Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

En Coyhaique, a veintinueve de diciembre del año dos mil veinte.

VISTOS:

Que, con fecha veintinueve de septiembre de dos mil veinte, comparece don Eduardo Salomón Lillo, abogado, domiciliado en domicilio reservado, actuando en favor de doña nombre reservado, Asistente Social, Funcionaria de Planta, del Hospital Regional Coyhaique, domiciliada en domicilio reservado, Región de Aysén, ejerciendo el derecho conferido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, deduce acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, persona jurídica del giro servicio fiscalizador del Estado, representada legalmente por don nombre reservado, ingeniero comercial, o quien legalmente lo reemplace, subrogue, o ejerza sus funciones, todos domiciliados en domicilio reservado.

Alega que la Superintendencia de Seguridad Social, ha dictado Resolución Exenta N° NUM000, fechada el 21 de septiembre de 2020, en el Expediente NUM001, que rechaza la solicitud de reconsideración del fallo de esa Superioridad, fechado el día 13 de diciembre de 2019, mediante R. Exenta Nº NUM002, que resolvió sin mayores fundamentos su solicitud de calificar sus licencias médicas como motivadas por una enfermedad profesional, quedando solamente la vía judicial para restablecer el imperio del derecho, especialmente la garantía constitucional de la Sra. nombre reservado, relativa a la igualdad ante la ley, al establecer la Autoridad recurrida un criterio interpretativo de las normas sobre licencias médicas y enfermedades profesionales, antojadizo y arbitrario, contrario al ordenamiento jurídico.

Relata que con fecha 13-09-2019, doña nombre reservado se sintió colapsada y el Medico de Salud Ocupacional del Servicio de Salud de Aysén, donde labora, la derivó a la ACHS, por Observación de "Neurosis Laboral", ya que presentaba trastornos del sueño, nerviosismo constante, sensación de pánico, ansiedad y baja autoestima, entre otros. Acota que estos problemas de salud se originan por cambio de funciones profesionales, por otras de menor importancia, que le producen un menoscabo moral, atendidas sus capacidades y experiencia laboral. Explica que en junio del 2018 es destinada a la Unidad de Participación Ciudadana del Hospital Regional de Coyhaique, debiendo ejecutar la Aplicación de Encuestas de Satisfacción Usuaria, labores que en caso alguno deberían ser ejercidas por profesionales del servicio social como la recurrente. Indica que en diciembre del mismo año 2018, concursa y gana Asignación de Responsabilidad de la Unidad de Participación Ciudadana, no obstante, a contar del mes de enero de 2019, ha sido acosada laboralmente por la Jefe de Desarrollo Hospitalario doña nombre reservado, y por la Sra. nombre reservado, quienes la hostigan, aíslan y no le asignaron nuevas funciones siendo excluida de reuniones, sufriendo aislamiento laboral, amonestaciones y Sumarios. Enfatiza la recurrente que el origen y causa de las alteraciones y patologías psiquiátricas tienen relación total y absoluta con los actos de discriminación laboral y de maltrato generados en el trabajo por dos funcionarias específicamente determinadas. Lo anterior, contrariamente a lo expresado en las consideraciones de la Resoluciones de la SUSESO, contra la cual se recurre de protección, acreditan una relación de causa directa, como lo exige el artículo 7° de la Ley N° 16.744, entre el trabajo desempeñado y la sintomatología que motivó la atención.

Manifiesta que los antecedentes expuestos a la especialista (en psiquiatría) tratante doctora nombre reservado, como al equipo médico de la Asociación Chilena de Seguridad, refieren situaciones concretas, acontecidas en su lugar de trabajo, esto es, las dependencias del Hospital Regional de Coyhaique.

Asimismo, las personas que la han acosado laboralmente, son dos servidoras que se desempeñan en el mismo Hospital, lo que permite establecer que la causa basal y única de los padecimientos psiquiátricos de la recurrente, que han motivado sus licencias médicas, son de origen laboral.

Con fecha dieciséis de Octubre del año dos mil veinte, se declaró admisible el recurso de protección y se ordenó pedir informe a la recurrida.

Con fecha 1 de Diciembre del año 2020, la recurrida Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), evacuó su informe en los términos que indica.

Que a la vista de la causa, alegan la recurrente y recurrida Superintendencia de Seguridad Social, lo hizo solicitando el rechazo, remotamente a través de plataforma zoom.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente de protección funda su acción cautelar indicando que con fecha 13-09-2019, el médico de Salud Ocupacional del Servicio de Salud de Aysén, la derivó a la ACHS por Observación de "Neurosis Laboral", ya que presentaba trastornos del sueño, nerviosismo constante, sensación de pánico, ansiedad y baja autoestima, entre otros. Estos síntomas, indica, obedecen al cambio de sus funciones profesionales por otras de menor importancia como la Aplicación de Encuestas de Satisfacción Usuaria, que le producen menoscabo eminentemente moral, de acuerdo con sus capacidades y experiencia laboral, siendo las personas que han realizado el constante acoso laboral, dos servidoras que se desempeñan en el Hospital de Coyhaique. Situación que permite establecer que la causa basal y única de los padecimientos psiquiátricos de la recurrente y que han motivado sus licencias médicas, son de origen laboral.

En cuanto al derecho, explica que la Resolución Exenta N° NUM000, de la Superintendencia de Sguridad Social, infringe las garantías constitucionales de doña nombre reservado, contempladas en el artículo 19 numerales segundo y tercero de la Constitución Política de la República, esto es, la Igualdad ante la ley el Derecho a la debida defensa, ya que los fundamentos de la resolución exenta, refieren de forma vaga e imprecisa, las causas y orígenes de sus achaques, al señalar: "Que, profesionales de este Organismo revisaron una vez más el expediente, en especial la presentación escrita y los informes emitidos por médico psiquiatra tratante y, en su momento, por la mencionada Asociación, entre ellos la evaluación de puesto de trabajo efectuada bajo las normas de protocolo de esta Superintendencia, con la participación de dos testigos designados por la Sra. nombre reservado.

Que, el conjunto de los antecedentes analizados no permite objetivar que la trabajadora haya estado expuesta a factores de riesgo de tensión psíquica en el desempeño de sus funciones, tal como lo establece el Artículo 7 de la Ley N ° 16.744, específicamente disfunción organizacional y/o liderazgo disfuncional, que permitan explicar la emergencia de los síntomas asociados a la DIEP del 23/09/2019 y la evolución del cuadro clínico que dio fundamento a la RECA del 15/10/2019. Además, los antecedentes tenidos a la permiten identificar la presencia de elementos y procesos personales, no laborales, que explican el cuadro clínico en comento".

Acusa la recurrente una grave contradicción en las consideraciones de esta resolución, al prevenir primeramente que la enfermedad que ha motivado las licencias médicas de la misma, no sería de orden laboral, contradicción que se mantiene, al señalar que los padecimientos deberían ser en términos potenciales, de carácter extra laborales. Lo anterior, indica, pugna con la claridad que deben tener las aseveraciones contenidas en actos administrativos, sin especificar los elementos tenidos en consideración por la SUCESO, como por los facultativos que revisaron la situación de la Sra. nombre reservado, para descartar una enfermedad del carácter de profesional.

Acota que la Resolución Exenta N° NUM000, infringe gravemente el artículo 11 inciso segundo del actual Texto de la Ley Nº 19.880, sobre Procedimientos Administrativos, al no expresar los hechos concretos que tuvo en su oportunidad la Comisión Médica de la ACHS para la calificación de las licencias médicas de la paciente, afectando la garantía prevista en el artículo 19 numeral segundo de la Constitución Política, al emitirse un pronunciamiento ilegal y arbitrario. Asevera que al no saber con absoluta rigurosidad los fundamentos en que se basó la Comisión Médica de la ACHS, la resolución recurrida de protección, impide y coarta una adecuada defensa jurídica.

Por lo expuesto, solicita revocar la resolución exenta recurrida, con declaración que con el nuevo examen de los antecedentes, se disponga que existe relación de los hechos de acoso y menoscabo generados por funcionarias del Hospital de Coyhaique hacia la Sra. nombre reservado, siendo los causantes de sus patologías laborales, conforme a la exigencia del artículo 7° de la Ley N° 16.744, debiendo recalificarse las licencias médicas como generadas por enfermedades laborales o profesionales.

SEGUNDO: Que, la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, representada por el abogado SEBASTIÁN DE LA PUENTE HERVÉ, informa alegando, primeramente, que la acción cautelar es extemporánea e improcedente. Señala que es extemporánea atendida la fecha en que la recurrente tenía conocimiento de la situación planteada al menos con fecha 8 de noviembre de 2019 cuando realizó la presentación ante el Servicio, e improcedente, en cuanto la materia dice relación con un aspecto específico del Subsistema correspondiente al Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, puntualmente, con la calificación del origen común o laboral de una enfermedad y la determinación del porcentaje de incapacidad asociada a ésta, corresponde al procedimiento de reclamos o apelaciones contempladas en los artículos 77 y 77 bis de la Ley N° 16.744, materias que pertenecen al campo de la Seguridad Social, y, por lo tanto, excluidas del ámbito de la acción de protección.

Indica que las contingencias cubiertas por el Seguro Social de carácter obligatorio son los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, en los términos que están definidos por el legislador en los artículos 5º y 7º, respectivamente de la Ley Nº 16.744.

Explica que el concepto legal requiere una relación causal directa entre el quehacer laboral y la patología que provoca una incapacidad, sea ésta temporal o permanente y de conformidad a lo establecido por el artículo 16 del D.S. N ° 109, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para que "una enfermedad se considere profesional es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo, aun cuando éstos no se estén desempeñando a la época del diagnóstico".

Acota que la recurrente no señala en forma precisa norma legal o reglamentaria vinculante o atingente que haya sido infringida, por cuanto en realidad solo se ha calificado una afección como de origen común, mediante una resolución dictada dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo con las facultades fiscalizadoras otorgadas por el legislador.

Respecto a la ilegalidad que se imputa y la norma constitucional, legal o reglamentaria infringida por la Superintendencia, no existe, pues se ha aplicado una norma específica a la que se fija su sentido y alcance en uso de sus atribuciones legales.

TERCERO: Que, conforme a los antecedentes expuestos en el recurso, documentos acompañados y al informe evacuado por la recurrida, se acredita que lo perseguido por la recurrente es que se deje sin efecto un acto administrativo dictado en el marco de un procedimiento de determinación de la naturaleza de una patología de salud mental que afecta a la actora, pero cuyo origen es cuestionado por ésta.

No obstante que el organismo técnico, a quien le corresponde en definitiva dictaminar si la enfermedad en cuestión puede o no ser calificada como de origen laboral, ya se ha pronunciado dictaminando que la dolencia de salud mental que padece doña no corresponde a una de carácter profesional como pretende.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal - esto es contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1 del Código Civil -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes, protegidas, lo cual será fundamental para su decisión, por el tribunal ante el cual se interpone.

SEXTO: Que, esta Corte estima que excede el ámbito de su competencia, el calificar la decisión contenida en la resolución exenta recurrida, desde el punto de vista médico, debiendo limitarse a controlar que el acto que la contiene se haya emitido con arreglo a la legalidad vigente y que no aparezca carente de racionalidad.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, la acción se funda en una disconformidad entre lo dictaminado por la recurrida, dentro de sus facultades y en el ámbito de su competencia, y las pretensiones y expectativas de la actora en cuanto a la evaluación de la declaración de la enfermedad profesional.

En este orden de ideas, no cabe considerar ilegal y arbitraria la decisión adoptada por el órgano competente, ya que por una parte, la resolución cuestionada fue el resultado de un procedimiento administrativo, siendo dictada por el organismo técnico encargado de conocer de estas materias, dentro de las facultades legales y reglamentarias que posee en este ámbito, sin ulterior recurso, y por otra, de la lectura de la Resolución N° NUM000, de fecha 21 de septiembre de 2020, se desprende que cuenta con la fundamentación suficiente, pues indica explícitamente cual es la razón que tiene presente para justificar la decisión que se adopta, en que antecedentes se apoya para arribar a la misma, de manera tal que satisface los requisitos que exige el artículo 41 de la Ley N° 19.880, que regula el contenido de la resolución final de un procedimiento administrativo.

OCTAVO: Que, cabe considerar, que determinar si la patología mental que padece la actora es de origen laboral o común, constituye una cuestión que no corresponde declarar por esta vía de tutela excepcional y urgente, siendo imposible advertir la existencia de un derecho indubitado que ostente la recurrente.

NOVENO: Que conforme lo analizado en los considerandos precedentes, la decisión de la Superintendencia de Seguridad Social, contenida en la Resolución Exenta N° NUM000, fechada el 21 de septiembre de 2020, no puede ser calificada en esta sede cautelar, de ilegal o arbitraria, pues ha sido emitida dentro de su competencia y potestades, conforme a los diversos antecedentes médicos y laborales que constan en el expediente administrativo respectivo, debidamente fundamentadas sus motivaciones y decisión, razón por la cual el presente recurso debe ser desestimado.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se declara:

Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don Eduardo Salomón Lillo, actuando en representación de doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad. Redacción de la Ministra Titular doña Natalia Rencoret Oliva.

Rol Protección N° 499-2020.