nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Coyhaique, a veinticinco de mayo del año dos mil veintitrés.

VISTOS:

Con fecha 14 de marzo de 2023, comparece don Daniel Alejandro Mancini Esquivel, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en favor de don nombre reservado, ciudadano peruano, domiciliado en domicilio reservado, Región de Aysén, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, representado por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, por cuanto estima que la recurrida ha incurrido en una omisión ilegal y arbitraria en el pronunciamiento sobre la solicitud de permanencia temporaria, realizada bajo el número de solicitud Nº 14693/2022, de fecha 14 de enero de 2022, vulnerando sus garantías constitucionales, específicamente, la contenida en el artículo 19 N° 2, de la Constitución Política de la República, referida a la igualdad ante la ley, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 27 de la ley N° 19.980, solicitando, en definitiva, “acogerlo a tramitación ordenando al recurrido que se pronuncie y resuelva sobre la misma, adoptando las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.” (SIC)

Con fecha 16 de marzo de 2023, se declaró admisible el recurso de protección interpuesto y se pidió informe a la recurrida.

Con fecha 29 de marzo de 2023, don Israel Villavicencio Chávez, abogado del Servicio Nacional de Migraciones, evacua el informe requerido, y solicita el rechazo del recurso en todas sus partes.

Con fecha 17 de mayo de 2023, se trajeron los autos en relación, y con fecha 19 de mayo de 2023, se llevó a cabo la vista de la causa, con la comparecencia de la abogada doña Patricia Acuña Garabito, en contra del recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, fundamentando el recurso interpuesto, el recurrente señala que, en razón de establecerse, trabajar y desarrollar un proyecto de vida en nuestra nación decidió cambiar su condición migratoria, iniciando el proceso de visa temporaria, señalando que cumple todos los requisitos para hacerlo, sin embargo, han transcurrido 1 año y 2 meses, sin que a la fecha haya recibido alguna respuesta por parte de la recurrida, demora que implica una inestabilidad emocional y un estado de indefensión, toda vez que el Servicio Nacional de Migraciones hace de éste un trámite indefinido, arbitrario y sorpresivo, sin resguardar el principio de celeridad.

Alega que dicho incumplimiento ha provocado que el recurrente no pueda encontrarse con una visa vigente en Chile, lo que la deja en una situación injusta y arbitraria frente a los demás ciudadanos, vulnerando los principios establecidos en la ley N° 19.880, es especial, en lo que respecta al principio de celeridad consagrado en el artículo 7.

Indica, posterior a hacer referencia al artículo 19 y 20 de la Constitución Política de la República que, el artículo 27 de la Ley 19.880 reza: “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”, estableciendo una obligación imperativa para los órganos de la administración del Estado para cumplir con la tramitación de un procedimiento administrativo.

Respecto de la excepción a dicha obligación, señala que se refiere al caso fortuito definido en el artículo 45 del Código Civil, aclarado según la recurrente por el Dictamen Nº003610N20, de la Contraloría General de la República, de fecha 17 de diciembre de 2020.

Agrega que no basta la sola concurrencia del hecho fortuito o fuerza mayor, sino que el jefe Superior del Servicio debe dictar una resolución o acto administrativo fundado, en tal sentido, determinando la forma de funcionamiento y la suspensión o extensión de los plazos, estimando que no es posible al recurrido argumentar que el plazo debe haber sido suspendido o se hubiere encontrado suspendido, toda vez que no existe ninguna formalización de dicha necesidad.

Indica que, las garantías y derechos constitucionales que resultan afectadas lo son por la omisión arbitraria e ilegal por parte del recurrido en el excesivo tiempo de tramitación en dar respuesta de solicitud ya referida, habiendo transcurrido 1 año, sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado sobre la solicitud formulada.

Sostiene que cobra especial relevancia lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, destacando el artículo 7 y 27, al consagrar el Principio de celeridad, y que las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento que se trate en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión.

Asimismo, señala finalmente que el artículo 9, se refiere al Principio de economía procedimental, estableciendo que la administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios.

SEGUNDO: Que, don Israel Villavicencio Chávez, abogado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, evacuando el informe requerido, solicita el rechazo en todas sus partes del presente recurso señalando que don nombre reservado, ingresó por primera vez al país con fecha 13 de enero de 2018, por el paso fronterizo Aeropuerto Internacional nombre reservado, por motivos de turismo.

Así, con fecha 06 de abril de 2018, a petición del extranjero, el Departamento de Extranjería y Migración otorgó al recurrente por primera vez una visa sujeta a contrato, por el periodo de cuatro meses en calidad de titular.

Finalmente, con fecha 26 de diciembre de 2022, a petición del extranjero, el Servicio Nacional de Migraciones otorgó la residencia temporal para realizar actividades remuneradas lícitas en nuestro país por el periodo de dos años en calidad de titular.

En consecuencia con lo anterior, señala que la solicitud de beneficio migratorio del reclamante se encuentra resuelta a la fecha de interposición del recurso. Agrega que, el Servicio recurrido ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, no existiendo acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, y no existe por tanto, perturbación a los derechos del extranjero, toda vez que la solicitud del recurrente se encuentra finalizada.

TERCERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, conforme los antecedentes existentes en la presente causa, debe consignarse, que en la acción constitucional materia del presente arbitrio, el conflicto de marras radica en el hecho que don nombre reservado, solicitó el otorgamiento de la residencia temporal, sin que a la fecha de interposición del recurso se haya resuelto sobre ésta, habiendo transcurrido un año y dos meses, lo que configura, a su juicio, una omisión ilegal y arbitraria en el pronunciamiento de una resolución exenta que ponga fin al procedimiento administrativo, todo lo cual le ha provocado diversos perjuicios.

SÉPTIMO: Que, de los antecedentes sometidos al conocimiento de esta Corte, y especialmente, en atención a lo expuesto por la recurrida, consta que con fecha 26 de diciembre de 2022, se otorgó permiso de residencia temporal para realizar actividades remuneradas en favor del recurrente, por el periodo de dos años en la calidad de Titular, según consta de la referida Resolución Exenta N°116842, del Servicio Nacional de Migraciones.

OCTAVO: Que, en consecuencia, del estudio de los hechos que se han establecido en estos autos, es preciso concluir que al haberse otorgado la visación de residente temporal al recurrente, de conformidad a lo razonado en los considerandos anteriores, y en especialmente, según la Resolución Exenta acompañada por la recurrida, no es posible verificar la concurrencia de las circunstancias que motivaron la interposición del recurso, y mucho advertir algún acto u omisión arbitrario y/o ilegal por parte de la recurrida que perturbe o amenace alguna de las garantías constitucionales alegadas por éste.

Que, en suma no existen, actualmente, providencias que sean necesarias adoptar por esta Corte de Apelaciones para restablecer el imperio del derecho, y otorgar la adecuada protección del recurrente en los términos exigidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, por ende, al no concurrir en la especie dicho presupuesto de procedencia, careciendo de oportunidad el requerimiento deducido, el presente recurso no puede prosperar, y así se declarará.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las garantías constitucionales de la Excma. Corte Suprema, se declara:

Que, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por don Daniel Alejandro Mancini Esquivel, abogado, en favor de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado legalmente por don nombre reservado.

Anótese, notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular, don Pedro Alejandro Castro Espinoza.

Rol Corte Nº 61-2023 (Protección).