nombre reservado con SECCION DE REMUNERACIONES POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

En Coyhaique, a veintitrés de Junio del año dos mil veinticinco.

VISTOS:

En lo principal de la presentación de fecha 17 de Febrero del año 2025, comparece la abogado doña Karen Paola Delgado Gómez, en representación de doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, departamento que se encuentra bajo la jerarquía administrativa del Prefecto General doña nombre reservado, a cargo de la Jefatura Nacional de Administración y nombre reservado, en adelante JENAPERS, con domicilio en domicilio reservado, por la omisión de pago de los saldos remuneratorios adeudados de la “asignación de grado efectivo”, afectando las garantías contenidas en el artículo 19 N°s 2 y 24, de la Carta Fundamental, solicitando, en definitiva: ‘’… se sirva adoptar de inmediato todas las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los recurrentes, ordenando a la recurrida que cancele todos los montos adeudados de mi representada por el desempeño de la Serena y Coyhaique…’’ Con fecha 29 de Mayo del año 2025, doña María Inés Wise Díaz de la Vega, abogada, en representación de don nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, incorporó el informe requerido.

Con fecha 07 de Junio del año 2025, se ordenó traer los autos en relación y el 18 del mismo mes y año, se procedió a la vista del recurso, compareciendo solamente de manera remota por la parte recurrente, la abogado, doña Angélica Barrientos Santibáñez; quedando la presente causa en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente funda su solicitud, indicando que ingresó a la institución el 01 de Julio de 2005 y continua en servicio activo en la misma. Expone que, su carrera funcionaria comenzó como perito en el LACRIM Santiago, siendo posteriormente trasladada al LACRIM La Serena y finalmente destinada al LACRIM Coyhaique, donde actualmente desempeñas sus funciones.

Sostiene que, desde el ingreso a la institución, se genera el derecho a percibir la asignación de grado efectivo, con un incremento correspondiente cuando el funcionario desempeña sus labores en regiones que otorgan el derecho a asignación de zona, como es del caso en comento.

Manifiesta que en el mes de mayo de 2019, se informó que habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes les correspondiese el derecho de percibirla, lo cual fue comunicado mediante Radiograma N°225, del 30 de mayo de 2019 de la JENAPERS, no obstante, la recurrida dejó de pagar el monto íntegro de dicha remuneración, informado mediante Radiograma N°285 de fecha 02 de julio de 2019, en el que se requiere a la Contraloría General de la República un pronunciamiento, respecto a la base de cálculo.

Explica que, con fecha 26 de abril de 2021, la Contraloría General de la República emitió respuesta al pronunciamiento de la PDI evacuando el Dictamen N°E98928 / 2021 que, en síntesis, establece, que la forma de pago efectuada en el mes de mayo de 2019 se había hecho de forma correcta.

Precisa que, la recurrida informó que el pago sería sólo parcial, al estimar que con la emisión del dictamen se generaba este derecho, por emplear la palabra “actualmente”. Asevera que, esta interpretación fue clarificada en diversos fallos previos sobre la misma cuestión litigiosa, los cuales resolvieron de manera definitiva la ambigüedad del referido Dictamen, determinando que el pago corresponde desde el ingreso a la institución hasta el 26 de abril de 2021, que es el periodo reclamado en autos.

Señala que, tomó conocimiento de la ilegalidad con fecha 28 de enero de 2025, producto de la sentencia dictada en causa Rol N°271-2024, por esta misma Corte de Apelaciones. En dicha sentencia se acogió un Recurso de Protección relacionado con la misma materia debatida en autos.

Por su parte, en cuanto a las garantías vulneradas señala que se conculca su derecho preexistente e indubitado de propiedad sobre las remuneraciones que la recurrida le adeuda, dentro del contexto latamente abordado en el desarrollo de esta presentación.

Además, se transgrede el derecho de igualdad ante la ley, dado que la institución establece una distinción injustificada en comparación con otros funcionarios y exfuncionarios en situaciones similares, quienes han recibido el pago íntegro de la asignación de grado efectivo. Esto incluye a aquellos beneficiados por sentencias que han sido acogidas, lo que evidencia que la recurrida ha persistido en la omisión del pago.

SEGUNDO: Que, emitido el informe requerido, la recurrida, en primer lugar, alega en él la prescripción de la acción.

Manifiesta que, el Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 15 de mayo de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, que establece el Estatuto del Personal de Investigaciones de Chile, no consagra un plazo de prescripción para el derecho al cobro de las asignaciones establecidas en aquel cuerpo normativo, razón por la cual, supletoriamente, debe aplicarse lo dispuesto en la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo.

Agrega que, en ese orden de ideas, conforme a la legislación vigente, el pago de la asignación de zona constituye un derecho funcionario, razón por la que a esta remuneración le son aplicables las reglas de prescripción contenidas en el artículo 99 de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, que dispone: “El derecho al cobro de las asignaciones que establece el artículo anterior, prescribirá en el plazo de seis meses contado desde la fecha en que se hicieron exigibles”.

Sostiene que, es de conocimiento que las asignaciones a que alude el artículo 99 del Estatuto Administrativo, se hacen exigibles desde el momento en que se devengan, esto es, desde que se han verificado las condiciones que establece la ley para el pago de las mismas, pues, en ese instante, nace el derecho a percibir las sumas respectivas.

Destaca que el plazo de prescripción de seis meses, previsto en el citado artículo 99, según el principio general establecido en el artículo 2514, inciso segundo, del Código Civil, se cuenta desde que las obligaciones se hicieron exigibles, lo que, tratándose del derecho al pago de remuneraciones periódicas, acontece desde que éstas se devengan. Añade que, en cuanto a la interrupción del cómputo del plazo de prescripción, el ente Contralor ha señalado, que el derecho al cobro de las asignaciones de su artículo 98, dispone el plazo de seis meses, contados desde que se hicieron exigibles, conforme a lo señalado en el artículo 99 de dicha ley, término que se interrumpe por el reclamo formal efectuado ante el pertinente organismo o ante esa entidad fiscalizadora, de acuerdo a los dictámenes N°s 21.838, de 2013 y 62.712, de 2014.

A mayor abundamiento, sostiene que la génesis del reclamo de la recurrente se funda en el Radiograma N°225, de 30 de mayo de 2019, mediante el cual informó que, por error, se encontraba pagando de forma incompleta la remuneración en un ítem que debía cancelarse de acuerdo a la asignación de zona. Sin embargo, en atención de la jurisprudencia administrativa contenida en los dictámenes N°s 33.924, de 2008; 47.598, de 2012; 47.562, de 2013, entre otros, se ha señalado que el plazo de prescripción de seis meses es aplicable al cobro de diferencias producidas por estipendios pagados parcialmente, tanto por un error en su cálculo o en la interpretación de la normativa aplicable, cuanto por la inadvertencia de la Administración de la concurrencia de un supuesto que permitía al interesado la percepción del estipendio en un monto mayor.

Por su parte, sostiene que, habiendo transcurrido con creces el plazo de prescripción consagrado en el ordenamiento jurídico para el cobro de las asignaciones contempladas en leyes especiales, como lo es el Estatuto Administrativo, la acción de protección intentada no puede prosperar.

Por otro lado, en segundo lugar, la parte recurrida alega la extemporaneidad del recurso de protección interpuesto, ya que, según lo señalado por la recurrente, habría tomado conocimiento del acto ilegal y arbitrario con fecha 28 de enero de 2025, producto de la sentencia dictada en causa Rol N°271-2024, de esta misma Corte de Apelaciones, sin especificar cómo se enteró en forma clara y fehacientemente y/o a través de qué medio idóneo y objetivo tomó conocimiento o, incluso, mediante cuál otro mecanismo legítimo, que permita establecer de manera fidedigna el inicio del cómputo del plazo para interponer la acción constitucional.

En cuanto al fondo, explica que, a raíz de distintos fallos dictados recientemente por la Excelentísima Corte Suprema, se han confirmado las sentencias definitivas que rechazan acciones de protección por los mismos hechos que se ventilan en estos autos, lo cual, a su criterio, ha modificado la jurisprudencia existente acerca de esta materia.

Así las cosas, menciona que intentar una acción de esta naturaleza para perseguir el cobro de remuneraciones no reclamadas en su oportunidad no constituye la vía idónea, por cuanto el recurso de protección tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos que se encuentren indubitados, lo que no ocurre en la especie. Agrega que, es cuestionable que la recurrente haya intentado una acción excepcionalísima, sin antes agotar la vía administrativa.

A mayor abundamiento, argumenta que la recurrente busca regularizar el pago de la gratificación de zona, desde su ingreso a la institución hasta la actualidad. Sin embargo, el Decreto Supremo N°135 de 2009, que regula este pago, sólo es aplicable desde su publicación en 2009, por lo que no puede aplicarse retroactivamente.

En cuanto al pago efectuado a la recurrente, establece que, en el mes de diciembre del año 2022, se realizó un pago de $10.471.766, por concepto de asignación de zona de forma retroactiva, tal como consta en la liquidación de sueldo del referido mes.

Por último, indica que no ha existido actuar ilegal o arbitrario de parte de la Policía de Investigaciones de Chile, pues se ha procedido conforme lo señala la Contraloría General de la República y, en conclusión, niega que se atente en contra de los derechos fundamentales de la recurrente, como también que el dictamen tenga efecto retroactivo, por lo que expresa que no procede el pago del período anterior al del dictamen del Órgano Contralor.

TERCERO: Que, se debe tener presente que el artículo 20, de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20, antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal -es decir, contrario a la ley-, o arbitrario, -esto es, producto del mero capricho de quien lo comete- y que, como consecuencia del mismo se afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión a adoptar por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, la recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en que fue privada del derecho de propiedad sobre el pago íntegro de sus remuneraciones, en contraprestación legítima por haber trabajado para la administración del Estado, en una zona extrema y descentralizada del país, vulnerando así, sus garantías constitucionales reconocidas en los N°s 2 y 24 del artículo 19, de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, de los elementos allegados durante la tramitación de la presente acción, los que fueron apreciados de conformidad a las reglas de la sana crítica, se pueden dar por establecidos los siguientes hechos:

1.- Que, doña nombre reservado, ingresó a la institución el 01 de Julio del año 2005, y continua en servicio activo en la misma.

2.- Que, con fecha 30 de Mayo del año 2019, mediante Radiograma N°225, de la JENAPERS, se informa al personal que para los trabajadores de la Policía de Investigaciones habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tengan derecho de percibirlo.

3.- Que, con fecha 2 de Julio del año 2019, mediante Radiograma N°285, se informa que las remuneraciones con asignación de zona continuarán pagándose, utilizando la base de cálculo original hasta recibida la respuesta del ente Contralor, solicitándose al personal mantenerse a la espera.

4.- Que, con fecha 26 de Abril del año 2021, la Contraloría General de la República, emitió respuesta al pronunciamiento de la PDI evacuando Dictamen N°E98928 / 2021, en el que se dispone que la asignación de especialidad al grado efectivo que actualmente recibe el personal de la Policía de Investigaciones de Chile, debe ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio.

5.- Que, la recurrente ejerció funciones en la Región de Coquimbo, ciudad de La Serena, desde el 01 de Mayo del año 2007, hasta el 15 de Septiembre del año 2008; y en la Región de Aysén, ciudad de Coyhaique, desde el 24 de Febrero del año 2018, hasta la fecha; de acuerdo con el Registro de destinaciones, contenido en la plataforma de Servicios de la Jefatura Nacional de las Personas, de la Policía de Investigaciones de Chile I.- EN CUANTO A LA PRESCRIPCIÓN.

OCTAVO: Que, la recurrida, primeramente, opuso excepción de prescripción, la que funda en que, según el artículo 99, de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, "el derecho al cobro de las asignaciones prescribirá en el plazo de seis meses contado desde la fecha en que se hicieron exigibles".

Sin embargo, dichas alegaciones no podrán ser acogidas en esta sede, en atención a la naturaleza constitucional que detenta la acción de protección enderezada, a través de la cual se solicita una cautela inmediata y de urgencia de uno o más derechos fundamentales e indubitados, de manera que, a causa de no ser el foco de lo impetrado, el petitorio no puede resultar enervado mediante la oposición de excepciones perentorias de carácter ordinario, que son propias de juicios de naturaleza civil o administrativa, estos últimos configurados como contexto procesal idóneo para obtener la declaración de la prescripción que se busca.

II. EN CUANTO A LA EXTEMPORANEIDAD.

NOVENO: Que, enseguida, se debe tener presente que el numeral 1° del Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establece que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

En tal orientación, debe recordarse que la recurrida refiere que lo reclamado por la recurrente se fundamenta producto de la sentencia dictada en causa Rol N°271-2024, por esta misma Corte de Apelaciones, en términos que acogió un Recurso de Protección relacionado con la misma materia debatida en autos, situación que, en su criterio, no resulta ser suficiente para acreditar de manera clara y fehaciente que ésta haya tomado conocimiento del hecho reclamado en la fecha indicada, esto es, recién con fecha 28 de Enero del año 2025.

No obstante, en el aspecto cuestionado, más allá de las dudas de la recurrida respecto a la data del efectivo conocimiento adquirido por la recurrente en torno a la situación que motiva el actual arbitrio, cabe tener presente que ya se ha decidido que la acción u omisión reclamada acarrea efectos de carácter permanente, fundamento que basta para desestimar la alegación de extemporaneidad formulada por la primera.

III.- EN CUANTO AL FONDO DE LA ACCIÓN DEDUCIDA.

DÉCIMO: Que, para un mejor acierto de lo que se resolverá, cabe destacar que, entre las funciones de la Contraloría General de la República, como ente fiscalizador, está la de velar por la legalidad de los actos de los organismos administrativos. De este modo, para cumplir dicha labor, tal organismo puede emitir informes y dictámenes, de naturaleza declarativa e interpretativa sobre cuestiones cuyo pronunciamiento se requiera. Es dable señalar, además, que en atención a que dichos actos se entienden incorporados a las leyes o reglamentos interpretados, no rige para ellos la prohibición de retroactividad.

Dicho esto, la solicitud efectuada por la JENAPERS, por intermedio del Radiograma N°285, del 2 de Julio del año 2019, a la Contraloría General de la República, con el objeto de que aclarara la manera en que debía conformarse la base de cálculo para el pago de la gratificación de zona, la cual fue respondida por el órgano contralor, mediante el Dictamen E98928, del 26 de Abril del año 2021, constituye precisamente sólo una aclaración en relación a la manera en que deben efectuarse los cálculos relativos a la gratificación de zona, lo que, a su vez, dista de ser un acto constitutivo de derechos, que implique el nacimiento de éstos para las partes a contar de tal Dictamen, desde que sólo aclara y explica los derechos que ya existían a la fecha de realizarse la consulta por parte de la JENAPERS. En consecuencia, no se trata de una aplicación retroactiva de las normas sobre la materia, sino la explicitación de lo ya existente.

UNDÉCIMO: Que, asentado lo anterior, cabe señalar que no resulta atendible el fundamento invocado por la recurrida en el informe evacuado y que dice relación con haber realizado todas las actuaciones que le competen para satisfacer su pago en favor de aquellos a quienes les asistía la asignación de especialidad al grado efectivo, considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tuviera derecho a este último beneficio, de conformidad al Dictamen N°E98928, de fecha 26 de Abril del año 2021, emanado de la Contraloría General de la República, al haber estimado no poseer efecto retroactivo, lo cual resulta ser una interpretación equivocada de lo señalado por el ente contralor, atendido lo indicado en el considerando precedente, pues dicha fecha de pronunciamiento no representa el nacimiento de los derechos de los recurrentes, sino que corresponde a una resolución consultiva sobre la materia.

DUODÉCIMO: Que, así las cosas, estos sentenciadores estiman que la recurrida Policía de Investigaciones de Chile, actuó de forma arbitraria, desde que a través de una interpretación errada de lo señalado por Contraloría, ha configurado una excusa inaceptable de la que se ha valido para no disponer el pago de una asignación que forma parte integrante de las remuneraciones a que tiene derecho el recurrente de autos y respecto de las cuales ostenta un derecho de carácter indubitado y preexistente, por lo que no resulta procedente, en consecuencia, que el actor no reciba durante todo este tiempo, parte de sus remuneraciones por hechos u omisiones de la Administración, que no le son atribuibles, verificando así, la afectación a su garantía constitucional consagrada en el artículo 19, en su numeral 24, de la Constitución Política de la República, esto es, su derecho de propiedad, desde que se le ha privado de los emolumentos correspondientes a la asignación discutida y a los cuales tenía derecho a que ingresen a su patrimonio.

Que, asimismo, el actuar arbitrario de la recurrida ha significado la afectación del derecho a la igualdad ante la ley que tiene el recurrente, reconocido en el artículo 19, N°2, de la Constitución Política de la República, pues de los hechos asentados se desprende que se le ha discriminado de forma arbitraria, en relación a los demás funcionarios, que en semejantes circunstancias han podido gozar de la señalada asignación de especialidad del grado efectivo, considerada en el cálculo de su respectiva gratificación de zona.

DÉCIMO TERCERO: Que, así las cosas, y habiendo incurrido la Policía de Investigaciones, en un actuar arbitrario e ilegal que priva al recurrente de las garantías constitucionales referidas, cabe a esta Corte acoger el presente recurso de protección, solo en cuanto la recurrida deberá disponer el pago de la asignación que favorece al recurrente, respecto del período no solucionado por aquélla.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que, SE RECHAZA la excepción de prescripción, deducida por la recurrida, Policía de Investigaciones de Chile.

II.- Que, SE RECHAZA la petición declaratoria de extemporaneidad, deducida por la recurrida, Policía de Investigaciones de Chile.

III.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por, Karen Paola Delgado Gómez, abogada, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, solo en cuanto la recurrida deberá disponer el pago de la asignación que favorece a la recurrente, conforme al cálculo que se determinará en la sede correspondiente, sin perjuicio de los derechos se puedan hacer valer en el procedimiento administrativo de rigor.

Acordada la decisión anterior con el voto en contra del señor Ministro Titular, don José Ignacio Mora Trujillo, quien fue del parecer que, la presente acción tiene como elemental exigencia aquélla que sólo pueda referirse a derechos indubitados y manifiestos, esto es, los que deben aparecer y constar del solo mérito de los antecedentes allegados al proceso, circunstancia que no se advierte concurrente en el caso de marras, desde que el derecho que sostiene poseer el actor y en base al cual funda su petición, se encuentra controvertido, tanto porque no ha existido claridad en la pretensión concreta que ha planteado, como por la introducción por la entidad recurrida de alegaciones de fondo relativas a la prescripción del mismo, discusiones y discrepancias que únicamente caben ser dilucidadas en un procedimiento diverso, de lato conocimiento, mas no por la presente vía sumarísima del recurso de protección, que es portador de caracteres jurídicos de excepcionalidad y urgencia, que se traducen en brindar tutela inmediata a un derecho incuestionable; todo lo cual, al no verificarse, necesariamente conlleva a que el arbitrio intentado deba ser desestimado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del voto de mayoría por el Sr. Ministro Titular, don Pedro Castro Espinoza y el de disidencia, por su propio autor.

Rol N°: 57-2025. (Protección).-