nombre reservado con SECCION DE REMUNERACIONES POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Coyhaique, veintiocho de mayo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En lo principal de la presentación de fecha 26 de marzo de 2025, comparece Natalia Andrea Aguilar Rodríguez, abogada, en representación de don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, departamento que se encuentra bajo la jerarquía administrativa del Prefecto Inspector don nombre reservado, Jefe de la Jefatura Nacional de Administración y nombre reservado, en adelante JENAPERS con domicilio en domicilio reservado, por la omisión de pago de los saldos remuneratorios adeudados de la “asignación de grado efectivo”, afectando las garantías contenidas en el artículo 19 N°2 y 24 de la Carta Fundamental, solicitando, en definitiva: “…se regularice el pago por los montos adeudados de la asignación, por el período que ha fijado la Excma. Corte Suprema para el asunto debatido, esto es desde el ingreso a la institución hasta el 26 de abril de 2021. (SIC)”.

Que, con fecha 25 de abril de 2025, María Inés Wise Díaz De La Vega, abogada, en representación de don nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, evacuó el informe requerido.

Con fecha 19 de mayo de 2025, se ordenó traer los autos en relación.

Con fecha 22 de mayo de 2025, se procedió a la vista del recurso, quedando la presente causa en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente funda su solicitud, indicando que ingresó a la institución el 02 de enero de 1992 y que al momento de la interposición del presente recurso, se encuentra jubilado.

Señala que la asignación de grado efectivo, código H0050, constituye remuneración, se paga en la planta de oficiales desde el grado de Detective y sucesivamente en los demás cargos superiores, y que desde el ingreso al cargo de Detective se les generó el derecho a percibirla, la que tiene incremento cuando algún funcionario se desempeña en regiones con derecho a la asignación de zona como es el caso de las ciudades/ localidades de Puerto Varas, La Unión, Puerto Montt y Valdivia en las cuales prestó funciones, de acuerdo al siguiente detalle: Puerto Varas: desde 24 de diciembre de 1993 hasta 20 de febrero de 1996; La Unión: desde 21 de febrero de 1996 hasta 20 de marzo de 2000; Puerto Varas: desde 21 de marzo de 2000 hasta 31 de agosto de 2006; Puerto Montt: desde el 01 de septiembre de 2006 hasta 02 de noviembre de 2006; Puerto Varas: Desde 03 de noviembre de 2006 hasta 13 de enero de 2008; La Unión: Desde 24 de diciembre de 2007 hasta 13 de enero de 2008 y en un segundo periodo desde 12 de febrero de 2010 hasta 22 de marzo de 2010; y Valdivia: desde 23 de marzo de 2010 hasta 01 de junio de 2015.

Manifiesta que en el mes de mayo de 2019, se informó que habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes les correspondiese el derecho de percibirla, lo cual fue comunicado mediante Radiograma n° 225 del 30 de mayo de 2019 de la JENAPERS, no obstante, la recurrida dejó de pagar el monto íntegro de dicha remuneración, comunicado mediante Radiograma N° 285 de fecha 02 de julio de 2019, en el que se requiere a la Contraloría General de la República un pronunciamiento, respecto a la base de cálculo.

Explica que, con fecha 26 de abril de 2021 la Contraloría General de la República, emitió respuesta al pronunciamiento de la PDI evacuando el Dictamen N° E98928 / 2021 que, en síntesis, establece, que la forma de pago efectuada en el mes de mayo de 2019 se había hecho de forma correcta.

Precisa que, a raíz de distintos fallos en materia de protección, la Policía de Investigaciones agilizó los procesos para pagar dicha remuneración, no obstante, el pago sería solo de manera parcial, ello al estimar que con la emisión del dictamen se generaba este derecho, por considerar la palabra “actualmente”, como elemento decisivo para la fijación de pagos, cancelando sólo el período desde el 26 de abril de 2021 a lo futuro.

Luego, refiere que dicha interpretación ha sido clarificada por la Excma. Corte Suprema, al sentenciar que debe pagarse igualmente desde el ingreso a la Institución hasta el 26 de abril de 2021.

Por su parte, en cuanto a las garantías conculcadas, invoca la igualdad ante la ley, ya que existe una discriminación arbitraria, debido a que teniendo el deber de regularizar sus obligaciones incumplidas de sus empleados activos y en retiro de la institución por la precisión que hizo el fallo emanado de la Excma. Corte Suprema de Justicia en autos Rol N° 147.027-2023, esta ha hecho pago de aquellos montos adeudados por el período del ingreso a la institución al 26 de abril de 2021, sólo respecto de algunos, y el derecho de propiedad, en cuanto la asignación de grado efectivo es remuneración y el recurrente tiene sobre ésta un derecho de propiedad.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, la recurrida, alega la prescripción fundada en que el Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 15 de mayo de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, que dicta el Estatuto del Personal de Investigaciones de Chile, no consagra un plazo de prescripción para el derecho al cobro de las asignaciones establecidas en aquel cuerpo normativo, razón por la cual, supletoriamente, debe aplicarse lo dispuesto en la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo. Agrega que, en ese orden de ideas, conforme la legislación vigente tanto el pago de la asignación de zona constituye un derecho funcionario, razón por la que a esta remuneración le son aplicables las reglas de prescripción contenidas en el artículo 99 de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, que dispone “El derecho al cobro de las asignaciones que establece el artículo anterior, prescribirá en el plazo de seis meses contado desde la fecha en que se hicieron exigibles”.

Indica que, el plazo de prescripción de seis meses previsto en el artículo 99 se cuenta según el principio general establecido en el artículo 2.514, inciso segundo, del Código Civil, desde que estas se hicieron exigibles, lo que tratándose del derecho al pago de remuneraciones periódicas, acontece desde que estas se devengan En consecuencia, habiendo transcurrido con creces el plazo de prescripción consagrado en el ordenamiento jurídico para el cobro de las asignaciones contempladas en leyes especiales, consagrado en el Estatuto Administrativo, la acción de protección intentada no puede prosperar, debiendo ser rechazado con expresa condenación en costas.

Luego, alega la extemporaneidad de la acción interpuesta por el recurrente, fundamentando en que éste tomó conocimiento del “acto ilegal y arbitrario”, con motivo de una conversación que mantuvo con nombre reservado, el 08 de marzo de 2025, conforme a la declaración jurada que refiere incorporar al expediente, sin embargo, no existe ningún documento que se pueda constatar en autos que dé cuenta de la veracidad de su declaración. Por lo tanto, no se satisface con el plazo de interposición de la acción de protección para reclamar el cobro de las eventuales diferencias del estipendio en cuestión.

En cuanto al fondo indica que el recurrente dejó de pertenecer a la Policía de Investigaciones de Chile, razón por la cual ya no puede percibir algún tipo de asignación, toda vez que, en su calidad de funcionario en retiro, solo tiene derecho a la pensión de retiro en los términos consagrados en el artículo 122 del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones. Por lo tanto, malamente puede subsistir un acto ilegal y/o arbitrario como el que se reclama.

Puntualiza que la asignación de especialidad al grado efectivo en el texto original del Decreto con Fuerza de Ley Nº2 de 1968 no estaba contemplado como beneficio, sin embargo, el artículo 41 del Decreto Ley Nº3.551, de 1980, estableció un beneficio denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, en favor del personal que indica, entre ellos, el de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, cuyos montos serían los que allí se expresan, añadiendo en su inciso final, que el reseñado estipendio no debía ser considerado para los efectos de la asignación de zona.

Destaca que, a través del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1998, del Ministerio de Defensa Nacional, se sustituyó el artículo 46 del citado Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros, estableciéndose un nuevo beneficio, también denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, es decir, tiene una vigencia desde el año 1998 hacia el futuro, y respecto de la gratificación de zona, este beneficio fue incorporado a través del Decreto Supremo N° 135, de 2009, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprobó el Reglamento de asignaciones, sobresueldos, gratificaciones especiales y otros derechos económicos del personal de la Policía de Investigaciones de Chile, fue publicado en 06 de noviembre de 2009, produciendo sus efectos desde aquel momento. Cabe señalar que en ningunas de las normas jurídicas se estableció que tendrán una aplicación retroactiva.

Sostiene que intentar una acción de tal naturaleza, para perseguir el cobro de estipendios remuneraciones no reclamados en su oportunidad, no constituye la vía idónea en consideración que el recurso de protección de garantías constitucionales tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos siempre que estén indubitados, y no de aquellos otros que se encuentren en discusión, como ocurre en la especie, o que constituyan una mera expectativa, de tal manera que la acción constitucional deducida no está en condiciones de prosperar.

Precisa que, es cuestionable que el recurrente haya intentado una acción excepcionalísima, sin antes agotar la vía administrativa, tendiente a exigir a su juicio el cobro de estipendios pagados de forma incompleta, desvirtuando la naturaleza cautelar y excepcionalísima del recurso de protección. Añade que lo que se pretende en virtud de la presente acción es crear una nueva instancia, solicitando en “restablecimiento del imperio del derecho” por los montos pagados de forma incompleta, sin embargo, el objetivo real de la acción intentada es exigir el cobro del estipendio reclamado, desvirtuando el fondo de la acción.

Señala que a mayor abundamiento, el recurrente pretende la regularización del pago de la gratificación de zona, desde su ingreso a la institución hasta el año 2021, sin embargo, debemos tener presente que conforme del Decreto Supremo N°135, de 2009, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprobó el Reglamento de asignaciones, sobresueldos, gratificaciones especiales y otros derechos económicos del personal de la Policía de Investigaciones de Chile, rige plenamente desde el año 2009, por lo cual malamente se podría extender la vigencia de aquella normativa a situaciones anteriores a su publicación. Agrega que resulta a lo menos llamativo, que el recurrente habiendo dejado de pertenecer a la Institución Policial en el año 2007 -es decir, hace más de 10 años-, pretenda exigir el cobro de estipendios remuneraciones a través de esta vía, sin haber ni siquiera reclamado a su antiguo empleador.

Precisa que los dictámenes N°38.810, de 1998, 48.264, de 2008, 2.510, de 2010 y 47.598, de 2012, de la Contraloría General de la República, han concluido que aun tratándose de beneficios que deben concederse de oficio, como acontece en la especie, los interesados tienen la obligación de ser diligentes en su cobro con el fin de obtenerlos dentro del plazo establecido para tal fin, circunstancia que no puede obviarse en la especie.

Por otro lado, refiere que la institución policial, no procedió a realizar el pago retroactivo del recurrente toda vez que, en aquella época, se encontraba en situación de retiro, por lo cual, los montos que se pretenden cobrar, se encuentras prescritos, conforme se explicó anteriormente.

Finalmente, indica que, no ha existido actuar ilegal o arbitrario de la Policía de Investigaciones de Chile, que atente contra los derechos fundamentales del recurrente, puesto que la recurrida, ha realizado todas las actuaciones que le competen para satisfacer el pago a los funcionarios(as), a los cuales les asiste la asignación de especialidad al grado efectivo, considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal. Añade, tal como se expuso a lo largo del presente acto, en aquellos casos que las diferencias producidas por estipendios pagados parcialmente, tanto por un error en su cálculo o en la interpretación de la normativa aplicable –como lo que ocurre en la especie- tal como lo ha señalado la Contraloría General, es aplicable el plazo de prescripción establecido en el Ordenamiento Jurídico.

TERCERO: Que, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en privarlo del pago íntegro de la asignación de especialidad al grado efectivo, estipendio que debía aplicarse al cálculo de la gratificación de zona, el cual tiene el carácter de remuneración y como tal ingresó a su patrimonio, vulnerando así, sus garantías constitucionales reconocidas en los N°2 y 24, de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, de los elementos allegados durante la tramitación de la presente acción, los que fueron apreciados de conformidad a las reglas de la sana crítica, se pueden dar por establecidos los siguientes hechos:

1.- Que, nombre reservado, ingresó a la PDI el 02 de enero de 1992 quien en la actualidad se encuentra jubilado.

2.- Que, con fecha 30 de mayo de 2019 mediante Radiograma N°225 del 30 de mayo de 2019 de la JENAPERS, se informa al personal que para los trabajadores de la Policía de Investigaciones habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tengan derecho de percibirlo.

3.- Que, con fecha 2 de julio de 2019 mediante Radiograma N°285 se informa que las remuneraciones con asignación de zona continuarán pagándose, utilizando la base de cálculo original hasta recibida la respuesta del Ente Contralor, solicitándose al personal mantenerse a la espera.

4.- Que, con fecha 26 de abril de 2021 la Contraloría General de la República, emitió respuesta al pronunciamiento de la PDI evacuando Dictamen N°E98928 / 2021, en el que se dispone que la asignación de especialidad al grado efectivo que actualmente recibe el personal de la Policía de Investigaciones de Chile, debe ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio.

5.- Que, el recurrente nombre reservado, ejerció funciones en la región de los Ríos y en la región de los Lagos, durante su carrera funcionaria, precisamente en Puerto Varas: desde 24 de diciembre de 1993 hasta 20 de febrero de 1996; La Unión: desde 21 de febrero de 1996 hasta 20 de marzo de 2000; Puerto Varas: desde 21 de marzo de 2000 hasta 31 de agosto de 2006; Puerto Montt: desde el 01 de septiembre de 2006 hasta 02 de noviembre de 2006; Puerto Varas: Desde 03 de noviembre de 2006 hasta 13 de enero de 2008; La Unión: Desde 24 de diciembre de 2007 hasta 13 de enero de 2008 y en un segundo periodo desde 12 de febrero de 2010 hasta 22 de marzo de 2010; y Valdivia: desde 23 de marzo de 2010 hasta 01 de junio de 2015, de acuerdo con el Certificado de Destinaciones N°62351, de 12 de marzo de 2025, del Departamento de Archivo y Registro, de la Policía de Investigaciones de Chile.

OCTAVO: Que, como ya se señaló la presente acción sólo puede referirse a derechos indubitados y manifiestos que deben aparecer y constar del solo mérito de los antecedentes allegados al proceso, lo que no ocurre en el presente caso, desde que el recurrente no ha justificado en autos su pretensión ante esta Corte de Apelaciones, toda vez que solo ha solicitado, en términos generales, que se regularice su pago por los montos adeudados de la asignación, sin que a su respecto acredite los porcentajes que corresponden a las regiones de Los Ríos y Los Lagos, donde desempeñó funciones, siendo de conocimiento público a estos sentenciadores el porcentaje de asignación que corresponde a la Región de Aysén, donde no prestó funciones el recurrente, razón por la cual no ha justificado el acto arbitrario e ilegal que denuncia.

NOVENO: Que, asentado lo anterior, cabe señalar que no serán recogidas las alegaciones de prescripción y extemporaneidad que aduce la recurrida en su informe, en atención a lo antes resuelto.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, cabe concluir que, atendida la controversia anotada, no es posible a estos sentenciadores, tener por acreditada la existencia de un derecho indubitado que asista al recurrente y que le habilite a obtener una sentencia favorable a sus intereses, descartando, por lo tanto, la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, razón por la que se deberá rechazar el recurso de protección que se conoce, como se dirá; sin que, por lo mismo, haya podido constatarse una vulneración del artículo 19, de la Constitución Política, en sus numerales 2 y 24, cuyo análisis pormenorizado, atendido lo antes expuesto, resulta inoficioso.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

QUE SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña Natalia Andrea Aguilar Rodríguez, abogada, en representación de don nombre reservado, en contra de la Sección de Remuneraciones de Policía de Investigaciones de Chile.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del señor nombre reservado, don Selim Julio Carrasco Lobo.

Rol 83-2025 (Protección).