nombre reservado con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE SECCIÓN REMUNERACIONES

Coyhaique, a dieciséis de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En lo principal de la presentación de fecha 28 de marzo de 2025, comparece Kurt Germán Borneck Gutiérrez, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, departamento que se encuentra bajo la jerarquía administrativa del Prefecto Inspector don nombre reservado, a cargo de la Jefatura Nacional de Administración y nombre reservado, en adelante JENAPERS con domicilio en domicilio reservado, por la omisión de pago de los saldos remuneratorios adeudados de la “asignación de grado efectivo”, afectando las garantías contenidas en el artículo 19 N°2 y 24 de la Carta Fundamental, solicitando, en definitiva: “a) Regularizar las remuneraciones del actor, por concepto de pago íntegro de gratificación de zona, en los periodos que median entre los meses de enero de 2013 a marzo de 2016, por haber desempeñado funciones en la Región de Aysén del General nombre reservado Ibáñez del Campo; b) El pago de reajustes e intereses legales, que deriven de las remuneraciones adeudadas, calculado a la fecha de su cumplimiento; y c) Que se condene en costas a la recurrida, en caso de oposición)”.

Con fecha 27 de mayo de 2025, se prescinde del informe de la recurrida de autos.

Con fecha 09 de junio de 2025, se ordenó traer los autos en relación.

Con fecha 11 de junio de 2025, se procedió a la vista del recurso, compareciendo de manera remota, por la parte recurrente, el abogado don Kurt Borneck Gutiérrez; quedando la presente causa en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente funda su solicitud, indicando que ingresó a la institución el 01 de marzo de 1984, encontrándose actualmente en situación de retiro, a contar del año 2016. Agrega que luego de egresar de dicha escuela matriz en el año 1986, el actor ingresó al escalafón de Oficiales Policiales, desempeñándose profesionalmente en distintas Unidades a lo largo del país, en lo pertinente, como Jefe de la Prefectura Provincial de Aysén, desde enero de 2013 a marzo de 2016, con derecho a percibir una gratificación de zona equivalente al 105% sobre el total de sus remuneraciones.

Manifiesta que en el mes de mayo de 2019, se informó que habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes les correspondiese el derecho de percibirla, lo cual fue comunicado mediante Radiograma N°225 del 30 de mayo de 2019 de la JENAPERS, no obstante, la recurrida dejó de pagar el monto íntegro de dicha remuneración, informado mediante Radiograma N° 285 de fecha 02 de julio de 2019, en el que se requiere a la Contraloría General de la República un pronunciamiento, respecto a la base de cálculo.

Indica que, en la especie, el actor no recibió este pago suplementario, dado que, como se indicó ut supra, se encuentra en situación de retiro desde el año 2016, por lo que la recurrida jamás le aplicó esta nueva base de cálculo para determinar sus remuneraciones.

Explica que, con fecha 26 de abril de 2021, la Contraloría General de la República emitió respuesta al pronunciamiento de la PDI evacuando el Dictamen N°E98928 / 2021 que, en síntesis, establece, que la forma de pago efectuada en el mes de mayo de 2019 se había hecho de forma correcta.

Indica que premunida de este Dictamen, a contar del mes de diciembre de 2022, o sea, un año y medio después de este pronunciamiento, como se acredita con las liquidaciones de sueldo acompañadas en el primer otrosí, en lo sucesivo la recurrida comienza a calcular correctamente las remuneraciones y a pagar íntegramente la gratificación de zona, aplicando de forma definitiva la nueva base de cálculo, que había sido suspendida en junio de 2019.

Precisa que, con las mismas liquidaciones de sueldo antedichas, también se acredita que en la especie, “la recurrida realizó un pago retroactivo de zona”, con el “código H0092”, pero sólo a los funcionarios que “actualmente” gozaban de dicho beneficio, por el periodo que media entre la fecha del Dictamen, abril de 2021, y el mes de diciembre de 2022, fecha de la aplicación definitiva de la nueva base de cálculo, omitiéndose arbitraria e ilegalmente el pago retroactivo de la deuda de gratificación de zona de los meses anteriores a abril de 2021.

Luego, refiere que, los actos propios de la recurrida en torno al reconocimiento de la procedencia del pago de remuneraciones con la nueva base de cálculo datan a lo menos del 28 de diciembre de 2018, como consta en Oficio (O) Nº 611, del 25 de junio de 2019, de la Jefatura Jurídica de la Institución policial, materia “Emite pronunciamiento sobre determinación de la base de cálculo para la Gratificación de Zona”.

Menciona que el caso concreto, concurre un derecho preexistente e indubitado respecto de las remuneraciones del recurrente, devengadas bajo el imperio de la normativa vigente que regula la materia, las cuales fueron “negligentemente” mal calculadas por la recurrida, como resultado de la aplicación de una errónea base de cálculo de gratificación de zona, derecho que ha sido desconocido arbitraria e ilegalmente por la institución policial, en base a la mera interpretación de un Dictamen de la Contraloría.

Por su parte, en cuanto a las garantías vulneradas señala que se conculca su derecho preexistente e indubitado de propiedad sobre las remuneraciones que la recurrida le adeuda, dentro del contexto latamente abordado en el desarrollo de esta presentación.

Además, se transgrede el derecho de igualdad ante la ley, dado que en diciembre de 2022, la recurrida regulariza el pago de la gratificación de zona, aplicando la nueva base de cálculo, pagando retroactivamente sólo hasta abril de 2021, en base a la interpretación del referido Dictamen, sin incluirse los periodos adeudados con anterioridad, conducta arbitraria e ilegalmente que configura una “discriminación arbitraria” que afecta al actor, siendo que trabajó en una zona con gratificación, al igual que los funcionarios a los cuales la recurrida paga íntegramente este beneficio.

SEGUNDO: Que, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

TERCERO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo se afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión a adoptar por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

QUINTO: Que, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en que fue privado del derecho de propiedad sobre el pago íntegro de sus remuneraciones, en contraprestación legítima por haber trabajado para la administración del Estado, en una zona extrema y descentralizada del país, vulnerando así, sus garantías constitucionales reconocidas en los N°2 y 24 del artículo 19, de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que, de los elementos allegados durante la tramitación de la presente acción, los que fueron apreciados de conformidad a las reglas de la sana crítica, se pueden dar por establecidos los siguientes hechos:

1.- Que, don nombre reservado, ingresó a la institución el 01 de marzo de 1984, prestando funciones hasta el 02 de marzo 2016, fecha en la cual dejó de pertenecer a la Policía de Investigaciones de Chile.

2.- Que, con fecha 30 de mayo de 2019, mediante Radiograma N°225 de la JENAPERS, se informa al personal que para los trabajadores de la Policía de Investigaciones habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tengan derecho de percibirlo.

3.- Que, con fecha 2 de julio de 2019 mediante Radiograma N°285 se informa que las remuneraciones con asignación de zona continuarán pagándose, utilizando la base de cálculo original hasta recibida la respuesta del Ente Contralor, solicitándose al personal mantenerse a la espera.

4.- Que, con fecha 26 de abril de 2021 la Contraloría General de la República, emitió respuesta al pronunciamiento de la PDI evacuando Dictamen N°E98928 / 2021, en el que se dispone que la asignación de especialidad al grado efectivo que actualmente recibe el personal de la Policía de Investigaciones de Chile debe ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio.

5.- Que, el recurrente ejerció funciones en la Región de Aysén, desde el 10 de diciembre de 2012, hasta su retiro, siendo su última destinación la Prefectura Provincial de Coyhaique; de acuerdo con el Certificado de Destinaciones N°63624, del Departamento de Archivo y Registro, de la Policía de Investigaciones de Chile.

SÉPTIMO: Que, para un mejor acierto de lo que se resolverá, cabe destacar que, entre las funciones de la Contraloría General de la República, como ente fiscalizador, está la de velar por la legalidad de los actos de los organismos administrativos. De este modo, para cumplir dicha labor, tal organismo puede emitir informes y dictámenes, de naturaleza declarativa e interpretativa sobre cuestiones cuyo pronunciamiento se requiera. Es dable señalar, además, que en atención a que dichos actos se entienden incorporados a las leyes o reglamentos interpretados, no rige para ellos la prohibición de retroactividad.

Dicho esto, la solicitud efectuada por la JENAPERS, por intermedio del Radiograma N°285 del 2 de julio del año 2019, a la Contraloría General de la República, con el objeto de que aclarara la manera en que debía conformarse la base de cálculo para el pago de la gratificación de zona, la cual fue respondida por el órgano contralor, mediante el Dictamen E98928, de 26 de abril de 2021, constituye precisamente sólo una aclaración en relación a la manera en que deben efectuarse los cálculos relativos a la gratificación de zona, lo que, a su vez, dista de ser un acto constitutivo de derechos, que implique el nacimiento de éstos para las partes a contar de tal Dictamen, desde que sólo aclara y explica los derechos que ya existían a la fecha de realizarse la consulta por parte de la JENAPERS. En consecuencia, no se trata de una aplicación retroactiva de las normas sobre la materia, sino la explicitación de lo ya existente.

OCTAVO: Que, asentado lo anterior, cabe señalar que no resulta atendible el fundamento invocado por la recurrida en el informe evacuado, y que dice relación con haber realizado todas las actuaciones que le competen para satisfacer su pago en favor de aquellos a quienes les asistía la asignación de especialidad al grado efectivo, considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tuviera derecho a este último beneficio, de conformidad al Dictamen N°E98928, de fecha 26 de abril de 2021, emanado de la Contraloría General de la República, al haber estimado no poseer efecto retroactivo, lo cual resulta ser una interpretación equivocada de lo señalado por el ente contralor, atendido lo indicado en el considerando precedente, pues dicha fecha de pronunciamiento no representa el nacimiento de los derechos de los recurrentes, sino que corresponde a una resolución consultiva sobre la materia.

NOVENO: Que, así las cosas, estos sentenciadores estiman que la recurrida Policía de Investigaciones de Chile, actuó de forma arbitraria, desde que a través de una interpretación errada de lo señalado por Contraloría, ha configurado una excusa inaceptable de la que se ha valido para no disponer el pago de una asignación que forma parte integrante de las remuneraciones a que tiene derecho el recurrente de autos, y respecto de las cuales ostenta un derecho de carácter indubitado y preexistente, por lo que no resulta procedente, en consecuencia, que el actor no reciba durante todo este tiempo, parte de sus remuneraciones por hechos u omisiones de la Administración, que no le son atribuibles, verificando así, la afectación a su garantía constitucional consagrada en el artículo 19, en su numeral 24, de la Constitución Política de la República, esto es, su derecho de propiedad, desde que se le ha privado de los emolumentos correspondientes a la asignación discutida, y a los cuales tenía derecho, ingresen a su patrimonio.

Que, asimismo, el actuar arbitrario de la recurrida ha significado la afectación del derecho a la igualdad ante la ley que tiene el recurrente, reconocido en el artículo 19 N°2, de la Constitución Política de la República, pues de los hechos asentados se desprende que se le ha discriminado de forma arbitraria, en relación a los demás funcionarios, que en semejantes circunstancias han podido gozar de la señalada asignación de especialidad del grado efectivo, considerada en el cálculo de su respectiva gratificación de zona.

DÉCIMO: Que, así las cosas, y habiendo incurrido la Policía de Investigaciones, en un actuar arbitrario e ilegal que priva al recurrente de las garantías constitucionales referidas, cabe a esta Corte acoger el presente recurso de protección, solo en cuanto la recurrida deberá disponer el pago de la asignación que favorece al recurrente, respecto del período no solucionado por aquélla.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por, Kurt Germán Borneck Gutiérrez, abogado, en representación de don nombre reservado, en contra de la SECCIÓN DE REMUNERACIONES DE POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, solo en cuanto la recurrida deberá disponer el pago de la asignación que favorece al recurrente, conforme al cálculo que se determinará en la sede correspondiente, sin perjuicio de los derechos se puedan hacer valer en el procedimiento administrativo de rigor.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Señor Ministro Titular don José Ignacio Mora Trujillo.

Rol 86-2025 (Protección).