nombre reservado con nombre reservado

Coyhaique, trece de Enero de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Que, con fecha 20 de noviembre de 2020, comparece doña nombre reservado, empresaria, cédula nacional de identidad n° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de doña nombre reservado, desconoce profesión u oficio, domiciliada en domicilio reservado, en razón de que, por redes sociales la recurrida, el día 9 de noviembre de 2020, habría efectuado publicaciones difamatorias, señalando hechos falsos y tendenciosos en su contra en el portal electrónico Facebook, afectando su empleo, honra y dignidad, como la tranquilidad familiar de la recurrente, vulnerando su garantía constitucional de respeto y protección a su vida privada transgrediendo la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 numeral 4° de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva, que se acoja el presente recurso y se le ordene a la recurrida eliminar inmediatamente todo el contenido publicado en descrédito de la recurrente y se abstenga en lo sucesivo de realizar este tipo de publicaciones por cualquier vía, con costas.

Con fecha 26 de noviembre de 2020 se declaró admisible el recurso de protección y se ordenó pedir informe a la recurrida.

Con fecha 3 de diciembre de 2020, la recurrida informó al tenor del recurso, solicitando su rechazo en virtud de los argumentos expuestos en dicho informe.

Con fecha 6 de enero de 2021 se ordenó traer los autos en relación.

Con fecha 8 de enero de 2021, se procedió a la vista de la causa, no se escucharon alegados.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la parte recurrente de protección funda su acción cautelar indicando, previamente que, con fecha 27 de mayo de 2020 suscribió un contrato de arrendamiento, en el cual ella, como arrendataria, en el pasado mes de noviembre le solicitó a la arrendadora y recurrida una separación con la vivienda colindante con ocasión de la pandemia sanitaria. En consecuencia, y ante la negativa de la arrendadora a acceder a la separación solicitada, junto a su familia decidió retirarse del inmueble arrendado. En tal contexto, señala la recurrente, que el día 5 de noviembre de 2020 la recurrida se apersonó frente al inmueble, ingresando a la vivienda de manera violenta con el pretexto de ver el estado de conservación, sin considerar la presencia de sus hijos menores de edad observando tal situación, con el evidente riesgo de contagio sanitario en consideración a la pandemia mundial que nos afecta. Posteriormente a ello, durante los días 6 a 9 de noviembre pasado, realizó el traslado de sus enseres, indicándole a la recurrida que le cancelaría todo lo adeudado, incluyendo los días ocupados en el traslado. Fue entonces que el día 9 de noviembre de 2020, por conocidos suyos se enteró que existía en su contra una Funa que fue publicada en el portal electrónico de Facebook, en la página “pichangas sureñas”, perfil de la recurrida, junto al siguiente texto: “Desde el día 20 de mayo se arrendo casa habitación a sra bagny monjes, byd Patagonia quien forma parte de esta empresa de sanitización y keoken turismo. Quien hasta el día 5 de actual mes se le dio termino de contrato, subo imágenes de como le entregue la casa al momento de arrendar y como me la tenia al y como quedo, decir que es una mujer con la cual no se puede hablar, pago una parte de los daños, ya que el resto lo adeuda dejando luz y agua pendientes, en ambas propiedades ya que su hijo me arrendaba la casa pequeña además agrego que salió peor que ratas arrancando sin dar la cara. Tuve que poner candados a ambos portones ya que dejo ventanas y puertas abiertas, xq según ella manifestó haber perdido las llaves de dicha propiedad se llevo colchón que no eran de ella y lonas el cual le pedí me lo devolviera ya que el otro quedo en malas condiciones, hoy me percato que me lo fueron a botar dentro del sitio lo cual habla muy mal de esta sra, ya que no tuvo nisiquiera era un poco de dignidad como mujer de limpiar, hoy le vuelvo a llamar x las llaves dijo que me las perdió, manifestándole yo que debería poner denuncia correspondiente pasan unos minutos y llama un hombre taxista donde esta sra me envía las llaves en un sobre y enviándome una carta, que impotencia de ver como una mujer que sanitiza en tiempo de pandemia, tiene una adulta mayor hijos a su cargo puede ser tan miserable tan cochina tan mala clase, esto lo publico y lo comparto para que no le pase a nadie mas y no siga cagando ni riéndose de la gente, adjuntando fotos de como arrende propiedad como la tenia y como me la dejo botada xq no fue digna de entregármela y darme la cara y si usted bagny cree que me intimida con su abogado déjeme decirle que las leyes las tengo mas que claras y ni hablar del patio.” (SIC).

Manifiesta la recurrente que la citada publicación es falsa, contiene imprecisiones o manipulaciones de la realidad que afectan su empleo, su honra y dignidad, como la tranquilidad de su familia. Agrega que al día de la publicación, como arrendataria, había pagado todas sus cuentas, como los servicios básicos, la mano de obra de un maestro como la renta por los días adicionales que le tomó concretar su mudanza, incluyendo el valor de un objeto que accidentalmente rompió. Expresa que la recurrida en su publicación comenta de manera parcial, con intención de perjudicarla, mencionando que había retirado un colchón, no explicando que ello se debió a un error de quien realizó la mudanza y que, las llaves también le fueron devueltas una vez que se percató que las había dejado en una cartera diversa. Todo ello, señala, afecta, su derecho a iniciar y a mantener una actividad económica rentable, perjudicando, además, y de manera injustificada su ambiente familiar y social. Precisa que estima que no es legítima la autotutela desplegada por la recurrida, obviando las vías legales para concretar sus intenciones, más aún si existe un contrato de arrendamiento no es aceptable que despliegue una campaña distorsionada de funa y de desprestigio por redes sociales en su contra, la cual generó una serie de malinterpretaciones y comentarios de terceros que no tienen relación alguna con el arriendo o el problema, consecuencias directas de la publicación subida a redes sociales por la recurrida. Indica que, adicionalmente, se ha visto afectada su honor en sus funciones empresariales y sociales al desempeñarse como presidente de la asociación de operadores de tour Huellas de la Patagonia y presidente de la asociación gremial de Trampi Aysén. Por ello sostiene que la eliminación de tal publicación es urgente toda vez que los perjuicios que ha sufrido se centran en una merma laboral, la renuncia de su principal socio a la empresa de sanitización y en la intranquilidad personal que ha debido afrontar con más de doscientos comentarios mal intencionados que ha debido enfrentar.

Arguye que la publicación oprobiosa que denuncia afecta las garantías protegidas por el numeral 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto ha existido una vulneración directa a su honra, identidad y vida privada, como, asimismo, a su reputación y dignidad en el ambiente social y laboral en el cual se desenvuelve. En tal sentido cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la honra y a la vida privada, como derechos personalísimos o del patrimonio moral de cada individuo; el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 17 y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos o Pacto de San nombre reservado Rica.

Agrega que la publicación es arbitraria e ilegal y que contraviene expresamente la Ley 19.628 que prohíbe la publicación de toda información personal sensible sin que medie aceptación expresa de la persona cuya información se trata, señalando que la publicación que denuncia contiene su nombre completo, referencias a su trabajo y fotografías. Agrega que la arbitrariedad incurrida por la recurrida está en su ánimo de venganza por hechos que no son verdaderos y si así lo fueren, deberían ser debatidos y resueltos en sede jurisdiccional y no mediante la campaña de funa que ha desplegado. Al efecto cita jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia. Como petición concreta solicita se decrete la inmediata eliminación de la referida publicación.

Finalmente, acompaña a su presentación la fotografía de la publicación cuya eliminación solicita, comprobantes de pago de servicios básicos y diversos antecedentes en apoyo de su acción constitucional.

SEGUNDO: Que la recurrida, doña nombre reservado, representada por el abogado don Pablo Fernando Arias Andrade, al evacuar su informe al tenor del recurso señaló que no es efectivo que ingresara de manera violenta al inmueble ocupado por la recurrente, en apoyo de tal aseveración cita el considerando octavo del contrato de arrendamiento, suscrito entre las partes con fecha 27 de mayo de 2020, por el cual se faculta al arrendador a visitar el inmueble objeto del contrato a fin de constatar sus condiciones de conservación y mantenimiento, percatándose así del deplorable estado del inmueble habitado por la arrendataria. A su vez, la recurrida reconoce la efectividad de haber publicado en la red social de Facebook lo señalado por la recurrente, y que ello se debió a la rabia e impotencia de haber observado el estado del inmueble dado en arrendamiento a la recurrente, señalando que de ningún modo se vulneró su honra, y ello por cuanto tal como consta en los comprobantes de luz y agua que acompaña a su informe, tales deudas por consumos básicos efectivamente existen. En cuanto a los comentarios de terceros que se asocian a la publicación materia de este recurso, señala que tales opiniones no pueden ser controladas ni manejadas toda vez que se trata de opiniones personales y que, en cuanto a la renuncia del socio principal de la recurrente, ésta no acompaña documento alguno que respalde tal aseveración la que también escapa de su responsabilidad. Al efecto, además, cita una causa en sede civil de esta ciudad por una demanda de precario en la cual la recurrente figura como demandada, señalando que la presente situación, en su opinión, no es un hecho aislado en cuanto a la conducta de la recurrente. Niega la recurrida que su publicación en redes sociales haya afectado, de manera alguna, el derecho fundamental de la recurrente por cuanto trató solamente de compartir su personal opinión y evitar que aquella, en lo sucesivo, volviera a realizar dichas actitudes respecto a futuros arrendatarios. (SIC)

Agrega que en el caso sub judice no existe vulneración alguna a los derechos fundamentales de la recurrente, citando un fallo de la I. Corte de Apelaciones de Santiago y de la Excma. Corte Suprema, más los comprobantes de servicios básicos que acompaña y el estado deplorable de la vivienda.

A su informe agrega dos contratos de arrendamiento, boletas de servicios básicos de luz y agua; copia de demanda de precario y partida de nacimiento de nombre reservado, hijo de la recurrente.

TERCERO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excelentísima Corte Suprema, el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que, a su vez, y como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar constitucional, la existencia de un acto u omisión ilegal - esto es contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil , o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes, protegidas, lo cual será fundamental para su decisión, por el tribunal ante el cual se interpone.

QUINTO: Que, de los antecedentes aportados se desprende con claridad que, el día 9 de noviembre de 2020 fue publicado por la recurrida en su página social de Facebook, a las 15:15 horas, un texto y fotografías, expresiones transcritas literalmente en el motivo primero de este fallo. Bajo tal premisa, deberá dilucidarse si el acto denunciado como agraviante, consistente en la antedicha publicación en redes sociales, constituye un acto arbitrario o ilegal.

SEXTO: Que, primeramente, cabe señalar que, para probar los hechos denunciados, la recurrente acompañó a estos autos, entre otros antecedentes, pantallazos de la cuenta pública de Facebook de la recurrida nombre reservado, de la publicación denunciada, fotografías de los comentarios y del inmueble que ocupaba, conjuntamente con las boletas sin deuda pendiente de los servicios de luz y agua, publicación que acusa como arbitraria e ilegal y vulneradora de los derechos garantidos en el numeral 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, ahora bien, respecto de la alegación de la parte recurrida en cuanto a que no se ha infringido la garantía constitucional de la honra del recurrente, por la existencia de consumos básicos de luz y agua pendientes de pago, como al antecedente que la recurrente habría sido requerida judicialmente por una acción de precario, o por la imposibilidad de la recurrida de no poder controlar las opiniones o comentarios de terceros ante la publicación en las redes sociales, que ella misma reconoce haberla realizado, por tratarse de opiniones personales, que ella no puede controlar, alegaciones todas que deberán desestimarse por cuanto la garantía constitucional esgrimida como conculcada, a juicio de estos sentenciadores, efectivamente se vio afectada toda vez que la citada publicación ha permanecido hasta esta data exhibida en la red social, y ha sido objeto de cientos de comentarios y opiniones por diversas personas.

De otra parte, la fácil y masiva accesibilidad, la alta difusión y la imposibilidad para constatar la veracidad de los antecedentes publicados a través de este tipo de plataformas, ciertamente impiden a los afectados poder manifestar su propia opinión o rebatir las imputaciones expresadas en su contra, presupuestos fácticos que conducen a establecer, en la especie, la intención de vulneración a la honra perseguida por quien ha publicado y difundido tales expresiones e imágenes.

OCTAVO: Que, en este mismo sentido ha resuelto la Excma. Corte Suprema, sobre la materia, al estimar: “Que, en lo que dice relación con las expresiones que la recurrente estima afectan su honra, todo ello para brindarle amparo en el respeto a la garantía constitucional consagrada en el n° 4 del artículo 19 de la Carta Fundamental, esta Corte es de parecer que las expresiones vertidas por el recurrido en relación a la actora resultan desdorosas, pudiendo afectar la consideración que terceras personas puedan tener o formarse de ella, por lo que resultan lesivas del derecho invocado y, en consecuencia, se acogerá la acción cautelar por este acápite.” (C.S. Rol N° 2506-2009).” (Sentencia Corte Suprema de 30 de julio de 2018, en causa Rol 14.998-2018). Asimismo, la Excma. Corte Suprema ha resuelto: “Que, sobre esta materia, el Tribunal Constitucional ha expresado que “El derecho a la honra debe ser debidamente ponderado con la libertad de expresión, en especial, cuando las posibles expresiones injuriosas han sido emitidas a través de un medio de comunicación XPWEQBBXJX masiva…” (Excmo. Tribunal Constitucional, Rol N° 2071 y Rol Nº 2085).” (Sentencia Corte Suprema Rol 18.676-2018 de 26 de noviembre de 2018).

NOVENO: Que, por lo antes razonado, esta Corte estima que la recurrida ha incurrido en un acto arbitrario e ilegal que ha afectado el derecho a la honra y dignidad de la recurrente, por lo que habrá de acogerse la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas, artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE DECLARA:

Que, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fecha 20 de noviembre de 2020, por doña nombre reservado, en contra de doña nombre reservado y, en consecuencia se ordena que la recurrida proceda a eliminar todo el contenido publicado en descrédito de la recurrente nombre reservado en el portal electrónico Facebook y, en lo sucesivo se abstenga de publicar, por cualquier medio, sea o no electrónico, comentarios u opiniones que afecten o puedan afectar la honra, la imagen o la vida privada y laboral de la recurrente o de los hijos de ésta.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Señor Fiscal nombre reservado, don nombre reservado.

Rol 544-2020 (Protección).