nombre reservado con MUNICIPALIDAD CHILE CHICO

Coyhaique, a quince de junio dos mil veintidós.

VISTOS:

Con fecha 27 de abril de 2022, comparece don Andrés Hassen Rosales, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, auxiliar de aseo, con domicilio en domicilio reservado, Región de Aysén, quien deduce recurso de protección en contra de la Municipalidad de Chile Chico, representada legalmente por su Alcalde, don Luperciano Muñoz González, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región de Aysén, por cuanto estima que la recurrida ha incurrido en un acto arbitrario e ilegal, consistente en que, con fecha 28 de marzo de 2022, ha dictado un acto administrativo, en virtud del cual decretó la desvinculación de la recurrente de su trabajo de auxiliar de aseo en la Escuela Básica de Chile Chico, vulnerando las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 2, 24 y 16, de la Constitución Política de la República, solicitando, se disponga, “Que se ordene a la recurrida dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio Afecto N° 212, de 28 de marzo de 2022, que dispuso la desvinculación de nombre reservado, a contar del 1 de marzo de 2022; Que se ordene a la recurrida reintegrar a nombre reservado a su trabajo de auxiliar de aseo en la escuela Básica de Chile Chico; Que se condena en costas a la recurrida”

Con fecha 29 de abril de 2022, se declaró admisible el recurso de protección y se solicitó informe a la recurrida, debiendo adjuntar todos los antecedentes que existan en su poder sobre el asunto motivo del recurso.

Con fecha 13 de mayo de 2022, se agregó el informe evacuado por don Marcelo Castillo Sánchez, abogado en representación de la recurrida.

Con fecha 7 de junio de 2022, se trajeron los autos en relación, y con fecha 9 del mismo mes y año, se procedió a la vista de la causa, con la comparecencia telemática, del abogado don Marcelo Castillo Sánchez, contra el recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la parte recurrente, fundamentando su recurso sostiene que, con fecha 1 de marzo de 2017, suscribió contrato de trabajo con la Ilustre Municipalidad de Chile Chico, para desempeñarse en calidad de asistente de la educación en la Escuela Básica de Chile Chico, en la categoría de auxiliar de servicio, de manera indefinida, con cumplimiento de 44 horas semanales, en labores de aseo, ornato, mantención de las salas y de los pasillos.

Indica que, con fecha 30 de julio de 2019 suscribió una modificación de contrato, en virtud de la cual se aumentó su remuneración mensual, modificación que se aprobó mediante Decreto Alcaldicio Exento N° 2787, de fecha 1 de agosto de 2019, de la Municipalidad de Chile Chico.

Posteriormente, en el mes de junio de 2021, asumió el alcalde don Luperciano Muñoz González, designando un nuevo Director de la Escuela Básica de Chile Chico.

Señala que el mencionado el Alcalde realizó diversas contrataciones de asistentes de la educación, todas personas afines a su tendencia política, para desempeñarse en la Escuela Básica de Chile Chico, algunos en calidad de auxiliar de servicio, en circunstancias que por ley sólo puede haber un número máximo de asistentes de la educación, en cada establecimiento de educación pública, contrataciones que no fueron sometidas a test ni informes psicológicos, contrariamente a lo que mandata la ley para trabajos con menores, incluyéndose finalmente, dos auxiliares de servicio de aseo.

Alega la recurrente que, de regreso de vacaciones, en marzo de 2022, se presentó a trabajar y se le prohibió la entrada a la Escuela, indicándosele que había sido desvinculada por ajustes de la dotación de asistentes de la educación, y el decreto que lo establecía pronto se le notificaría.

Esgrime que, su desempeño fue excelente, con una hoja de vida intachable, sin ningún proceso disciplinario ni anotación de demérito, cursando estudios tales como los cursos de “Estrategias de apoyo a la gestión escolar de los paradocentes de establecimientos educacionales” y “Resolución de conflictos desde la autorregulación en el aula”.

Sostiene que, con fecha 1 de abril de 2022, su representada recibió una carta que le notificaba el Decreto Alcaldicio Afecto N°212, de fecha 28 de marzo de 2022, de la Municipalidad de Chile Chico, que aprueba el término de su contrato de trabajo y el cese de sus funciones, por un supuesto ajuste de la dotación de Asistentes de la Educación, a contar del 1 de marzo de 2022, es decir, con efecto retroactivo, no obstante su vínculo laboral se rije por el Código del Trabajo, y las disposiciones transitorias de la Ley N° 21.190, del año 2018, que establece el Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública.

Acota que el mencionado Decreto Alcaldicio Afecto N° 212, de 28 de Marzo de 2022, que aprueba la desvinculación funda su determinación en el artículo octavo transitorio de la referida Ley N°21.109.

A mayor abundamiento, la Municipalidad argumenta que el término del contrato de trabajo “se debe a cambios, ajustes y redistribución que se efectuó a la dotación por el no cumplimiento del cociente de asistentes a la educación según matrícula, definido por el Ministerio de Educación” (sic)

Alega que la recurrida explica que el ajuste se funda en la letra a) del artículo octavo transitorio ya mencionado, relativo a variación en el número de estudiantes matriculados, ello en atención a que actualmente el cociente para determinar el número de asistentes de la educación que deben trabajar en la Escuela de Chile Chico, sería inferior al informado por el Ministerio de Educación, lo que implica que el número de asistentes es mayor que el que debería existir.

Manifiesta que, la fundamentación esgrimida descansa en un supuesto que aún no se ha producido, cual es el traspaso de los asistentes de la educación, que actualmente dependen de la Municipalidad, al Servicio Local de Educación, según lo mandata la Ley N° 21.109, según indican los literales c), d), e), f), g), h) e i), del Decreto Afecto 212, pero referidos a hipótesis aplicables dentro de los 5 años contados desde el traspaso de los asistentes de la educación, lo cual no se ha producido aún, siendo improcedente su aplicación a la recurrente. Agrega que confirma lo señalado, lo prescrito en el artículo Décimo Quinto Transitorio de la Ley N°21.109, que entrega criterios para la desvinculación en caso que exista sobredotación al momento de constituirse el Servicio Local de Educación correspondiente, los que no tuvo en consideración la recurrida, ni se mencionan en el acto recurrido.

Agrega que, los argumentos para desvincular a su representada, son aplicables a los asistentes de la educación que tengan la categoría de profesional, técnico o administrativo, no a aquellos asistentes de la educación que son auxiliares.

Acusa que el actuar de la recurrida es arbitrario, desde que la situación de hecho que expone para fundamentar la desvinculación de su representada, no es tal, sino que previamente se incrementó intencionadamente el número de asistentes de la educación, precisamente para configurar una sobredotación y poder desvincular a determinadas personas, luego de ello, la recurrida fundamentó la desvinculación de personas no afines a su tendencia política.

Finalmente estima conculcadas las garantías establecidas en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, desde que se infringe la igualdad ante la ley, al establecer diferencias arbitrarias, y perjudicar a la recurrente por no ser una persona afín al pensamiento político del Alcalde, privilegiando a otra persona, que sin cumplir las exigencias legales, ha ocupado el puesto que desempeñaba la actora. Asimismo estima conculcada la garantía establecida en el artículo 19 N°24 de la Constitución, pues la priva su derecho de propiedad sobre el empleo y sus remuneraciones, originados en virtud del contrato de trabajo indefinido que había suscrito con la recurrida el 1 de marzo de 2017.

Por último, manifiesta que el actuar de la recurrida, vulnera su derecho establecido en el artículo 19 N°16 de la misma Carta Fundamental, toda vez que la desvinculación de la recurrida, atenta contra su derecho a la libertad de trabajo y su protección al desvincular a la actora sin atender a su capacidad ni idoneidad técnica, sino que por el sólo hecho de no ser partidaria de su pensamiento político del Alcalde.

SEGUNDO: Que, don Marcelo Castillo Sánchez, abogado en representación de la recurrida, evacuando el informe solicitado, señala que, la actora, interpuso ante la Contraloría Regional de Aysén con fecha 30 de Diciembre de 2021, una denuncia en contra de la Municipalidad de Chile Chico, en atención a que, con fecha 27 de diciembre de 2021, recibió por medio de correo certificado Chileexpress, una carta que notifica su desvinculación a partir del 1º de marzo 2022, fundado en los mismos hechos expuestos en el presente recurso de protección.

Indica que, con fecha 28 de febrero de 2022, mediante oficio Nº E189283/2022, la Contraloría Regional de Aysén desestimó el citado reclamo, y con fecha 27 de abril de 2022, mediante oficio Nº E207897/2022, la Contraloría Regional de Aysén, frente a una solicitud de reconsideración, confirmó el oficio E189283.

Solicitando el rechazo del recurso de protección, alega la extemporaneidad del presente recurso de protección, estimando que lo que se impugna mediante esta acción de protección es la “Carta Aviso” en la cual se le notificó el cese de funciones por ajustes y redistribución de los Asistentes de la Educación a doña nombre reservado, hecho que ocurrió el día 23 de diciembre de 2021.

En efecto, el Decreto Afecto Nº 212, de 28 de marzo de 2022, que aprueba el término del contrato de trabajo y cese de funciones por ajustes y redistribución de los Asistentes de la Educación de la recurrente, sólo se limitó a formalizar dicho despido.

Manifiesta que, ha transcurrió con creces el plazo de 30 días que establece el “Auto Acordado” respectivo, siendo este recurso extemporáneo, pues la recurrente fue notificada del despido con fecha 23 de diciembre de 2021 y al citar el decreto impugnado está tratando de revivir un plazo vencido.

Alega que, la recurrida no ha incurrido en ningún acto ilegal o contrario a derecho, que le pueda ser imputado o reprochado, pues en el recurso de protección no se describió infracción alguna a un texto legal en concreto, sosteniendo que en el “Informe Técnico Pedagógico” de la Sra. nombre reservado se indica que, conforme a los criterios anteriores, se fijó como máximo 25 Asistentes de la Educación contratados por Subvención Regular para la Escuela Básica de Chile Chico, lo cual fue aprobado por acuerdo del Concejo Municipal y esto implica la reducción de horas de la dotación y, consecuentemente, de personal. Precisamente, el H. Concejo Municipal aprobó el PADEM para el año 2022, y la Municipalidad, haciendo uso de la facultad que le conceden los incisos 2° y 3° del artículo octavo transitorio de la Ley 21.109, de 2018, y puso término a los contratos de trabajo, no sólo de la recurrente.

Sostiene que, tampoco existe “arbitrariedad” en la emisión del decreto impugnado, pues su representada ha actuado en forma lógica, racional, legítimamente y conforme a la reglamentación que la rige, especialmente en materia estatutaria de los Asistentes de la Educación, contemplada en la Ley Nº 21.109, como expresamente señaló la Contraloría General de la República, negando que existan actos u omisiones arbitrarios e ilegales, que conculquen las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, conforme a lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, el recurso de protección fue concebido para restablecer el imperio del derecho y resguardar el orden jurídico vigente cuando éste se ve alterado a causa de actuaciones arbitrarias o ilegales que perturban o amenazan el legítimo ejercicio de algunas de las Garantías Constitucionales contempladas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que la arbitrariedad necesariamente, debe vincularse y relacionarse con la noción de actos u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por el principio de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad.

Por su parte, la existencia de ilegalidad conjuga tanto la idea de lo contrario a derecho, o, más técnicamente, el no respetarse o infringir una norma jurídica.

QUINTO: Que, para un mejor acierto del fallo, deben tenerse como hechos de la causa, los siguientes:

1. Que, con fecha 9 de noviembre de 2021, mediante Acuerdo N°76, el Honorable Concejo Municipal de Chile Chico, aprueba el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, PADEM 2022 y el 10 de noviembre de 2021, mediante Decreto Afecto N°3565, se aprueba el Plan Anual de Educación Municipal año 2022, PADEM 2022.

2. Que, el Informe Técnico de la funcionaria nombre reservado, evacuado por el Director (S) de la Escuela Básica de Chile Chico, don nombre reservado, solicita la aplicación del artículo 8° Transitorio de la Ley 21.109, esto es, terminar el contrato de la recurrente a consecuencia de los cambios, ajustes y redistribución que se efectúe a la dotación de asistentes de la educación, justificada en los antecedentes recopilados para el PADEM 2022.

3. Que, con fecha 23 de diciembre de 2021, mediante “Carta de Aviso”, el Departamento de Educación Municipal, representado por el Alcalde don Luperciano Muñoz González, cumple con informar el cese de sus funciones, por ajustes y redistribución de la dotación de asistentes de la educación, a contar del 1 de marzo de 2022.

4. Que, con fecha 28 de marzo de 2022, mediante Decreto Afecto N°212, se aprueba el término de contrato de trabajo y cese de funciones por ajustes y redistribución de la dotación de Asistentes de la Educación de doña nombre reservado, a contar del 1 de marzo de 2022, en virtud del informe, PADEM 2022.

SEXTO: Que, en primer término, en cuanto a la eventual ilegalidad de la resolución en cuestión, no aparece discutido que la decisión se encuentra dentro del marco de las atribuciones de la recurrida, de modo que dicho acto no es ilegítimo o ilegal, ya que el Decreto Afecto N°212, de fecha 28 de marzo de 2022, emana de quien estaba facultado para generarlo, esto es, el Alcalde, en el marco de sus atribuciones legales, lo que implica que desde un punto de vista formal ha sido pronunciado dentro de la legitimidad que la legislación otorga, pero esto, sin analizar el contenido y fondo de la resolución que se trata, lo que se desarrollará en los considerandos siguientes.

SÉPTIMO: Que, de acuerdo a los antecedentes existentes, la controversia se reduce en determinar si el artículo octavo transitorio de la referida Ley N°21.109, resulta o no aplicable al caso en cuestión, en atención a que la recurrente señala que dicho fundamento descansa en un supuesto que aún no se ha producido, referido al traspaso de los asistentes de la educación, que actualmente dependen de la Municipalidad, al Servicio Local de Educación, órgano distinto de la Municipalidad, al que le corresponderá administrar la Escuela Básica de Chile Chico, según lo mandata la mencionada Ley, como asimismo, verificar si los argumentos de la recurrida para poner término al contrato de trabajo son aplicables sólo a los asistentes de la educación que tengan la categoría de profesional, técnico o administrativo, excluyendo a los asistentes de la educación que son auxiliares, como es el caso de la recurrente.

OCTAVO: Que, previo a resolver el fondo del asunto, deberá dilucidarse la alegación de extemporaneidad formulada por la parte recurrida, considerando que el numeral 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las garantías constitucionales, establece que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

NOVENO: Que, de lo expuesto por las partes en sus presentaciones principales, esto es, el recurso y el informe respectivo, se colige que el acto arbitrario e ilegal recurrido, consiste en el Decreto Afecto Nº 212, de fecha 28 de marzo de 2022, según se estableció en el considerando Quinto precedente, lo que no fue controvertido por los litigantes y, que se verifica con los antecedentes allegados, por lo que desde esta oportunidad a la fecha de presentación de la presente acción constitucional, esto es, el 27 de abril de 2022, no ha transcurrido el plazo fatal de 30 días corridos para deducir la acción, debiendo contarse el plazo desde la fecha de esta comunicación, por ser éste el acto administrativo terminal, que manifiesta la decisión de aprobar el término de Contrato de Trabajo y cese de funciones por ajustes y redistribución de la dotación de Asistentes de la Educación de doña nombre reservado, a contar del 1 de marzo de 2022 y que culminó la decisión adoptada por la autoridad administrativa, poniendo fin a la relación laboral existente, ya que es el acto final y formal que, además, establece que el finiquito se encuentra para firma de las partes y su correspondiente pago, ordenado el pago de indemnizaciones y desahucio, antecedentes que no contiene la “Carta Aviso” de 23 de diciembre de 2021, a que alude el recurrido y desde el cual efectúa el errado cálculo del plazo de interposición del recurso.

DÉCIMO: Que, el sustento fáctico del libelo pretensor de la recurrente apunta a desvirtuar la justificación y argumentaciones del empleador para poner término a su vínculo laboral determinando su desvinculación, quien ha obrado arbitrariamente al incrementar intencionadamente el número de asistentes de la educación, para configurar una sobredotación y desvincular a determinadas personas, no afines a la tendencia política del Alcalde, contratando a su vez asistentes de la educación cercanos a su pensamiento, para desempeñarse en la Escuela Básica de Chile Chico, algunos en calidad de auxiliares de servicio, en circunstancias que por ley sólo puede haber un número máximo de asistentes de la educación, en cada establecimiento de educación pública, contrataciones que no fueron sometidas a test ni informes psicológicos, incluyendo dos auxiliares de servicio de aseo.

Que de lo expuesto en el recurso se advierte que tales planteamiento constituyen en síntesis, cuestiones de hecho, que impugnan los criterios utilizados por el empleador para determinar las causas y personas desvinculadas.

UNDÉCIMO: Que por su parte la recurrida controvierte tales circunstancias, respaldando su defensa en el “Informe Técnico Pedagógico” de la Sra. nombre reservado, que plasma los criterios asumidos ´para adoptar las decisiones de desvinculación y contratación, que fijó como máximo 25 Asistentes de la Educación contratados por Subvención Regular para la Escuela Básica de Chile Chico, siendo aprobado por acuerdo del Concejo Municipal, lo que implica la reducción de horas de la dotación y, consecuentemente, de personal, de acuerdo a la facultad que le conceden los incisos 2° y 3° del artículo octavo transitorio de la Ley 21.109, y puso término a los contratos de trabajo, no sólo de la recurrente, lo que fue refrendado por el pronunciamiento de la Contraloría, que estimó en general que la decisión administrativa se ajustaba a derecho, DUODÉCIMO: Que, de lo anterior, se advierte que la recurrente aduce una serie de hechos referidos al cumplimiento de las formalidades y requisitos que rodearon la terminación de los servicios, con motivo del contrato laboral que la ligaba con la recurrida, siendo dable concluir que entre estas partes se ha originado una discusión y controversia que debe ser dilucidada, en cuanto a las pretensiones de una y otra, por una vía laboral de lato conocimiento y no por la presente vía del recurso de protección, que tiene una naturaleza jurídica excepcional y objetivos distintos, que sólo pueden referirse a derechos indubitados y manifiestos que deben aparecer y constar del solo mérito de los antecedentes allegados a este proceso, lo que no ocurre en el presente caso, razón por la cual el recurso de protección intentado debe ser desestimado y, así se declarará.

Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Garantías Constitucionales, y sus modificaciones, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido con fecha 27 de abril de 2022, por don Andrés Hassen Rosales en contra de la Municipalidad de Chile Chico, sin perjuicio de los derechos que las partes puedan ejercer y discutir por las vías legales que sean pertinentes.

Regístrese, notifíquese y archívense en su oportunidad. Redactada por la Ministro Titular doña Natalia Marcela Rencoret Oliva.

Rol N°580-2022 (Protección).