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier clase de actividades”. Norma que se encuentra reproducida en idénticos términos en el artículo 80 del Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería.

Así, el artículo 125 del Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería, señala: “Las solicitudes de ampliaciones y prórrogas del permiso de turismo, visaciones, cambio y prórrogas de las mismas, autorizaciones de trabajo para turistas o estudiantes y permanencia definitiva, se harán efectivas a través de formularios proporcionados gratuitamente por la Autoridad respectiva…”. Finalmente, el numeral primero del artículo sexto transitorio de la Ley N° 21.325 de Migración Extranjería ha determinado que todo beneficiario de un permiso de permanencia definitiva que haya sido otorgado con anterioridad de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.325, esto es, antes del 12 de febrero de 2022, es asimilado al beneficiario de la residencia definitiva.

Manifiesta que, la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente se encuentra actualmente en trámite, pudiendo acceder la extranjera a un certificado que acredita tal situación, en los términos del artículo 1 N° 25 de la Ley N° 21.325, y del artículo 45 del Decreto N° 296 de 12 de febrero de 2022, Reglamento de la Ley de Migración y Extranjería. Citando al respecto, el artículo 38 y 45, este último en relación con el artículo 43, todos de la Ley N° 21.325.

Vinculado a lo anterior, el referido artículo 43 de la Ley N° 21.325, en su inciso final, protege el legítimo ejercicio de los derechos de los extranjeros al establecer, de pleno derecho, la prórroga de la vigencia de la cédula de identidad de extranjeros, siempre y cuando su titular pueda acreditar que mantiene una solicitud de permiso de residencia en trámite.

Posterior a citar jurisprudencia que estima concerniente al caso de autos, indica que la recurrente mantiene una solicitud de permanencia definitiva en trámite, puede acceder a un certificado que acredita dicha condición y posee una cédula de identidad para extranjeros, la cual, aun en el caso de que se muestre como vencida a la fecha de este informe, se encuentra plenamente vigente por el sólo ministerio de la ley, mientras su solicitud se encuentre en estado de trámite.

Manteniendo entonces la contraria, a la fecha de este informe, condición migratoria regular en el país y cuenta con un documento de identificación vigente y válido para ser presentado ante cualquier organismo público y privado, por lo que es posible descartar cualquier vulneración de sus garantías fundamentales por el mero hecho de que su solicitud de residencia no se encuentre resuelta.

Indica que, si bien la nueva Ley de Migraciones es clara en determinar la vigencia de las cédulas de identidad de los extranjeros que acrediten mantener una solicitud de residencia en trámite, no es posible ignorar que, en los hechos, otras entidades, públicas y privadas, han desconocido la recta aplicación de la Ley N° 21.325, impidiendo a los solicitantes el acceso a variados servicios, tanto estatales como privados, por contar con una cédula de identidad aparentemente vencida, cuestión que ha dificultado su vida cotidiana y que ha sido la principal causa de la interposición de las acciones constitucionales, el Servicio recurrido ha remitido los respectivos Oficios Ordinarios a diversas instituciones públicas para solicitar que, en el ámbito de sus atribuciones, soliciten a los organismos que se encuentran bajo su fiscalización y supervigilancia que reconozcan como vigentes las cédulas de identidad para extranjeros que les sean exhibidas conjuntamente con un comprobante de residencia definitiva en trámite o prórroga de residencia temporal en trámite.

Continúa señalando los oficios remitidos, entre los cuales menciona el Oficio N° 67.130, de fecha 7 de noviembre de 2022, enviado a la Comisión para el Mercado Financiero; Oficio Ordinario N° 80585, de fecha 29 de diciembre de 2022, enviado a la Excelentísima Corte Suprema; Oficio Ordinario N° 80586, de fecha 29 de diciembre de 2022, enviado a la Superintendencia de Salud, Así, el Servicio Nacional de Migraciones ha realizado las gestiones, que se encuentran dentro de la esfera de su competencia establecida por la ley, para velar por el cumplimiento, por parte de las instituciones financieras, de las normas que protegen a los extranjeros que han postulado a la residencia definitiva o a la prórroga de la residencia temporal, cuestión de suma importancia para la realización material y económica de los extranjeros migrantes que residen en Chile, cumpliendo así con el mandato encomendado por el legislador a esta autoridad a través de la nueva Ley de Migración y Extranjería.

Posteriormente, y respecto a la Ley de Presupuesto para el Sector Público 2023, Ley N° 21.516, señala que existe un plan nacional para descongestionar la masividad de solicitudes de residencias existentes ante este Servicio, y que dichas solicitudes puedan ser resueltas dentro de los plazos legales.

Finalmente, respecto al tiempo de tramitación, indica que, según lo señalado en el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país, proveniente de diversos países, lo cual tuvo por consecuencia un aumento importante en la cantidad de solicitudes recibidas por esta autoridad. Lo anterior significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria que, como se expondrá, ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de residencia definitiva.

Indica que, el plazo establecido en el artículo 27 de la ley N° 19.880, es un plazo que entra en la categoría de “no fatales”, debido a que la ley no declara expresamente que tenga dicha naturaleza, como tampoco existe alguna sanción de caducidad asociada al transcurso del plazo, siendo un plazo referencial para la administración, no perentorio y posible de ser prorrogado, citando también jurisprudencia al efecto.

Señala que, la tramitación de la solicitud de la recurrente sigue la misma tramitación legal y reglamentaria que cualquier otro extranjero, no existiendo ninguna diferencia arbitraria ni ilegal, y por lo demás, mientras se mantenga en tramitación la solicitud, las personas no tienen limitaciones para salir e ingresar al país sin más limitaciones que las que establece la ley, así como plena libertad de desarrollar actividades remuneradas lícitas, y en general, adquirir todo derecho u obligación civil conforme lo establecido en el artículo 57 del Código Civil.

Finalmente, sostiene que, la acción de protección deducida no cumple con los requisitos constitucionales para su interposición, pues no se verifica ninguno de los requisitos establecidos por la Constitución para su interposición, no existiendo conducta ilegal o arbitraria desplegada por el Servicio, debido a que el plazo establecido por la ley para la terminación del acto administrativo no es fatal para la Administración, y en segundo lugar, ha quedado claramente establecido la mera tardanza en la resolución de una solicitud de residencia presentada por un extranjero no puede ser identificada como una conducta que perturbe sus garantías fundamentales.

Agrega que, cualquier acción jurisprudencial que tenga por causa el desconocimiento del artículo 43 de la Ley de Migración y Extranjería por un tercero deberá ser dirigida en contra de aquella persona u organismo que haya desplegado efectivamente la conducta reprochable, y no en contra de Servicio Nacional de Migraciones, tal como ha sido establecido por la Excelentísima Corte Suprema, por lo que solicita el rechazo del presente recurso de protección.

TERCERO: Que, en lo referente a la solicitud de inadmisibilidad del recurso, formulada por la recurrida, está deberá ser desestimada en esta etapa procesal, debiendo estarse a lo resuelto a Folio 3, de fecha 10 de abril de 2023, desde que en la referida resolución se declaró admisible la presente acción cautelar, toda vez que cumple con los requisitos formales establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las garantías constitucionales de la Excma. Corte Suprema, correspondiendo entonces, pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido al conocimiento de esta Corte.

CUARTO: Que, en cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva, planteada por el mismo Servicio recurrido, cabe señalar que lo reprochado por la recurrente, - además de la falta de acceso a la información acerca del estado de su solicitud - es la omisión del Servicio Nacional de Migraciones en el pronunciamiento de un acto terminal que resuelva su solicitud de permanencia definitiva realizada con fecha 26 de septiembre del año 2022, siendo precisamente, el mencionado Servicio el competente para dictar el acto administrativo que se pretende, por lo que bajo dichas circunstancias, resulta verificable la legitimidad pasiva del recurrente, y en consecuencia, dicha alegación debe ser desestimada.

QUINTO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

SEXTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SÉPTIMO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

OCTAVO: Que, conforme los antecedentes existentes en la presente causa, debe consignarse, que en la acción constitucional materia del presente arbitrio, el conflicto de marras radica en el hecho que doña nombre reservado, con fecha 26 de septiembre de 2022, remitió en tiempo y forma su solicitud de residencia definitiva ante el Servicio Nacional de Migraciones, sin que a la fecha de interposición del recurso, esto es, el día 29 de marzo de 2023, se haya resuelto sobre ésta, lo que configura, a su juicio, una omisión ilegal y arbitraria en la emisión de resolución exenta que pone fin al procedimiento administrativo, todo lo cual le ha provocado diversos perjuicios.

Asimismo, la actora arguye como fundamento de su acción la circunstancia de que, no obstante, haber hecho la solicitud hace más de seis meses, la página web del Servicio no le permite consultar el estado de avance de su solicitud, figurando en dicha plataforma mensajes como: “No se encontró el registro” y “Su Estado de Solicitud de Permanencia Definitiva no se encuentra disponible”, indicando las posible causas del problema, lo que se ve agravado con el hecho de que la recurrida no atiende público, siendo la única instancia de consulta la plataforma virtual defectuosa.

NOVENO: Que, de los antecedentes sometidos al conocimiento de esta Corte, y a través de la aplicación de los criterios que reglan la sana crítica, es posible inferir que las afectaciones que la recurrente invoca como vulneratorias para la plena realización de una vida cotidiana en el país, y en base a las cuales fundamenta la interposición del presente libelo, se originan a partir del absoluto desconocimiento del estado de su solicitud, por las razones explicadas en el motivo precedente, no teniendo ninguna opción de conocer el avance del proceso administrativo para la obtención de permanencia definitiva, no obstante haber dado cumplimiento íntegro a todos los requisitos legales y administrativos para obtención del beneficio migratorio.

DÉCIMO: Que, para la resolución del presente conflicto, resulta importante tener presente lo previsto en los artículos 7° y 8° de la ley N°19.880, el cual impone a la Administración la obligación de actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión; así como de dictar un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, comunicándola en tiempo razonable, dando así estricto cumplimiento al principio de celeridad y del principio conclusivo, debiendo, además, observar en dicho procedimiento los principios de eficiencia, eficacia, simplificación y rapidez a que se refieren los artículos 3°, 5°, inciso primero y 8°, inciso primero de la ley N°18.575.

UNDÉCIMO: Que, por su parte el inciso 4° del artículo 37 de la Ley de Migración y Extranjería N°21.325, impone la obligación de tramitar las solicitudes de residencia temporal o definitiva en el más breve plazo, debiendo informar el estado de tramitación de las solicitudes cada sesenta días hábiles.

En este mismo orden, el Reglamento de la Ley, contenido en el Decreto Supremo N°296, específicamente en su artículo 46 señala que, sin perjuicio del deber que compete al Servicio de tramitar las solicitudes de residencia con plena observancia de los principios de eficiencia, eficacia y celeridad, éste deberá informar el estado de tramitación de las solicitudes cada sesenta días hábiles, a través de correo electrónico informado por el interesado, sin perjuicio de los sistemas de autoconsulta, u otros medios digitales que el Servicio de Migraciones provea para tal efecto, debiendo informar, al menos, la etapa en la que se encuentra el procedimiento y la unidad orgánica del Servicio que sea responsable de ella.

DUODÉCIMO: Que, de lo expuesto es dable concluir que los medios virtuales dispuestos por la normativa señalada, constituyen importantes e imprescindibles canales de comunicación entre el solicitante y el Servicio recurrido, convirtiéndose en el medio oficial para la comunicación entre los actores, especialmente, para el conocimiento del estado de tramitación de su solicitud, máxime si dicho estado no es posible ser conocido personalmente en las oficinas del Servicio, pues no existen canales de comunicación inmediatas a través de las oficinas de la recurrida, siendo posible advertir esta circunstancia, no sólo a través de los dichos de la recurrente, sino que desde la misma página web del Servicio de Migraciones, en la cual se indica “El Servicio Nacional de Migraciones cuenta con sus respectivas Direcciones Regionales en todo Chile. La atención a público se hace exclusivamente a través de los canales digitales del Servicio.”

Que, en consecuencia, no habiendo sido aportado al proceso antecedentes que den cuenta de información relativa al estado de la solicitud remitida al correo electrónico de la recurrente, para conocer éste, la recurrente sólo puede contar con el método de autoconsulta a través de la página web del Servicio, instancia que como pudo apreciarse por estos sentenciadores, se encuentra funcionando defectuosamente, al señalar un error que no es atribuible, bajo ninguna circunstancia a la recurrente, sino al Servicio recurrido, debiendo, en consecuencia, la actora esperar hasta la dictación del acto administrativo terminal para acabar con el desconocimiento e incertidumbre que le genera el no tener acceso al método de consulta virtual del estado de su solicitud.

DÉCIMO TERCERO: Que, de conformidad a lo razonado precedentemente, las obligaciones relativas al procedimiento administrativo, a juicio de esta Tribunal de alzada, se encuentran insatisfechas, toda vez que desde la iniciación de los trámites, esto es la solicitud de permanencia definitiva de fecha 26 de septiembre de 2022, hasta la fecha de interposición del presente recurso el día 29 de marzo de 2023, ha transcurrido más de seis meses desde su iniciación para pronunciarse sobre la materia de autos, sin tener acceso a los canales de comunicación virtual para conocer el estado de su solicitud, por las circunstancias ya referidas en esta sentencia.

DÉCIMO CUARTO: Que la omisión en que incurrió la recurrida, es calificable de arbitraria e ilegal, de conformidad a los antecedentes establecidos, y a la normativa legal aplicable, lo que además, vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, en tanto implica una discriminación arbitraria en contra de la recurrente, y que se manifiesta en el trato diferenciado en relación a otros solicitantes que, en estado y condiciones jurídicas similares, han podido obtener información oportuna de sus solicitudes de permanencia definitiva, siendo oportunamente noticiados del estado en que se encuentran, permitiendo de este modo, a esos otros administrados, requerir, de ser ello procedente, la revisión jurisdiccional del acto respectivo.

DÉCIMO QUINTO: Que, sin perjuicio de lo consignado anteriormente, no corresponde a esta Corte pronunciarse sobre otros aspectos del fondo del asunto, debiendo esta Corte, limitarse a disponer de las providencias necesarias para dar continuidad al proceso por el cual se tramita la respectiva solicitud, a objeto de otorgar la debida protección a la garantía fundamental vulnerada, restableciendo, de este modo, el imperio del derecho, para finalmente compeler a la recurrida a modificar su actuar, y una vez enmendado, se proceda como en derecho corresponda a fin de obtener un pronunciamiento terminal oportuno por parte del Servicio recurrido sobre la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente.

Que, sin embargo en atención a los argumentos planteados en los considerandos previos, el presente recurso de protección habrá de prosperar, y consecuentemente, se acogerá en los términos que se consignarán en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE RESUELVE:

I. Que, SE RECHAZA, la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por la recurrida.

II. Que, SE ACOGE, la acción de protección deducida por doña nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado legalmente por don nombre reservado, debiendo el recurrido emitir pronunciamiento, dentro de un plazo razonable, acerca de la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente, de conformidad al artículo 37, de la Ley N°21.325 y al artículo 46, del Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°296 de 2022.

III. Que, no se condena en costas a la recurrida.

Anótese, notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro Titular, doña Natalia Marcela Rencoret Oliva.

Rol Corte Nº 90-2023 (Protección).