nombre reservado con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE SECCIÓN DE REMUNERACIONES

Coyhaique, a veintidós de mayo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En rol de esta Corte N°82-2025, en lo principal de la presentación de fecha 26 de marzo de 2025, comparece don nombre reservado, pensionado, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, representada legalmente por su Director General, don Eduardo Alejandro Cerna Lozano, ambos domiciliados en domicilio reservado, por la omisión en el pago de los saldos remuneratorios adeudados de la asignación de grado efectivo, afectando los derechos contenidos en el art. 19 N° 2 y 24 de la Carta Fundamental, solicitando, en definitiva: “a) Regularizas mis remuneraciones, por concepto de pago íntegro de gratificación de zona, en los periodos que median entre el año 2000 al 2007, por haber desempeñado funciones en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y entre los años 2008 al 2016, por haber desempeñado funciones en la Región del Biobío. b) El pago de reajustes e intereses legales, que deriven de las remuneraciones adeudadas, calculado a la fecha de su cumplimiento; y c) Que se condene en costas a la recurrida, en caso de oposición. (SIC)”.

Con fecha 2 de abril de 2025, doña María Inés Wise Díaz de la Vega, abogada, en representación de don Eduardo Alejandro Cerna Lozano, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, incorporó el informe requerido.

El 13 de mayo de 2025, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 15 del mismo mes y año, compareciendo de manera remota a alegar por la parte recurrente, sólo el abogado, Kurt Borneck Gutiérrez, quedando en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente funda su solicitud, indicando que, ingresó a la Escuela de Investigaciones Policiales “Presidente Arturo Alessandri Palma”, de la Policía de Investigaciones de Chile, el 19 de febrero de 1986, encontrándose actualmente en situación de retiro, a contar del 28 de febrero de 2018.

Precisa que, se desempeñó profesionalmente en distintas Unidades a lo largo del país, por lo que estima cuenta con derecho a percibir gratificación de zona, en atención a la prestación de servicios que realizó en la Comisaría Judicial de Coyhaique, entre los años 2000 al 2001; igualmente, prestó servicios en Ayudantía Prefectura de Coyhaique, entre los años 2001 al 2004; en la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Coyhaique, entre los años 2005 al 2007; en la Brigada de Investigación Criminal de Concepción, entre los años 2008 al 2012; y, finalmente, indica la Prefectura Provincial de Arauco, prestando sus servicios entre los años 2015 al 2016.

Refiere que, mediante Radiograma N° 225, de 30 de mayo de 2019, la Jefatura Nacional de Gestión y Administración de las Personas, de la Institución, informó a todos sus funcionarios que “…que a partir de mayo 2019, se modifica la base de cálculo de la gratificación de zona, para los trabajadores de la Policía de Investigaciones de Chile, que cumplan funciones en aquellas Unidades con derecho al pago de este estipendio económico, conforme a revisión del Departamento de Auditoría Interna y a Informe Técnico Jurídico.

El referido pago se cursará en el proceso suplementario del presente mes, siendo abonado en las cuentas bancarias el día 31.MAY.019.”

Sostiene que, en la especie no recibió el pago suplementario, dado que, se encuentra actualmente en situación de retiro, desde el mes de febrero de 2018, por cuanto la recurrida jamás aplicó esa base de cálculo para determinar su remuneración. Añade que, no obstante el pago suplementario informado por la recurrida en el mes de mayo, mediante Radiograma N° 285, del 2 de julio de 2019, de la misma Jefatura Nacional, se informa que “…respecto de la nueva base de cálculo utilizada para el pago de la gratificación de zona y los efectos que esta generaría en las remuneraciones, esta Jefatura Nacional ha solicitado un pronunciamiento a la Contraloría, con el objeto de aclarar la pertinencia de este procedimiento…Conforme a lo anterior, las remuneraciones con asignación de zona continuarán cancelándose utilizando la base de cálculo original hasta recibida la respuesta del ente Contralor…”, lo que implica que la recurrida decide volver a pagar la gratificación de zona al personal activo, empleando la base de cálculo anterior, hasta la espera del pronunciamiento de la Contraloría.

Indica que, con fecha 26 de abril de 2021, la Contraloría General de la República emitió pronunciamiento mediante Dictamen N°E98928, del 26 de abril de 2021, concluyendo que, se deberá considerar la asignación de especialidad al grado efectiva en la base de cálculo de la gratificación de zona que percibe el personal de la institución.

Agrega que, la recurrida premunida del Dictamen del ente Contralor, efectuó un pago retroactivo de zona, con el Código H0092; sin embargo, dicho pago se efectúa únicamente a los funcionarios que “actualmente” gozaban de dicho beneficio, por el periodo que media entre la fecha del Dictamen esto es, abril de 2021 y el mes de diciembre de 2022, omitiendo arbitraria e ilegalmente el pago retroactivo de la deuda de gratificación de zona de los meses anteriores a abril de 2021.

Luego, refiere que la recurrida ha efectuado una interpretación, sin facultad ni competencia para tal efecto, sobre el Dictamen de Contraloría, entendiendo que desde su emisión se generaba un derecho de propiedad sobre las remuneraciones, teniendo así un efecto irretroactivo, lo que habilitaría para pagar el beneficio sólo hacia lo futuro.

Explica que, la supuesta irretroactividad del Dictamen ha sido clarificada por la Excma. Corte Suprema, fallando que debe ordenarse igualmente el pago, desde el ingreso a la institución hasta el 26 de abril de 2021, que es el período reclamado en autos.

Sostiene que, tenía total desconocimiento de los hechos materia de la presente acción, por encontrarse en situación de retiro, sin embargo, mediante un grupo de la aplicación WhatsApp integrada por compañeros de la Escuela de Investigaciones, con fecha 11 de marzo de 2025, toma conocimiento que el Director General, don Héctor Espinoza Valenzuela, dedujo un recurso de protección en base a idénticos presupuestos.

Finalmente, en cuanto a las garantías conculcadas, invoca la igualdad ante la ley, ya que existe una discriminación arbitraria respecto de otros funcionarios que sí han recibido el pago en su totalidad, y el derecho de propiedad, por cuanto posee un derecho preexistente e indubitado sobre las remuneraciones que se le adeudan.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, la recurrida, en primer lugar, alega la prescripción de la acción, ya que para todos los efectos legales, el recurrente dejó de pertenecer a la institución el 28 de febrero de 2018.

Al respecto señala, en primer término, que el Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 15 de mayo de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, que dicta el Estatuto del Personal de Investigaciones de Chile, no consagra un plazo de prescripción para el derecho al cobro de las asignaciones establecidas en aquel cuerpo normativo, razón por la cual, supletoriamente, debe aplicarse lo dispuesto en la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo.

Agrega que, en ese orden de ideas, conforme la legislación vigente tanto el pago de la asignación de zona constituye un derecho funcionario, razón por la que a esta remuneración le son aplicables las reglas de prescripción contenidas en el artículo 99 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, que dispone “El derecho al cobro de las asignaciones que establece el artículo anterior, prescribirá en el plazo de seis meses contado desde la fecha en que se hicieron exigibles”.

Sostiene que, es de conocimiento que las asignaciones a que alude el artículo 99 del Estatuto Administrativo se hacen exigibles desde el momento en que se devengan, esto es, desde que se han verificado las condiciones que establece la ley para el pago de las mismas, pues, en ese instante, nace el derecho a percibir las sumas respectivas.

Destaca que, el plazo de prescripción de seis meses previsto en el artículo 99 se cuenta según el principio general establecido en el artículo 2514, inciso segundo, del Código Civil, desde que éstas se hicieron exigibles, lo que tratándose del derecho al pago de remuneraciones periódicas, acontece desde que éstas se devengan. Añade que, en cuanto a la interrupción del cómputo del plazo de prescripción, el ente Contralor ha señalado, que el derecho al cobro de las asignaciones de su artículo 98, prescribe en el plazo de seis meses, contados desde que se hicieron exigibles, conforme a lo señalado en el artículo 99 de dicha ley, término que se interrumpe por el reclamo formal ante el pertinente organismo o esta entidad fiscalizadora, de acuerdo a los dictámenes N°s 21.838, de 2013 y 62.712, de 2014.

A mayor abundamiento, sostiene que la génesis del reclamo del recurrente se funda en el Radiograma N° 225 de 30 de mayo de 2019, mediante el cual informó que, por error, se encontraba pagando de forma incompleta la remuneración en un ítem que debía cancelarse de acuerdo a la asignación de zona. Sin embargo, en atención de la jurisprudencia administrativa contenida en los dictámenes N°s 33.924, de 2008; 47.598, de 2012; 47.562, de 2013, entre otros, ha señalado que el plazo de prescripción de seis meses es aplicable al cobro de diferencias producidas por estipendios pagados parcialmente, tanto por un error en su cálculo o en la interpretación de la normativa aplicable, cuanto por la inadvertencia de la Administración de la concurrencia de un supuesto que permitía al interesado la percepción del estipendio en un monto mayor.

Por su parte, sostiene que, habiendo transcurrido con creces el plazo de prescripción consagrado en el ordenamiento jurídico para el cobro de las asignaciones contempladas en leyes especiales, puntualmente en el Estatuto Administrativo, la acción de protección intentada no puede prosperar.

Por otra parte, en segundo lugar, alega la extemporaneidad del recurso de protección intentado, ya que, de lo señalado por el recurrente, señala que habría tomado conocimiento del acto ilegal y arbitrario recién el 11 de marzo de 2025, con ocasión de una conversación realizada vía aplicación de mensajería instantánea; sin embargo, para tal efecto acompañó un print de pantalla que refiere lo sostenido, pero de tal imagen no es dable acreditar clara y fehacientemente la efectividad de haber tomado conocimiento del acto en tal fecha.

Así las cosas, sostiene que no consta en el expediente la efectividad del inicio del cómputo del plazo para interponer la acción de protección, no siendo suficiente la mera declaración del recurrente.

En cuanto al fondo, menciona que intentar una acción de tal naturaleza, para perseguir el cobro de remuneraciones no reclamadas en su oportunidad, no constituye la vía idónea, por cuanto, el recurso de protección tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos que se encuentren indubitados, lo que no ocurre en la especie. Agrega que, es cuestionable que el recurrente haya intentado una acción excepcionalísima, sin antes agotar la vía administrativa.

A continuación, refiere que en virtud de razonado por la Contraloría General de la República mediante Oficio N° E98928/2021, de abril de 2021, dando respuesta a la consulta formulada por el Director General de la Policía de Investigaciones, señaló que dicho pronunciamiento no tuvo en ningún caso efecto retroactivo, lo cual se encuentra en consonancia y armonía con el artículo 53 de la Ley N° 19.880, como también con el principio de irretroactividad de las leyes.

Por otro lado, refiere que no se procedió con el pago al recurrente, toda vez que, en aquella época, se encontraba en situación de retiro.

Finalmente, indica que, no ha existido actuar ilegal o arbitrario de parte de la Policía de Investigaciones de Chile, pues se ha procedido conforme lo señala la Contraloría General de la República y, en conclusión, niega que se atente en contra de los derechos fundamentales de los recurrentes, negando también que el dictamen tenga efecto retroactivo y expresando que no procede el pago del período anterior al del dictamen del Órgano Contralor.

TERCERO: Que, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, en criterio compartido por este Tribunal, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, como núcleo del cuestionamiento planteado, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en la privación del pago íntegro de la asignación de especialidad al grado efectivo, estipendio que debía aplicarse al cálculo de la gratificación de zona, el cual tiene el carácter de remuneración y como tal ingresó a su patrimonio; vulnerando así, sus garantías constitucionales reconocidas en los N°2 y 24 del artículo 19, de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, a fin de despejar el asunto a dirimir, de los elementos allegados durante la tramitación de la presente acción, los que fueron apreciados de conformidad a las reglas de la sana crítica, se pueden dar por establecidos los siguientes hechos:

1.- Que, don nombre reservado, ingresó a la institución recurrida el día 19 de febrero de 1986, encontrándose en la actualidad en retiro, específicamente, desde el 28 de febrero de 2018, cuestión no controvertida entre las partes.

2.- Que, con fecha 30 de mayo de 2019, mediante Radiograma N° 225, de la JENAPERS, se informa al personal que para los trabajadores de la Policía de Investigaciones habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tuvieran derecho de percibirlo.

3.- Que, con fecha 2 de julio de 2019, mediante Radiograma N° 285, se informa que las remuneraciones con asignación de zona continuarían pagándose, utilizando la base de cálculo original hasta recibida la respuesta del Ente Contralor, solicitándose al personal mantenerse a la espera.

4.- Que, con fecha 26 de abril de 2021, la Contraloría General de la República emitió respuesta al pronunciamiento de la P.D.I., evacuando el Dictamen N° E98928 / 2021, en el que se dispuso que la asignación de especialidad al grado efectivo que actualmente recibía el personal de la Policía de Investigaciones de Chile, debía ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tuviera derecho a este último beneficio.

5.- Que, el recurrente nombre reservado, ejerció funciones en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, desde marzo de 2000 a diciembre de 2006; y en la Región del Biobío, desde diciembre de 2007 a noviembre de 2016, de acuerdo con el Certificado de Destinaciones N°63719, de 1 de abril de 2025, del Departamento de Archivo y Registro de la Policía de Investigaciones de Chile.

I.- EN CUANTO A LA PRESCRIPCIÓN.

OCTAVO: Que la recurrida, primeramente, opone excepción de prescripción, la que funda en que, según el artículo 99 de la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo, "el derecho al cobro de las asignaciones prescribirá en el plazo de seis meses contado desde la fecha en que se hicieron exigibles".

Sin embargo, dichas alegaciones no podrán ser acogidas en esta sede, en atención a la entidad constitucional que detenta la acción de protección enderezada, a través de la cual se solicita una cautela inmediata y de urgencia de uno o más derechos fundamentales e indubitados, de manera que, a causa de no ser el foco de lo impetrado, el petitorio no puede resultar enervado mediante la oposición de excepciones perentorias de carácter ordinario, que son propias de juicios de naturaleza civil o administrativa, estos últimos configurados como contexto procesal idóneo para obtener la declaración de la prescripción que se busca.

II. EN CUANTO A LA EXTEMPORANEIDAD.

NOVENO: Que, enseguida, se debe tener presente que el numeral 1° del Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establece que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

DÉCIMO: Que, en tal orientación, si bien la recurrida refiere que lo reclamado por el recurrente consta únicamente de una captura de pantalla, instrumento que en su criterio no resulta ser suficiente para acreditar de manera clara y fehaciente que éste haya tomado conocimiento del acto reclamado en la fecha indicada, esto es, recién el 11 de marzo de 2025, lo que asocia al transcurso en exceso del plazo de 30 días corridos para su interposición; cabe tener a la vista que la acción u omisión objeto de este arbitrio presenta efectos permanentes, condición que hace decaer el basamento de lo esgrimido, llevando también a rechazar en lo resolutivo la alegación de extemporaneidad formulada por la parte recurrida.

III.- EN CUANTO AL FONDO DE LA ACCIÓN DEDUCIDA.

UNDÉCIMO: Que, por último, para un mejor acierto de lo que se resolverá, cabe destacar que, entre las funciones de la Contraloría General de la República, como ente fiscalizador, está la de velar por la legalidad de los actos de los organismos administrativos. De este modo, para cumplir dicha labor, tal organismo puede emitir informes y dictámenes, de naturaleza declarativa e interpretativa sobre cuestiones cuyo pronunciamiento se requiera. Es dable señalar, además, que en atención a que dichos actos se entienden incorporados a las leyes o reglamentos interpretados, no rige para ellos la prohibición de retroactividad.

Dicho esto, la solicitud efectuada por la JENAPERS, por intermedio del Radiograma N° 285, de 2 de julio del año 2019, a la Contraloría General de la República, con el objeto que aclarara la manera en que debía conformarse la base de cálculo para el pago de la gratificación de zona, que fue respondida por el órgano contralor, mediante el Dictamen E98928, de 26 de abril de 2021, constituye precisamente una mera aclaración en relación a la manera como debían efectuarse los cálculos relativos a la gratificación de zona, lo que, a su vez, dista de ser un acto constitutivo de derechos, que implique el nacimiento de éstos para las partes a contar de tal dictamen, desde que sólo explica los derechos que ya existían a la fecha de realizarse la consulta por parte de la JENAPERS. En consecuencia, no se trata de una aplicación retroactiva de las normas sobre la materia, sino de la explicitación de lo ya existente.

DUODÉCIMO: Que, asentado lo anterior, cabe señalar que no resulta atendible el fundamento invocado por la recurrida en el informe evacuado, y que dice relación con haber realizado todas las actuaciones que le competen para satisfacer su pago en favor de aquellos a quienes les asistía la asignación de especialidad al grado efectivo, considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tuviera derecho a este último beneficio, de conformidad al Dictamen E98928, de fecha 26 de abril de 2021, emanado de la Contraloría General de la República, al haber estimado no poseer efecto retroactivo; lo cual resulta ser una interpretación incorrecta de lo señalado por el ente contralor, atendido lo indicado en el considerando precedente, pues dicha fecha de pronunciamiento no representa el hecho jurídico que dio nacimiento a los derechos del recurrente, sino que corresponde a una resolución meramente consultiva sobre la materia.

DÉCIMO TERCERO: Que, en este estadio, los sentenciadores que conocen de este asunto estiman que la recurrida, Policía de Investigaciones de Chile, actuó de forma al menos arbitraria, desde que a través de una interpretación errada de lo señalado por Contraloría, ha configurado una excusa de la cual se ha prevalido para no disponer el pago de una asignación que forma parte integrante de las remuneraciones a que tiene derecho el recurrente de autos, y respecto de las cuales ostenta un derecho de apariencia indubitada y preexistente, por lo que no resulta procedente, en principio, que el actor no perciba durante todo este tiempo parte de sus remuneraciones por hechos u omisiones de la Administración, que no le son atribuibles, verificando así la amenaza de afectación de su garantía constitucional consagrada en el artículo 19 numeral 24, de la Constitución Política de la República, esto es, de su derecho de propiedad, desde que se le ha privado anticipadamente de la posibilidad que los emolumentos correspondientes a la asignación discutida, y a los cuales tenía derecho, ingresen a su patrimonio, sin haber mediado un procedimiento declarativo idóneo y afinado que obste a ello.

Asimismo, el actuar arbitrario de la recurrida ha significado la afectación antijurídica del derecho a la igualdad ante la ley que tiene el recurrente, reconocido en el artículo 19 N°2, de la Carta Fundamental, pues de los hechos asentados se desprende que se le ha discriminado de forma arbitraria en relación a los demás funcionarios (as) que, en semejantes circunstancias, han podido gozar de la señalada asignación de especialidad del grado efectivo como base de cálculo de la gratificación de zona a que, en su oportunidad, habían adquirido derecho.

DÉCIMO CUARTO: Que, así las cosas, habiendo incurrido la Policía de Investigaciones en un actuar al menos arbitrario, que ha amenazado el goce por el recurrente de las garantías constitucionales referidas, cabe a esta Corte acoger el presente recurso de protección, sólo en cuanto la recurrida deberá disponer el pago de la asignación que favorece al recurrente, respecto del período no solucionado por aquélla, sin dejar de considerar que ello operará sin perjuicio de las alegaciones de fondo que pudieran tener lugar en el proceso competente.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RESUELVE:

I.- Que SE RECHAZA la excepción de prescripción deducida por la recurrida, POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE.

II.- Que SE RECHAZA la petición de extemporaneidad invocada por la recurrida, POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE.

III.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección formulado por don nombre reservado, pensionado, dirigido en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, sólo en cuanto la recurrida deberá disponer el pago de la asignación que favorece al recurrente, respecto del período no solucionado en el que efectivamente prestó servicios en la Región de Aysén, conforme al cálculo que se determinará en la sede correspondiente y sin perjuicio de los derechos se puedan hacer valer en el procedimiento de rigor.

Acordada la decisión anterior con el voto en contra del señor Ministro Titular, don Jose Ignacio Mora Trujillo, quien fue del parecer que, la presente acción tiene como elemental exigencia aquélla que sólo pueda referirse a derechos indubitados y manifiestos, esto es, los que deben aparecer y constar del solo mérito de los antecedentes allegados al proceso, circunstancia que no se advierte concurrente en el caso de marras, desde que el derecho que sostiene poseer el actor y en base al cual funda su petición, se encuentra controvertido, tanto porque no ha existido claridad en la pretensión concreta que ha planteado, como por la introducción por la entidad recurrida de alegaciones de fondo relativas a la prescripción del mismo, discusiones y discrepancias que únicamente caben ser dilucidadas en un procedimiento diverso, de lato conocimiento, mas no por la presente vía sumarísima del recurso de protección, que es portador de caracteres jurídicos de excepcionalidad y urgencia, que se traducen en brindar tutela inmediata a un derecho incuestionable; todo lo cual, al no verificarse, necesariamente conlleva a que el arbitrio intentado deba ser desestimado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Sr. Ministro Titular, don Luis Moisés Aedo Mora, quien no firma por encontrarse haciendo uso de permiso administrativo, al igual que la Ministro Titular dona Natalia Marcela Rencoret Oliva.

Rol 82-2025 (Protección).