Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes

En Coyhaique, a tres de agosto del año dos mil veintidós.

VISTOS:

En estos antecedentes Rol Corte 828-2022, con fecha veintiséis de Mayo del año dos mil veintidós, comparece don Mario Espinosa Valderrama, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, para estos efectos de su mismo domicilio, quien de conformidad a lo establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República, deduce recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, CCAF LOS ANDES, Rut: RUT reservado, representada por don nombre reservado, Cédula de Identidad N° RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, por cuanto estima que el actuar del recurrido es ilegal y arbitrario, ya que informó y solicitó por la vía administrativa a su empleador, el requerimiento de una serie de descuentos de sus remuneraciones, con lo que le ha vulnerado su derecho de propiedad que ampara el artículo 19, N° 24, de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva: “1.- Cesar todo tipo de retención o descuento en la remuneración del recurrente. 2.- Restituir al recurrente los descuentos efectuados, así como también los que puedan llevar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción. 3.-Que se condene en costas a la recurrida.”.

Acompañó la documentación que indicó en el primer otrosí.

Con fecha veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se declaró admisible el recurso y pidiéndose informe a la recurrida el veintisiete de mayo de dos mil veintidós.

Con fecha trece de Julio del año dos mil veintidós, el abogado Matías Amigo García, en representación de la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, evacua el informe requerido, solicita su rechazo por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por su representada, acompañando la documentación que relaciona en el primer otrosí de su informe.

Con fecha veintiséis de Julio del año dos mil veintidós, se ordenó traer los autos en relación.

A la vista de la causa, fijada para el día veintiocho de Julio del año dos mil veintidós, concurrieron los siguientes letrados para alegar, por la recurrente, doña nombre reservado, y por la recurrida, Don Matías Amigo García.

CON LO RELACIONADO, ALEGADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente, fundamentando su recurso, expone, que con fecha 26 de Julio del año 2018, suscribió el pagaré Nº 049CON201052138, a favor de la recurrida, por la suma de $ 4.131.674, por concepto de capital, más los intereses respectivos señalados en dicho documento, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en la ley 18.010, pagaderos en 60 cuotas mensuales y sucesivas de $ 126.245 venciendo la primera de ellas el 30 de septiembre de 2018.

Asimismo señala que en el referido pagaré se estipuló que, el simple retardo en el pago de más de 30 días corridos de todo o parte de cualquiera de las cuotas, permitiría exigir la solución íntegra de la suma debida, considerándose la obligación de plazo vencido y capitalizados los intereses devengados y no pagados. Igualmente advierte que pactó la facultad a su empleador de aquel momento, a empleadores futuros, entidades pagadoras de pensión y pagadoras de subsidio de incapacidad laboral, para descontar del pago de emolumentos mensuales o subsidios de cesantía, los dividendos correspondientes al referido crédito.

Señala que perdió su única fuente de ingresos, terminando la relación laboral con su empleador, y al quedar sin trabajo vio enormemente perjudicada su situación económica, cayendo en mora respecto del referido pagaré a partir de la cuota con vencimiento de fecha 31 de mayo de 2019.

Es en razón de lo anteriormente señalado advierte que la C.C.A.F Los Andes lo demando ejecutivamente, específicamente el 26 de noviembre de 2019, iniciándose la causa Rol C-2699-2019, tramitada ante el 1º Juzgado de Letras de Coyhaique, caratulada “Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes con nombre reservado”.

Así las cosas y en virtud del mérito de aquel procedimiento, con fecha 26 de octubre de 2021, se dio por expresamente notificado y requerido de pago de demanda ejecutiva que Caja de Compensación Los Andes, así como también, opuso la excepción contenida en el numeral 17° del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil “prescripción de la deuda o sólo de la acción ejecutiva”, por haber transcurrido con creces el plazo de un año a que se refiere el artículo 98 de la Ley N 18.092, aplicable al caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 107 de la misma Ley, para alegar la prescripción de la acción ejecutiva que emana del pagaré en comento; excepciones respecto de las cuales se dio traslado a la recurrida, traslado que fue evacuado en rebeldía, razón por la cual el tribunal omitió recibir la causa a prueba y citó a las partes a oír sentencia, sentencia que se dicta con fecha 16 de noviembre de 2021, acogiendo la excepción opuesta y declara prescrita la acción cambiaria.

Señala que pese a existir una sentencia ejecutiva en que se declaró prescrita la acción cambiaria de Caja de Compensación Los Andes de la demanda que interpuso en su contra; al momento de recibir su liquidación de sueldo del mes de Abril de 2022, advirtió que la cantidad entregada por concepto de remuneración era considerablemente menor a la pactada debido a un descuento por la suma de $404.813.- por concepto “CAJA COMP. LOS ANDES PRESTAMO”. Lo anterior, señala, importa un detrimento ilegal y arbitrario de $404.813.- a su remuneración mensual.

Advierte, que jamás fue informado previamente por ningún medio respecto de la decisión unilateral de la recurrida en ejecutar del abusivo e inoportuno descuento que finalmente ordenó a su empleador.

Es por esta razón que nunca tuvo elementos ni informaciones de ninguna clase o especie que le permitieran prever una afectación de tal magnitud en su remuneración mensual. Lo anterior, especialmente considerando que Caja de compensación Los Andes, por voluntad propia, había judicializado el cobro de la deuda, causa en la que actualmente se encuentra sentencia definitiva ejecutoriada que acoge la prescripción de la acción cambiaria.

Agrega que producto de este descuento, comenzó a revisar sus liquidaciones anteriores, dándose cuenta que también se realizaron descuentos en los meses de Marzo por un monto de $404.813 y en Febrero de $394.835.

De su relato advierte que el actuar de la recurrida es un acto arbitrario, antojadizo e ilegal, que carece de fundamento alguno, tanto en su realización como en el monto que ordenó retener a su empleador y reviste un abuso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de estas entidades respecto al cobro oportuno de los créditos sociales, descontando una proporción estructural de su remuneración liquida, de manera absolutamente forzada, intempestiva y en contra de su voluntad, sin entregar ninguna información previa ni a él, ni a su empleador.

Basa lo anterior en lo establecido, principalmente en Ley 18.833, que en su artículo 21 establece; “Las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regida por un reglamento especial.”

Luego en su artículo 22 señala; “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas.

En caso de que la entidad empleadora afiliada tenga la calidad de deudora de un procedimiento concursal de liquidación, y una vez que se haya dictado la resolución de liquidación pertinente, regirán las siguientes reglas:

1.- Las cuotas de créditos sociales devengadas y descontadas de la remuneración por el empleador que no hayan sido remesadas a la Caja de Compensación a la fecha de la dictación de la resolución de liquidación gozarán de la preferencia del número 5 del artículo 2472 del Código Civil, siendo obligación de la respectiva Caja de Compensación verificar su crédito.

2.- Corresponderá al trabajador el pago de las cuotas de créditos sociales no devengadas a la fecha de la dictación de la resolución de liquidación, no siendo de cargo de la masa. Para estos efectos, se tendrán por no escritas las convenciones que permitan al empleador, en caso de término de la relación laboral por dictación de la resolución de liquidación, descontar los saldos pendientes por créditos sociales de las indemnizaciones por término de contrato a que tenga derecho el trabajador.”

Advierte que en este caso se puede advertir un uso arbitrario e ilegal de la citada norma, a saber, artículo 22 de la Ley 18.833, de acuerdo a lo establecido de manera categórica y uniforme por la jurisprudencia, toda vez que, una Caja de Compensación, como todo grupo intermedio prestador de un servicio público, está subordinada a nuestra Constitución Política de la República.

Es así como, asevera que, el acto de autotutela efectuado por Caja de Compensación Los Andes, se trata de un descuento ilegal y arbitrario de sus remuneraciones, sin dar noticias o informaciones previas a la determinación del descuento o explicar el por qué, ni el cómo se llegó a ese monto ordenado a descontar, lo que corresponde a una vulneración flagrante a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de nuestra Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, toda vez que, se le ha privado y ha perturbado su Derecho de propiedad sobre $147.907 pesos de su remuneración, que podría repetirse para los pagos de los próximos meses de remuneración.

Sobre la arbitrariedad del acto que recurre, advierte que la recurrida al momento de interponer la demanda ejecutiva ya individualizada, manifestó su voluntad expresa e inequívoca de ejercer la cláusula de aceleración, produciendo el vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes, cobrando el acreedor recurrido la totalidad de la deuda como de plazo vencido en sede civil y que, producto de su inactividad, opuso excepción de prescripción. Por lo anterior, resulta arbitrario que habiendo ejercido la cláusula de aceleración, Caja Los Andes ordene la retención de montos similares al de una cuota a su conveniencia y mediante un mecanismo paralelo a la vía judicial que ellos mismos ejercieron y promovieron mediante el cobro ejecutivo.

En este sentido trae a colación una serie de fallos sobre la materia.

SEGUNDO: Que, comparece don Matías Amigo García, abogado, en representación de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, quien evacuando la información requerida, indica que, su representada, con fecha 26 de julio 2018, otorgo al señor nombre reservado la operación de crédito código 049CON201052138 por un capital inicial de $4.131.674-, a una tasa de Interés de 2.04%, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota mensual de $126.245, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 30 de septiembre 2018.

Prosigue advirtiendo, que las cuotas de los meses de septiembre 2018 a abril 2020, cuotas N° 1 a la N° 20, se pagaron entre los periodos comprendido entre el 09 de octubre 2018 al 30 de junio 2022.

Menciona que a la fecha, la presente operación de crédito se encuentra en cobranza judicial, manteniendo las cuotas de los meses de mayo 2020 a mayo 2023, cuotas N° 21 a la N° 45, en estado moroso.

En consecuencia, advierte que nos encontramos frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones de cobro no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno según se dirá.

Hace mención que en sus inicios las Cajas de Compensación tuvieron como objeto compensar las asignaciones que eran pagadas por los empleadores con las cotizaciones previsionales que los trabajadores debían enterar, las que fueron denominadas “Cajas de Compensación de Asignación Familiar Obrera”. Con la dictación del Decreto con Fuerza de Ley N° 245 de 1953, tales entidades fueron reconocidas en el mundo del Derecho. En la actualidad, estas entidades de previsión social se encuentran reguladas por la Ley N° 18.833, que establece un nuevo estatuto para las C.C.A.F., publicada en el Diario Oficial de 26 de septiembre de 1989. Comenta que durante su evolución histórica se les ha asignado un objeto genérico, cual es la administración de prestaciones de seguridad social, para cuyo cumplimiento desempeñan funciones obligatorias y otras facultativas, establecidas todas por la ley. Entre las primeras se encuentran las asignaciones familiares, los subsidios por cesantía y por incapacidad laboral. Las facultativas corresponden a prestaciones destinadas al bienestar social, como los bonos por fallecimiento, matrimonio, escolaridad, becas de estudio, convenios médicos y, a su vez, los créditos sociales.

Señala que en el caso de las Cajas de Compensación, es la ley la que determina sus funciones, específicamente éstas se encuentran detalladas en el artículo 19 de la Ley N° 18.833. En su número 3° se indica que las Cajas de Compensación pueden “administrar, respecto de los trabajadores afiliados, el régimen de prestaciones de crédito social, el régimen de prestaciones adicionales y el régimen de prestaciones complementarias que se establezcan en conformidad a la presente ley”. Advierte que estos créditos constituyen un beneficio de bienestar social, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer las necesidades del trabajador dependiente, del trabajador independiente, del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar.

Si bien señala, en la actualidad las Cajas de Compensación intervienen como agentes económicos en el mercado financiero otorgando préstamos en dinero, su sistema crediticio, a diferencia de otras instituciones, se encuentra indisolublemente unido al objeto genérico que la Ley N° 18.833 les ha determinado. Recuerda que las Cajas de Compensación no tienen fines de lucro y, por lo mismo, sus beneficios económicos están destinados a incrementar o mejorar la calidad de sus prestaciones sociales. El régimen de prestaciones de las mismas se financia principalmente con recursos provenientes del fondo social que, de acuerdo al artículo 29 del citado cuerpo legal, se forma a través de las comisiones, reajustes e intereses de los capitales dados en préstamos, rentas de inversiones, multas, intereses penales, productos de venta de bienes y servicios, donaciones, herencias, legados y demás recursos que establezca la ley. En otras palabras advierte que, en cuanto a su financiamiento, administración e inversiones, se trata de un patrimonio de afectación sujeto a una normativa especial, pues está destinado al cumplimiento de fines específicos establecidos por la propia ley. Es por ello que el artículo 26 N° 3 de la ley ya citada expresamente prohíbe a las Cajas de Compensación destinar sus recursos a finalidades no autorizadas por ella.

Advierte que los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, pues a diferencia de otros préstamos de dinero que pueden obtenerse en el sistema financiero, son otorgados por entidades de previsión social. Su carácter social no está dado por la finalidad que el deudor le otorga al dinero entregado, o el tipo de instrumento que hayan suscrito las partes, sino deriva de la naturaleza de la entidad que lo otorga. (C. Suprema en Rec. de Casación en el Fondo Rol 97812-2016, a propósito del tipo de crédito que otorgan las Cajas de Compensación y la preferencia para su cobro en un procedimiento concursal).

En esta línea de razonamiento advierte que el hecho que ésta Caja de Compensación haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo otorgado a la recurrente, no libera a su representada ni a su empleador de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley 18.833.

A mayor abundamiento, el inicio de acciones judiciales para perseguir el cobro de lo adeudado no obedece a un mero capricho de la institución que representa, ni mucho menos tiene que ver con un supuesto actuar de mala fe orientado a perseguir un doble cobro, sino que únicamente se debe al cabal cumplimiento de la normativa legal y administrativa vigente, la cual se orienta al resguardo del Fondo Social, a partir del cual se financian los regímenes de prestaciones otorgadas por las Cajas de Compensación de Asignación Familiar.

Por consiguiente, y según lo ha entendido la Excma. Corte Suprema en autos ROL CIVIL 22.325-2019, el actuar de su representada señala, responde a una atribución que la ley confiere a la Caja de Compensación con miras a obtener la recuperación del crédito y constituye también un deber que la ley hace recaer en el empleador respectivo, los cuales no resultan obstados por la interposición de una acción ejecutiva, sobre todo si ésta ha sido interpuesta con anterioridad a la reanudación de las retenciones para el cobro de las cuotas adeudadas.

Señala que su representada está efectuando el cobro, conforme al mecanismo dispuesto en la Ley N°18.833, de una deuda vigente, actualmente exigible y cuya prescripción no ha sido declarada, la cual emana de un contrato de mutuo de dinero celebrado entre su representada y el recurrente.

Continúa señalando que, la prescripción de las acciones está tratada por los artículos 2492 y ss. del Código Civil, de cuya lectura se desprende -con toda claridad-, que la prescripción debe ser alegada, DECLARADA JUDICIALMENTE, y que no opera de pleno derecho. Así, la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que ésta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible. A lo anterior debemos agregar el hecho de que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos.

Reitera que la prescripción, junto con ser alegada por una de las partes, requiere, además, el transcurso del tiempo establecido por el legislador, requisitos que no se satisfacen en el caso del recurrente, habida consideración a que el mutuo en cuestión mantiene en morosidad sus cuotas con vencimiento a partir de mayo de 2020, por lo que es claro que no ha transcurrido el plazo requerido de 5 años para alegar la prescripción de la deuda, todo lo cual hace que el cobro efectuado en virtud del artículo 22 de la Ley N°18.833 sea totalmente oportuno, de acuerdo a lo razonado reiteradamente por la Excma. Corte Suprema (v. gr. ROL CS Civil N°14.987-2018).

Señala que este punto también ha sido objeto de pronunciamientos de la Superintendencia de Seguridad Social, entidad fiscalizadora de las Cajas de Compensación, que regula los créditos sociales.

Respecto a la supuesta vulneración al artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, relativo al derecho de propiedad, no es procedente debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al citado artículo 22 de la Ley 18.833. A partir de lo anterior, afirman que una C.C.A.F. sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos, y que según su representada no se han sido declaradas en favor del recurrente de marras.

Por último, advierten que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, de acuerdo al artículo 22 de la ley 18.833. Así, mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de C.C.A.F., sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa, pues, si el deudor quiere aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción basado en dicho paso del tiempo, deberá accionar para conseguir tal declaración.

TERCERO: Que, para resolver el recurso de protección planteado, es previo señalar que éste fue concebido para restablecer el imperio del derecho y resguardar el orden jurídico vigente cuando éste se ve alterado a causa de actuaciones arbitrarias o ilegales que perturban o amenazan el legítimo ejercicio de algunas de las Garantías Constitucionales contempladas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Que la arbitrariedad necesariamente, desde el punto de vista conceptual, debe vincularse y relacionarse con la noción de un actuar o una omisión que pugnan con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por el principio de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad.

Por su parte la existencia de ilegalidad conjuga la idea de lo contrario a derecho, o, más técnicamente, el no respetarse o infringirse una norma jurídica.

CUARTO: Que, apreciados los antecedentes de autos, acompañados por el recurrente en su recurso y alegato, más el informe y alegato expuesto por la recurrida en la presente causa, conforme a las normas de la sana crítica, han de tenerse como hechos, los siguientes:

Que el recurrente con fecha 26 de Julio del año 2018, suscribió el pagaré Nº 049CON201052138, con la Caja de Compensación de Asignación Familiar De Los Andes, por la suma de $ 4.131.674, por concepto de capital, más los intereses respectivos señalados en dicho documento, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en la ley 18.010, pagaderos en 60 cuotas mensuales y sucesivas de $ 126.245 venciendo la primera de ellas el 30 de septiembre de 2018.

Que en el referido pagaré se estipuló que, el simple retardo en el pago de más de 30 días corridos de todo o parte de cualquiera de las cuotas, permitiría exigir la solución íntegra de la suma debida, considerándose la obligación de plazo vencido y capitalizado los intereses devengados y no pagados. Igualmente se evidenció que el recurrente facultó a su empleador de aquel momento, a empleadores futuros, entidades pagadoras de pensión y pagadoras de subsidio de incapacidad laboral, para descontar del pago de emolumentos mensuales o subsidios de cesantía, los dividendos correspondientes al referido crédito.

Que el recurrido cayó en mora respecto del referido pagaré a partir de la cuota con vencimiento de fecha 31 de mayo de 2019.

Que en razón de lo anteriormente señalado la C.C.A.F Los Andes lo demandó ejecutivamente, específicamente el 26 de noviembre de 2019, iniciándose la causa Rol C-2699-2019, tramitada ante el 1º Juzgado de Letras de Coyhaique, caratulada “Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes con nombre reservado”

Que en virtud del mérito de aquel procedimiento, con fecha 26 de octubre de 2021, se dio por expresamente notificado y requerido de pago de la demanda ejecutiva que Caja de Compensación Los Andes, así como también, opuso la excepción contenida en el numeral 17° del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil “prescripción de la deuda o sólo de la acción ejecutiva”, por haber transcurrido con creces el plazo de un año a que se refiere el artículo 98 de la Ley N 18.092, de acuerdo con lo previsto en el artículo 107 de la misma Ley, para alegar la prescripción de la acción ejecutiva que emana del pagaré en comento; excepciones respecto de las cuales se dio traslado a la recurrida, traslado que fue evacuado en rebeldía, razón por la cual el tribunal omitió recibir la causa a prueba y citó a las partes a oír sentencia, sentencia que se dicta con fecha 16 de noviembre de 2021, acogiendo la excepción opuesta y declara prescrita la acción cambiaria.

Que, el recurrente al momento de recibir su liquidación de sueldo del mes de Abril de 2022, advirtió que la cantidad entregada por concepto de remuneración era considerablemente menor a la pactada debido a un descuento por la suma de $404.813.- por concepto “CAJA COMP. LOS ANDES PRESTAMO”. Agrega que producto de este descuento, comenzó a revisar sus liquidaciones anteriores, dándose cuenta que también se realizó descuentos en los meses de Marzo por un monto de $404.813 y en Febrero de $394.835.

Que no hubo información previa por ningún medio respecto de la decisión unilateral de la recurrida en ejecutar el descuento que finalmente ordenó a su empleador QUINTO: Que, en efecto, como quedó establecido, se pretende el cobro y recaudación de una obligación en dinero que se encuentra declarada prescrita, en virtud de lo resuelto en causa Rol C-2699-2019, tramitada ante el 1º Juzgado de Letras de Coyhaique, caratulada “Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes con nombre reservado”. Donde en virtud del mérito de aquel procedimiento, con fecha 26 de octubre de 2021, se dio por expresamente notificado y requerido de pago de demanda ejecutiva que Caja de Compensación Los Andes, así como también, la recurrente opuso la excepción contenida en el numeral 17° del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil “prescripción de la deuda o sólo de la acción ejecutiva”, por haber transcurrido con creces el plazo de un año a que se refiere el artículo 98 de la Ley N 18.092, aplicable al caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 107 de la misma Ley, para alegar la prescripción de la acción ejecutiva que emana del pagaré en comento; excepciones respecto de las cuales se dio traslado a la recurrida, traslado que fue evacuado en rebeldía, razón por la cual el tribunal omitió recibir la causa a prueba y citó a las partes a oír sentencia, sentencia que se dicta con fecha 16 de noviembre de 2021, acogiendo la excepción opuesta y declara prescrita la acción cambiaria.

Asimismo, y en base a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 18.833, la que se refiere sólo a las deudas actualmente exigibles ya que el objeto de dicha norma es facilitar y garantizar a las cajas acreedoras del cobro de sus acreencias, pero no transforma tales obligaciones en imprescriptibles ya que no se establece ello expresamente, debiendo, en consecuencia, regir las disposiciones contenidas en los artículos 2514 y siguientes del Código Civil, sobre la prescripción como medio de extinguir las obligaciones.

SEXTO: Que, de otra parte, no menos importante y como a cuyo respecto este Tribunal ya lo ha determinado, el artículo 54, y siguientes del Código del Trabajo, consagran el principio de la protección de las remuneraciones y la certeza de las mismas que tiene como objetivo garantizar la certidumbre al trabajador en cuanto a la remuneración que le corresponde recibir por la prestación de sus servicios y el artículo 58, del cuerpo legal citado, obliga al empleador a deducir de las remuneraciones los impuestos que la graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos, naturaleza que no tienen los créditos que puedan solicitar los afiliados, más aún en aquellos casos en que una posible deuda haya sido contraída con mucha antigüedad en que eventualmente podría discutirse una posible prescripción y tampoco consta que se haya incoado algún procedimiento o juicio contra los deudores en sede judicial para el cobro de la deuda, por lo que debe estimarse como arbitraria la decisión de la institución que se dice acreedora en orden a requerir directamente a la empleadora del trabajador el descuento de las cuotas adeudadas mediante la vía de efectuar éste en la remuneración mensual que se paga al trabajador, como ocurrió en la especie y sin que se hayan dilucidado previamente las circunstancias de efectivamente adeudarse éstas y otras eventuales excepciones o defensas que puedan hacerse valer.

SEPTIMO: Que, en consecuencia, habiéndose constatado una serie de actos arbitrarios de la recurrida, ha de concluirse, necesariamente, con que tales actos vulneraron, vulneran y amenazan el derecho de propiedad del recurrente sobre su remuneración, privándole de beneficios económicos, derecho que se encuentra amparado y protegido por el número 24, de la Constitución Política de la República, de lo que se colige que el recurrente debe ser amparado y su recurso acogido en la forma que se declarará.

Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, del 24 de Junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, en su texto refundido en el Acta Número 94-2015, SE DECLARA QUE SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado don Mario Espinosa Valderrama, abogado, en representación de don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada para estos efectos por don nombre reservado, Cédula de Identidad N° RUT reservado, y se ordena el cese inmediato de la información y requerimiento al empleador del recurrente, del descuento de sus remuneraciones por concepto del crédito social, otorgado el 26 de Julio del año 2018 por la Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes, ordenándose, además, se restituyan o devuelvan al recurrente todas las sumas mensuales que se descontaron de su remuneración a partir del mes de febrero del año 2022 y hasta la última de ellas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del señor nombre reservado integrante don Rodrigo Octavio Solís Solís.

Rol N°: 828-2022.- (Protección).-