Protección contra Director Regional del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Aysén

Coyhaique, trece de Febrero de dos mil quince.

VISTOS:

De fojas 11 a 16, comparece don Marcos Gallegos Rodríguez, abogado, en representación de doña nombre reservado, funcionaria pública, ambos domiciliados en domicilio reservado, Edificio don nombre reservado, Coyhaique, quien, en lo principal deduce recurso de protección en contra del Director Regional del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Aysén, don Julio Cerda Cordero, veterinario, o quien lo subrogue o represente legalmente, domiciliado en domicilio reservado, por habérsele vulnerado las garantías previstas en el artículo 19 N° 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República, relativas a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley y al derecho de propiedad, respectivamente, pidiendo que se deje sin efecto el acto arbitrario e ilegal contenido en la carta de fecha 25 de Noviembre de 2014, por la que le comunica que, a contar del 1 de Enero de 2015, será contratada como profesional grado 10 EUS, con lo cual se le rebaja de grado 8 a 10 EUS, encontrándose protegida por las normas sobre protección a la maternidad, con costas.

De fojas 47 a 54, don Julio Cerda Cordero, médico veterinario, Director Regional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) Región de Aysén, comparece informando el recurso.

A fojas 60 se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, fojas 11 a 16, comparece don Marcos Gallegos Rodríguez, abogado, en representación de doña nombre reservado, funcionaria pública, quien, en lo principal deduce recurso de protección en contra del Director Regional del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Aysén, don Julio Cerda Cordero, veterinario, o quien lo subrogue o represente legalmente, domiciliado en domicilio reservado, por habérsele vulnerado las garantías previstas en el artículo 19 N° 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República, relativas a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley y al derecho de propiedad, respectivamente, pidiendo que se deje sin efecto el acto arbitrario e ilegal contenido en la carta de fecha 25 de Noviembre de 2014, por la que le comunica que, a contar del 1 de Enero de 2015, será contratada como profesional grado 10 EUS, con lo cual se le rebaja de grado 8 a 10 EUS, encontrándose protegida por las normas sobre protección a la maternidad, con costas.

Funda su petición en que recibió una carta fecha el 25 de Noviembre de 2014, en que le comunican que a partir del 1 de Enero de 2015 será contratada como profesional grado 10 EUS, por las menores funciones que deberá realizar, por lo tanto se le rebaja del grado 8 a 10 EUS, encontrándose en estado de gravidez.

Señala que ingresó al SAG en el año 2010 y como profesional a contrata grado 8 desde el año 2013 y, antes que se le comunicara la referida carta, se encontraba embarazada, en consecuencia amparada por fuero maternal.

Agrega que dicha carta no ha sido objeto de acto administrativo propiamente tal, no contiene consideraciones fácticas ni jurídicas. Con ella se reduce sus remuneraciones y ha sufrido una afectación emocional y psicológica, motivando diversas licencias médicas, en razón de un cuadro depresivo que los hechos relatados le han provocado.

En cuanto al derecho, el acto impugnado, la referida carta, resulta arbitrario, puesto que se trata de una simple carta que carece de consideraciones de hecho y de derecho; y es ilegal, ya que carece de fundamento jurídico y contraviene derechamente el estatuto del fuero maternal.

Sostiene que se conculcan las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República, esto es el derecho a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, respectivamente. En cuanto a la primera de ellas, la comunicación recibida encontrándose en estado de embarazo, importa una afectación del normal desarrollo de éste y la estabilidad emocional de la madre. En cuanto a la igualdad ante la ley, plantea que se ha discriminado respecto a otras trabajadoras que tienen derecho a no ver disminuidas sus remuneraciones y condiciones con anterioridad durante el embarazo. Y en cuanto al derecho de propiedad, señala que se le impide seguir percibiendo la remuneración asimilada al grado 8, no obstante estar amparada por las normas de la protección a la maternidad.

Solicita en definitiva, que se deje sin efecto el acto arbitrario e ilegal contenido en la carta de fecha 25 de Noviembre de 2014, por la que le comunica que, a contar del 1 de Enero de 2015, será contratada como profesional grado 10 EUS, con lo cual se le rebaja de grado 8 a 10 EUS, encontrándose protegida por las normas sobre protección a la maternidad, con costas.

SEGUNDO: Que, de fojas 47 a 54, don Julio Cerda Cordero, médico veterinario, Director Regional del Servicio Agrícola y Ganadero Región de Aysén, comparece informando el recurso y sostiene, en síntesis, que la recurrente ingresó al Servicio el 16 de Agosto de 2010 como Jefa de Departamento, grado 6 EUS, por un periodo de 3 años, en Puerto Aysén. Luego de haber sido designada en comisión de servicio en la sede de Coyhaique, en Agosto de 2012 su calidad jurídica varió de planta directiva grado 6 a empleo a contrata grado 8 de la EUS, hasta el 31 de Diciembre de cada año. Por Resolución de 4 de Enero de 2013 se le designó como encargada Regional de Gestión y Finanzas, a contrata, grado 8. Por Resolución de 31 de Diciembre de 2013 fue renovada su contrata hasta el 31 de Diciembre de 2014, con el mismo grado 8. El 30 de Junio de 2014 se le asignaron funciones de apoyo en la Dirección Regional, dejando las funciones de Encargada Regional de Gestión y Finanzas para asumir funciones de menor responsabilidad, lo que ameritaba una modificación en el grado, de 8 a 10, lo que se efectuaría a contar del 1 de Enero de 2015, lo que fue notificado con fecha 25 de Noviembre de 2014.

Lo anterior, se materializó en la Resolución N° 33 de 15 de Diciembre de 2014, que dispuso la contrata en el grado 10 hasta el 31 de Diciembre de 2015. Este es el acto administrativo que constituye la decisión de la Administración Pública. Así, tanto la comunicación de 25 de Noviembre de 2014, como la Resolución que materializa su contratación para el año 2015, son fundadas, ya que expresan los fundamentos de la disminución del grado por la variación de las funciones.

Luego cita los artículos 3 letra c) y 10 incisos 1° y 4° del Estatuto Administrativo, como jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, en que se plantea la facultad del Servicio de asignar grados, de acuerdo a la importancia de la función que se desempeña.

Sostiene, en cuanto a la estabilidad emocional de la recurrente, que ésta, durante el año 2014, presentó 9 licencias médicas por un total de 94 de días, de las cuales 5 fueron otorgadas por el Psiquiatra nombre reservado, la primera de ellas, desde el 23 de Junio al 6 de Julio de 2014, por lo tanto el “cuadro depresivo” puede inferirse que puede tener un origen distinto a la comunicación del 25 de Noviembre de 2014.

Expone, en cuanto al fuero laboral, que ni la comunicación (carta), ni la Resolución N° 33 referida, ponen término a la contrata, y que, según la Contraloría, el fuero maternal sólo otorga protección en lo relativo al cese del empleo, según lo prescrito en el artículo 174 del Código del Trabajo, pero no confiere la inviolabilidad al sistema remuneratorio.

Concluye, alegando que el SAG tiene facultades legales para actuar como lo ha hecho, y no ha infringido garantías constitucionales, no siendo arbitraria su actuación no es arbitraria, ya que no es contraria a la justicia, la razón o las leyes.

TERCERO: Que durante la vista de la causa en la audiencia del día 11 de febrero en curso, comparecieron los abogados Eugenio Canales, alegando en representación de la recurrente, y el abogado Héctor Cuevas Gómez que lo hizo en representación de la autoridad recurrida. El primero reiteró los planteamientos vertidos en el recurso e insistió en que la resolución arbitraria e ilegal es la carta fechada el 25 de noviembre de 2014 que el Director Regional del Servicio Agrícola y Ganadero de Aysén le envió a la recurrente indicándole que se le rebajará de grado 8 a 10 por disminución de sus funciones, acto que resulta ilegal y atenta el derecho a la vida y a la salud física y psíquica y también a la criatura que está por nacer, dado que hay un embarazo de por medio, y también atenta a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad. Por su parte el abogado de la autoridad recurrida sostuvo que el recurso debía ser rechazado por cuanto la resolución atacada emana de una autoridad legalmente competente para ello, no existe despido ni término de la relación laboral y, por el contrario, lo que hay es una continuidad del trabajo pero en otras funciones, en otro grado, todo dispuesto por el Jefe Superior del Servicio, y que dictámenes de la contraloría le dan la razón a la autoridad recurrida.

CUARTO: Que, el recurso de protección fue concebido para restablecer el imperio del derecho y resguardar el orden jurídico vigente cuando éste se ve alterado a causa de actuaciones arbitrarias o ilegales que perturban o amenazan el legítimo ejercicio de algunas de las Garantías Constitucionales contempladas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que, conforme al mérito de los antecedentes que se conocen, se extrae con claridad los siguientes hechos:

a) Que mediante resolución 857 de 25 de agosto de 2010, de la Dirección General del Servicio Agrícola y Ganadero, agregado a fojas 35, se resolvió designar en calidad de titular a la recurrente nombre reservado como jefe del departamento, grado VI de la EUS, con sede en la Región de Aysén, por un periodo de tres años a contar del 16 de agosto de 2012, indicándose en la misa resolución que la designación es producto de un concurso de la alta dirección pública y que conforme al artículo 52 del Decreto 69, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y Reglamento sobre Concursos del Estatuto Administrativo, la persona designada será por un periodo de tres años, a contar del 16 de agosto de 2010.

b) Que, por resolución 0699 de 15 de septiembre de 2011, del Director del SAG Región de Aysén, designó en comisión de servicio a doña nombre reservado, como encargada de la unidad de planificación y desarrollo estratégico de la Dirección Regional de Aysén, con sede en Coyhaique, a contar del día 21 de septiembre de 2011, por un plazo de tres meses.

c) Que, posteriormente, por resolución 965 de 21 de diciembre de 2011, la misma autoridad indicada en la letra anterior, designó siempre en comisión de servicio, a la misma trabajadora como encargada de la unidad de planificación y desarrollo de la Dirección Regional, con sede en Coyhaique, a contar del 22 de diciembre de 2011, por un plazo de tres meses.

d) Que, luego, por resolución N° 300 de 23 de agosto de 2012, el jefe de la Dirección Gestión Institucional del Servicio Agrícola y ganadero don nombre reservado, resolvió contratar a nombre reservado como profesional grado 8, a contar del 1 de junio de 2012 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, para que se desempeñe en la Dirección Regional del SAG de Aysén.

e) Que, posteriormente, con fecha 4 de enero de 2013 se dictó la resolución 015, por don nombre reservado, Ingeniero Agrónomo, mediante la cual designa a doña nombre reservado, profesional grado 8 de la EUS, a contrata, como encargada regional de Gestión y Finanzas del SAG Región de Aysén, a contar del día 7 de enero de 2013.

f) Que, por resolución exenta 66-4 de 31 de diciembre de 2013, del mencionado Director Regional del SAG región de Aysén, prorrogó los contratos, a contar del 1 de enero de 2014 y mientras sean necesarios sus servicios, sin que exceda del 31 de diciembre del mismo año, entre otros contratos, los de la actora nombre reservado, Rut RUT reservado de la Unidad de la Dirección Regional.

g) Que, por resolución 189 exenta de 30 de junio de 2014, de don Julio Cerda Cordero, Director del SAG Región de Aysén, se asignó, a contar del 1 de julio de 2014, a doña nombre reservado, profesional a contrata grado 8 para cumplir funciones de apoyo en la Dirección Regional de Aysén, en materias relacionadas a la Gestión y Administración del Proyectos con financiamiento externo.

h) Que, mediante carta comunicación de 25 de noviembre de 2014, que corre en fojas 44, el Director Regional del SAG, le informa a la recurrente que a partir del 1 de enero de 2015 será contratada como profesional grado 10 de la EUS, habida consideración de la variación en las funciones que realizaba, asociada a una disminución de las actividades y responsabilidades de la nuevas funciones encomendadas, y i) Resolución N° 33 de fecha 15 de diciembre de 2014, que corre en fojas 45 y 46, mediante la cual el Director del SAG Región de Aysén Julio Cerda Cordero, dispone la contratación de doña nombre reservado, como profesional, grado 10 de la EUS, con sede en la Dirección Regional de Aysén a contar del 1 de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre del mismo año.

SEXTO: Que, para los efectos de resolver la cuestión planteada, conviene recordar que el Estatuto Administrativo, Ley 18.884, regula en forma pormenorizada todo lo referente a las destinaciones, comisiones de servicio y cometidos funcionarios, a partir del principio de que los funcionarios del Servicio Público solo podrán ser destinados a desempeñar funciones propias del cargo para el que han sido designados dentro de la institución correspondiente y que las destinaciones deberán ser ordenadas por el jefe superior de la respectiva Institución.

Que, de otro lado, la destinación involucra una decisión de la mayor importancia dentro de la carrera funcionario y, por lo mismo exige una motivación fundada. Se ha dicho que la destinación es el mecanismo jurídico previsto por la ley estatutaria para precisar el lugar físico en que debe desempeñarse un cargo, reconociéndose, por ende, la naturaleza propia del empleo que se ejerce, que no puede verse modificada por efecto de la destinación, por lo que en definitiva son órdenes para el ejercicio de función pública que emanan de una atribución privativa del jefe superior de un servicio, y solo opera en cargos de denominación genérica, materializada a través de un acto administrativo formal, esto es decreto o resolución.

SEPTIMO: Que en el presente caso, el acto impugnado como arbitrario e ilegal es la carta o comunicación agregada a fojas 44, mediante la cual la autoridad superior del Servicio, a nivel regional, del Servicio Agrícola y Ganadero, le comunica a la recurrente nombre reservado, que a partir del 1 de enero de 2015 sería contratada como profesional grado 10 de la EUS, en razón de la variación de la funciones que realizaba, asociada a una disminución de las actividades y responsabilidades de la nuevas funciones que le fueron encomendadas.

Que al respecto, cabe señalar que un acto arbitrario implica carencia de razonabilidad en el actuar de la autoridad recurrida, que pugna contra la lógica y la recta razón, un acto caprichoso, contrario a la justicia, infundado, y en el presente caso no se divisa que la carta o comunicación aludida reúna tales características sino que, por el contrario, es un acto que emana del Director del SAG de la Región de Aysén don Julio Cerda Cordero, el cual ha hecho uso las atribuciones con que ha sido investido por la Ley en su calidad de autoridad administrativa, lo que no puede entenderse como un acto arbitrario, sino que por el contrario, su ejercicio ha sido legítimo y dentro de las facultades de dicha autoridad, sin que se divise, además, que tal acto se haya ejercido sin sujeción a los antecedentes de hechos fidedignos que motivaron el mismo, y en consecuencia tampoco dicho acto puede considerarse como ilegal, si el mismo se ha dictado en correspondencia con la normativa que debe regirse.

OCTAVO: Que, por lo demás, el decreto 69-2004 del ministerio de Hacienda, Subsecretaría de Hacienda sobre Reglamento de Concursos del Estatuto Administrativo, regula el nombramiento y la permanencia para los cargos como los ocupados por la recurrente, esto es, Jefes de Departamentos y equivalentes, indicando el periodo de permanencia y la forma en que los funcionarios pueden permanecer en los cargos o ser recontratados, y en el caso, precisamente de la recurrente, puede observarse que hasta la fecha aún permanece desempeñando funciones en el Servicio Agrícola y ganadero Región de Aysén, de lo que resulta que cumplió el periodo para el que fue designada como titular, continuó desempeñando otras diversas funciones y en otros grados, sin que de los antecedentes del recurso se constate que hubiera manifestado disconformidad con las nuevas designaciones y grados, como no sea lo referente a la resolución que ahora se ataca por la vía de protección.

NOVENO: Que, de otro lado, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona no se observa como pudo haber sido vulnerado con una simple carta comunicación que la autoridad del servicio le ha dirigido a la trabajadora del servicio público, si en ella le manifiesta que a futuro continuará en el servicio aunque en otras funciones y en otro grado. Tampoco se observa que dicho acto atente contra la vida de un menor que está por nacer, si el servicio público, a través del Jefe Superior del SAG le garantiza a la recurrente continuidad o permanencia en su trabajo, aunque en otras labores y encasillado en otro grado, facultad de que dicha entidad dispone por Ley tratándose de las personas que desempeñan labores a contrata.

De otro lado, y respecto a la igualdad ante la Ley, la doctrina y jurisprudencia ha señalado que ella consiste en que la normativa jurídica debe ser igual para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros que se hallen en condiciones similares y, en consecuencia, supone que todos los habitante gocen de los mismos derechos protegidos por el legislador, a fin de que se evite en lo posible una discriminación arbitraria, y en el presente caso, la recurrente no señala de qué manera se habrían concedido privilegios o beneficios u obligaciones a otras personas en relación a la situación que ella plantea, y por el contrario, lo que se observa es la actuación de un Jefe Superior del Servicio que ha resuelto comunicar a la recurrente su continuidad en el servicio pero en otras labores y grado, fundado en antecedentes razonables y ajustados a las políticas del servicio, de todo lo cual se infiere que no se ha comprobado alguna desigualdad ante la ley.

Que, en lo tocante al derecho de propiedad que se denuncia como vulnerado, cabe señalar que lo que se denuncia está relacionado con dejar de percibir remuneraciones correspondientes a un determinado grado en relación al grado que el Jefe Superior del Servicio le comunica a la recurrente por la que será contratada, cuestión que por lo demás es un hecho futuro y desde luego no incorporado a este derecho, y por otro lado, se trata de una remuneración que es la consecuencia del desempeño funcionario y acorde al grado por el que ha sido contratado, de todo lo cual se infiere que no existe ilegalidad o arbitrio por lo tocante ni a éste ni a las restantes garantía constitucionales que se denuncian y ya precedentemente analizadas.

DÉCIMO: Que por último y, en lo relativo a la situación de embarazo a que se refiere la recurrente cabe señalar que tal situación escapa al ámbito del recurso de protección, sin perjuicio de observarse que la recurrente continúa desarrollando funciones en el Servicio Agrícola y Ganadero de Aysén, sin que se haya denunciado trabajos perjudiciales a su salud o a la criatura que está por nacer, situación que regula el legislador laboral en los artículos 194 y 202 del Código del Trabajo, hechos que para los efectos del presente recurso deben relacionarse con la garantía del N° 1 del artículo 19 de la Carta Fundamental, la cual ya fue analizada anteriormente por esta Corte. En todo caso, y como lo dice el recurrente en la carta comunicación objeto del recurso, junto con PRONUNCIADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE SUBROGANTE DON nombre reservado, EL SEÑOR MINISTRO TITULAR DON LUIS DANIEL SEPULVEDA CORONADO Y EL SEÑOR FISCAL nombre reservado DON nombre reservado. AUTORIZA DON nombre reservado, SECRETARIO TITULAR.