SALMONES FRIOSUR S.A con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO PUERTO nombre reservado

Coyhaique, veinticuatro de Abril de dos mil dieciocho.

VISTOS:

En estos antecedentes Rol Corte 59-2018, con fecha 14 de Marzo de 2018, comparece don Alejandro González del Riego García, abogado, en representación de Salmones Friosur S.A., sociedad del giro de su denominación, rol único tributario N° 96.812.740-3, ambos con domicilio en domicilio reservado, quién de conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, deduce recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, representada por don nombre reservado, ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado, por actos ilegales y arbitrarios, cometidos en contra de su representada, relacionados con la dictación, por parte de la recurrida, del Ordinario N° 061, de fecha 14 de Febrero de 2018, que señala, el que debe ser dejado sin efecto, ordenándose a la recurrida que debe acoger a tramitación el recurso de reconsideración administrativa interpuesto por la recurrente con fecha 30 de Octubre de 2017, en contra de la resolución de multa N°1273/2017/21, en razón de haberse deducido dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde su notificación, sin perjuicio de que se adopten las demás medidas que la Corte estime procedentes para restablecer el imperio del derecho, todo ello con expresa condena en costas.

Con fecha 22 de Marzo de 2018, se declaró admisible el recurso y se pidió informe a la recurrida.

Con fecha 29 de Marzo de 2018, la recurrida evacuó el informe solicitado, peticionando se rechace en todas sus partes el recurso de protección, por carecer de fundamentos jurídicos, al no existir una acción ilegal o arbitraria que lo haga procedente, con expresa condena en costas.

Con fecha 14 de Abril de 2018, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, en estos antecedentes Rol Corte 59-2018, con fecha 14 de Marzo de 2018, comparece don Alejandro González del Riego García, abogado, en representación de Salmones Friosur S.A., sociedad del giro de su denominación, rol único tributario N° 96.812.740-3, ambos con domicilio en domicilio reservado, quién de conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, deduce recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, representada por don nombre reservado, ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado, por actos ilegales y arbitrarios, cometidos en contra de su representada, relacionados con la dictación, por parte de la recurrida, del Ordinario N° 061, de fecha 14 de Febrero de 2018, el que debe ser dejado sin efecto, ordenándose a la recurrida que debe acoger a tramitación el recurso de reconsideración administrativa interpuesto por la recurrente con fecha 30 de Octubre de 2017, en contra de la resolución de multa N°1273/2017/21, en razón de haberse deducido dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde su notificación, sin perjuicio de que se adopten las demás medidas que la Corte estime procedentes para restablecer el imperio del derecho, todo ello con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, fundamentando su recurso, expone el recurrente, en cuanto al plazo de Interposición de la presente acción constitucional: 1) Que, el auto acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia señala que el recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos; 2) Que, su representada ha tomado conocimiento de dicho acto mediante notificación efectuada con fecha 27 de Febrero de 2018, en lo referente al ordinario N° 061, de fecha 14 de Febrero de 2018.

En cuanto a las circunstancias de hecho y de derecho que motivan el recurso, señala que, como consta de los documentos que acompaña, su parte presentó Reconsideración Administrativa ante la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto nombre reservado amparada en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, en contra de la Resolución de Multa N°1273/2017/21, notificada a su representada con fecha 6 de Octubre de 2017, y que, con posterioridad a ello, con fecha 30 de Octubre de 2017, su representada interpone Reconsideración Administrativa en contra de dicha resolución, amparado en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo.

Que, mediante ordinario N° 061, de fecha 14 Febrero 2018, en referencia a la multa administrativa antes señalada, el señor nombre reservado dispuso lo siguiente: “No se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos contestados desde su notificación”, agregando “Cabe señalar que se realizaron reiterados requerimientos a la empresa de Correos de Chile a fin de que remitiera certificado de la entrega del envío N° 1180029421754, sin tener respuesta a esta fecha, no pudiendo desvirtuarse la presunción del artículo 508 del Código del Trabajo”, ordinario citado que resulta ser absolutamente arbitrario e ilegal.

Agrega, que es ilegal, en cuanto infringe el artículo 512 del Código del Trabajo, y el artículo 25 de la ley 19.880, que establece las bases que rigen los procedimientos administrativos, ya que el artículo 512 del Código del Trabajo establece que la reconsideración debe ser presentada “dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa” y, en ninguna parte indica que dicho plazo debe ser de días corridos, y que guardando estricta relación con lo anterior, es dable mencionar que dicho plazo es de días hábiles y no corridos, ya que lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo debe ser interpretado en forma armónica con lo dispuesto en el artículo 25 de la ley 19.880, sobre bases del procedimiento administrativo, norma que en la especie se aplica supletoriamente en atención al artículo 1° del mismo cuerpo legal, artículo que expresamente establece que los plazos de los procedimientos administrativos sólo comprenden los días hábiles, entendiéndose inhábiles los sábados, domingos y festivos, siendo indiscutible que el procedimiento a que se somete un Recurso de Reconsideración de resolución de multa interpuesta ante la Dirección del Trabajo, es un proceso de naturaleza administrativa sujeto a las disposiciones de la Ley 19.880, por lo cual el plazo de 30 días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo es de días hábiles y no de días corridos, por lo que, en la especie, habiéndose notificado a su parte de la multa administrativa recién el 6 de octubre de 2017, solicitando reconsideración administrativa en base a los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, con fecha 30 de Octubre de 2017, entonces sin duda se interpuso dentro del término legal de los treinta días hábiles, por lo que, en consecuencia, el Ordinario N° 061-2018, dictado por la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto nombre reservado, resulta del todo ilegal.

Manifiesta que, además, es arbitrario, por cuanto no existe ningún sustento racional que justifique no haber acogido a tramitación el Recurso de Reconsideración Administrativa interpuesto con fecha 30 de Octubre de 2017, en circunstancias que la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 2, garantiza a todas las personas la igualdad ante la ley, prohibiendo a la autoridad realizar discriminaciones arbitrarias y, como lo ha venido señalando, en la especie, dicha garantía constitucional fue vulnerada al no haberse acogido a tramitación dicha reconsideración administrativa, sin justificación racional ni sustento normativo, acto recurrido que, además, importa una amenaza a la garantía de Derecho de Propiedad establecido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, porque al negarse infundadamente a tramitar la solicitud de reconsideración, deja a su parte en la obligación de pagar el monto de la multa impugnada.

Refiere, seguidamente, que lo expuesto se encuentra plenamente reconocido por la jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia, citando y reproduciendo, en lo pertinente, sentencias de fecha 4 de Marzo de 2017, Rol N° 704-2015 y 28 de Abril de 2015, Rol 415-2015, ambas de la Excma. Corte Suprema; Rol 3775-2014, de 11 de Diciembre de 2014, de la Corte de Apelaciones de Concepción; Rol 77647-2014, de fecha 8 de enero de 2015, de la Corte de Apelaciones de Santiago; y Rol 1859-2015, de fecha 12 de Junio de 2015, de la Corte de Apelaciones de Temuco, solicitando, como peticiones concretas, se declare que el ordinario N° 061, de fecha 14 de Febrero de 2018, emanado de la recurrida, y notificado a su parte con fecha 27 de Febrero de 2018, es un acto arbitrario e ilegal que debe ser dejado sin efecto, ordenándose a la recurrida que debe acoger a tramitación el recurso de reconsideración administrativa interpuesto por su parte con fecha 30 de Octubre de 2017, en contra de la resolución de multa N°1273/2017/21, en razón de haberse deducido dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde su notificación, sin perjuicio de que se adopten las demás medidas que la Corte estime procedentes para restablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que, con fecha 29 de Marzo de 2018, el abogado don Claudio Vera Santana, en representación de don nombre reservado, Inspector Provincial del Trabajo de nombre reservado, informando el recurso, solicita a esta Corte se rechace el mismo, en todas sus partes, por carecer de fundamentos jurídicos, al no existir una acción ilegal o arbitraria que lo haga procedente, con expresa condena en costas.

En su informe, expone, como antecedentes de hecho, que don Alejandro González del Riego García, en representación de la empresa Salmones Friosur S.A., con fecha 14 de Marzo de 2018, dedujo recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, por no haber dado curso a la solicitud de Reconsideración Administrativa de la Multa N° 1273/2017/21-1, 2, 3 y 4, por haber sido ésta presentada fuera del plazo legal de 30 días corridos, lo que le fue comunicado mediante el Ord. N° 061 de fecha 14 de Febrero de 2018, por cuanto vulneraría lo dispuesto en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando que se restablezca el imperio del derecho, dejando sin efecto el citado Ordinario y ordenando a ese Servicio someter a tramitación las reconsideraciones administrativas de la Multas N° 1273/2017/21-1, 2, 3 y 4, presentada con fecha 31.10.2017.

Agrega, que la Multa N° 1273/2017/21-1, 2, 3 y 4, fue cursada con fecha 31.08.2017 a la recurrida, según su enunciado infraccional por no mantener vías de escape o evacuación libre de obstrucciones; no suprimir los factores de peligro en el lugar de trabajo; no disponer de un recinto adecuado para almacenar sustancias peligrosas y distribuir jornada semanal ordinaria de 45 horas en más de 6 días, la que fue notificada conforme al artículo 508 del Código del Trabajo, depositándose en correos de Chile, con fecha 07.09.2017, presumiéndose que dicha notificación se efectuó el día 14.09.2017; y que con fecha 31 de Octubre de 2017, la recurrente Salmones Friosur S.A., presentó solicitud de Reconsideración Administrativa de la Multa N° 1273/2017/21-1, 2, 3 y 4. Que con fecha 14 de Febrero de 2018, mediante el Ordinario N° 061, se informó a la recurrente, que no se daría tramitación a su solicitud por haber sido presentada fuera del plazo legal de 30 días corridos contados desde su notificación, plazo que había vencido el 14 de octubre de 2017, Ordinario que fue notificado conforme al artículo 508 del Código del Trabajo, depositándose en correos de Chile, con fecha 14.02.2018, presumiéndose que dicha notificación se efectuó el día 21.02.2018.

En cuanto al derecho y, en particular, respecto a la procedencia de la acción de protección, sostiene que previo a informar la acción constitucional intentada en contra de lo resuelto por ese Servicio respecto de la solicitud de reconsideración administrativa presentada, debe tenerse presente que la misma debe ser rechazada por el sólo hecho de desconocer, el recurrente, los mecanismos de impugnación concedidos por el propio Código del Trabajo, en específico, la jurisdicción ordinaria, señalando que, el Código del Trabajo dispone en su artículo 512, que “El Director del Trabajo hará uso de esta facultad (reconsideración de multas administrativas de conformidad a lo que dispone el artículo 511 del Código del Trabajo) mediante resolución fundada, a solicitud escrita del interesado, la que deberá presentarse dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa.

Esta resolución será reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo dentro de quince días de notificada y en conformidad al artículo 474 de este Código.”

Agrega, que el recurrente hizo uso del recurso administrativo que establece el artículo 511 del Código del Trabajo, pero en contra de lo resuelto por ese Servicio, que le fue informado mediante Ordinario N° 061, de fecha 14 de Febrero de 2018, no recurrió ante el Juzgado del Trabajo, como indica expresamente el artículo 512 del texto legal ya señalado, sino que decidió recurrir a la jurisdicción cautelar de garantías constitucionales para revisar una actuación administrativa para la cual la propia norma legal establece un procedimiento de impugnación jurisdiccional específico, por lo que claramente este procedimiento es improcedente, citando y reproduciendo, en lo pertinente, diversa jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia.

En cuanto a la reconsideración administrativa y la naturaleza del plazo de 30 días, sostiene, también, que el artículo 50 del Código Civil, indica que: “En los plazos que se señalaren en las leyes, o en los decretos del Presidente de la República, o de los Tribunales o Juzgados, se comprenderán aún los días feriados; a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así, pues en tal caso no se contarán los feriados.”, disposición de la que se infiere que, por regla general, los plazos comprenden los días feriados, a menos que expresamente se señale que el plazo es de días útiles o días hábiles, en cuyo evento, los días feriados no se contarán para el cómputo de aquél, señalando, además, que el inciso 1° del artículo 512 del Código del Trabajo, al establecer el plazo de 30 días que en el mismo se contiene, no señaló expresamente que este plazo es de días útiles, por lo que no cabe sino concluir que dicho plazo es de días corridos y, por ende, para su cómputo debe considerarse aún los días feriados, debiendo tenerse presente, además, a fin de realizar una interpretación armónica de las normas del Código del Trabajo, que el inciso 3° del artículo 435 del mismo Código señala que “Los términos de días que establece este Título (Título I del Libro V) se entenderán suspendidos durante los feriados”, lo que claramente excluye al plazo del artículo 512, el cual se encuentra ubicado en el Título Final del Libro V del Código del Trabajo.

En cuanto a la doctrina de la Dirección del Trabajo y dictámenes de la Contraloría General de la República, refiere, que la doctrina vigente en ese Servicio hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado, era la contenida en Dictamen N° 290/17 de 11.01.1996, que reproduce, en lo pertinente, y que a partir a partir de la Ley 19.880, se dispuso mediante circulares internas, que el plazo en referencia sería de días hábiles, dictándose las Circulares N° 96 del 23.09.2009 y N° 18 del 19.02.2010 y anexo 10, sin embargo, a fines de 2009, la Contraloría General de la República, emitió un pronunciamiento al respecto, señalando en el Dictamen N° 64.985 de 20.11.2009, que: “Como puede advertirse, la norma recién transcrita no señala expresamente si el término que establece es de días corridos o de días hábiles.

Pues bien para dilucidar la cuestión consultada es necesario considerar; en primer término, el tratamiento que el Código del Trabajo -cuerpo específico de normas relativo a asuntos laborales en que se encuentra la disposición en comento- ha dado a la materia.

En este orden de ideas, debe destacarse que del estudio de las disposiciones de dicho Código que conciernen a plazos se advierte que, por regla general, cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles, lo ha consignado expresamente, siguiendo de este modo la norma del artículo 50 del Código Civil, en cuya virtud "en los plazos que se señalaren en las leyes, o en los decretos del Presidente de la República, o de los Tribunales o Juzgados, se comprenderán aún los días feriados; a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así, pues en tal caso no se contarán los feriados.

Lo anterior sucede, entre otros, con los plazos establecidos en los artículos 162, incisos segundo y séptimo; 168, inciso primero; 171, inciso primero; 201, inciso cuarto; 223, inciso cuarto; 282, incisos primero y cuarto, y 503, inciso tercero, -esta última sobre reclamación judicial de la misma multa en que incide la reclamación administrativa prevista en la norma cuya interpretación se solicita- en los cuales se señala expresamente que son de días hábiles.

De acuerdo con el predicamento expuesto, como el precepto en examen no hace tal mención, corresponde entender que el plazo que contempla es de días corridos.

Por consiguiente, esta Contraloría General, concordando con lo concluido por esa Dirección, en su oficio N° 2.882, de 2008, mediante el cual informó acerca de la presentación de la recurrente, cumple con expresar que el plazo para reclamar de las multas administrativas cursadas por los inspectores del trabajo, que prevé el artículo 512 del Código antedicho, es de días corridos.”

Expresa que, para dar cumplimiento a lo señalado por el ente de Control, mediante Pase N° 376, de 09 de diciembre de 2009, de la Oficina de Contraloría Interna de la Dirección del Trabajo, se remite el mencionado Dictamen N° 64.985 y, posteriormente, mediante Circular N° 73, de 08 de junio de 2010, que modifica instrucciones sobre montos de multas, recursos administrativos, plazo para solicitarlos y criterios para resolverlos, se establece que el plazo para la reconsideración administrativa se modifica de 30 días hábiles, a 30 días corridos, lo que viene a reafirmar la doctrina contenida en Dictamen N° 49.126, de 20 de octubre de 2008, de la Contraloría General de la República, en cuanto señala que “El Plazo de treinta días corridos establecido en el Código del Trabajo para solicitudes de reconsideración de la multa administrativa y otros trámites establecidos en dicho código, vence necesariamente el último día de dicho término, a la hora de cese de atención de público en las oficinas de la Dirección del Trabajo, por aplicación de las normas del Código Civil relativas a los plazos, en armonía con los preceptos de derecho administrativo relativos al funcionamiento de las oficinas de la Administración. Extender plazos al día siguiente significaría prorrogar un plazo vencido sin facultad alguna para ello.”, y que a raíz de los conflictos de interpretación respecto del plazo del artículo 512 del Código del Trabajo, ese Servicio solicitó a la Contraloría General de la República la reconsideración del Dictamen N° 64.985, del 20 de noviembre de 2009; y ese ente de Control, mediante Dictamen N° 17.344, del 10 de marzo de 2014, desestimó la reconsideración solicitada y mantuvo lo indicado en el Dictamen del año 2009, esto es, que el plazo del artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos.

En relación al dictamen de la Contraloría General de la República, referente a la aplicación artículo 25 de la ley N° 19.880, sostiene, el informante, que dicho artículo, efectivamente se refiere al cómputo de los plazos en los procedimientos administrativos, pero no se debe olvidar que el artículo 1° de ese mismo texto legal reconoce el carácter supletorio de dicha ley, en el caso de que otra ley establezca procedimientos especiales, lo que significa que en lo no regulado por la Ley especial, se aplicará lo dispuesto en la Ley 19.980 y, en este caso, señala que el Código del Trabajo establece un procedimiento especial en el artículo 511, y en el artículo 512 indica el plazo en que el solicitante deberá presentar dicha solicitud, no indicando que éste tiene el carácter de días hábiles o útiles, por lo que tal como señaló, para dar una interpretación armónica a las normas del Código del Trabajo, no debe olvidarse lo que establece el inciso 3° del artículo 435 del mismo texto legal, el cual permite concluir, que dicho plazo es de días corridos, debiendo tenerse presente, también, que la Contraloría General de la República ha señalado expresamente que el plazo del artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos, por lo que el dictamen citado, referente a la aplicación del artículo 25 de la Ley N° 19.880, claramente no es aplicable en este caso particular.

En cuanto a la jurisprudencia judicial mencionada por la reclamante, añade, la informante, que como bien se sabe, la Corte Suprema ha manifestado, en varias ocasiones, un criterio distinto al de la Contraloría General de la República, respecto del plazo del artículo 512 del Código del Trabajo, aplicando supletoriamente el artículo 25 de la ley 19.880, sin embargo, conforme establece el inciso 2° del artículo 3 del Código Civil, tales resoluciones obedecen al efecto relativo de toda sentencia, no logrando desvirtuar la doctrina vigente y, conforme a ese efecto relativo, ese Servicio, también cuenta con jurisprudencia reciente que apoya tal interpretación, la que cita y reproduce, en lo pertinente, sin perjuicio de lo cual, es menester recordar que para esa repartición la Doctrina Institucional vigente y los Dictámenes de la Contraloría General de la República son vinculantes, aun cuando éstas colisionen con la Jurisprudencia Judicial reciente y mayoritaria, tal como lo indica también la Orden de Servicio N° 2, del 28 de marzo del 2012, que Establece y Actualiza Criterios e Instrucciones en Materia de Defensa Judicial de la Dirección del Trabajo, en razón de lo cual no se puede desconocer la obligatoriedad, que como Órgano de la Administración del Estado que es la Dirección del Trabajo, que respecto de ella tienen los pronunciamientos de la Contraloría General, razón por la cual no se puede actuar en contrario.

En lo referente a la ausencia de los presupuestos del recurso de protección, sostiene la informante, que el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que establece el Recurso de Protección, dispone que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1°, 2°, 3° inciso quinto, 4°, 5°, 6°, 9° inciso final, 11°,12°, 13°, 15°, 16° en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19°, 21°, 22°, 23°, 24° y 25°, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva (...).”, de lo que se colige que para que proceda este recurso, es necesario que el acto u omisión contra el cual se entabla, sea arbitrario o ilegal y que vulnere alguno de los derechos o garantías que indica la norma señalada (siendo estos requisitos copulativos) y, en el caso en particular, la recurrente indica que ese Servicio al declarar inadmisible su solicitud de reconsideraciones administrativas habría vulnerado lo dispuesto en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República (igualdad ante la ley), lo cual no es efectivo, por cuanto el Ordinario N° 061, de fecha 14 de Febrero de 2018, acto contra el cual se entabla el Recurso de Protección por la empresa Salmones Friosur S.A., no son ni arbitrarios, ni ilegales y no vulneran la garantía del artículo 19 N° 2 de nuestra Constitución Política de la República.

En relación a una ausencia de arbitrariedad en la actuación de la Inspección del Trabajo de nombre reservado, sostiene, que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir; falta de proporción entre los medios y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener o una inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar y, lo que no ha tenido lugar en este caso, por cuanto el servicio se ha limitado a actuar conforme a la doctrina e instrucciones vigentes ese Servicio y de la Contraloría General de la República, en la materia especifica de que se trata, los que han realizado diversos análisis a fin de dilucidar el tipo de plazo a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo, pudiéndose estar o no de acuerdo con la interpretación realizada, y que por ser vinculante para el servicio fue aplicada en este caso, pero eso no significa que al resolver de la manera en que se hizo, al dictar el Ordinario N° 061 , de fecha 14 de Febrero de 2018, se haya actuado de forma arbitraria, como dice el recurrente.

Refiere, en cuanto a la ausencia de ilegalidad en la actuación de la Inspección del Trabajo de nombre reservado, que un acto ilegal es cuando no se atiende a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley, y el hecho de que su servicio, así como la Contraloría General de la República, sostengan que el plazo a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos y no de días hábiles, como indica alguna jurisprudencia judicial, no significa que su actuación sea ilegal, señalando que lo anterior llevaría al absurdo de que cada vez que ese Servicio interpretara y/o aplicara una norma laboral de manera distinta a la que la interpretan y/o aplican los Tribunales de Justicia actuaría ilegalmente; además muchas veces han tenido distintas interpretaciones de la normativa laboral y de la aplicación de ciertos principios que regulan la relación laboral, algunas de las cuales se han mantenido en el tiempo, pero en otras se ha unificado criterios, y la doctrina una vez minoritarias se han vuelto mayoritarias, lo que no podría llevarse a cabo si se sigue la tesis de la recurrente.

Manifiesta, en cuanto a una ausencia de vulneración de la garantía constitucional protegida del artículo 19 N° 2, que el recurrente en su presentación indica que la decisión de ese Servicio, plasmada en el Ordinario N° 061, de fecha 14 de Febrero de 2018, habría vulnerado la garantía constitucional citada, pero no señala cómo la actuación de ese Servicio habría vulnerado dicha garantía, sin perjuicio de que el Servicio que representa en ningún caso ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley ni ha establecido diferencias arbitrarias, sino que, en el caso, ha aplicado tanto la interpretación realizada por ese Servicio como por la Contraloría General de la República, respecto del artículo 512 del Código del Trabajo, interpretación que aplica a todas las reconsideraciones que son presentadas y que no solamente se ha aplicado a la recurrente y que, además, el citado Ordinario N° 061, habría vulnerado la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24, en atención a que eventualmente él se vería obligado a cancelar el importe de las multas que reclamaba mediante las reconsideraciones administrativas a las que no se le dio curso, tampoco ha habido una vulneración de esa garantía por parte del actuar del Servicio, por cuanto, la recurrente siempre ha tenido la vía judicial ordinaria para reclamar de la decisión plasmada en los ordinarios del Servicio y aún no se ha visto obligada a efectuar ningún desembolso, por lo que es una mera expectativa de vulneración, lo cual no está protegido ni consagrado en la Constitución, recalcando, en síntesis, que la supuesta vulneración a la garantía de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad (artículos 19 N° 2 y 19 N° 24 de la Constitución Política de la República) respectivamente, alegados por la recurrente, se caen por el hecho de que el Servicio aplica este criterio a todas las reconsideraciones que son presentadas por los empleadores y que estén en la misma situación y no es un criterio que solamente se haya aplicado en este caso, como tampoco se ha visto obligada a efectuar ningún desembolso patrimonial que pueda significar una vulneración del artículo 19 N° 24, concluyendo que la Inspección del Trabajo de nombre reservado ha actuado conforme a las instrucciones vigentes de ese Servicio y a los dictámenes de la Contraloría General de la República, que le son vinculantes, sin que se haya incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno que prive, perturbe o amenace alguna garantía constitucional, de aquellas protegidas por este arbitrio, por lo que solicita a esta Corte se rechace, en todas sus partes, el recurso de protección interpuesto, por carecer de fundamentos jurídicos, al no existir una acción ilegal o arbitraria que lo haga procedente, con expresa condenación en costas.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Que, por consiguiente, siendo el recurso de protección una solución eficaz para prestar inmediato amparo al afectado, cada vez que una garantía de libertad o un derecho fundamental esté o pueda estar amenazado, restringido o coartado por actos u omisiones ilegales o arbitrarias de un órgano del Estado o de un particular, tal solución es, en tanto sea posible y efectiva, la restauración del derecho agraviado, puesto que si no hay agravio carecería de objeto la acción de protección, que busca precisamente que sea posible el restablecimiento del “statu quo” vigente al momento en que se produjo el acto lesivo al ejercicio de un derecho amparado por el artículo 20.

QUINTO: Que, de otro lado, como la protección fue concebida para restablecer el imperio del derecho y resguardar el orden jurídico vigente si éste se ve alterado a causa de actuaciones arbitrarias o ilegales, preciso es consignar que la arbitrariedad necesariamente, desde el punto de vista conceptual, debe vincularse y relacionarse con la noción de actuares u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que debe regirse por el principio de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones, y en ningún caso por el mero capricho o veleidad.

Asimismo, la existencia de ilegalidad conjuga tanto la idea de lo contrario a derecho, y también, en forma más técnica, el no respeto o infringimiento de una norma jurídica.

SEXTO: Que, para dilucidar la materia controvertida y, de acuerdo a los antecedentes que rolan en estos autos, se puede constatar que el acto denunciado como ilegal o arbitrario, en que habría incurrido la Inspección del Trabajo de Puerto nombre reservado, consiste en que ésta, con fecha 14 de febrero de 2018, mediante Ordinario N° 061, resolviendo la presentación efectuada por al recurrente, Salmones Friosur S.A., por la cual esta última solicitó reconsideración de las multas impuestas por Resolución N° 1273/17/21, de 31 de agosto de 2017, denegó conocer tal solicitud, por estimar que no se dio cumplimiento a los requisitos que permitan al Servicio para conocer tal solicitud y admitirla a tramitación, específicamente, por no haberse presentado ésta “dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde la notificación (1)”, agregando al pie de su resolución y en atención a lo decretado que: “La Contraloría General de la República, en diversos dictámenes, incluido el N° 85946, de 31 de diciembre de 2013, cuya conclusión es vinculante, y por lo tanto de aplicación obligatoria para la Dirección del Trabajo, ha establecido, expresamente, que el plazo para interponer el recurso de reconsideración administrativa contemplado en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, es de 30 días corridos, contados desde su notificación.

SÉPTIMO: Que, relacionado con lo anterior, debe también dejarse establecido, como hechos que no han sido controvertidos, en lo sustancial, que la multa administrativa impuesta, de fecha 31 de agosto de 2017, fue notificada al recurrente sólo el día 6 de octubre de 2017, habiéndose solicitado la reconsideración administrativa en base a los artículos 511 y 512, con fecha 30 de octubre de 2017.

OCTAVO: Que, la recurrida, al informar el recurso, expuso que éste debe ser rechazado por el solo hecho de desconocer el recurrente los mecanismos de impugnación concedidos por el propio Código del Trabajo, según se señala en el artículo 512 de dicho cuerpo legal; que el actor hizo uso del recurso administrativo que señala el artículo 511 de dicho cuerpo legal, y que la materia en estudio es propia de los Tribunales del Trabajo, por lo que no existe medida de protección que la Corte pueda adoptar, pues escapa del marco del recurso que se conoce.

NOVENO: Que, en relación con lo anterior, debe tenerse presente que lo alegado no puede ser considerado puesto que el artículo 20, inciso primero, de la Constitución Política de la República, es procedente para cautelar todos aquellos derechos y garantías que constitucionalmente reconoce, pero ello es sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer el afectado, ante la autoridad o los tribunales correspondientes, que fue lo que precisamente el recurrente efectuó.

DÉCIMO: Que, señalado lo anterior, debe expresarse que la acción intentada por el recurrente, ante la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, de Reclamación de Multas Administrativas ante el Director del Trabajo, o ante quien le hubiere delegado las facultades de resolución, en este caso, la citada Inspección, fundado en lo dispuesto en los artículos 512 y 511 del Código del Trabajo, consiste en un procedimiento de naturaleza esencial y eminentemente administrativo y, por ende, se encuentra sujeto a las normas de la Ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia y como ya se ha determinado por la Excma. Corte Suprema, otras Cortes de Apelaciones y también por este Tribunal de Alzada, si el artículo 512 del Código del Trabajo determina que la solicitud escrita del interesado debe presentarse dentro del plazo de 30 días de notificada la resolución, sin expresión acerca de si dicho plazo es de días corridos o continuos o de días hábiles o discontinuo, para su adecuada inteligencia habrá de estarse a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley 19.880, aplicable en la especie por lo dispuesto en el artículo primero del mismo cuerpo legal, debiendo, entonces, concluirse que el plazo establecido en el citado artículo 512, es un plazo de días hábiles, debiendo descontarse de su cómputo los días sábados, domingos y festivos, los que deben ser considerados como inhábiles, de acuerdo a la Ley 19.880, norma que debe primar, por su especialidad, respecto de la de carácter general, contenida en el artículo 50 del Código Civil.

DUODÉCIMO: Que, en consecuencia, considerando que la solicitud de Reconsideración de Multa Administrativa se presentó dentro del plazo legal establecido por la ley que, como se señaló, es de días hábiles y no corridos, el recurso de protección interpuesto debe ser acogido ya que la recurrida, con la dictación del Ordinario número 061, que decretó la inadmisibilidad de dicha solicitud, incurrió en infracción de ley vulnerando la garantía del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en perjuicio de la recurrente, ya que su actuación debe ser considerada como ilegal y arbitraria, desde el momento que se negó a tramitar un recurso que se encuentra contemplado en la ley y que fue deducido dentro de plazo.

DÉCIMO TERCERO: Que, atendido lo resuelto precedentemente, aparece inoficioso pronunciarse respecto del derecho y garantía establecido en el número 24 del artículo y cuerpo legal ya citados, por lo que se omitirá pronunciamiento respecto de ello.

Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Garantías Constitucionales, y sus modificaciones, se declara que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don Alejandro González del Riego García, en representación de Salmones Friosur S.A., en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, representada por don nombre reservado y, en consecuencia, se deja sin efecto el ordinario número 061, de fecha 14 de Febrero de 2018, que declaró inadmisible la solicitud de reconsideración de multas administrativas impuestas mediante Resolución número 1273/2017/21, de 31 de Agosto de 2017, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración administrativa a que se hizo referencia, en atención a haber sido éste presentado dentro de plazo legal.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular don Sergio Fernando Mora Vallejos.

Rol 59-2018.