nombre reservado con INTENDENCIA REGIONAL DE AYSÉN

Coyhaique, treinta de Agosto de dos mil diecisiete.

VISTOS:

Con fecha 1 de Junio de 2017, comparece don nombre reservado, pescador artesanal, R.U.N. RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de la Comunidad Indígena Pu Wapi, de la Isla Ascensión, Melinka, comuna de Guaitecas, quien deduce recurso de protección en contra de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de la Región de Aysén (CRUBC), representada por doña nombre reservado de la Región de Aysén, ambos domiciliados en domicilio reservado, por habérsele vulnerado garantías fundamentales, al rechazarse sin fundamento ni justificación razonable una solicitud de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO), solicitando que se deje sin efecto dicho pronunciamiento y se emita, en su reemplazo, un pronunciamiento favorable, otorgando dicha solicitud, con costas.

Con fecha 5 de Junio de 2017, se declaró la admisibilidad del recurso planteado.

Con fecha 14 de Junio de 2017, el abogado don José Luis Novoa López, en representación de la recurrida, comparece informando el recurso.

Con fecha 22 de Agosto de 2017, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Con fecha 1 de Junio de 2017, comparece don nombre reservado, en representación de la Comunidad Indígena Pu Wapi, quien deduce recurso de protección en contra de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de la Región de Aysén (CRUBC), representada por doña nombre reservado de la Región de Aysén, por habérsele vulnerado garantías fundamentales, al rechazarse sin fundamento ni justificación razonable una solicitud de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO), solicitando que se deje sin efecto dicho pronunciamiento y se emita, en su reemplazo, un pronunciamiento favorable, otorgando dicha solicitud, con costas.

SEGUNDO: Que, funda su petición, en síntesis, en que con fecha 5 de Abril de 2017, se dictó la Resolución Ex. N° 500, de la CRUBC, por la que se emite un pronunciamiento desfavorable en que, sin fundamento, se rechazó solicitud de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO), llamado “Punta Ballena y Ballena Chica”.

Agrega, que el 11 de Julio de 2014, se presentó a la Subsecretaría de Pesca, el ECMPO sobre fondo de mar, porción de agua y rocas en Isla Leukayek, Las Guaitecas, de 8.000 hectáreas. El 19 de Junio de 2015, por Oficio Ord. 1004, la Subpesca modifica el espacio solicitado, por superposición con concesiones de acuicultura, según el artículo 7, inciso 2°, y artículo 5 del Reglamento (sic). El 15 de Julio de 2015, se envía carta de aceptación de dicha modificación propuesta.

Entre el 23 y el 25 de Enero de 2016, la CONADI visitó la Isla Ascensión, Melinka, para la acreditación de los usos consuetudinarios que fundan la solicitud, según el artículo 8, inc. 1°, y artículo 6, inc. 1°, del Reglamento (sic). Así, el 17 de Marzo de 2016, la CONADI emitió informe de usos consuetudinarios, dándolos por acreditados.

El 14 de Abril de 2016, la CONADI realizó etapas de consulta y de información, según el artículo 8, inc. 4°, y artículo 6, inc. 3°, del Reglamento (sic), en el que participaron diversos representantes de asociaciones civiles. La totalidad de los participantes estaban de acuerdo con la consulta.

El 10 de Marzo de 2017, la solicitud fue sometida al pronunciamiento de la CRUBC, la que, con un breve análisis y escasa argumentación, votó en contra. Así, el 5 de Abril de 2017, se dictó la Resolución Ex. N° 500, rechazando la solicitud en cuestión.

En cuanto al derecho, señala que las facultades de la CRUBC emanan del artículo 8, inc. 9°, de la Ley 20.249, que Crea Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (Ley “Lafquenche”). Dicha Resolución debe ser fundada, de acuerdo con el artículo 11, inc. 2°, y 41 de la Ley 19.880, cuya fundamentación debe constar en el pronunciamiento de la CRUBC, y no en la Resolución de la Intendenta, que es posterior. Tanto la Intendenta, los Gobernadores, como los Seremis de todas las carteras, votaron en contra, sin fundamentar su voto.

Además, señala que, según el D.S. N° 153, de 2004, sobre Zonificación de Uso de Borde Costero de la Región de Aysén, del Ministerio de Defensa Nacional, el espacio corresponde a una zona preferencial de extracción de recursos bentónicos, agregando que ello no excluye otras funciones o usos territoriales, en circunstancias que 3 de los 5 usos consuetudinarios que se acreditaron ante la CONADI, constituyen precisamente extracción de recursos bentónicos.

Asimismo, según el SERNAP, el ECMPO solicitado corresponde al 13,33% de los sitios de pesca utilizados por los pescadores artesanales de Melinka, agrupados en 11 Sindicatos que reúnen 500 personas, algunos de los cuales son descendientes de pueblos originarios. Sin embargo, se contempla trabajar en conjunto con los Sindicatos de Pescadores de Melinka, tal como consta en el Acta del proceso de consulta elaborada por la CONADI, y por ello, tales Sindicatos han manifestado su conformidad con el ECMPO. Además, la Asociación, según el SERNAP, está constituida por un 88% de pescadores artesanales, de los cuales 21 son recolectores de orilla, 15 son pescadores artesanales, 6 son armadores artesanales y 5 son buzos. Es incomprensible, agrega, que se utilice este argumento en la Resolución, si en el Acta de la CRUBC no se alude a los pescadores artesanales.

Además, la CRUBC tiene la facultad de proponer modificaciones a la solicitud, por lo tanto pudo proponer una modificación en cuanto al tamaño o uso de ciertos espacios.

En cuanto a que los pescadores no fueron considerados, la consulta efectuada por la CONADI se realizó conforme a la ley, según el artículo 8, inc. 4°, y artículo 6, inc. 3°, del Reglamento.

Respecto a los puntos de monitoreo de toxinas y la necesidad de resguardar los recursos públicos invertidos, no se advierte cómo este sólo hecho podía justificar el rechazo, ya que se pueden celebrar convenios con el servicio público encargado de dicha vigilancia. Además, no se afecta la actividad acuícola, ya que tales actividades fueron resguardadas con la modificación efectuada por la Subpesca.

En cuanto a la argumentación del representante del Alcalde de Las Guaitecas, señor Vera, para votar en contra, en cuanto sería entregar un archipiélago a un determinado sector de la población, refleja el desconocimiento de los efectos de un ECMPO, las etapas de consulta e informes de la CONADI. Además, se desprende que el texto de la Resolución fue redactado con posterioridad a la Sesión de la CRUBC, ya que no hay congruencia entre lo señalado por el Alcalde en la Sesión y la referencia contenida en la letra d) de la Resolución.

Plantea, que si el motivo del rechazo fue que existían procesos incompletos de relocalizaciones, planteados por el sector acuícola, debió fundarse en ello el rechazo, lo que no consta. Ello no fue así, porque, de haberlo fundamentado así, se habría puesto de manifiesto explícitamente la contravención a la ley, al resguardar actividades que compiten derechamente con el ECMPO, como es el caso de la salmonicultura.

Con la dictación de la Ley 19.253, Ley Indígena, el estado asumió importantes obligaciones con los pueblos originarios, las que se reforzaron con la Ley 20.249 y, en el año 2009, la ratificación del Convenio 169 de la OIT. Expresa que se ha vulnerado el artículo 34, inc. 1°, de la Ley Indígena, en que no se les dio espacio suficiente para considerar la opinión de su comunidad. Además, se ha vulnerado el artículo 2, N° 1 y 2, letra b), del Convenio 169, al haberse acreditado los usos consuetudinarios de la Comunidad Indígena Pu Wapi y al haberse cumplido con el procedimiento legal, el rechazo infundado de la CRUBC constituye una acción descoordinada y asistémica del actuar de los demás servicios públicos que intervinieron, es un atentado al deber de promoción de los derechos que consagra el Convenio. También se atenta con el artículo 4 N° 1 del Convenio, en relación al artículo 3 de la Ley 20.249, Ley “Lafquenche”. También se vulneran los artículos 7 N° 4 y 8 del Convenio, ya que la CONADI ha reconocido los usos consuetudinarios en el ECMPO, por lo que la CRUBC debió fundamentar en consideraciones extremadamente relevantes. También se vulnera el artículo 15 N° 1, sobre el deber de protección de los recursos, lo que comprende el derecho de los pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. Ante la falta de fundamento de la Comisión, tanto la Ley Lafquenche, como el Convenio 169, son letra muerta.

La CRUBC careció de un análisis complementario sobre los beneficios que ofrece este Sistema de Administración y que puede contribuir al fortalecimiento del desarrollo económico local y regional, social y cultural.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, sostiene que se conculcaron las contempladas en el artículo 19 numerales 2°, 8°, 21°, 22°, 23°, 24° y 26°, esto es, la igualdad ante la ley; el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación; el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional; la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica; la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes; el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales; y la seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza; respectivamente.

Finalmente, solicita que se deje sin efecto el pronunciamiento desfavorable, respecto a la solicitud de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios “Punta Ballena y Ballena Chica”; y se emita, en su reemplazo, un pronunciamiento favorable, otorgando dicha solicitud presentada por la Comunidad Pu Wapi, con costas.

TERCERO: Que, con fecha 14 de Junio de 2017, el abogado don José Luis Novoa López, en representación de la recurrida, comparece informando el recurso y, en síntesis, plantea y hace presente previamente, que el 5 de Junio de 2017 el recurrente presentó un recurso de Reclamación, basado en el artículo 8, inc. final, de la Ley 20.249, cuyo plazo de presentación venció el 21 de Mayo pasado, es decir, 2 semanas antes. Lo anterior, a modo de antecedente.

Luego de citar la normativa aplicable y facultades de la CRUBC (artículo 8 de la Ley 20.249) y quienes integran dicha Comisión, plantea que se expusieron diversos argumentos y se escuchó al Lonco de la Comunidad Pu Wapi. Considerando los distintos instrumentos del ordenamiento territorial, en este caso, la Zonificación de Uso de Borde Costero, aprobada por D.S. N° 153, de 20 de Mayo de 2004, la CRUBC resolvió rechazar la solicitud de EMCPO, reproduciendo los argumentos consignados en la Resolución Ex. N° 500, ya referida.

En cuanto a las garantías constitucionales, éstas no se han vulnerado y, luego de referirse a consideraciones sobre el recurso de protección, plantea, en cuanto al derecho supuestamente afectado, que la resolución final (Resolución Ex. N° 500) contiene una decisión que debe ser fundada, según el artículo 11, inc. 2° y 41 de la Ley 19.880.

Refiere que la CRUBC resolvió rechazar la petición, con el voto de 18 miembros, más del 50% requerido en el artículo 6 del Reglamento Interno de Funcionamiento de la CRUBC. Debe precisarse que los votos de los integrantes de la Comisión no necesitan ser fundados, y el fundamento del rechazo debe constar en el respectivo acto administrativo (artículo 8, inc. 10°, Ley 20.249), a lo que se dio cumplimiento en la Resolución Ex. N° 500, del Gobierno Regional, de 5 de Abril de 2017.

Además, la falta de motivación de un acto administrativo, no necesariamente deberá conducir a su anulación, en caso de que se controle jurisdiccionalmente dicho acto, y así se admita a la Administración que presente todos los antecedentes que motivan el acto.

Concluye, solicitando el rechazo del recurso, en todas sus partes, con expresa condena en costas.

CUARTO: Que el recurso de protección fue concebido para restablecer el imperio del derecho y resguardar el orden jurídico vigente cuando éste se ve alterado a causa de actuaciones arbitrarias o ilegales que perturban o amenazan el legítimo ejercicio de algunas de las Garantías Constitucionales contempladas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Que la arbitrariedad necesariamente, desde el punto de vista conceptual, debe vincularse y relacionarse con la noción de actuares u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por el principio de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad.

Por su parte la existencia de ilegalidad conjuga tanto la idea de lo contrario a derecho, o, más técnicamente, el no respetarse o infringirse una norma jurídica.

QUINTO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes que se conocen, aparece que:

1) Con fecha 11 de Julio de 2014, la Comunidad Indígena Pu Wapi, recurrente en estos autos, presentó una solicitud de un Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios, ante la Subsecretaría de Pesca, sobre fondo de mar, porción de agua y rocas, en los alrededores de la Isla Leukayek, comuna de Las Guaitecas, abarcando una superficie aproximada de 8.000 hectáreas.

2) Luego del procedimiento de rigor, con fecha 10 de Marzo de 2017, la solicitud de ECMPO fue sometida al pronunciamiento de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de la Región de Aysén, sesión en la que se votó en contra de la referida solicitud.

3) Que, con fecha 5 de Abril de 2017, se dictó la Resolución Exenta N° 500, suscrita por la señora Intendenta, doña nombre reservado, en su calidad de Presidenta del Gobierno Regional de Aysén, por la que se rechaza la solicitud de ECMPO presentada por la Comunidad Indígena Pu Wapi.

SEXTO: Que, para resolver sobre lo controvertido, cabe tener en consideración que el procedimiento que rige las actuaciones y tramitación de la solicitud planteada por la recurrente, en cuanto al otorgamiento del espacio costero marino que ésta pretende, se establece en la Ley N° 20.249, llamada Ley “Lafquenche”, que Crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios, publicada el 16 de Febrero de 2008, específicamente en los artículos 7, 8, 9 y 10 de dicha ley.

SÉPTIMO: Que, al analizar los hechos descritos en el motivo Quinto precedente, debe tenerse en cuenta que el fundamento del presente recurso de protección, deducido por la Comunidad recurrente, se centra en la falta de motivación y expresión de fundamentos, respecto de la decisión de la autoridad, al rechazar la solicitud de espacio costero marino, planteada por aquélla, lo que habría vulnerado derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política de la República.

OCTAVO: Que, sin embargo, la pretensión anterior deberá desestimarse, ya que los motivos y fundamentos de dicha decisión de rechazo fueron suficientemente expresados en la Resolución Ex. N° 500, ya referida, que los contiene en su parte considerativa.

Que, en efecto, dicha resolución en su considerando 1. deja establecido que uno de los objetivos específicos de la Política Nacional del Eso del Borde Costero (PNUBC) del litoral de la República, es procurar la compatibilización de todos los usos posibles del Borde Costero, en las distintas áreas y zonas, promoviendo su desarrollo armónico, integral y equilibrado, maximizando su racional utilización, precaviendo posibles requerimientos futuros y tomando en cuenta la realidad actual del uso del mismo.

Que luego, en el considerando 3. se consigna que mediante oficio ordinario (DPP) N° 241, de fecha 10 de febrero de 2017 del Subsecretario de Pesca y Acuicultura, remitió a la Intendenta de la Región de Aysén, en su calidad de Presidente de la Comisión Regional Uso del Borde Costero (CRUBC), de la Región de Aysén, antecedentes sobre la solicitud de un Espacio Costero nombre reservado (ECMPO), denominado Punta Ballena-Ballena Chica, donde se solicitaba el pronunciamiento de la mencionada comisión respecto del establecimiento de dicho espacio, pronunciándose la CRUBC en sesión realizada el 10 de marzo de 2017 sobre ésta y que en este contexto se expusieron diversos argumentos, por parte de diferentes representantes que conforman la Comisión Regional, entre ellos, se escuchó al Lonko de la comunidad PU Wapi, quien es también representante de los pueblos originarios ante la CRUBC.

Que en el número 6. de la mencionada resolución que se impugna, se dejó expresa constancia que atendiendo a los diversos intereses que confluyen en el borde costero de la región y considerando los instrumentos de ordenamiento territorial, en este caso la Zonificación de Uso del Borde Costero aprobada por decreto supremo N° 153 con fecha 20 de mayo del año 2004, considerando lo anterior la CRUBC de la Región de Aysén, resolvió rechazar el establecimiento de la solicitud de ECMPO Punta Ballena y Ballena Chica.

Que en el mismo considerando ya indicado se consignó circunstanciada y latamente los diferentes fundamentos que se tuvieron en vista para adoptar la decisión de rechazar la solicitud de espacio costero marino que requerían los recurrentes, motivos que pueden resumirse en los siguientes:

a) Diversas reuniones sostenidas previamente de los servicios públicos integrantes del CRUBC, donde se presentaron los antecedentes en torno al espacio costero solicitado, de acuerdo a los distintos intereses que representa cada servicio, haciéndose expresa referencia a dichas reuniones.

b) Que de acuerdo a la Zonificación del Uso del Borde Costero de la Región de Aysén, según decreto supremo 153 de 20 de mayo de 2004, se consideró que en el espacio solicitado se estableció una zona preferencial de extracción de recursos bentónicos, la que no excluye otras funciones o usos territoriales, siempre y cuando se ajusten a los criterios de compatibilidad establecidos para ese efecto.

c) Que en relación a los antecedentes pesqueros, en la zona hay bancos naturales de uso permanente del sector pesquero artesanal de la comuna de Las Guaitecas, y según información local del SERNAPESCA, los pescadores artesanales de Melinka, ejercen esfuerzos de pesca constantemente en sectores que quedarían dentro del Espacio Costero nombre reservado (ECMPO), como erizo, almejas, centolla, jaiba, pulpos, siendo áreas de pesca tradicionales, sectores como Isla Ovalada, Canal Alambre y Canal Manzano, agregando que la zona solicitada corresponde aproximadamente al 13,33% de los sitios de pesca utilizados tradicionalmente por los pescadores artesanales. Que en el mismo considerando se consignó que en la comuna de Guaitecas existen 11 Sindicados de Trabajadores Independientes de pescadores artesanales, que agrupan alrededor de 500 personas que han hecho un uso histórico productivo de las zonas aledañas a la localidad de Melinka, incluidas zonas de pesca en el área en cuestión, identificándose, adicionalmente, como descendientes de pueblos originarios sin conformar comunidad alguna por lo tanto no son sujetos de consulta en el proceso y que además, existen recursos públicos invertidos en puntos de monitoreo de toxinas marinas en el área de la solicitud, lo que representa un interés productivo para todos los pescadores artesanales de Las Guaitecas, como también, existe presencia de actividad acuícola, cuyos representantes han manifestado su preocupación.

d) Que la zona de emplazamiento de la superficie solicitada en concesión, corresponde a la Isla Leucayec y su canal madre del mismo nombre, en conformación de un micro archipiélago dentro del archipiélago de Las Guaitecas con aguas protegidas de tránsito permanente por vecinos de la comunidad, por lo que trasciende al entorno económico, social y cultural de los peticionarios y que la normativa de resguardo de la concesión que se solicita, confiere a los beneficiarios prerrogativas y derechos cuyo ejercicio excluye, priva y restringe a vecinos de la comunidad de Guaitecas, tanto para ejecutar actividades extractivas en la zona de mar y playa de la superficie afecta a la concesión, como para navegar y transitar libremente por ella y que las organizaciones sindicales y vecinales han expuesto apreciaciones de disconformidad con la solicitud, a la vez que hay ausencia de protocolo de garantías entre los peticionarios y la comunidad, agregando que un número importante de concejales de la comuna han manifestado su rechazo a la solicitud, por considerar que faltó información y participación de la comunidad, especialmente en cuanto a acceso y posibilidades de trabajo en esa porción de agua.

NOVENO: Que, como se puede apreciar, la decisión de la autoridad, en este caso, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de la Región de Aysén, contenida en la Resolución Ex. N° 500, de 5 de Abril de 2017, cuenta con los fundamentos y razonamientos suficientes que motivaron su dictamen, por lo que, al contrario de lo planteado por los recurrentes, no es efectivo que dicha decisión carezca de justificación razonable, que vulneren los derechos fundamentales que se dicen infringidos y, por el contrario, de la misma consta claramente que ésta se pronunció teniendo en consideración para ello los antecedentes necesarios y suficientes en que se basó el rechazo de la presentación efectuada por la recurrente, como ya se dejó establecido.

Debe, igualmente, considerarse que la votación de la Comisión aludida, llevada a efecto el 10 de Marzo de 2017, sesión en la que los integrantes emitieron sus votos, los que terminaron por rechazar la solicitud en cuestión, constituye el principal antecedente que motiva y sustenta la decisión contenida en la respectiva Resolución Exenta, por la que, como se dijo, rechazó la tantas veces señalada solicitud.

DÉCIMO: Que, asimismo, respecto a la alegación de los actores, en cuanto a que la actuación que requiere que sea fundamentada, corresponde a la votación de los miembros de la respectiva Comisión y no a la Resolución que contiene el rechazo, debe tenerse presente que la Ley 20.249 ya citada, en su artículo 8, inciso 10°, dispone a la letra que “En todo caso, el rechazo de la destinación del espacio costero marino de pueblos originarios por parte de la Comisión deberá emitirse por resolución fundada.”

Que, por tanto, con la norma legal recién citada, queda establecido que la decisión de rechazo a la solicitud planteada por los recurrentes, en cuanto a la concesión de espacio marino, que debe ser fundada, corresponde precisamente a la Resolución que la contiene, y para el caso que nos ocupa, lo ha sido la Resolución Exenta N° 500, de 5 de Abril de 2017, y no la votación propiamente tal de los miembros de la Comisión, la que corresponde a una actuación distinta, separada y llevada a efecto con anterioridad a la dictación de la mencionada resolución, razón por la cual también deberá desecharse tal argumentación de los recurrentes.

En este mismo sentido, cabe consignar que los actores, tanto en su libelo, como en los alegatos planteados por su apoderado en estrados, reconocen que la señalada resolución de rechazo, se encuentra debidamente fundamentada, pero no así la votación que le precedió, en la que los miembros de la Comisión no motivaron los respectivos votos que emitieron. Sin embargo, queda de manifiesto, con lo dispuesto en la normativa recién transcrita, como ya se dijo, que la actuación que la ley exige que sea fundada es, precisamente, la resolución del rechazo, y no la votación de la respectiva Comisión que le sirve de fundamento, aunque respecto a esto último debe también expresarse que el rechazo manifestado por los diversos asistentes y representantes de la comisión, quedó también precisada en el acta respectiva, aun cuando en forma muy acotada y concisa pero, en todo caso, se manifestó la negativa respecto a la solicitud planteada por la solicitante.

UNDÉCIMO: Que, debe tenerse también en consideración, que el presente recurso de protección, como acción cautelar que es, no pretende analizar, revisar o controlar, per sé, la legalidad de la decisión de la Administración, dado que la naturaleza jurídica de este arbitrio constitucional no sólo apunta o se dirige a ello, esto es, la legalidad de los actos u omisiones de la Administración, sino que, además, que tales actuaciones afecten, vulneren o conculquen algún o algunos de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política de la República, cuya enunciación, como garantías protegidas, se encuentra en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

En este sentido, cuando el legislador ha querido que la judicatura revise la legalidad de las decisiones de la autoridad administrativa, sin que dicho actuar prive, amenace o perturbe alguna garantía fundamental, ha contemplado diferentes mecanismos para concretar este objetivo. Es así, como se pueden observar en diferentes cuerpos legales, variados medios de impugnación, los que, generalmente, se denominan reclamos o reclamaciones de ilegalidad y que, a modo de ejemplo, se pueden citar los siguientes:

1) En la Ley N° 20.529, sobre Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización, en su artículo 85, se contempla la posibilidad de reclamar ante la Corte de Apelaciones correspondiente, a aquellos afectados que estimen que las decisiones del Superintendente de Educación no se ajustan a la normativa educacional.

2) En la Ley N° 18.410, que Crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en su artículo 19, contempla el mismo mecanismo de reclamación que el numeral anterior, ante la Corte de Apelaciones correspondiente.

3) En similar sentido se contempla un recurso de reclamación en el Código de Aguas, puntualmente en su artículo137.

4) Lo propio sucede con la Ley N° 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura, que, en su artículo 55 Q, se contempla una reclamación especial para aquellos que han sido sancionados en virtud de dicha normativa.

5) Asimismo, la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece la reclamación por ilegalidad de las resoluciones u omisiones de las Municipalidades, en su artículo 151, en que se contempla que, ante el rechazo de un reclamo presentado ante el propio Alcalde, puede reclamarse, a su vez, en contra de aquél ante la Corte de Apelaciones respectiva.

DUODÉCIMO: Que, como puede apreciarse, tal como ya se dijo, cada vez que el legislador entrega la facultad a los administrados para reclamar de la legalidad de las decisiones de las autoridades administrativas, ha establecido el mecanismo legal específico para lograr la revisión judicial de tales resoluciones.

Así, en el caso específico de la Ley N° 20.249, esta normativa especial relacionada con el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios, contempla en su artículo 8, inciso final, un mecanismo para reclamar, específicamente, la resolución que rechazó la destinación del espacio costero marino. En efecto, dicho arbitrio consiste en la reclamación que se puede hacer de dicha resolución ante la Comisión, misma que sometió a votación la solicitud, en el plazo de un mes contado desde la notificación de la resolución denegatoria, recurso que deberá ser resuelto en el plazo de un mes, contado desde su presentación.

DÉCIMO TERCERO: Que, según lo expuesto precedentemente, y lo informado por la recurrida, los recurrentes hicieron uso de la facultad de reclamar en contra de la Resolución Ex. N° 500, de 5 de Abril de 2017, contemplada en el artículo 8, inciso final, de la Ley 20.249, deduciendo la respectiva reclamación, de acuerdo con la normativa recién citada, cuyo resultado final se desconoce a esta fecha, por lo que su tramitación y decisión final, aún se encuentra pendiente de resolución.

DÉCIMO CUARTO: Que, en consecuencia, y relacionado a lo anteriormente señalado, conviene tener en consideración que la circunstancia de encontrarse pendiente la resolución de una reclamación interpuesta por los recurrentes ante un órgano de la Administración, le impide deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquélla no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimada. Ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, por lo que, a mayor abundamiento, la pretensión de los actores no podrá ser atendida, al resolverse el presente recurso constitucional.

DÉCIMO QUINTO: Que, en definitiva, el actuar de la recurrida, Comisión Regional de Uso del Borde Costero de la Región de Aysén, al rechazar la solicitud de los recurrentes que se les conceda espacio costero marino, no adolece de ilegalidad y/o arbitrariedad alguna y, en consecuencia, no se divisa vulneración de ninguna de las garantías fundamentales protegidas por nuestra Carta Fundamental, que haga necesaria la intervención de este Tribunal de Alzada para el restablecimiento del derecho, puesto que éste no se ha quebrantado con el proceder de la referida Comisión recurrida, en este caso, por lo que habrá de rechazarse la acción constitucional intentada, en la forma como se dirá.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Acta N° 94-2015, de 17 de Julio de 2015, de la Excelentísima Corte Suprema, que fijó el Texto Refundido del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en el escrito de fecha uno de Junio de dos mil diecisiete, por don nombre reservado, en representación de la Comunidad Indígena Pu Wapi, en contra de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de la Región de Aysén, representada por doña nombre reservado de la Región de Aysén.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactada por el Ministro Titular don Sergio Fernando Mora Vallejos.

Rol N° 81-2017 (Protección).