INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMA NOS con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Coyhaique, a veinticinco de mayo del año dos mil veintitrés.

VISTOS:

Con fecha 24 de marzo de 2023, comparece don Joaquín Bizama Tinado, abogado, Jefe Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), domiciliado en domicilio reservado, en favor de doña nombre reservado, ciudadana colombiana, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por su Director Nacional, don Luis Thayer Correa, por cuanto estima que la recurrida ha incurrido en una omisión arbitraria e ilegal, en virtud de que con fecha 06 de enero de 2022, la actora realiza la solicitud de permanencia definitiva ante el señalado servicio, bajo el número de solicitud 21511879, con el fin de resolver su situación migratoria, sin que a la fecha de interposición del recurso tenga respuesta acerca de su solicitud, todo lo cual estima que infracciona sus derechos establecidos en el artículo 19 N° 1 y 2, de la Constitución Política de la República, referido a la integridad psíquica y a la igualdad ante la ley, solicitando en definitiva, se declare: la ilegalidad y arbitrariedad de la omisión señalada; que se han vulnerados los derechos a la integridad psíquica y la igualdad ante la ley; que se ordene a la administración, resolver la solicitud de permanencia definitiva, en un plazo de treinta días desde que el fallo se encuentre firme y ejecutoriado; que se impartan instrucciones al recurrido, a fin de que sus protocolos de actuación y actuaciones se adecuen a las leyes, Constitución Política de la República, y tratados internacionales; y que se adopten todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio del Derecho.

Con fecha 10 de abril de 2023, se declaró admisible el recurso de protección interpuesto y se pidió informe a la recurrida.

Con fecha 16 de abril de 2023, la recurrida solicita se declare la inadmisibilidad del recurso de protección y la falta de legitimación pasiva.

Con fecha 20 de mayo de 2023, se trajeron los autos en relación, y con fecha 23 de mayo de 2023, se llevó a cabo la vista de la causa, con la comparecencia del abogado, don Luciano González Gronemann, por el recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, fundamentando el recurso interpuesto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, señala que tomó conocimiento de la situación de la recurrente, quien obtuvo la residencia temporaria con fecha 31 de marzo de 2020, con vencimiento el 13 de mayo de 2022.

Así, con fecha 6 de enero de 2022, realiza la solicitud de permanencia definitiva, ante el Servicio Nacional de Migraciones, bajo el número de solicitud 21511879; con el fin de resolver su situación migratoria. De este modo, transcurridos 15 meses después de haber presentado su solicitud, no ha tenido respuesta. Al realizar seguimiento virtual de su solicitud, ésta aparece con un avance de solo un 4%, en estado de ”inicio en trámite”.

Agrega que, doña nombre reservado ha intentado tener respuesta por parte de la Oficina Regional del Servicio Nacional de Migraciones, quienes han indicado que tal situación se encuentra fuera de su alcance, pues dicha solicitud se realiza vía on-line a nivel central, escapando del marco de sus atribuciones.

Señala que la situación ha devenido en serias afectaciones al ejercicio de sus derechos fundamentales, toda vez que, le ha impedido, entre otras privaciones y perturbaciones, poder renovar su carné de identidad, privándole de aquellas diligencias para las cuales dicho documento es imprescindible, como obtener licencia de conducir, realizar trámites bancarios, trámites ante el Servicio de Impuestos Internos, celebrar actos y contratos.

Indica, posterior a hacer referencia al artículo 19 y 20 de la Constitución Política de la República que, el acto ilegal y arbitrario de la autoridad recurrida contra el que se dirige esta acción de protección es la omisión de resolución de la solicitud de permanencia definitiva de doña nombre reservado, la cual fue realizada por la amparada con fecha 6 de enero de 2022, sin que a la fecha exista un pronunciamiento por parte de la autoridad.

Alega que de este modo se infringe la ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado (LBPA), particularmente, los principios señalados en el Capítulo I de la ley, como el principio de celeridad, el principio conclusivo y el principio de inexcusabilidad, relacionado con el artículo 8 de la Ley 18.575, agregando que, la administración del Estado no está facultada para omitir su pronunciamiento sobre la solicitud realizada por la amparada, ya que, por el contrario, la administración está expresamente obligada a resolver la referida solicitud.

Agrega que, el artículo 23 de la Ley señala que existe una obligación en los plazos, al señalar que:

"Artículo 23. Obligación de cumplimiento de los plazos. Los términos y plazos establecidos en esta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de la Administración en la tramitación de los asuntos, así como los interesados en los mismos".

Y al respecto, el párrafo 1° del Capítulo II de la Ley, que se refiere precisamente a las normas básicas de los procedimientos administrativos, establece los plazos que deberán observarse en todo procedimiento administrativo. En particular el artículo 24 de la Ley, señala que:

"Artículo 24. El funcionario del organismo al que corresponda resolver, que reciba una solicitud, documento o expediente, deberá hacerlo llegar a la oficina correspondiente a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a su recepción.

Las providencias de mero trámite deberán dictarse por quien deba hacerlo, dentro del plazo de 48 horas contado desde la recepción de la solicitud, documento o expediente.

Los informes, dictámenes u otras actuaciones similares, deberán evacuarse dentro del plazo de 10 días, contado desde la petición de la diligencia.

Las decisiones definitivas deberán expedirse dentro de los 20 días siguientes, contados desde que, a petición del interesado, se certifique que el acto se encuentra en estado de resolverse. La prolongación injustificada de la certificación dará origen a responsabilidad administrativa" A su vez, indica que, el artículo 27 de la misma ley señala: "Artículo 27. Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final." Esgrime que, en el caso concreto, evidentemente se ha generado una vulneración al debido proceso, ya que como fue señalado precedentemente, la recurrida mantiene de manera prolongada e injustificada, una respuesta pendiente que no solo genera incertidumbre, sino que además, no le permite renovar su cédula de identidad con lo que se ve impedida de ejercer ciertos derechos.

Finalmente, estima como garantías conculcadas, el derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N° 2, de la Constitución, al estimar que se le ha brindado un tratamiento diferenciado en relación a otras personas que, en situación jurídica equivalente, han visto tramitadas sus solicitudes a la administración sin entorpecimientos ni dilaciones como la de este caso; así también estima vulnerado el derecho a la integridad psíquica, consagrado en el artículo 19 N° 1, de la Constitución Política de la República, toda vez que el acto recurrido las mantiene en una situación de constante incertidumbre, pues no tiene conocimiento efectivo sobre el estado de su solicitud, situación ésta que, afecta su vida personal y le causa serias perturbaciones, toda vez que se trata de una persona que cuenta con arraigo social y laboral en nuestro país.

SEGUNDO: Que, en lo referente a la solicitud de inadmisibilidad del recurso, formulada por la recurrida, deberá ser desestimada en esta etapa procesal, debiendo estarse a lo resuelto a Folio 3, de fecha 10 de abril de 2023, desde que en la referida resolución se declaró admisible la presente acción cautelar, toda vez que cumple con los requisitos formales establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las garantías constitucionales de la Excma. Corte Suprema, correspondiendo entonces, pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido al conocimiento de esta Corte.

TERCERO: Que, en cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva, planteada por el mismo Servicio recurrido, cabe señalar que lo reprochado por la recurrente, es la omisión del Servicio Nacional de Migraciones en el pronunciamiento de un acto terminal que resuelva su solicitud de permanencia definitiva realizada con fecha 06 de enero de 2022, siendo precisamente, el mencionado Servicio el competente para dictar el acto administrativo que se pretende, por lo que bajo dichas circunstancias, resulta verificable la legitimidad pasiva de la recurrida, y en consecuencia, dicha alegación debe ser desestimada, y así se declarará en lo resolutivo de esta sentencia.

CUARTO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

QUINTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEXTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SÉPTIMO: Que, conforme los antecedentes existentes en la presente causa, debe consignarse, que en la acción constitucional materia del presente arbitrio, el conflicto de marras radica en el hecho que doña nombre reservado, con fecha 6 de enero de 2022, remitió en tiempo y forma su solicitud de permanencia definitiva ante el Servicio Nacional de Migraciones, sin que a la fecha de interposición del recurso, esto es, el día 24 de marzo de 2023, se haya resuelto sobre ésta, lo que configura, a su juicio, una omisión ilegal y arbitraria en la emisión de resolución exenta que pone fin al procedimiento administrativo, todo lo cual le ha provocado diversos perjuicios.

OCTAVO: Que, de los antecedentes sometidos al conocimiento de esta Corte, y a través de la aplicación de los criterios que reglan la sana crítica, es posible inferir que las afectaciones que la recurrente invoca como vulneratorias para la plena realización de una vida cotidiana en el país, y en base a las cuales fundamenta la interposición del presente libelo, se originan a partir de la pérdida de vigencia de la cédula de identidad para extranjeros, todo lo cual impediría la realización de múltiples trámites de carácter cotidiano, tratándose, desde luego, de una migrante en situación regular, respecto del cual no consta orden de expulsión alguna o antecedentes similares en su contra.

NOVENO: Que, para la resolución del presente conflicto, resulta importante tener presente lo previsto en la Ley N°21.325, específicamente, su artículo 43, el cual señala:

“Artículo 43.- Cédula de identidad. Los residentes temporales y definitivos deberán solicitar cédula de identidad ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de entrada en vigencia del respectivo permiso de residencia.

El Servicio tendrá acceso a la información actualizada de las cédulas de identidad que el Servicio de Registro Civil e Identificación haya otorgado a los residentes, con la identificación completa, nacionalidad, fecha de nacimiento y número de cédula y vigencia respectiva.

La cédula de identidad que se otorgue en virtud de este artículo deberá expedirse de conformidad con los nombres y apellidos y plazo de vigencia que registre el permiso de residencia respectivo.

Se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia, siempre y cuando el extranjero acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva solicitud.”

DÉCIMO: Que, en este estadio, el ordenamiento jurídico ha contemplado una norma especial para el caso, y que prevé las consecuencias que en la vida cotidiana puedan enfrentar los solicitantes, mientras no se les otorgue la residencia, sea esta, temporal o definitiva, disponiendo la mantención de la vigencia de la cédula de identidad de los extranjeros que cuenten con un certificado de residencia en trámite vigente, o hasta que la recurrida resuelva la solicitud de éstos.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, a juicio de esta Corte, no se verifica perturbación o afectación alguna, ni siquiera en grado de amenaza, por el hecho que el servicio recurrido haya excedido en más de seis meses la tramitación de la respectiva solicitud de la recurrente, pues no resulta verificable en los hechos, que se encuentre impedida o imposibilitada de realizar trámites ante cualquier entidad pública o privada con su cédula de identidad, siempre y cuando se trate de extranjeros en situación regular en el país, como es el caso de la solicitante.

DUODÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, resulta importante tener presente que el artículo 38 de la Ley N° 21.325, establece:

“Artículo 38.- Ingresos y egresos. No habrá límite al número de ingresos y egresos del territorio nacional que pueden efectuar los extranjeros residentes, en tanto esté vigente el permiso de residencia respectivo y se cumplan los requisitos que exigen esta ley y su reglamento.

Si el extranjero residente hubiere solicitado el cambio o prórroga de su permiso de residencia temporal o hubiere solicitado el permiso de residencia definitiva, y acredita que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente, no tendrá limitaciones al número de ingresos y egresos del territorio nacional, aun cuando el permiso de residencia que posea no se encuentre vigente.”

DÉCIMO TERCERO: Que, los preceptos recién transcritos, incluidos en un cuerpo normativo que viene a modernizar la legislación en esta materia, corrobora lo razonado por estos sentenciadores y, reafirma que la circunstancia denunciada, esto es, el sólo hecho de no existir pronunciamiento por parte de la recurrida acerca de la solicitud de residencia definitiva de la recurrente, no es suficiente para conculcar los derechos invocados, pues tanto del tenor del recurso como los conocimientos que emanan de las máximas de la experiencia, es posible concluir que el único documento oficial cuya falta de vigencia puede obstar al desarrollo de la vida cotidiana en el país, es la cédula de identidad y es precisamente la norma citada la que determina la mantención de la vigencia, de pleno derecho, de tal instrumento, mientras se tramita la solicitud sobre la situación migratoria de la extranjera, precaviendo cualquier perturbación incluso en grado de amenaza, por el hecho que el Servicio tarde más de seis meses en tramitar la petición respectiva, pues no resulta efectivo que la extranjera esté impedida de realizar trámites esenciales con su cédula de identidad ante cualquier entidad pública o privada, tratándose de extranjeros en situación regular en el país, no advirtiendo esta Corte que existan impedimentos que obsten al desarrollo del proyecto de vida de la recurrente, al mantenerse la vigencia de su cédula de identidad, pudiendo entrar y salir del país y, desplazarse dentro de éste, siempre y cuando cuente con un certificado de residencia -temporal o definitiva- en trámite vigente, como efectivamente ocurre en este caso.

DÉCIMO CUARTO: Que, en virtud de las consideraciones consignadas en los motivos precedentes, no habiéndose acreditado que la demora en la dictación del acto administrativo terminal suscite una privación, perturbación o amenaza a la garantía constitucional invocada, ni aún en grado de amenaza, el presente recurso deberá ser desestimado en la manera que se dirá.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE RESUELVE:

I.-Que, SE RECHAZA, la petición de inadmisibilidad del presente recurso, deducida por la recurrida.

II. Que, SE RECHAZA, la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por la recurrida.

II. Que, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por don Joaquín Bizama Tinado, abogado, Jefe Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en favor de doña nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, representado legalmente por don Luis Thayer Correa, sin perjuicio de que el recurrido deberá emitir pronunciamiento, dentro de un plazo razonable, acerca de la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente, de conformidad al artículo 37, de la Ley N°21.325 y al artículo 46, del Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°296 de 2022.

Anótese, notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular, don Pedro Alejandro Castro Espinoza.

Rol Corte Nº 81-2023 (Protección).