nombre reservado con CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

En Coyhaique, a veinticinco de Junio del año dos mil veintidós.

VISTOS:

Compareció, el 16 de Mayo del año 2022, la abogado doña Makarena García Dinamarca, quién, deduce acción Constitucional de Protección en favor de doña nombre reservado, contador auditor, domiciliada en domicilio reservado, de Coyhaique, en contra de la Contraloría Regional de Aysén, del General Carlos Ibáñez del Campo, representado por el Contralor Regional, don Ricardo Hevia Kaluf y en contra del Servicio de Salud de Aysén, representado por su Director don nombre reservado, por actuaciones ilegales y arbitrarias cometidas en sumario administrativo, que se afina por Resolución N° 2, del 11 de Marzo del año 2022, que le aplica medida disciplinaria de multa y anotación de demérito en factor calificación, conforme al Estatuto Administrativo, lo que vulneraría sus garantías contempladas en el artículo 19, números 2, 3 y 24, de la Carta Fundamental.

Al efecto, solicitó, el recurrente, a esta Iltma. Corte, en definitiva, “acogerlo dejando sin efecto tanto el procedimiento sancionatorio como la sanción del mismo, por ser ilegales y arbitrarios, o las medidas que S.S. Iltma estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y protegerlas.”.(SIC).

Acompañó a su recurso, los antecedentes documentales que indicó en el segundo otrosí de su presentación.

Con fecha 19 de Mayo del año 2022, se declaró admisible el recurso interpuesto.

La recurrida, Contraloría Regional de Aysén, representada como se dijo, informando, solicitó se desestime el recurso, acompañando la documental que menciona bajo el epígrafe de “XI. Antecedentes”.

Por su parte, el Servicio de Salud Aysén, representado por el abogado don Joaquín Esteban Acosta Vergara, acompaña el informe de rigor, adjuntando los antecedentes que enuncia en el primer otrosí de su escrito.

Con fecha 20 de Junio del año 2022, se ordenó traer los autos en relación.

A la vista de la causa, el 23 del mes y año en curso, se presentó y alegó, el Abogado Procurador Fiscal de Coyhaique, don nombre reservado, quien reiteró los fundamentos y solicitud de rechazo del recurso, en representación de la recurrida Contraloría Regional de Aysén, quien lo hizo en forma telemática, vía plataforma Zoom.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente menciona los antecedentes del presente recurso, indicando que en su calidad profesional ingresó a prestar funciones en el Servicio de Salud de Aysén en el año 2002, como contadora de remuneraciones, promovida a Jefe de remuneraciones en el año 2005, hasta la fecha, supeditada al Subdirector de Gestión y nombre reservado.

Que, por Resolución Exenta N° PD00255, del año 2018, de la Contraloría Regional de Aysén, se ordenó instruir sumario administrativo en el Hospital Regional de Coyhaique y acumular el procedimiento incoado por Resolución Exenta N° 4.207, del 17 de Mayo del año 2017, del Hospital Regional de Coyhaique, instruido por inasistencias, eventualmente injustificadas, a su lugar de trabajo del señor nombre reservado.

El 4 de Octubre del año 2018, se le formuló un cargo único, básicamente, en que no habría verificado que se realizaran los descuentos a las remuneraciones de los meses de Junio a Noviembre del año 2017, del señor nombre reservado, en atención a que se encontraba haciendo uso de permiso sin goce de sueldo entre el 14 de Mayo al 9 de Noviembre del año 2017, pagándosele en exceso la cantidad de $4.393.207.-, infracción de conformidad a la normativa del Estatuto Administrativo que se señalaron y de la Ley 18.575.

Seguidamente señaló los descargos que efectuó en dicho sumario y señaló que por Resolución Exenta N° PD00797, del 31 de Julio del año 2017, del Contralor Regional, se dictó la resolución final en sumario administrativo instruido en el Hospital Regional de Coyhaique, mediante la cual se propone, respecto de la recurrente la medida disciplinaria de multa de un quince por ciento de su remuneración mensual y una anotación de demérito en el factor de calificación de tres puntos, contemplado en el artículo 123 letra b), en relación al artículo 121 letra b), ambos de la Ley 18.834; agregando que por Resolución Exenta N° 1577, de fecha 19 de Abril del año 2021, del Director del Servicio de Salud Aysén, se aplica medida disciplinaria a la funcionaria, quien interpuso recurso de reposición, apelando en subsidio, los que fueron rechazados y por Resolución Afecta N° 2, del 11 de Marzo del año 2022, se tomó razón de la misma por Contraloría y se culmina con la aplicación de la sanción disciplinaria mencionada.

Hace presente que el sumario administrativo se instruyó por la Contraloría Regional de Aysén y cita lo dispuesto por el artículo 70, de la Ley 10.336 y de conformidad, además, a lo dispuesto por la Resolución 510, que aprueba el Reglamento para la Tramitación de Sumarios, mencionando su artículo 10, reiterando que desde que se inició dicho sumario hasta que se dictó Resolución Final de parte de Contraloría, transcurrieron dos años, dos meses y 9 días.

Citó Jurisprudencia, relativa a principios de eficiencia, eficacia y celeridad de las actuaciones administrativas y su consagración legal, como principio conclusivo, de los artículos 7 y 8, de la Ley 19.880, sosteniendo, en consecuencia que la demora excesiva en la tramitación de este sumario por las recurridas, transgreden el debido proceso y legitima la pérdida de eficacia del procedimiento administrativo sancionador.

Indicó, seguidamente, que conforme a lo dispuesto en el artículo 157, letra d), de la Ley 18.834, la responsabilidad administrativa se extingue por la prescripción de la acción disciplinaria lo que, por aplicación del artículo 158, del mismo cuerpo legal, ocurre a los 4 años contados desde el día en que el funcionario incurrió en la acción u omisión que le dio origen, luego se refiere a la interrupción y suspensión del citado plazo; a tales efectos concluye con que el sumario administrativo se instruyó por Resolución Exenta PD00255, del 22 de Mayo del año 2018, formulándose un cargo, el 4 de Octubre del año 2018, por actuaciones que se verificaron desde Junio a Noviembre del año 2017.

Sostuvo que, conforme al inciso segundo del artículo 159, de la Ley 18.834, -esto es si el proceso se paraliza por más de dos años, o transcurren dos calificaciones funcionarias, sin que el servidor haya sido sancionado, continuará corriendo el plazo de la prescripción como si no se hubiese interrumpido-, y en su caso han transcurrido tres calificaciones correspondientes al período calificatorio Septiembre 2018- Agosto 2019; Septiembre 2019-Agosto 2020; y Septiembre 2020, de manera que el plazo debe computarse desde el acaecimiento del hecho, abstrayéndose del efecto suspensivo generado por la formulación de cargos.

De esa manera, sostuvo, que al momento de aplicársele la sanción transcurrieron 4 años y fracción.

Finalmente, sostuvo que la Resolución Afecta N° 2, del 11 de Marzo del año 2022, notificada el 28 de Abril del año 2022, no consigna ningún fundamento para establecer su responsabilidad en los hechos y se indica que como jefatura de remuneraciones debió advertir esa situación lo que se explicó era imposible por cuanto es parte de la responsabilidad de otros funcionarios la alimentación correcta del sistema, volviendo en esta parte, sobre los motivos de sus descargos en el procedimiento sumarial; reiterando que la resolución se funda en una mera presunción del conocimiento de los hechos.

Sostiene que el acto es arbitrario, por haber perdido su eficacia, porque los hechos (sic) están prescritos y porque solo se le sanciona por la calidad de jefatura sin que hubiere incurrido en falta u omisión, lo que no es razonable y menos proporcional.

Todo lo cual vulnera su garantía de igualdad ante la ley, ya que se le sanciona fuera del marco legal, de forma inoportuna, extemporánea y desproporcionada, del número 2, del artículo 19, de la Constitución Política, la del número 3, en cuanto el referido organismo se ha convertido en una verdadera comisión especial y por último la del número 24, del artículo citado en cuanto afecta el derecho de propiedad sobre sus remuneraciones y el artículo 38, en lo que respecta a la carrera funcionaria atendido el hecho de bajarle sus calificaciones.

SEGUNDO: Que, la recurrida, Contraloría Regional de Aysén, representada como se anticipó, informando acerca del recurso que se conoce, citó como antecedentes, que el 22 de Noviembre del año 2017, el Hospital regional de Coyhaique, solicitó a esa entidad fiscalizadora la revisión del sumario administrativo, instruido por Resolución exenta N° 4.207, del 17 de Mayo del año 2017, respecto de la propuesta de sobreseimiento formulada por quien se desempeñó como fiscal instructor.

Que, por oficio N° 575, del 26 de Febrero del año 2018, se informó a dicho establecimiento que la propuesta no se encontraba debidamente fundada, toda vez que el funcionario nombre reservado se ausentó en distintos períodos de sus funciones, inasistencias injustificadas y que en el caso de ser acreditado debiera ser sancionado con la medida disciplinaria de destitución, por el artículo 125, letra a), de la Ley 18.834.

Agregándose en el citado oficio de Contraloría, que por lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución 510, del año 2013, esa sede regional proseguiría con la instrucción del aludido procedimiento disciplinario, reteniendo al efecto el expediente sumarial. Así, por Resolución Exenta PD00255, del 22 de Mayo del año 2018, dicha entidad fiscalizadora asumió la sustanciación del sumario administrativo en el Hospital Regional de Coyhaique y en los demás servicios públicos pertinentes, en cuyo resuelvo 2° se ordenó acumular al mismo el procedimiento disciplinario incoado mediante la referida Resolución Exenta N° 4.207, del año 2017, del Hospital Regional de Coyhaique.

Con fecha 4 de Octubre del año 2018, el fiscal instructor formuló un cargo único a la recurrente, que transcribe y al que ya se ha hecho mención precedentemente; con fecha 6 de Noviembre del año 2018, la recurrente evacuó sus descargos, concluyendo el investigador con que se encontraba acreditada la responsabilidad administrativa de la señora nombre reservado, en los hechos que se investigaban.

Por ello, al término del procedimiento sumarial, por Resolución Exenta N° PD00797, del 31 de Julio del año 2020, el Contralor Regional propuso al Director del Servicio de Salud Aysén, aplicar a la recurrente la medida disciplinaria que motiva el presente recurso, de manera que por Resolución Exenta N° 1.577, del 19 de Abril del año 2021, el Servicio de Salud de Aysén aplicó a la recurrente la referida medida disciplinaria, habiendo la funcionaria accionado de nulidad, conjuntamente con recurso de reposición y apelación subsidiaria, los que fueron rechazados a través de la Resolución Afecta N° 2, del 11 de Marzo del año 2022, del Servicio de Salud, siendo objeto de toma de razón por el ente Contralor Regional, el 22 de Abril del año 2022.

En base a tales antecedentes, sostuvo esta parte que si la actora pretende impugnar el sumario administrativo o la valoración de la prueba rendida en él, la presente acción cautelar es extemporánea, ya que la Resolución Exenta N° PD00797, del 31 de Julio del año 2020, por la que se propone al Director del Servicio de Salud aplicar la medida disciplinaria mencionada, la acción resulta extemporánea ya que ésta le fue notificada por correo electrónico con fecha 21 de Abril del año 2021 y el recurso se dedujo con fecha 16 de Mayo del año 2022.

Se explaya esta parte recurrida, seguidamente, acerca de los sumarios ordenados instruir en el Hospital Regional de Coyhaique y en los demás servicios pertinentes, en relación a las facultades que le confiere la ley y Resolución 510, del año 2013 y Resolución N° 1.002, del año 2011, de la Contraloría General de la República, concluyendo con que es la autoridad administrativa –Servicio de Salud de Aysén- pertinente, quien posee la potestad disciplinaria para determinar e imponer la correspondiente sanción, aún en aquellos en que los sumarios son instruidos por dicha entidad fiscalizadora –Contraloría-, en los cuales la Contraloría propone a dicha autoridad que haga efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados, pero es esta última quien aplicará directamente las sanciones que procedan, de conformidad con el artículo 133 bis, de la Ley 10.336.

Respecto del acto administrativo, en este caso, del Servicio de Salud de Aysén, es recurrible por la Reposición, según el Estatuto Administrativo, resuelto el mismo o transcurrido el plazo sin que se haya deducido, la autoridad correspondiente dictará la resolución que aplique la sanción que se encuentra afecta al control preventivo de juricidad de la Contraloría, de acuerdo al artículo 11, numeral 5, de la Resolución N° 6, del año 2019.

Luego de reiterar los antecedentes relativos a la sustanciación e instrucción del sumario de marras, discurrió acerca de la eventual prescripción de la acción disciplinaria y consecuente prescripción de la responsabilidad administrativa, lo que, considera, es un asunto ajeno a la naturaleza cautelar de este procedimiento, citando jurisprudencia al respecto.

Asimismo, sostuvo que este recurso no es la vía para impugnar un sumario administrativo, toda vez que se pretende una nueva resolución que absuelva a la recurrente, sustituyendo a la administración activa en la valoración de los elementos de convicción destinados a establecer un juicio sobre la responsabilidad disciplinaria de aquella y así debatir sobre la legalidad del acto administrativo dictado por el Servicio de Salud Aysén que determinó aplicar la medida disciplinaria; no siendo ésta la vía idónea para impugnar procedimientos reglados, que contiene toda una normativa para regular el debido proceso y asegurar la defensa del sumariado, de manera que existiendo un procedimiento establecido y entregado al conocimiento y resolución de un competente organismo que actúa en el marco de sus atribuciones legales, no procede esta acción que desconocería dicho procedimiento para determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos. Cita jurisprudencia al respecto.

Acerca de un eventual decaimiento del procedimiento administrativo, cita lo dispuesto en el artículo 27, de la Ley 19.880, en cuanto dispone que los plazos que la ley establece para los trámites y decisiones de la administración no son fatales, citando jurisprudencia administrativa y judicial al respecto, sintetizando con que el decaimiento del acto administrativo exige no sólo el transcurso de un plazo, sino que éste sea excesivo y que vuelva el acto inútil e ilegal, cuyo no es el caso, citando las exigencias que requirió la sustanciación del sumario, debidamente justificadas.

Acerca de la prescripción de la responsabilidad administrativa alegada por la recurrente, petición errada en cuanto computa erradamente los plazos ya que lo imputado habría acaecido en los meses de Junio a Noviembre del año 2017; la prescripción se interrumpe si se incurre nuevamente en falta administrativa, el primer hecho ocurrió en Junio y se reiteró hasta el mes de Noviembre del año 2017, de manera que la última conducta se materializó el día 30 de Noviembre del año citado; además, la prescripción se suspende desde que se formulan cargo, que ocurrió el 4 de Octubre del año 2018 y pese a que la recurrente fue calificada en dos oportunidades, en referencia al inciso segundo del artículo 159, del Estatuto Administrativo, el que si bien dice “interrupción”, debe entenderse que se refiere a la suspensión, entonces, el plazo continuo, y se computo a partir del 1° de Enero del año 2020, de esa forma, a la fecha de la notificación de la medida disciplinaria no habían transcurridos los 4 años (28 de Abril del año 2022).

Acerca de la falta de motivación del acto impugnado, no es efectivo desde que del fundamento segundo a décimo tercero se contienen los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que llevaron a dicho organismo a resolver como lo hizo.

Acerca de las garantías y derechos que se dicen conculcados, hace presente que las mismas no se desarrollan ni fundamentan lo suficiente para hacer procedente la acción cautelar de autos, lo que es indiciario de la ausencia de agravio. Así, no se vulnera la garantía de la igualdad ante la ley, ya que el sumario se encuentra justificado, como su duración, no estaba prescrita la acción disciplinaria ni se acreditó su desproporción; acerca de la garantía del número 3, inciso quinto de la Carta Fundamental, tampoco procede en cuanto se ha ejercido una función dentro del ámbito de las competencias que la Constitución y la ley le confieren, no atribuyéndose competencia jurisdiccionales. Finalmente, en relación al número 24, del artículo citado, no puede concurrir toda vez su improcedencia respecto de los derechos y deberes que vinculan a los servidores públicos con los organismos de la administración, sin perjuicio de que la sanción encuentra su justificante en el artículo 121, letra b), del estatuto Administrativo.

Por su parte, el recurrido, Servicio de Salud de Aysén, representado como se ha dicho, citó el petitorio del recurso, exponiéndose los antecedentes que la anterior recurrida ya hiciera presente.

Asimismo, acerca del decaimiento alegado, no es tal ya que no hubo inactividad que alcance el término de los años, haciendo presente que en la investigación se refería, además a otros dos funcionarios aparte de la recurrente no siendo verificable, de acuerdo a los antecedentes que obran en el sumario la inactividad requerida para que opere este instituto.

Acerca de la prescripción alegada, reitera, en lo sustancial, lo argumentado por la Contraloría Regional de Aysén.

Luego, acerca de la falta de motivación de que adolecería la Resolución Afecta N° 2, del año 2022, del Servicio de Salud, sostuvo que dicha resolución culmina con la destitución de un funcionario de ese Servicio y con la multa de la recurrente, también del mismo Servicio, de manera que la sanción que se impuso a la recurrente se motivó en los hechos y la conducta de la funcionaria que van en estrecha relación con sus obligaciones como Jefe de Remuneraciones, no siendo otro el funcionario que deba realizar y verificar los hechos acreditados en el correspondiente sumario administrativo.

TERCERO: Que, el recurso de protección fue concebido para restablecer el imperio del derecho y resguardar el orden jurídico vigente cuando éste se ve alterado a causa de actuaciones arbitrarias o ilegales que perturban o amenazan el legítimo ejercicio de algunas de las Garantías Constitucionales contempladas en el artículo 19, de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, como se ha dicho por este Ilustrísimo Tribunal, con anterioridad, la arbitrariedad necesariamente, desde el punto de vista conceptual, debe vincularse y relacionarse con la noción de actuares u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por el principio de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad.

Y que, por su parte, la existencia de ilegalidad conjuga tanto la idea de lo contrario a derecho o más técnicamente, el no respetarse o infringirse una norma jurídica.

QUINTO: Que, el recurrente, en cuanto a los actos que reprocha y cuyos efectos perturbarían sus derechos constitucionales y de acuerdo con el contenido de su recurso y la petitoria planteada en la acción de protección que se conoce, consistiría en la impugnación del procedimiento disciplinario mediante Resolución Exenta N° PD00255, del año 2018, de la Contraloría Regional de Aysén como de la sanción que le aplicó el Servicio de Salud de Aysén, por medio de la Resolución Afecta N° 2, del año 2022, siendo la pretensión el que se deje sin efecto tanto el procedimiento sancionatorio como la sanción del mismo.

SEXTO: Que, en consecuencia, el objeto del recurso consiste en la determinación de si las citadas resoluciones son ilegales y/o arbitrarias, en cuyo evento, verificar si afecta, perturba o amenaza alguna de sus garantías y derechos constitucionales.

SÉPTIMO: Que, sin embargo, previo al análisis precedente, es menester verificar si la acción de protección presentada lo fue en forma oportuna o dentro del plazo fatal que se ha establecido y determinado en el inciso segundo, del artículo 2, del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, relativo a la tramitación y fallo del recurso de protección.

Cabe anotar, que ha sido el máximo Tribunal, el que ha resuelto que: “No es óbice para una declaración de extemporaneidad, el que previamente el recurso haya sido declarado admisible por la Corte de Apelaciones de Santiago, toda vez que dicha resolución fue dictada teniendo únicamente en consideración los antecedentes hechos valer por la recurrente, sin oír a la parte denunciada. En consecuencia, tal pronunciamiento de admisibilidad no puede impedir que el tribunal de alzada, una vez apreciados la totalidad de los antecedentes que los intervinientes hubieren aportado, dicte una resolución definitiva sobre dicho asunto.”. (Rol N° 6.482-2008).

OCTAVO: Que, de esta manera, analizada la situación planteada y ponderados los antecedentes aportados por el recurrente y la recurrida, de conformidad a las normas de la sana crítica, debe concluirse que son hechos de esta causa, y en lo que interesa, los siguientes:

Que, la acción de protección deducida en favor de doña nombre reservado, se interpuso ante este Tribunal con fecha 16 de Mayo del año 2022, en su calidad de funcionaria del Servicio de Salud de Aysén, Jefe del Departamento de Remuneraciones de dicho servicio, a contar desde el año 2005.

Que, en cuanto a los actos que se impugnan respecto de la recurrente, Contraloría Regional de Aysén, quien ordenó la sustanciación del sumario administrativo mediante Resolución Exenta PD00255, del 22 de Mayo del año 2018, que acumuló otro sumario ordenado por Resolución Exenta N° 4.207, del año 2017, del Hospital Regional de Coyhaique, que tal sumario concluyó, de parte de la Contraloría, con la Resolución exenta número PD00797, del 31 de Julio del año 2020, por la que se propone al Servicio de Salud de Aysén la aplicación de una multa a la recurrida, notificada a la recurrente el 21 de Abril del año 2021.

Que, por Resolución Exenta N° 1.577, del 19 de Abril del año 2021, se aplicó la sanción disciplinaria por el Servicio de Salud a la recurrente, quien dedujo los recurso de rigor, resueltos con el rechazo, por Resolución Afecta N° 2, del año 2022, del Servicio de Salud de Aysén, que en definitiva deja a firme la sanción disciplinaria a la recurrente, la que le fue notificada el 28 de Abril del año 2022.

Que, respecto de la citada Resolución Afecta, se tomó razón por la Contraloría Regional de Aysén, el día 22 de Abril del año 2022.

NOVENO: Que, en consecuencia y en lo que respecta a la recurrida Contraloría Regional de Aysén, siendo la Resolución Exenta PD00255, del 22 de Mayo del año 2018, la que ordenó la sustanciación del sumario administrativo ante la Contraloría Regional de Aysén, es ése el acto que le habría causado, en primer lugar, agravio a la recurrente, o bien lo propuesto a través de la Resolución Exenta N° PD00797, del 31 de Julio del año 2020, notificada a la recurrente el 21 de Abril del año 2021, que propuso la aplicación de multa, y constando que el recurso se interpuso el día 16 de Mayo del año 2022, ha excedido, sin duda alguna y con creces, el plazo establecido en el artículo 2, inciso segundo, del Auto Acordado sobre la materia, que es, precisamente, de treinta días fatales, razón que amerita rechazar el recurso, en lo que a este capítulo se refiere y así se declarará.

DÉCIMO: Que, es necesario, asimismo, tener presente, según se ha resuelto reiteradamente, que esta acción de protección se estableció con el fin de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a manifiestas violaciones de dichos derechos. Se trata en la especie de una acción cautelar que permite poner en ejercicio las facultades jurisdiccionales específicamente conservadoras de los Tribunales de Justicia, que son aquellas cuyo objeto es salvaguardar de un modo directo e inmediato los derechos fundamentales de las personas, vale decir, tal fin de la acción se condice absolutamente con el plazo fatal establecido por el respectivo Auto Acordado.

UNDÉCIMO: Que, resulta pertinente, acotar que el Auto Acordado ha sido definido por el Tribunal Constitucional, como un “cuerpo de normas generales y abstractas, dictado generalmente por tribunales colegiados, con el objeto de imponer medidas o impartir instrucciones dirigidas a velar por el más expedito y eficaz funcionamiento del servicio judicial”. (STC.R. 1557-09), potestad normativa que nace de la superintendencia directiva, correccional y económica con que cuentan los Tribunales, según el artículo 82, de la Constitución Política de la República y 3, del Código Orgánico de Tribunales y 96, número 4, e inciso final, del mismo cuerpo legal.

Destacan, entre sus características que son normas de carácter general, de carácter obligatorio y permanente, constituyendo una fuente directa del derecho procesal.

En tal virtud, consecuencialmente, este Tribunal debe acatar, respetar y aplicar su normativa, entre las cuales, se incluye el respeto por el plazo fatal determinado para su interposición puesto que, proceder de diversa forma implicaría una discriminación hacia quienes se les hizo efectivo el estricto cumplimiento de dicho plazo, lo que generaría una desigual aplicación de la ley, sin perjuicio de que la certeza para el ejercicio del derecho como de la estabilidad de las decisiones, en este caso administrativas, se verían seriamente afectadas, todo lo cual no se condice con los efectos y las garantías que este servicio y en este tipo de materias está llamado a cumplir y resolver.

DUODÉCIMO: Que, a mayor abundamiento y sin perjuicio de los razonamientos previamente realizados, en el contexto descrito, cabe analizar si los actos y decisiones, tanto de la Contraloría Regional de Aysén, cuanto del Servicio de Salud de Aysén, plasmadas en la antedichas y respectivas resoluciones, son ilegales y/ o arbitrarias.

En cuanto a la eventual ilegalidad, desde el punto de las facultades de quien las expidió, aparece claro que ella se encuentra dentro del marco de las atribuciones del Jefe del Servicio y que emanan de lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, en la Ley 19.175 y la Ley 18.834, relativa al Estatuto Administrativo, habiéndose seguido, a su respecto y en su tramitación, el procedimiento fijado en dicho Estatuto Administrativo, Resolución 510, Reglamento para la instrucción de sumarios administrativos, como en los principios y parámetros establecidos en el artículo 11, y siguientes de la Ley 19.880, no se visualiza infracción a ninguna de sus disposiciones, que determinan y fijan los parámetros a los que deben someterse los actos administrativos como los impugnados. De esta manera, no puede, en este aspecto, tildarse como ilegítimos o ilegales dichos actos. Se procedió por quienes estaban facultados para hacerlo y en el marco de sus atribuciones legales, toda vez lo dispuesto en la citada normativa.

DÉCIMO TERCERO: Que, cabe tener presente lo dispuesto por el artículo 5, inciso primero, de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que obliga a que: “Las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública.”. Precepto al que las recurridas, respetaron a cabalidad.

DÉCIMO CUARTO: Que, de esta manera, siendo un requisito sine qua non, básico y esencial, de procedencia de la acción tutelar intentada, la existencia de un acto u omisión arbitraria, al no producirse éste, dicha acción, inevitablemente, no podrá prosperar y así se declarará, puesto que los actos impugnados mediante el presente recurso de protección, fueron dictados por quienes tienen la facultad e imperio para ello, actuando éstas dentro del marco de sus atribuciones legales y no observándose que, con motivo de ellas, se haya incurrido en ilegalidad o arbitrariedad que le sea reprochable, sino que hubo un estricto apego al principio de legalidad que establece la Constitución Política de la República, en sus artículos 6 y 7, y demás normas legales citadas, no cabe sino desestimar el recurso de protección deducido, por no aparecer como vulnerado el artículo 19, de la Constitución Política, en los numerales a que ha aludido el recurrente, cuyo análisis pormenorizado no viene al caso analizar al faltar un requisito previo de procedencia de la acción y así se declarará.

DÉCIMO QUINTO: Que, en el fondo, el recurso y su petitoria, viene en transforme en una nueva instancia de revisión de un acto administrativo afinado y tramitado de conformidad a la normativa que le rige, habiendo declarado nuestro máximo Tribunal de la República que: “Por ello resulta un planteamiento erróneo del actor intentar que por esta instancia jurisdiccional se revise la investigación y la decisión a que se arriba sobre la base del mérito establecido por el funcionario a cargo de aquella investigación en la vista o dictamen evacuado al término de la misma; y finalmente la medida terminal adoptada. Lo anteriormente indicado no es óbice para que el control judicial de la legalidad y razonabilidad de la actuación, pero ello no puede importar -como se postula en la especie– que por esta vía cautelar se supervisen cuestiones de mérito involucradas en el ejercicio de dichas facultades.” (Rol 1952-2010, de la Excelentísima Corte Suprema; en igual sentido Rol 128-2022, de este Ilustrísimo Tribunal; todo lo que se trasunta en el rechazo del recurso intentado.

DÉCIMO SEXTO: Que, de otra parte, tampoco puede soslayarse el hecho que la recurrente al sostener la prescripción de su responsabilidad administrativa, no puede pretender que ella sea declarada por este Tribunal, lo que de por sí transforma, en dubitado su derecho, lo que ya hace aún más improcedente esta vía, la que, en todo caso, exige la sustanciación de un lato procedimiento cuyo no es el actualmente incoado ni obedece a los fines de la presente acción cautelar.

No se observa tampoco, en la tramitación del sumario administrativo que culminó con la imposición de la sanción disciplinaria, que haya operado lo que se ha dado en llamar el decaimiento del acto administrativo en atención a que la inactividad requerida, de dos años, no se dio ni transcurrió en ningún momento de la tramitación del sumario, el que, además, involucró a otros funcionarios, del Hospital de Coyhaique y del Servicio de Salud de Aysén.

Además, de la simple lectura de la Resolución Afecta N° 2, del año 2022, se advierte que ella se encuentra suficiente y adecuadamente fundada, tanto en los hechos cuanto en el derecho, de manera que cumple con la normativa de la Ley 19.880, dado que no solo contiene las motivaciones, sino que ellas, en consonancia con la decisión final, aparecen revestidas de la suficiente razonabilidad y proporcionalidad Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de Junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE RECHAZA, por extemporáneo y por no haberse acreditado la concurrencia de un acto u omisión, arbitrarios o ilegales, sin costas, el recurso de protección deducido por la abogado doña Makarena García Dinamarca, en favor de doña nombre reservado y en contra de la Contraloría Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y del Servicio de Salud de Aysén, representados como se dijo.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del señor Ministro Titular don Pedro Alejandro Castro Espinoza.

Rol N°: 772-2022.- (Protección).-