nombre reservado con INTENDENCIA REGIONAL DE AYSÉN

Coyhaique, a doce de noviembre de dos mil veinte.

VISTOS:

Con fecha 23 de octubre de 2020, comparece doña Pamela Morales Rubilar, abogada regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, domiciliada en domicilio reservado, en favor de nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Intendencia Regional de Aysén, representada por doña nombre reservado domiciliada en la comuna de Coyhaique, por cuanto estima que la recurrida ha cometido una acción u omisión ilegal y arbitraria, que le priva, perturba y amenaza las garantías constitucionales el derecho constitucional a la igualdad ante la ley del articulo 19 N°2 y a la integridad psíquica garantizada en el artículo 19 N°1, ambas de la Constitución Política de la República; solicitando, en definitiva, se declaren infringidas tales garantías y se declare la ilegalidad y arbitrariedad de las Resoluciones Exentas N°1.199 y N°1.275 de la Intendencia Regional de Aysén, dejando sin efecto la multa impuesta, otorgándosele un plazo de 30 días para hacer abandono del territorio nacional. En subsidio, se ordene la amonestación de la amparada de conformidad al artículo 72 bis de la Ley de extranjería, otorgándosele un plazo de 30 días para hacer abandono del territorio nacional; y se impartan instrucciones al recurrido, a fin de que tanto sus procedimientos como sus actuaciones se adecuen a lo establecido en las leyes, en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, adoptando la utilización de cualquier medio electrónico que permita que las personas puedan ser oídas, hacer sus alegaciones y acompañar documento, además de considerar la situación de los migrantes que han debido quedarse en la región de Aysén, más allá de lo que señalan sus permisos, como consecuencia de las decisiones de autoridad.

La recurrente como antecedente previo expuso que una vez vencida la visa de turista de la recurrente, ésta concurrió a la Intendencia de la Región de Aysén y mediante una carta escrita realizó una autodenuncia el día 12 de agosto de 2020, en la cual expuso su situación, pidiendo colaboración para regularizar su estadía en Chile, pues su permiso estaba vencido desde el 15 de junio y no tenía oportunidad de volver a su país hasta el mes de noviembre, fecha en que LATAM le otorga pasaje de vuelta.

Precisa que el día 24 de agosto se dictó la Resolución Exenta N°1.199, de la Intendencia de la Región de Aysén, en la cual se resuelve que se le aplique una multa de $3.098.844, equivalentes a 15 ingresos mínimos, por haber permanecido en el país después de vencido los plazos de residencia legal en Chile, de acuerdo a lo señalado en el artículo 71 del D.L. 1094, que establece la ley de extranjería, la que le fue notificada el 26 de agosto de 2020 por la Policía de Investigaciones.

Indica que con fecha 09 de septiembre, la afectada presentó una carta de reconsideración ante la Intendencia de Aysén pidiendo que, en razón de que la cancelación de su vuelo se debiera a una decisión de la empresa a propósito de las medidas adoptadas por el Estado.

Señala que tal petición fue rechazada mediante Resolución Exenta N°1.275 de fecha 14 de septiembre de 2020, que le fue notificada con fecha 23 de septiembre del mismo año, y en la cual no se observan considerandos que se hagan cargo de las alegaciones formuladas por la amparada, manteniendo la multa de 15 ingresos mínimos y haciendo presente que en caso de que no pague la multa, se aplicará lo dispuesto en el artículo 80 inciso segundo del D.L. 1094, esto es, la expulsión del territorio nacional.

Aclara que la Resolución Exenta N°1.199, de fecha 24 de agosto de 2020, no se encontró a firme sino hasta la dictación de la Resolución Exenta N°1.275, que rechaza la reconsideración, de fecha 14 de septiembre del 2020, en la que se agotó la vía administrativa y que le fue notificada a la afectada con fecha 23 de septiembre del mismo año por la Policía de Investigaciones de Chile, en razón de ello se encuentra dentro de plazo para recurrir de protección en contra de lo resuelto por la recurrida.

En lo relativo al acto que lo agravia, señala que la Resolución Exenta N°1.199 que establece la sanción de multa, señala como fundamento que la recurrente “ha infringido las normas vigentes sobre Extranjería, según lo dispuesto en el artículo 71 del D.L. 1094 de 1975, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.”. Añade luego la resolución que, cumpliendo con lo indicado en el Artículo 79 del Decreto Ley N°1.094, el cual faculta a la Intendencia Regional para aplicar las multas y amonestaciones establecidas en el dicho Decreto Ley y, “no siendo posible escuchar al afectado, en relación a la pandemia, y las indicaciones propias del Ministerio de Salud, siendo suficiente la carta indicada en el numeral 3° de los considerando…aplíquese una multa de 15 ingresos mínimos no remuneraciones (SIC), que equivalen a $3.098.844.- (tres millones noventa y ocho mil ochocientos cuarenta y cuatro mil pesos), por Infringir el artículo 71 del Decreto Ley N° 1094.”.

Precisa que si bien es cierto que la recurrente se encuentra en la situación descrita en el artículo 71, tal escenario se produjo por una cuestión de fuerza mayor, no previsible y contraria a su voluntad, situación que expuso en su carta de autodenuncia y en la carta de reconsideración de la medida impuesta, debiendo haber sido escuchada antes de resolver de una manera tan gravosa, cuestión que no ocurrió.

Indica que, la Resolución N° 1.199 infringe los principios de derecho administrativo, que se encuentran consagradas en la Ley N° 19.880, a saber, el principio de contradictoriedad e igualdad, al señalar que no fue posible oír a la afectada y que basta la carta de autodenuncia para aplicar la multa impuesta. Agrega que los actos recurridos infringen el derecho establecido en el artículo 17 letra f) de la ley N° 19.880, desde que en ningún considerando de la Resolución se hace referencia a la involuntariedad de su permanencia en Chile.

Precisa que por otra parte, la Resolución N° 1.199 carece de motivación, pues no se encuentra debidamente fundada, toda vez que, al no permitir que la afectada ejerciera su derecho a hacer alegaciones y aportar documentos, no se tuvieron a la vista todos los antecedentes y circunstancias que entregaran elementos de juicio a la Administración para resolver esta particular situación, por lo que el acto deviene en un actuar arbitrario. Añade que la determinación del monto de la multa resulta igualmente arbitraria y desproporcionada, ya que no explica por qué se fija una multa tan alta.

Señala que, cabe concluir que la infracción migratoria fue causada por un acto de la autoridad (el cierre de fronteras), imposible de prever para la afectada, y que constituye un caso de fuerza mayor que debe eximirla de responsabilidad. Agrega que de acuerdo a lo establecido en el artículo 72 bis del D.L. 1094, la recurrida tuvo la posibilidad de amonestar a la afectada y sin embargo, le impuso una multa completamente desproporcionada.

En cuanto a la Ilegalidad y arbitrariedad de la Resolución Exenta N° 1.275, que rechaza el recurso de reconsideración, interpuesto por la recurrente, cabe revisar lo que señala el artículo 79 del D.L. N° 1.094, que establece la aplicación de la regla de consignación previa ha impedido por segunda vez a la afectada presentar sus descargos y alegaciones ante la autoridad administrativa, y en tanto ella no cuenta con los recursos económicos para pagar la mitad de la multa en el plazo para interponer el recurso.

Precisa que conforme al artículo 79 citado en su inciso primero, existe una obligación para la Administración, cual es, oír a la afectada y en este caso, no existía impedimento para oír a la afectada, pues existen vías electrónicas de comunicación que están disponibles para estos efectos.

En cuanto a las garantías que estima vulneradas, señala que el acto ilegal y arbitraria, perturba el derecho a la igualdad y no discriminación, previsto en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, desde que Las resoluciones exentas N° 1.199 y N° 1.275, privaron a la afectada del ejercicio del derecho a efectuar alegaciones, a acompañar documentos y a ser oída por la Administración para dar razón de su situación migratoria, afectando con ello el derecho a la igualdad ante la ley. Agrega que no es aceptable la razón de que por motivos de la pandemia y las indicaciones del Ministerio de Salud no se haya podido oír a la afectada, pues existen medios para que, cumpliendo con las medidas decretadas por la autoridad sanitaria, la recurrente pudiera acompañar pruebas, plantear sus argumentos y ser oída, todo lo cual no se realizó.

Aclara que las resoluciones recurridas son discriminatorias ya que otros ciudadanos migrantes en situación similar a la afectada han recibido multas proporcionales y razonables en atención a las circunstancias concretas del caso.

Asimismo, expuso que se afecta el derecho a la integridad psíquica de la persona, consagrado en el artículo 19 N° 1 del texto constitucional, reconoce y asegura a todas las personas “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.”, por cuanto en el caso sublite, estamos sin duda frente a una afectación al aspecto psicológico de la ciudadana colombiana, en tanto se le aplica una multa excesiva sin oír sus argumentos y alegaciones, exponiéndola a una situación no atribuible a su voluntad, y que tiene como efecto el pago de una multa imposible para la afectada, o bien, ser expulsada del país con todos los efectos negativos que dicha acción trae consigo.

Expuso que las resoluciones exentas N° 1.199 y N° 1.275, han generado una perturbación y amenaza al situar a la recurrente frente a una casi segura expulsión del país por no pagar la excesiva multa aplicada, colocándola en una situación de elevado estrés, angustia y desconcierto frente a la eventual expulsión de Chile con las consecuencias que ello trae aparejado, entre ellas, la de no poder volver entrar al país sino una vez transcurrido el plazo de 10 años. Agrega que el sentimiento de aflicción de la afectada al concurrir de buena fe a presentar la autodenuncia a la intendencia de la región, buscando una solución y teniendo esperanza en que podría explicar la situación que ya ha sido relatada en este escrito.

Con fecha 03 de noviembre de 2020, Aldo Basquee Cid, abogado, en representación judicial, del ministro del Interior y Seguridad Pública, Intendencia Región de Aysén, por la recurrida, informó respecto del recurso de protección deducido en su contra, solicitando primeramente que se rechace el presente recurso por encontrarse fuera de plazo para su interposición, ya que en este caso, la recurrente fue notificada con fecha 26 de agosto de 2020, por lo tanto su plazo para la interposición venció con fecha 26 de septiembre de 2020, ya que lo que aconteció posteriormente, es que la recurrente interpuso un recurso de reconsideración que no cumplió con los requisitos para ser tramitado, según el artículo 79, del DL. 1094.

En cuanto al fondo, solicitó el rechazo del recurso, fundado en que con fecha 12 de agosto de 2020, la ciudadana extranjera nombre reservado, interpuso ante la Intendencia Regional de Aysén, carta de auto denuncia, indicando que ingresó al país el día 17 de marzo de 2020, en calidad de turista, ya que venía donde un familiar y por circunstancias ajenas a ella, se aplazó su vuelo de retorno para el día 13 de noviembre de 2020, indicando que necesitaba regularizar su situación para trabajar, ya que no tenía dinero para mantenerse.

Señala que con fecha 24 de agosto de 2020, mediante Resolución Exenta Nº 1.199 y notificado con fecha 26 de agosto de 2020, se sancionó a la extranjera por cometer la infracción al artículo 71 del DL. 1094 del año 1075, del Ministerio del Interior.

Expuso que con fecha 09 de septiembre de 2020, la Extranjera, interpuso recurso de reconsideración no cumpliendo con los requisitos exigidos por el DL 1094, esto es, que el afectado deposite, cuando corresponda el 50% del importe de la multa. Agrega que, así las cosas la Intendencia Regional de Aysén cumplió con la normativa legal vigente, aplicando el artículo 71 y 79 del DL. 1094, esto es, se trata de una extranjera que continúa residiendo en el país después de haberse vencido sus plazos de residencia legal.

Con fecha 07 de noviembre de 2020, se ordenó traer los autos en relación.

Con fecha 10 de noviembre de 2020, se procedió a la vista de la causa, quedando ésta en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

En cuanto a la extemporaneidad del recurso PRIMERO: Que, la recurrida, primeramente, expuso que el presente recurso de protección resulta extemporáneo, toda vez que fue interpuesto con fecha 23 de octubre de 2020, en circunstancia que la recurrente fue notificada con fecha 26 de agosto de 2020, por lo tanto el plazo para su interposición venció con fecha 26 de septiembre de 2020, ya que lo que aconteció posteriormente, es que la recurrente interpuso un recurso de reconsideración que no cumplió con los requisitos para ser tramitado, según el artículo 79, del DL. 1094.

SEGUNDO: Que, deberá desestimarse la alegación anterior, desde que si bien aparece de los antecedentes que el acto arbitrario e ilegal recurrido consiste en la Resolución Exenta N°1.199, emanada de la autoridad administrativa recurrida, notificada a la recurrente el 26 de agosto de 2020, lo cierto es que ésta presentó un recurso de reconsideración en contra de aquella decisión, impugnación que fue rechazada por la Resolución Exenta N° 1.275, de 14 de septiembre del presente año, también recurrida en la especie, por lo que la vía administrativa se agotó con esta última resolución, siendo éste el acto terminal, por lo que desde su notificación a la recurrente, es decir, el 23 de septiembre de 2020 hasta la fecha de presentación de la presente acción de emergencia, esto es, el 23 de octubre de 2020, no ha transcurrido el plazo de 30 días corridos para la interposición de la presente acción constitucional; sin que obste a lo anterior el hecho que la Resolución N°1.275, que rechaza la reconsideración administrativa, haya fundado su rechazo en la circunstancia de no cumplirse los requisitos legales para ser tramitado, específicamente, por un aspecto de forma, a saber, la falta de consignación del 50% de la multa por parte de la recurrente, ya que el acto recurrido en concreto se terminó o se agotó efectivamente con esta última resolución, no siendo procedente distinguir si acoge o se rechaza tal reconsideración y si en este último caso se debió a razones de fondo o de forma, a fin de calificar si el acto es terminal o no, ya que en los hechos el acto feneció administrativamente con la referida Resolución N°1.275 y no la Resolución Exenta N°1.199, por lo que el recurso de protección que se conoce ha sido interpuesto dentro del término previsto para ello.

En cuando al fondo TERCERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en la Resolución Exenta N°1.199, de fecha 24 de agosto de 2020, que establece la sanción de multa y la Resolución N°1.275, que rechaza la reconsideración, de fecha 14 de septiembre del 2020, ambas emitidas por la Intendencia Regional de Aysén, desde que infringen los principios de derecho administrativo de contradictoriedad, igualdad y el derecho de formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento, que se encuentran consagradas en la Ley N°19.880; como asimismo carecen de razonabilidad, pues no dan cuenta ni consta el razonamiento que tuvo la administración para resolver de esa manera; además sostiene que son imprevisibles, ya que la recurrente al autodenunciarse era esperable que la Administración considerara la particular situación de la ciudadana colombiana y resolviera de una forma más adecuada al hecho; y resultan desproporcionadas, al aplicar una multa excesiva que no guarda relación con la situación en la que se vio envuelta la recurrente y sin discurrir sobre la situación en la que se encuentra el país y el mundo producto de la pandemia, vulnerándose el derecho constitucional a la igualdad ante la ley del articulo 19 N° 2 y a la integridad psíquica garantizada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, primeramente, cabe señalar que, son antecedentes de la causa los siguientes:

1.- Que, el día 12 de agosto de 2020, doña nombre reservado, presentó ante la Intendencia Regional la autodenuncia N°18441619/2020, en la cual expuso su situación, pidiendo colaboración para regularizar su estadía en Chile, pues su permiso estaba vencido desde el 15 de junio del presente y no tenía oportunidad de volver a su país hasta el mes de noviembre, fecha en que línea aérea LATAM le otorgó domicilio reservado.- El día 24 de agosto de 2020, la Intendente Regional de Aysén, dictó la Resolución Exenta N°1.199, mediante la cual aplica una multa de $3.098.844, equivalentes a 15 ingresos mínimos, a doña nombre reservado, fundándose, sustancialmente, en que la recurrente, ciudadana extranjera, ingresó con fecha 17 de marzo de 2020 al país, en calidad de turista con motivo de vacaciones, plazo que venció el 15 de junio de 2020; que la referida presenta carta de autodenuncia el 12 de agosto de 2020, indicando que se encuentra con su visa vencida; y que con ello ha infringido el artículo 71 del D.L. 1094, no siendo posible escuchar al afectado, en relación a la pandemia, y las indicaciones propias del Ministerio de Salud, siendo suficiente su carta de autodenuncia.

3.-Con fecha 09 de septiembre de 2020, la afectada presentó una carta de reconsideración ante la Intendencia de Aysén, señalando como antecedente su pasaje de retorno a Colombia tenía fecha 06 de abril de 2020, vía LATAM Airlines, su visa de turista tenía vigencia hasta el 15 de junio de 2020, sin perjuicio de ello, y debido a la declaración de pandemia por parte de la OMS y las medidas adoptadas por los países y empresas para evitar la propagación del virus, el vuelo de regreso a su se canceló y le comunicó que el vuelo se realizaría finalmente el día 14 de noviembre de 2020, vuelo LA0572; fundamentando luego que no obstante haber actuado de buena fe y haberse autodenunciado buscando una solución a su problema, igualmente la recurrida resuelve que se le aplique una multa de $3.098.844, por haber permanecido en el país después de vencido los plazos de su residencia legal en Chile, pidiendo que se deje sin efecto la multa, ya que, de no pagar la altísima suma de dinero, la cual por cierto no tiene, dará lugar a su expulsión del país con las consecuencias que de ello deriva, la que sería injusta y desproporcionada, más cuando se trata de una situación de fuerza mayor. Agrega que de no acceder a esta petición, solicita se pueda rebajar al mínimo la multa impuesta a fin de pagarla estableciendo un plazo prudencial de un mes o el que resuelva, para pagar la nueva multa impuesta.

4.- Con fecha 14 de septiembre de 2020, la Intendente Regional de Aysén, dictó la Resolución Exenta N° 1.275, por la cual rechaza el recurso de reconsideración interpuesto por la recurrente, de nacionalidad colombiana, en relación a la Resolución Exenta N°1.199, por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 79 inciso final del D.L.1094, considerando para ello, sucintamente, que el mencionado artículo establece un plazo de 10 días hábiles desde la fecha de notificación para ingresar recurso de reconsideración, teniendo como requisito previo para la interposición del recurso el depósito del 50% de la multa mediante un vale vista y que con fecha 09 de septiembre del presente, se recibe carta de la extranjera nombre reservado solicitando se deje sin efecto la multa, sin haber ingresado vale vista previo.

OCTAVO: Que, al efecto se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 71 del Decreto Ley 1094, que establece que: “Los extranjeros que continuaren residiendo en el país después de haberse vencido sus plazos de residencia legal, serán sancionados con multa de 1 a 20 sueldos vitales, sin perjuicio de que pueda disponerse su abandono obligado del país o su expulsión.”.

El artículo 72 bis de la misma normativa, indica que: “Tratándose de las personas comprendidas en los artículos 70, 71 y 72 precedentes y siempre que no sean reincidentes en cualquiera de estas infracciones, el Ministerio del Interior, conociendo de ellas, podrá, de oficio o a petición de parte, aplicarles como sanción, en reemplazo de la multa, una amonestación por escrito.”.

Por su parte el artículo 77 bis, del Decreto Ley antes referido, preceptúa que: “Para la aplicación de las multas contempladas en este párrafo, se considerará como atenuante el hecho de que el infractor se haya autodenunciado o concurrido ante la autoridad a requerir la regulación de su situación.”.

A su turno el artículo 79 del citado Decreto, dispone, en lo pertinente, que: “Las multas y amonestaciones establecidas en el presente decreto ley se aplicarán mediante resolución administrativa, con el solo mérito de los antecedentes que las justifiquen, debiéndose, siempre que ello sea posible, oír al afectado.” Luego en su inciso final, agrega que: “Será requisito previo para la interposición del recurso que el afectado deposite, cuando corresponda el 50% del importe de la multa, mediante vale vista tomado a la orden del Ministerio del Interior.”.

Finalmente el artículo 10 de la Ley 19.880, señala que: “Principio de contradictoriedad. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. Los interesados podrán, en todo momento, alegar defectos de tramitación, especialmente los que supongan paralización, infracción de los plazos señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrán dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria. Los interesados podrán, en todo caso, actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento.”.

NOVENO: Que, la normativa a que se ha hecho referencia, exige que en esta materia las resoluciones que apliquen multas y amonestaciones a los ciudadanos extranjeros que continuaren residiendo en el país después de haberse vencido sus plazos de residencia legal, deben ser fundadas, debiendo ajustarse a un procedimiento administrativo legalmente tramitado, en el cual se deberá considerar, especialmente, los principios de contradictoriedad e igualdad que deben regir los actos administrativos en términos que los interesados deben ser oídos y pueden, en cualquier momento del procedimiento, formular alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, sumado a que en la aplicación de la multa se debe considerar el principio constitucional de proporcionalidad que se extrae de los artículos 6, 7 y 19 N°2, N°3, N°20 y N°26 de la Constitución Política de la República.

DÉCIMO: Que, luego de un exhaustivo estudio de los antecedentes que se tuvieron a la vista, a juicio de estos sentenciadores, la resolución administrativa N°1.099 impugnada mediante esta acción de protección, surge del todo ilegal, por cuanto se vulneró el artículo 79 del referido Decreto Ley, desde que no se escuchó a la afectada en la tramitación del procedimiento.

Sobre este punto la Resolución Exenta N°1.099, considera que no fue posible escuchar a la recurrente, en atención a la pandemia y las indicaciones propias del Ministerio de Salud, lo que no resulta atendible ni razonable, ya que es de público conocimiento que existen los medios tecnológicos idóneos y sanitarios para cumplir tal exigencia legal. Asimismo, considera tal resolución que para cumplir con tal fin resulta suficiente su carta de autodenuncia, sin embargo ello no es así, desde que con ese parecer se le impidió formular alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio en cualquier momento del procedimiento.

UNDÉCIMO: Que, por otra parte, aparece palmaria la infracción a artículo 71 del Decreto Ley 1094, que establece la sanción de multa de 1 a 20 sueldos vitales para el caso de que se trata, dado que, de acuerdo al artículo 8 de la Ley 18.018 y la tabla de conversión- a que la misma resolución N°1.099 recurrida hace alusión en su considerando 5- un sueldo vital equivale a 22,2756 % de un ingreso mínimo mensual reajustable, por lo que a la fecha de la sanción el ingreso mínimo era de $320.500; luego, el sueldo vital corresponde a $71.392, de modo que la multa impuesta ascendente a $3.098.844, dividido por $71.392, equivale a 43,41 sueldos vitales, lo que excede con creces el marco legal punitivo que establece un máximo de 20, según ya se indicó, lo que afecta el principio de proporcionalidad referido en el considerando Noveno que antecede.

En este mismo sentido se infringe también el artículo 77 bis del Decreto Ley 1094, toda vez que no se consideró la autodenuncia efectuada por la recurrente con fecha 12 de agosto de 2020, como atenuante para determinar la cuantía de la multa impuesta, debiendo hacerlo. Lo anterior es así, porque la resolución recurrida no hace referencia alguna a tal minorante y de haberla considerado, en razón de proporcionalidad, el importe de la multa no podría exceder, a juicio de esta Corte, del tramo inferior de 1 a 10 sueldos vitales, considerando el caudal o facultades de la recurrente, según el criterio orientador del artículo 69 del Código Penal, de acuerdo al carácter punitivo de la sanción impuesta y una interpretación sistemática de nuestro ordenamiento jurídico en favor del imputado.

DUODÉCIMO: Que, asimismo, la Resolución Exenta N°1.099 aparece arbitraria, ya que no se hizo cargo, de modo alguno, de los argumentos expuestos por la recurrente y que se detallan tanto en su carta de autodenuncia de fecha12 de agosto de 2020, como en la reconsideración administrativa de 09 de septiembre de 2020, presentada contra la citada resolución, consistentes en que si bien la recurrente se encuentra en la situación descrita en el artículo 71 del Decreto Ley 1094, por ser una ciudadana extranjera que continua residiendo en el país después de haberse vencido sus plazos de residencia legal, alega que tal escenario obedece a una cuestión de fuerza mayor, fluyendo con toda claridad que a la fecha de la imposición de la multa, la recurrida no consideró, además, el actual estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública que existe en nuestro país, con ocasión del brote de COVID-19, calificado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, encontrándose dentro de las medidas sanitarias adoptadas por los países, las cancelaciones de vuelo masivas debido a la emergencia por el COVID-19 y la imposibilidad de operar en ciertas rutas, razón por la cual carece de la debida razonabilidad y motivación.

DÉCIMO TERCERO: Que, dilucidado lo anterior, esta Corte estima que la recurrida han incurrido en un acto arbitrario e ilegal que ha afectado el derecho a la vida e integridad síquica, garantizado en el N°1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto se advierte que producto de dicho acto se afectó la integridad psíquica de la recurrente, ya que la incertidumbre de su situación migratoria en nuestro país en tiempos de pandemia, con fundado temor a ser expulsada en cualquier momento y la preocupación por no contar con la suma de dinero que debía pagar a título de multa, la que no fue siquiera objeto de rebaja, según ya se razonó, permite presumir, en forma grave y precisa, que ello provoca una natural angustia e inseguridad en cualquier persona promedio sujeta a tal situación de hecho.

Asimismo se ha afectado el derecho a la igualdad garantizado en el N°2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, desde que privó a la afectada, doña nombre reservado, del ejercicio del derecho a efectuar alegaciones, a acompañar documentos y a ser oída por la Administración para dar razón de su situación migratoria, en el procedimiento por el cual la recurrida decidió aplicar la multa que se conoce, derecho que detenta toda persona que se encuentra en tal situación y, por lo tanto, no hubo un trato igualitario respecto de aquella sino que se estableció una diferencia arbitraria, máxime si se estableció una multa cuyo monto excede el marco legal.

DÉCIMO CUARTO: Que, en consecuencia, habiéndose incurrido por la recurrida en un acto arbitrario e ilegal que priva a la recurrente de las garantías constitucionales señaladas, se deberá acoger el presente recurso de protección solo en cuanto se dejarán sin efecto las resoluciones recurridas, no siendo procedente acceder a las demás peticiones de fijar plazo para hacer abandono del país e impartir las instrucciones que indica a la recurrida, por escapar a las esfera de atribuciones que otorga el presente recurso atendida la resoluciones recurridas, sin perjuicio de la inminente salida al extranjero de la recurrente programada para el 14 de noviembre próximo.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de Junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE DECLARA:

I.- Que, SE ACOGE el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte por doña Pamela Morales Rubilar, abogada regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en favor de nombre reservado, en contra de la Intendencia Regional de Aysén, representada por doña nombre reservado, solo en cuanto se deja sin efecto la multa impuesta mediante la Resolución Exenta N°1.199, de fecha 24 de agosto de 2020, de la Intendenta Regional de Aysén y consecuencialmente, se deja sin efecto asimismo la Resolución Exenta N°1.275 de fecha 14 de septiembre de 2020, emanada de la misma autoridad.

II.- Que, no se condena en costas a la parte recurrida.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular don José Ignacio Mora Trujillo.

Rol N° 523-2020 (Protección).