nombre reservado con POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE AYSEN

En Coyhaique, a dieciséis de junio del año dos mil veinticinco.

VISTOS:

En rol de esta Corte N°78-2025, en lo principal de la presentación de 17 de marzo del año 2025, comparece don Claudio Marcelo Vidal Fuentes, abogado, en representación de doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, quien deduce recurso de protección en contra de la Sección Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, R.U.T. N°RUT reservado, legalmente representada por su Director General, don Eduardo Alejandro Cerna Lozano, R.U.N. N°RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por la omisión en el pago de los saldos remuneratorios adeudados de la asignación de grado efectivo, afectando los derechos contenidos en el artículo 19, N°s2 y 24, de la Carta Fundamental, solicitando, en definitiva: ‘’… se le ordene el cálculo y pago íntegro de las remuneraciones que se adeudan a la recurrente, conforme a los periodos y localidades señaladas precedentemente (desde mayo de 1998, fecha entrada en vigencia de la norma habilitante, y abril de 2021, fecha a partir de la cual se regularizó el pago alegado), y que contemplaban la gratificación de asignación de zona, más reajustes e intereses legales; todo con expresa condenación en costas, en caso de oposición.’’ (sic)

Con fecha 22 de mayo del año 2025, la abogado doña María Inés Wise Díaz de la Vega, en representación convencional de don Eduardo Alejandro Cerna Lozano, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, incorporó el informe requerido.

El 3 de junio del año 2025, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 11 del mismo mes y año, a la que compareció de manera remota, por la parte recurrente, sólo el abogado, don Claudio Vidal Fuentes, tras lo cual la causa quedó en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente funda su solicitud, indicando que, ingresó a la institución el 1 de octubre del año 1994, como Asistente Administrativa, cumpliendo labores en diversas ciudades con derecho a asignación de zona, como son: Valdivia y Coyhaique.

Argumenta que, la interposición de la presente acción se funda, en primer lugar, en la omisión del pago de los saldos remuneratorios adeudados por concepto de gratificación de zona, que debieron calcularse incluyendo la asignación de especialidad al grado efectivo. En segundo lugar, alega la conducta pasiva de la recurrida, al no cumplir con sus deberes como empleador público.

Manifiesta que, ha desempeñado funciones en diversas zonas del país, adquiriendo el derecho al pago de la gratificación de zona. Sin embargo, recientemente tomó conocimiento que dicha gratificación fue pagada de forma incompleta hasta abril de 2021, sin que la recurrida haya corregido la situación hasta la fecha.

Tras detallar los períodos en los que prestó servicios en distintas ciudades, se refiere a la naturaleza de la asignación de grado efectivo y del incremento por la gratificación de zona.

A continuación, explica que en el mes de mayo de 2019 se informó que por error se estaba pagando de forma incompleta la remuneración, lo cual fue comunicado mediante Radiograma N°225, de 30 de mayo de 2019, de la JENAPERS.

Ahora bien, precisa que, en el mes de mayo se pagó de manera íntegra su remuneración, no obstante, en el mes de junio de 2019 éste fue suspendido, situación comunicada mediante Radiograma N°285, de fecha 2 de julio de 2019, en el que se requiere a la Contraloría General de la República un pronunciamiento respecto a la base de cálculo, solicitándose al personal mantenerse a la espera.

Explica que, con fecha 26 de abril de 2021, la Contraloría General de la República emitió respuesta al pronunciamiento de la P.D.I. evacuando Dictamen N° E98928/2021 que, en síntesis, dispuso que la forma de pago efectuada en el mes de mayo de 2019 se había hecho correctamente, lo que sería solo una aclaración en relación a la manera de hacer los cálculos, no siendo un acto constitutivo de derechos, por lo que no tendría aplicación retroactiva.

Precisa que, la recurrida informó que el pago sería sólo parcial, al estimar que con la emisión del dictamen se generaba este derecho, por emplear la palabra “actualmente”.

Alega que el pago suplementario realizado por única vez en el mismo mes, constituye un reconocimiento expreso sobre la existencia de un derecho detentado por su persona, que debía pagarse conforme a la normativa vigente.

Señala que tomó conocimiento de la ilegalidad con fecha 10 de marzo de 2025, producto de la comunicación, vía correo electrónico, de parte de la Comisaria doña nombre reservado, quien le contó que había presentado un recurso de protección, Rol N°44-2025, por vulneración de garantías constitucionales, sobre la base de los mismos presupuestos detallados.

Pone de manifiesto que, estamos frente a una omisión, en cuanto la recurrida no realizó el pago íntegro de sus remuneraciones, consecuencia de la aplicación de una base de cálculo incorrecta. Por otro lado, sostiene que, igualmente, concurre una acción ilegal y arbitraria, toda vez que la recurrida aplicó la mencionada base de cálculo con pleno conocimiento de estar en inobservancia a la normativa vigente, privándosele así del ejercicio al goce, uso y disposición de sus remuneraciones íntegras.

Finalmente, en cuanto a las garantías conculcadas, invoca la igualdad ante la ley, ya que refiere que se coloca al recurrente en una posición desventajosa y diversa frente a los restantes destinatarios, afectándole tal situación hasta el día de hoy; y el derecho de propiedad, en cuanto sostiene que nació para el actor el derecho a percibir el dinero correspondiente a su remuneración.

SEGUNDO: Que, emitido el informe requerido, la recurrida, en primer lugar, alega en él la prescripción de la acción.

Manifiesta que, el Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 15 de mayo de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, que establece el Estatuto del Personal de Investigaciones de Chile, no consagra un plazo de prescripción para el derecho al cobro de las asignaciones establecidas en aquel cuerpo normativo, razón por la cual, supletoriamente, debe aplicarse lo dispuesto en la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo.

Agrega que, en ese orden de ideas, conforme a la legislación vigente, el pago de la asignación de zona constituye un derecho funcionario, razón por la que a esta remuneración le son aplicables las reglas de prescripción contenidas en el artículo 99 de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, que dispone: “El derecho al cobro de las asignaciones que establece el artículo anterior, prescribirá en el plazo de seis meses contado desde la fecha en que se hicieron exigibles”.

Sostiene que, es de conocimiento que las asignaciones a que alude el artículo 99 del Estatuto Administrativo, se hacen exigibles desde el momento en que se devengan, esto es, desde que se han verificado las condiciones que establece la ley para el pago de las mismas, pues, en ese instante, nace el derecho a percibir las sumas respectivas.

Destaca que el plazo de prescripción de seis meses, previsto en el citado artículo 99, según el principio general establecido en el artículo 2514, inciso segundo, del Código Civil, se cuenta desde que las obligaciones se hicieron exigibles, lo que, tratándose del derecho al pago de remuneraciones periódicas, acontece desde que éstas se devengan. Añade que, en cuanto a la interrupción del cómputo del plazo de prescripción, el ente Contralor ha señalado, que el derecho al cobro de las asignaciones de su artículo 98, dispone el plazo de seis meses, contados desde que se hicieron exigibles, conforme a lo señalado en el artículo 99 de dicha ley, término que se interrumpe por el reclamo formal efectuado ante el pertinente organismo o ante esa entidad fiscalizadora, de acuerdo a los dictámenes N°s 21.838, de 2013 y 62.712, de 2014.

A mayor abundamiento, sostiene que la génesis del reclamo de la recurrente se funda en el Radiograma N°225, de 30 de mayo de 2019, mediante el cual informó que, por error, se encontraba pagando de forma incompleta la remuneración en un ítem que debía cancelarse de acuerdo a la asignación de zona. Sin embargo, en atención de la jurisprudencia administrativa contenida en los dictámenes N°s 33.924, de 2008; 47.598, de 2012; 47.562, de 2013, entre otros, se ha señalado que el plazo de prescripción de seis meses es aplicable al cobro de diferencias producidas por estipendios pagados parcialmente, tanto por un error en su cálculo o en la interpretación de la normativa aplicable, cuanto por la inadvertencia de la Administración de la concurrencia de un supuesto que permitía al interesado la percepción del estipendio en un monto mayor.

Por su parte, sostiene que, habiendo transcurrido con creces el plazo de prescripción consagrado en el ordenamiento jurídico para el cobro de las asignaciones contempladas en leyes especiales, como lo es el Estatuto Administrativo, la acción de protección intentada no puede prosperar.

Por otro lado, en segundo lugar, la parte recurrida alega la extemporaneidad del recurso de protección interpuesto, ya que, según lo señalado por la recurrente, habría tomado conocimiento del acto ilegal y arbitrario el 10 de marzo de 2025, con ocasión de la comunicación que le hizo otra funcionaria mediante correo electrónico, así como también a través de la acción interpuesta por el ex Director General de la P.D.I. No obstante, no especifica a través de qué medio idóneo tomó conocimiento o, incluso, mediante cuál otro mecanismo legítimo, que permita establecer de manera fidedigna el inicio del cómputo del plazo para interponer la acción constitucional.

Respecto a la acción citada, sostiene que, al ser un asunto litigioso de público conocimiento, que se inició en causa Rol N°12.008-2022, dictándose sentencia el año 2022, ratificado por sentencia Rol N°147.027-2023, del año 2023, resulta a lo menos llamativo, que la recurrente haya tomado conocimiento recién en la fecha que ha indicado.

En cuanto al fondo, explica que, a raíz de distintos fallos dictados recientemente por la Excelentísima Corte Suprema, se han confirmado las sentencias definitivas que rechazan acciones de protección por los mismos hechos que se ventilan en estos autos, lo cual, a su criterio, ha modificado la jurisprudencia existente acerca de esta materia.

Así las cosas, menciona que intentar una acción de esta naturaleza para perseguir el cobro de remuneraciones no reclamadas en su oportunidad no constituye la vía idónea, por cuanto el recurso de protección tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos que se encuentren indubitados, lo que no ocurre en la especie. Agrega que, es cuestionable que la recurrente haya intentado una acción excepcionalísima, sin antes agotar la vía administrativa.

A mayor abundamiento, argumenta que la recurrente busca regularizar el pago de la gratificación de zona, desde su ingreso a la institución hasta la actualidad. Sin embargo, el Decreto Supremo N°135 de 2009, que regula este pago, sólo es aplicable desde su publicación en 2009, por lo que no puede aplicarse retroactivamente.

Por último, indica que no ha existido actuar ilegal o arbitrario de parte de la Policía de Investigaciones de Chile, pues se ha procedido conforme lo señala la Contraloría General de la República y, en conclusión, niega que se atente en contra de los derechos fundamentales de la recurrente, como también que el dictamen tenga efecto retroactivo, por lo que expresa que no procede el pago del período anterior al del dictamen del Órgano Contralor.

TERCERO: Que, en esta materia se debe tener presente que el artículo 20, de la Constitución Política de la República, establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, en complemento, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, en criterio compartido por este Tribunal, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20, antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo, se afecte una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el Constituyente, lo cual será fundamental para la decisión a adoptar por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, como núcleo del cuestionamiento planteado, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en la privación del pago íntegro de la asignación de especialidad al grado efectivo, estipendio que debía aplicarse al cálculo de la gratificación de zona, el cual tiene el carácter de remuneración y como tal ingresó a su patrimonio; vulnerando así, sus garantías constitucionales reconocidas en los N°s2 y 24, del artículo 19, de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, a fin de despejar el asunto a dirimir, de los elementos allegados durante la tramitación de la presente acción, los que fueron apreciados de conformidad a las reglas de la sana crítica, se pueden dar por establecidos los siguientes hechos:

1.- Que, doña nombre reservado, ingresó a la institución el día 1 de octubre del año 1994, encontrándose actualmente en servicio activo.

2.- Que, con fecha 30 de mayo de 2019, mediante Radiograma N°225, de la JENAPERS, se informa al personal que para los trabajadores de la Policía de Investigaciones habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tuvieran derecho de percibirlo.

3.- Que, con fecha 2 de julio de 2019, mediante Radiograma N°285, se informa que las remuneraciones con asignación de zona continuarían pagándose, utilizando la base de cálculo original hasta recibida la respuesta del ente Contralor, solicitándose al personal mantenerse a la espera.

4.- Que, con fecha 26 de abril de 2021, la Contraloría General de la República, emitió respuesta al pronunciamiento de la P.D.I., evacuando el Dictamen N°E98928 / 2021, en el que se dispone que la asignación de especialidad al grado efectivo que actualmente recibe el personal de la Policía de Investigaciones de Chile, debe ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio.

5.- Que, la recurrente, nombre reservado, desempeñó funciones en diferentes ciudades del país, en los siguientes períodos: en Valdivia, desde octubre 1994 hasta febrero de 2017 y en Coyhaique, desde febrero 2017 hasta la actualidad; de acuerdo con el Registro de destinaciones, contenido en la plataforma de Servicios de la Jefatura Nacional de las Personas de la Policía de Investigaciones de Chile.

I.- EN CUANTO A LA PRESCRIPCIÓN.

OCTAVO: Que la recurrida, primeramente, opuso excepción de prescripción, la que funda en que, según el artículo 99, de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, "el derecho al cobro de las asignaciones prescribirá en el plazo de seis meses contado desde la fecha en que se hicieron exigibles".

Sin embargo, dichas alegaciones no podrán ser acogidas en esta sede, en atención a la naturaleza constitucional que detenta la acción de protección enderezada, a través de la cual se solicita una cautela inmediata y de urgencia de uno o más derechos fundamentales e indubitados, de manera que, a causa de no ser el foco de lo impetrado, el petitorio no puede resultar enervado mediante la oposición de excepciones perentorias de carácter ordinario, que son propias de juicios de naturaleza civil o administrativa, estos últimos configurados como contexto procesal idóneo para obtener la declaración de la prescripción que se busca.

II. EN CUANTO A LA EXTEMPORANEIDAD.

NOVENO: Que, enseguida, se debe tener presente que el numeral 1° del Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establece que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

En tal orientación, debe recordarse que la recurrida refiere que lo reclamado por la recurrente se fundamenta en información compartida por otra funcionaria de la Policía de Investigaciones, de acuerdo a su propia versión, así como también merced a la acción interpuesta por el ex Director General de la P.D.I., situación que, en su criterio, no resulta ser suficiente para acreditar de manera clara y fehaciente que ésta haya tomado conocimiento del hecho reclamado en la fecha indicada, esto es, recién con fecha 10 de marzo del presente año, sosteniendo, además, que en la causa citada por la recurrente se dictó sentencia el año 2022, por lo que le resulta a lo menos llamativo, que haya tomado conocimiento recién en la fecha indicada.

No obstante, en el aspecto cuestionado, más allá de las dudas de la recurrida respecto a la data de efectivo conocimiento adquirido por la recurrente en torno a la situación que motiva el actual arbitrio, cabe tener presente que ya se ha decidido que la acción u omisión reclamada acarrea efectos de carácter permanente, fundamento que basta para desestimar la alegación de extemporaneidad formulada por la primera.

III.- EN CUANTO AL FONDO DE LA ACCIÓN DEDUCIDA.

DÉCIMO: Que, por último, para un mejor acierto de lo que se resolverá, cabe destacar que, entre las funciones de la Contraloría General de la República, como ente fiscalizador, está la de velar por la legalidad de los actos de los organismos administrativos. De este modo, para cumplir dicha labor, tal organismo puede emitir informes y dictámenes, de naturaleza declarativa e interpretativa sobre cuestiones cuyo pronunciamiento se requiera. Es dable señalar, además, que en atención a que dichos actos se entienden incorporados a las leyes o reglamentos interpretados, no rige para ellos la prohibición de retroactividad.

Dicho esto, la solicitud efectuada por la JENAPERS, por intermedio del Radiograma N°285, del 2 de julio de 2019, a la Contraloría General de la República, con el objeto que aclarara la manera en que debía conformarse la base de cálculo para el pago de la gratificación de zona, que fue respondida por el órgano contralor, mediante el Dictamen E98928, de 26 de abril de 2021, constituye una aclaración en relación a la manera en que debían efectuarse los cálculos relativos a la gratificación de zona, lo que, a su vez, dista de ser un acto constitutivo de derechos, que implique el nacimiento de éstos para las partes a contar de tal dictamen, desde que sólo explica un aspecto de los derechos preexistentes a la fecha de realizarse la consulta por parte de la JENAPERS. En consecuencia, no se trata de una aplicación retroactiva de las normas sobre la materia, sino la explicitación de lo que ya existía.

UNDÉCIMO: Que, asentado lo anterior, cabe señalar que no resulta atendible el fundamento invocado por la recurrida en el informe evacuado y que dice relación con haber realizado todas las actuaciones que le competen para satisfacer su pago en favor de aquellos a quienes les asistía la asignación de especialidad al grado efectivo, considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tuviera derecho a este último beneficio, de conformidad al Dictamen E98928, de fecha 26 de abril de 2021, emanado de la Contraloría General de la República, al haber estimado no poseer efecto retroactivo. Ello resulta ser una interpretación incorrecta de lo señalado por la Contraloría, atendido lo indicado en el considerando precedente, pues dicha fecha de pronunciamiento no representa el hecho jurídico que da nacimiento a los derechos del recurrente, sino que corresponde a una resolución meramente consultiva y aclaratoria sobre la materia.

DUODÉCIMO: Que, en este estado, los sentenciadores que conocen de este asunto estiman que la recurrida, Policía de Investigaciones de Chile, actuó de forma al menos arbitraria, desde que a través de una interpretación errada de lo señalado por Contraloría, ha configurado una excusa de la cual se ha prevalido para no disponer el pago de una asignación que forma parte integrante de las remuneraciones a que tiene derecho la recurrente de autos, y respecto de las cuales ostenta un derecho de carácter indubitado y preexistente, por lo que no resulta procedente, en consecuencia, que la actora no perciba durante todo este tiempo parte de sus remuneraciones por hechos u omisiones de la Administración, que no le son atribuibles, verificando así, la amenaza de afectación de su garantía constitucional consagrada en el artículo 19, en su numeral 24, de la Constitución Política de la República, esto es, su derecho de propiedad, desde que se le ha privado anticipadamente de la posibilidad que los emolumentos correspondientes a la asignación discutida y a los cuales tenía derecho, ingresen a su patrimonio, sin haber mediado un procedimiento declarativo idóneo que obste a ello.

Asimismo, el actuar arbitrario de la recurrida ha significado la afectación del derecho de la igualdad ante la ley que tiene la recurrente, reconocido en el artículo 19, N°2, de la Carta Fundamental, pues de los hechos establecidos se desprende que se le ha discriminado de forma arbitraria en relación a los demás funcionarios (as) que, en semejantes circunstancias, han podido gozar íntegramente de la asignación de especialidad del grado efectivo como base de cálculo de la gratificación de zona a que, en su oportunidad, habían adquirido derecho.

DÉCIMO TERCERO: Que, así las cosas, y habiendo incurrido la Policía de Investigaciones en un actuar arbitrario e ilegal, que ha privado a la recurrente de los derechos y garantías fundamentales referidos, cabe a esta Corte acoger el presente remedio constitucional, sólo en cuanto la recurrida deberá disponer el pago de la asignación que favorece a la recurrente, respecto del período no solucionado por aquélla.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RESUELVE:

I.- Que SE RECHAZA la excepción de prescripción, deducida por la recurrida, POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE.

II.- Que SE RECHAZA la petición declaratoria de extemporaneidad, deducida por la recurrida, POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE.

III.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la SECCIÓN DE REMUNERACIONES DE POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, sólo en cuanto la recurrida deberá disponer el pago de la asignación que favorece a la recurrente, conforme al cálculo que se determinará en la sede correspondiente, sin perjuicio de los derechos que se puedan hacer valer en el procedimiento administrativo de rigor.

Acordada la decisión anterior con el voto en contra del señor Ministro Titular, don José Ignacio Mora Trujillo, quien fue del parecer que, la presente acción tiene como elemental exigencia aquélla que sólo pueda referirse a derechos indubitados y manifiestos, esto es, los que deben aparecer y constar del solo mérito de los antecedentes allegados al proceso, circunstancia que no se advierte concurrente en el caso de marras, desde que el derecho que sostiene poseer el actor y en base al cual funda su petición, se encuentra controvertido, tanto porque no ha existido claridad en la pretensión concreta que ha planteado, como por la introducción por la entidad recurrida de alegaciones de fondo relativas a la prescripción del mismo, discusiones y discrepancias que únicamente caben ser dilucidadas en un procedimiento diverso, de lato conocimiento, mas no por la presente vía sumarísima del recurso de protección, que es portador de caracteres jurídicos de excepcionalidad y urgencia, que se traducen en brindar tutela inmediata a un derecho incuestionable; todo lo cual, al no verificarse, necesariamente conlleva a que el arbitrio intentado deba ser desestimado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del voto de mayoría por el Sr. Ministro Titular, don Luis Moisés Aedo Mora y el de disidencia, por su propio autor.

Rol 78-2025 (Protección).

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