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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 536-202015 dic 2020

nombre reservado con I. MUNICIPALIDAD DE AYSÉN

Fecha
15 de diciembre de 2020
Corte
Corte de Apelaciones de Coyhaique
Sala
Primera
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Coyhaique, Rol N° 536-2020, sentencia de 15 de diciembre de 2020

Resumen

Se rechaza el recurso de protección contra la Municipalidad de Aysén, al no acreditarse acción u omisión ilegal o arbitraria de la recurrida, requisito central de la acción, y por resultar infundada la falta de información alegada por el recurrente.

Texto íntegro

En Coyhaique, a quince de Diciembre del año dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, profesor, domiciliado en domicilio reservado, de Puerto Aysén, quien deduce recurso de protección en contra de la Municipalidad de Aysén, representada por don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, de Puerto Aysén, por afectarle, el actuar de la recurrida, las garantías constitucionales prevista en los números 2, 16, 17 y 22, del artículo 19, de la Constitución Política de la República, solicitando a esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, en definitiva, que “declare la vulneración de estos derechos constitucionales, ordenando abstenerse de la perturbación del legítimo ejercicio, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros. Poniendo ésta parte énfasis que la existencia de derechos adquiridos por terceros no obsta la vulneración de derechos constitucionales. Además, se solicita a S.S. ILTA., que ordene a la I. Municipalidad de Aysén para remita los antecedentes en detalle respecto a las calificaciones que se obtuvieron en todas las postulaciones a las cuales yo presenté mis antecedentes curriculares.” (SIC).

Sostuvo que la Dirección de Educación de la Municipalidad de Aysén llamó a concurso para proveer cargos de 6 Directores de seis establecimientos educacionales que menciona, a los que se opuso; que sólo recibió información a raíz de averiguaciones personales que efectuó y luego de que la Contraloría ordenara retrotraer cinco de los seis concursos a la etapa de evaluación curricular, respecto de los cuales, a la fecha de interposición del presente recurso (6 de Noviembre del año 2020), no ha recibido explicaciones del por qué no ha avanzado a las nuevas etapas o su nuevo resultado de la evaluación.

Acompaña a su recurso, los antecedentes que citó en el primer otrosí de su presentación.

Con fecha 30 de Noviembre del año 2020, informó, por la recurrida, la abogado doña Paulina Constanza Ramírez Jara, acompañando los documentos que indicó en el primer otrosí de su presentación, solicitando se rechace, con costas, el recurso de protección.

Con fecha 7 de Diciembre del año 2020, se dictó la providencia, Autos en Relación.

A estrado, comparecen y alegan, en la vista de la causa, realizada el día 10 de Diciembre del año 2020, en forma remota, a través de video conferencia por la plataforma Zoom y por la recurrente lo hace, el abogado don Guillermo Piedrabuena Parrochía; por la recurrida, la abogado doña Paulina Ramírez Jara.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, fundamentando su recurso de protección el recurrente señala, sucintamente, que, es profesor de Ética Profesional, Ciencias Logística y Educación Técnica Profesional, como otros títulos de perfeccionamiento que indicó.

Que, con fecha 2 de Enero del año 2019, la Dirección de Educación Municipal de Aysén, convocó a concurso para proveer seis cargos de Director en sus respectivos seis establecimientos educaciones que mencionó, confeccionándose las bases de los concursos el 3 de Enero del mismo año; proceso llevado a cabo con el apoyo de asesorías externas registradas en la Dirección Nacional del Servicio del Registro Civil, de acuerdo al artículo 32 bis del D.F.L. N° 1, del Ministerio de Educación; habiéndose opuesto el recurrente a dichos concursos con fecha 31 de Enero del año 2019.

Por indagaciones personales se enteró el 2 de Mayo del año 2019 que no avanzó a las etapas siguientes por su bajo promedio en la evaluación curricular, como asimismo que sólo se conformó nómina para uno de los cargos concursados habiéndose declarado desierto los restantes cinco concursos.

Indicó que con fecha 16 de Mayo del año 2019, a raíz de presentación que efectuó por Ley de Transparencia, el Director del DEM de Aysén le informó que en cuatro de las postulaciones había obtenido, en la evaluación curricular, un puntaje de 4,2 y en otras dos, el puntaje de 4.7, haciéndole presente, además, que: “el concurso lo realiza el Servicio Civil mediante el Sistema de Alta Dirección Pública, quienes a través de una consultoría externa seleccionada por ellos mismos, realizan el análisis curricular, no teniendo ninguna ingerencia la Dirección de Educación de Aysén sobre los resultados que obtengan los candidatos. Los postulantes que avanzaron a la etapa de evaluación psicolaboral fueron aquellos que obtuvieron nota igual o superior a 5.0”, sin que se le entregaran más detalles acerca de cuál fue el criterio para determinar la nota en sus postulaciones.

A raíz de ello presentó una denuncia a la contraloría General de la República, la que, con fecha 19 de Noviembre del año 2019 determinó la existencia de irregularidades en el concurso público de cinco de los seis concursos, ordenando retrotraerlos al estado de practicarse nuevamente y conforme a derecho, la evaluaciones curriculares de todos los oponentes, debiendo remitir copia del decreto alcaldicio que ordene dicha medida.

Refirió luego, los argumentos que sostuvo la recurrida para impugnar dicha decisión, la que finalmente es rechazada.

Hizo presente que de los concursos citados, cinco de los primitivos seis, fueron retrotraídos al estado de nueva evaluación curricular; sin tener respuesta del resultado de los mismos, por lo que el 22 de Septiembre requirió la información y se le respondió que el proceso aún no estaba afinado.

Sostuvo que el 5 de Octubre se enteró la nómina de Directores para el año 2021, en el portal web Directores Para Chile; por lo que requirió información a la asesora jurídica del DEM de Aysén y también por Ley de Transparencia, informándosele el día 7 de Octubre del año 2020 que: “Estimado nombre reservado, junto con saludar y en virtud del proceso de concurso de directores para establecimientos municipales de la comuna de Aysén, en la cual las bases que rigen el llamado a concurso público se aprobaron según Decreto Alcaldicio N° 11 del 03.01.19 y que posteriormente según lo señalado por Contraloría a través de oficio N° 3776 del 2019 se determinó que las convocatorias no se ajustaron a derecho instruyendo retrotraer el proceso a análisis curricular a excepción de la escuela Aysén y que conforme a lo indicado se procedió nuevamente con el proceso, vengo en informar que su postulación no ha pasado a la etapa de entrevista psicolaboral. Agradecemos su interés en participar del proceso, se despide atentamente.” (SIC).

Agregó el recurrente que: “A la presente fecha no he recibido explicaciones del porqué no he avanzado a las nuevas etapas o mi nuevo resultado de la evaluación. Es por esa razón que recurro a esta Ilustrísima Corte de Apelaciones a efectos de se cumpla con criterio de justicia y transparencia, a efectos se revisen en concreto los antecedentes y evaluaciones y se determine si efectivamente hubo arbitrariedad en la evaluaciones.” (SIC).

Acerca del derecho que se le asiste, citó el artículo 19 del D.F.L. número 1, del Ministerio de Educación, como los artículos 20, 25, 27, 32 y 32 bis, del mismo decreto, reconociendo el recurrente que la Municipalidad se ajustó a tales exigencias, más la Contraloría objeto el informe de la empresa de asesoría externa en atención a que no era fundado ni contuvo la descripción del análisis curricular realizado al reclamante en cada convocatoria a la que postuló, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 89, del Decreto número 453, del año 1991, del Ministerio de Educación.

Seguidamente cita los números 2, 16, 17 y 22, todos del artículo 19, de la Constitución Política de la República, como las garantías y derechos infraccionados.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe solicitado, la recurrida, representada como se dijo, sucintamente, manifestó, básicamente, el mismo desarrollo de los concursos a los que postuló el recurrente, explicando, eso sí, el por qué los concursos se reanudaron en forma más tardía, a lo que se había determinado con el decreto que ordenó retrotraer los concursos, dando cumplimiento a lo ordenado por la Contraloría, indicando que ello se comenzó en el mes de Mayo del año 2020, en que comenzó el trabajo de la empresa externa, en conjunto con la Municipalidad y el visto bueno de la Contraloría en la elaboración de un formato claro para el informe fundado de los postulantes, indicando el calendario del concurso, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 89, 89 bis, 90 y 91 bis, del citado Decreto N° 453, que comenzó el día 27 de Julio del año 2020, fecha desde la cual se ordenó retrotraer los concursos a la fase de análisis curricular.

Hizo presente la recurrida que la Dirección de Educación Municipal le dio respuesta a cada uno de los correos enviados por el recurrente, según se daría cuenta por el mismo medio electrónico del 7 y 23 de Octubre del año 2020.

Acerca de la evaluación del recurrente, cita el párrafo del recurrente en cuanto a que hasta la fecha de interposición del recurso no había recibido explicaciones del por qué no ha avanzado a las nuevas etapas o su nuevo resultado de la evaluación; sosteniendo que esa parte ha faltado a la verdad de manera significativa, debido a que como se aprecia en el Ordinario número 177-2020, de Transparencia, del 4 de Noviembre del año 2020, de la Municipalidad de Aysén, da cuenta clara que el recurrente cuenta efectivamente con el informe fundado que se le realizó a sus antecedentes curriculares, con anterioridad a la interposición del presente recurso, es más, indicó la recurrida, el recurrente acusó recibo con fecha 4 de Noviembre del año 2020 del correo enviado por Transparencia de la Municipalidad de Aysén, en el cual se le enviaba el mencionado oficio junto con las copias del informe fundado de su análisis curricular.

Agregó que en la Bases del Concurso Público de Directores de Establecimientos Educacionales, se señaló que avanzarían a la etapa de evaluación psicolaboral, aquellos que obtuvieren una nota igual o superior a 5.0, sin embargo, el Sr. nombre reservado no obtuvo una nota igual o superior a la indicada en las cinco postulaciones que realizó. Hace presente que el puntaje del informe fundado del recurrente, fue otorgado en virtud de los antecedentes que el mismo ingresó a la ficha de postulación, la cual adjunta a su informe.

Explicó que en aquellos casos de los Establecimientos Educacionales Rurales, el Sr. nombre reservado no contaba con experiencia en este tipo de establecimientos, y a la vez, al momento de calificar con puntaje su experiencia laboral respecto de todos los establecimientos a los cuales postuló, se observa que el Sr. nombre reservado no contaba con experiencia en Establecimientos Educacionales de Educación Básica y Media, por lo tanto, al no tener experiencia en este tipo de establecimientos, resulta imposible asignarle una calificación superior a la obtenida en su informe fundado por parte de la empresa externa que realizó estos informes, por lo tanto, el recurrente no contó con el puntaje necesario para avanzar en las siguientes etapas del proceso.

Acto seguido, enuncia la tabla de notas variables con las que se calificó a cada postulante, explicando en detalle los resultados de evaluación obtenidos por el recurrente a cada uno de los concursos, adjuntando los respectivos informes de análisis curricular.

Acerca del derecho, indicó que la dispositiva invocada por el recurrente y lo dictaminado por la Contraloría, se refirió al primer proceso de postulación, más no en el del presente año.

Acerca de las garantías vulneradas, no observa cuál sería la acción u omisión arbitraria de su representada, ya que el recurrente no fue seleccionado para avanzar en el proceso de selección porque no cumplía con el puntaje mínimo, tal como no avanzaron los otros postulantes que al igual que él no cumplían con dicho requisito; que la metodología de selección del concurso se llevó a cabo conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico, esto es, artículo 86 y 87 del Decreto 453, del año 1991, del Ministerio de Educación, en relación al artículo 31 bis y siguientes del D.F.L. N° 1, del año 1996, del mismo Ministerio.

Seguidamente hizo presente el artículo 55, en el inciso quinto, de la Ley 19.882, acerca de la confidencialidad de las evaluaciones de otros postulantes, al menos, en el caso que nos ocupa, por lo que no las puede acompañar a estos antecedentes, no obstante haber ofertado su remisión reservadamente, si así lo determinaba este Tribunal.

Asimismo, señaló que la garantía del número 17, del artículo 20, de la Constitución Política de la República, no se encuentra tutelada por el artículo 20, del mismo cuerpo normativo; no obstante indicó que no existe infracción a lo dispuesto en los incisos uno a tercero, todos inclusive, del artículo 89, del Decreto 453, toda vez lo dispuesto en el inciso segundo del artículo y cuerpo legal citados, acerca del informe fundado que se debía realizar en estos casos lo que, si bien se omitió en la evaluación del año 2019, se subsanó en la evaluación del año 2020.

Respecto de la garantía del número 22, del artículo 19, de la Constitución Política de la República, no habiéndose explayado la recurrente, no le es posible referirse a ella.

TERCERO: Que, el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar a quien, por causa de actos y omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías preexistentes que la misma Carta Fundamental enumera y contempla, mediante la adopción inmediata por parte de la Corte de Apelaciones, de providencias necesarias para restablecer el imperio de derecho y asegurar la debida protección del afectado.

CUARTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal - esto es contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes, protegidas, lo cual será fundamental para su decisión, por el Tribunal ante el cual se interpone, previo a que se determine la afectación de quien comparece, o de aquél a su nombre, como el titular del agravio, afectación, vulneración o amenaza.

QUINTO: Que, de la relación de los fundamentos descritos en lo motivos Primero y Segundo, como de los antecedentes allegados a esta causa, se tilda como arbitrario e ilegal de parte del recurrente, en lo meramente formal, que la Dirección de Educación de la Municipalidad de Aysén, llamó a concurso para proveer 6 cargos de Directores, de seis establecimientos educacionales que mencionó, a los que se opuso; que sólo recibió información a raíz de averiguaciones personales que efectuó y luego de que la Contraloría ordenara retrotraer cinco de los seis concursos a la etapa de evaluación curricular, respecto de los cuales, a la fecha de interposición del presente recurso (6 de Noviembre del año 2020), no ha recibido explicaciones del por qué no ha avanzado a las nuevas etapas o su nuevo resultado de la evaluación.

Vale decir, en principio, el acto arbitrario e ilegal, que denuncia el recurrente, estaría constituido por la falta de información de parte de la Dirección de Administración de Educación, de la Municipalidad de Puerto Aysén, respecto del resultado de su evaluación curricular respecto de cinco concursos para Director de determinados establecimientos educacionales de dicha comuna y del por qué no habría avanzado a la siguiente etapa concursal que consistía en una evaluación psicolaboral.

SEXTO: Que, de conformidad a la normativa que rige la sustanciación de este tipo de concursos a los que el recurrente se opuso, disponen, tanto el D.F.L. número 1, cuanto el Decreto 453, ambos del Ministerio de Educación, el segundo, Reglamento de la Ley 19.070, relativo al Estatuto de los Profesionales de la Educación, en lo medular, que:

Para proveer el cargo de Director de un establecimiento educacional debe existir una Comisión Calificadora, cuya composición se indica; debiendo el Jefe del departamento de Administración de Educación Municipal o de la Corporación Municipal, definir el perfil profesional del Director, que deben ser aprobados por el sostenedor, a cuyo efecto el Ministerio de Educación debe definir los respectivos perfiles para cada cargo, mismo Jefe que debe convocar a un concurso de selección público abierto, publicitarlo con los antecedentes que se mencionan para su difusión; debiendo ser la selección un proceso técnico de evaluación de candidatos que incluye la verificación de requisitos solicitados en el perfil, entrevistas de candidatos y evaluación de los factores que se mencionan, cuya ponderación será determinada por cada sostenedor, debiéndose considerar en esta evaluación el apoyo de asesorías externas registradas en la Dirección Nacional del Servicio Civil para preseleccionar a los candidatos que serán entrevistados por la Comisión Calificadora, las que deben ser elegidas por el miembro de la comisión calificadora del Consejo de Alta Dirección Pública, luego de ello, la Comisión Calificadora podrá proceder a las entrevistas, proceso en el que también puede contar con apoyo externo, siendo la Comisión Calificadora la que presentará un mínimo de 3 y un máximo de 5 postulantes al sostenedor quien podrá nombrar a cualquiera de ellos o fundadamente declarar desierto el concurso, agregándose que un Reglamento determinará los requisitos y las tareas que deberá cumplir la asesoría externa en el proceso de preselección, considerando la matrícula, la ruralidad y otras características del establecimiento educacional respectivo. Todo ello según, resumidamente se ha hecho mención de los artículos 31 bis, 32 y 32 bis, del Decreto con Fuerza de Ley número 1, del Ministerio de Educación, del año 1997.

Por su parte, el citado Decreto 453, del año 1991, del Ministerio de Educación, establece, resumidamente, que: pormenoriza y detalla el proceso de selección e integración de comisiones y plazos, de lo precedentemente referido, agregándose que los postulantes que sean admitidos en virtud del cumplimiento de los requisitos formales establecidos en las bases del concurso, deberán participar de un proceso de preselección que contará con el apoyo de asesorías externas y que en el caso de establecimientos rurales o aquellos con matrícula inferior a 1.200 alumnos, “éstas asesorías deberán efectuar, al menos, un análisis curricular de adecuación de los candidatos al perfil profesional del cargo. En base a ello, elaborarán un informe fundado que contenga un listado de los candidatos preseleccionados de acuerdo a dicho perfil.” (Artículo 89, incisos primero y segundo).

SÉPTIMO: Que, del análisis normativo que nos ocupa, surge, como primera cuestión la falta de legitimidad pasiva del recurrido, esto es, la Municipalidad de Puerto Aysén. En efecto, de conformidad a lo actuado en el proceso de selección que se pretende objetar por el recurrente, a la luz de los antecedentes incorporados por el requirente de la acción cautelar, cuanto de los aportados por la recurrida, se desprende, claramente, que lo cuestionado, esto es, haber sido el recurrente dejado fuera del proceso de postulación y no haberle permitido avanzar a la siguiente etapa de entrevista psicolaboral, deriva de una decisión de la Asesoría Externa, designada por el Servicio de Registro Civil, quien, a través de informe fundado, no seleccionó al recurrente para continuar en los respectivos concursos ya que su análisis curricular no se lo permitió al obtener una calificación inferior a 5, que era la nota que le permitiría avanzar a las etapas siguientes, de conformidad a las Bases del Concurso y en ello, en el informe Fundado de Evaluación Curricular, ninguna injerencia tuvo la recurrida.

Esta sola razón hace merecedor a la declaración del rechazo de la acción intentada.

OCTAVO: Que, no obstante, lo consignado en el motivo precedente, cabe, además, hacer presente que el recurrente presentó este recurso de protección con fecha 6 de Noviembre del año 2020, siendo el basamento fáctico principal de su recurso, del que derivaría la afectación de las garantías constitucionales que dice conculcadas, la absoluta ignorancia acerca del “porqué no he avanzado a las nuevas etapas o mi nuevo resultado de la evaluación.” (SIC).

Afirmación que, de acuerdo a los antecedentes aportados por la recurrida y reconocido por el abogado en estrado, resultó no ser cierta, de forma que, habiendo sido el recurrente informado, en detalle del resultado de su evaluación curricular, debidamente fundamentado, con anterioridad a la presentación del presente recurso, surge la acción intentada, incluso como temeraria, de manera que reafirma la declaración de rechazo del recurso.

NOVENO: Que, de otra parte, el petitorio del recurso, consignado en lo expositivo del presente fallo, aparte de ser confuso, difuso y poco concreto, eventualmente obligaría a este Tribunal para que, de oficio, se avoque a asumir funciones para las que la ley ha designado a otras instituciones obligándole a, eventualmente, solicitar antecedentes que gozan de confidencialidad, en circunstancias que la situación personal del recurrente ha sido debidamente analizada y fundamentada, definiéndose las postulaciones en un concurso en el que medió el ente contralor por excelencia, existiendo, al efecto, otros recursos de carácter administrativo respecto del cual, conforme a los antecedentes aportados a esta causa, no han sido ejercidos.

DÉCIMO: Que, conforme lo razonado y consignado con anterioridad, aparece que no se ha acreditado ninguna acción u omisión, de carácter ilegal y/o arbitrario de la recurrida, que es el requisito primigenio y medular de la acción intentada, por lo que huelga y aparece inoficioso e innecesario proceder al análisis de las garantías y derechos que se dicen conculcados, todo lo cual no obsta al ejercicio de otras acciones que el recurrente estime procedentes en derecho.

Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en el Acta número 94-2015, de la Excma. Corte Suprema de Justicia, que refunde las normas del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE DECLARA QUE SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Puerto Aysén, representada por don nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por el Ministro Titular, don Pedro Alejandro Castro Espinoza, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista acuerdo y redacción del presente fallo, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.

Rol N°: 536-2020.-