nombre reservado con FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA)

En Coyhaique, a trece de Abril del año dos mil veintidós.

VISTOS:

Compareció, el 2 de Marzo del año 2022, doña nombre reservado, diseñadora gráfica, domiciliada en domicilio reservado, final de Gastón Adarme, de Coyhaique, quién, deduce acción Constitucional de Protección, en contra del Fondo Nacional de la Salud (FONASA), representada por don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, recurriendo en contra de la Resolución número 139/11/2021, de fecha 20 de Agosto del año 2021, que declaró vacante su cargo, hecho que afectan sus garantías constitucionales contempladas en el artículo 19, números 2, 3, inciso quinto, 1, 4, y 24, de la Constitución Política de la República.

Al efecto, solicitó, el recurrente, a esta Iltma. Corte, que ordene: “dejar sin efecto la medida ilegal y arbitraria que declara vacante mi cargo, aplicada por resolución Exenta 139/11/2021 de fecha 20 de Agosto de 2021 y ordenar que se me reincorpore a la brevedad a mis funciones...”.

Con fecha 7 de Marzo del año 2022, se declaró admisible el recurso interpuesto.

La recurrida el día 18 de Marzo del año en curso informó y en suma, solicitó el rechazo del recurso, con costas, acompañando a su informe los antecedentes que citó en el otrosí de su escrito.

Con fecha 5 de Abril del año 2022, se ordenó traer los autos en relación.

A la vista de la causa, el 11 del mes y año en curso, por el recurso, se presentó y alegó, el abogado don Adriano de la Fuente Soto, quien reiteró los fundamentos y peticiones de su libelo; por la recurrida, alegó por el rechazo del recurso, el abogado don Diego Montero Quezada; ambos letrados comparecieron en forma telemática vía plataforma zoom.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente manifestó, la torpeza y vaguedad con que se realizó el proceso calificatorio del período 2020-2021 (sic) de su desempeño, donde se ignoró su dilatada trayectoria profesional, haciendo presente que el 6 de Agosto del año 2021, presentó recurso de reposición ante la Contraloría General de la República, resolviendo ésta por Resolución N° 1942/2021, del 10 de Noviembre del año 2021, quien, en suma, se abstiene de intervenir e informar, atendido el tenor del artículo 6, inciso tercero de la Ley 10.336, por el carácter litigioso de la cuestión o estar sometida al conocimiento de los Tribunales de Justicia.

Seguidamente, la recurrente analiza varios aspectos de su pre calificación y calificación de la Junta Calificadora constituida el 9 de Diciembre del año 2020, las que discute y controvierte en cuanto a los fundamentos vertidos en cada ítem que analiza, y que terminó con una lista 4 de eliminación, cuestión que solo se menciona en atención a razones de economía procesal y especialmente atendido a que no es, precisamente, el acto que motiva la presente acción tutelar.

Señaló que mientras hacía uso de licencia médica, el 24 de Agosto del año 2021, al momento de recibir su liquidación de sueldo, se le informaba el pago por solo 20 días y se le indicaba que la habían despedido, por Declaración de Vacancia, por Calificación Insuficiente, citando al efecto el artículo 50, de la Ley 18.834, sosteniendo que existían circunstancias atenuantes que califican de posible el haberle otorgado otra calificación, como lo es su conducta pretérita irreprochable y el estado de excepción constitucional en el que tuvo que desempeñar sus labores.

Sostuvo que se infraccionó el derecho de igualdad ante la ley, en análisis directo a la lista en la que fue calificada; lo propio respecto del derecho al debido proceso, en relación al inciso quinto, del artículo 3, del artículo 19, de la Constitución Política de la República, como también en lo que respecta al derecho a la honra.

Respecto del derecho a la integridad psíquica, sostiene que el acto recurrido le afecta su integridad psíquica, en relación directa y como consecuencia de la lista en la que fue calificada, lo propio con el derecho a la propiedad.

SEGUNDO: Que, la recurrida, informando en autos, alega, primeramente, la extemporaneidad del recurso interpuesto. Al efecto, refiere que las ilegalidades que se imputarían a su representado se referirían a la liquidación de sueldo del mes de Agosto del año 2021 y a la Resolución TRA N° 139/11/2021.

De otro lado, alegó la improcedencia del recurso en el presente caso dado que se pretende discutir y controvertir el mérito de decisiones de un Tribunal de Justicia como por una calificación insuficiente del ente administrativo. En el primer caso, cita el RIT T-2-2021 y T-15-2021, ambas del Juzgado de Letras del Trabajo de Coyhaique, sentencias confirmadas por la I. Corte de Apelaciones de Puerto Montt y de Coyhaique, respectivamente; en el segundo, el recurrente pretende que este Tribunal sustituya a la administración activa en la valoración de los elementos de convicción destinados a establecer un juicio sobre la responsabilidad de la ex funcionaria, exigiendo se excluya determinada prueba, se incorporen otras y se pondere de una forma distinta los actos realizados por ese Servicio en el ejercicio de las facultades que le competen.

Cita considerando Décimo, de la sentencia recaída en RIT T-15-2021, del 7 de Diciembre del año 2021, de manera que, indicó, existe cosa juzgada al respecto.

Cita el informante, Jurisprudencia al respecto.

Alegó, también, esta parte, la existencia de Litis pendencia, por existir, a la fecha del informe, recurso pendiente ante la Excma. Corte Suprema, respecto de la sentencia dictada por la I. Corte de Puerto Montt, no obstante, en su alegato aclaró que la misma ya no existía por haberse dictado fallo con anterioridad.

Acerca de la ilegalidad de su actuar, fundamentalmente citó el texto del artículo 50, del Estatuto Administrativo.

Se explayó el recurrido, también, sobre las objeciones a la precalificación, la calificación y actuación de la Junta Calificadora, cuestiones que, como ya se dijo respecto del recurrente, no son el objeto del presente recurso, de manera que se omitirá, también, las menciones a la misma.

Luego, a raíz de lo que latamente expuso, sostuvo que no existió vulneración de garantías ni derechos de la recurrente de parte de FONASA.

TERCERO: Que, el recurso de protección fue concebido para restablecer el imperio del derecho y resguardar el orden jurídico vigente cuando éste se ve alterado a causa de actuaciones arbitrarias o ilegales que perturban o amenazan el legítimo ejercicio de algunas de las Garantías Constitucionales contempladas en el artículo 19, de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, como se ha dicho por este Ilustrísimo Tribunal, con anterioridad, la arbitrariedad necesariamente, desde el punto de vista conceptual, debe vincularse y relacionarse con la noción de actuares u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por el principio de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad.

Y que, por su parte, la existencia de ilegalidad conjuga tanto la idea de lo contrario a derecho o más técnicamente, el no respetarse o infringirse una norma jurídica.

QUINTO: Que, el recurrente, en cuanto al acto que reprocha y cuyos efectos perturbarían sus derechos constitucionales y de acuerdo con la petitoria planteada en la acción de protección que se conoce, la pretensión de éste sería que se acoja el recurso deducido y se ordene dejar sin efecto la medida que declara vacante su cargo, aplicada por Resolución Exenta número 139/11/2021, ordenándose la reincorporación a sus funciones.

SEXTO: Que, en consecuencia, el objeto del recurso consiste en la determinación de si la Resolución Exenta TRA número 139/11/2021, que resuelve declarar la vacancia del cargo de la recurrente, es ilegal y/o arbitraria, en cuyo evento, verificar si afecta, perturba o amenaza alguna de sus garantías y derechos constitucionales.

SÉPTIMO: Que, sin embargo, previo al análisis precedente, es menester verificar si la acción de protección presentada lo fue en forma oportuna o dentro del plazo fatal que se ha establecido y determinado en el inciso segundo, del artículo 2, del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, relativo a la tramitación y fallo del recurso de protección.

Cabe anotar, que ha sido el máximo Tribunal, el que ha resuelto que: “No es óbice para una declaración de extemporaneidad, el que previamente el recurso haya sido declarado admisible por la Corte de Apelaciones de Santiago, toda vez que dicha resolución fue dictada teniendo únicamente en consideración los antecedentes hechos valer por la recurrente, sin oír a la parte denunciada. En consecuencia, tal pronunciamiento de admisibilidad no puede impedir que el tribunal de alzada, una vez apreciados la totalidad de los antecedentes que los intervinientes hubieren aportado, dicte una resolución definitiva sobre dicho asunto.”. (Rol N° 6.482-2008).

OCTAVO: Que, de esta manera, analizada la situación planteada y ponderados los antecedentes aportados por el recurrente y la recurrida, de conformidad a las normas de la sana crítica, debe concluirse que son hechos de esta causa, los siguientes:

Que, la acción de protección deducida por doña nombre reservado, se interpuso ante este Tribunal con fecha 2 de Marzo del año 2022.

Que, producto del proceso calificatorio de la recurrente para el período comprendido entre el primero de Octubre del año 2019 y el treinta de Septiembre del año 2020, redundó en que la misma fue calificada en Lista Cuatro, de Eliminación. Que impugnada esta calificación, vía recurso de apelación, ante el Director Nacional de FONASA, éste rechazó el recurso con fecha 27 de Enero del año 2021. Igualmente, la recurrente, reclamó ante la Contraloría Regional Metropolitana, el que fue rechazado por Resolución Exenta número 180, del 27 de Julio del año 2021.

Que, con fecha 17 de Mayo del año 2021, en RIT T-2-2021, el Juzgado de Letras del Trabajo de Coyhaique, rechazó demanda por vulneración de derechos fundamentales y daño moral interpuesta por doña nombre reservado, sentencia que recurrida que fuera de nulidad, tal recurso fue rechazado por la I. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, con fecha 13 de Enero del año 2022 y posteriormente, con fecha 28 de Marzo del año 2022, la Excma. Corte Suprema declaró inadmisible recurso de unificación de jurisprudencia deducido.

Que, con fecha 6 de Diciembre del año 2021, en RIT T-15-2021, el Juzgado de Letras del Trabajo de Coyhaique, rechazó demanda de tutela de derechos fundamentales de la recurrente deducida en contra de la recurrida, basada, precisamente, en el objeto del presente recurso de protección, esto es, la declaración de vacancia del cargo. Deducido recurso de nulidad, éste fue declarado inadmisible, por resolución del 27 de Diciembre del año 2021, de la I. Corte de Apelaciones de Coyhaique.

NOVENO: Que, en consecuencia, cabe considerar que la Resolución Exenta TRA número 139/11/2018, del 20 de Agosto del año 2021, ya había sido revisada por entes administrativos y contralores, como también jurisdiccionalmente se determinó que su dictación no vulneró garantías constitucionales de la recurrente, resolución que se encuentra ejecutoriada.

En consecuencia, al deducir la acción constitucional de protección la recurrente con fecha 2 de Marzo del año 2022, esto es, después de tres meses después de que le fuera notificado, vía carta certificada, el acto que dice le afecta, el que fue dictado el 20 de Agosto del año 2021, y en contra del que no sólo ha deducido recursos administrativos, rechazados, sino también acciones jurisdiccionales, también rechazadas, ha excedido, sin duda alguna y con creces, el plazo establecido en el artículo 2, inciso segundo, del Auto Acordado sobre la materia, que es, precisamente, de treinta días fatales, razón que amerita rechazar el recurso y así se declarará.

DÉCIMO: Que, es necesario, asimismo, tener presente, según se ha resuelto reiteradamente, que esta acción de protección se estableció con el fin de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a manifiestas violaciones de dichos derechos. Se trata en la especie de una acción cautelar que permite poner en ejercicio las facultades jurisdiccionales específicamente conservadoras de los Tribunales de Justicia, que son aquellas cuyo objeto es salvaguardar de un modo directo e inmediato los derechos fundamentales de las personas, vale decir, tal fin de la acción se condice absolutamente con el plazo fatal establecido por el respectivo Auto Acordado.

UNDÉCIMO: Que, resulta pertinente, acotar que el Auto Acordado ha sido definido por el Tribunal Constitucional, como un “cuerpo de normas generales y abstractas, dictado generalmente por tribunales colegiados, con el objeto de imponer medidas o impartir instrucciones dirigidas a velar por el más expedito y eficaz funcionamiento del servicio judicial”. (STC.R. 1557-09), potestad normativa que nace de la superintendencia directiva, correccional y económica con que cuentan los Tribunales, según el artículo 82, de la Constitución Política de la República y 3, del Código Orgánico de Tribunales y 96, número 4, e inciso final, del mismo cuerpo legal.

Destacan, entre sus características que son normas de carácter general, de carácter obligatorio y permanente, constituyendo una fuente directa del derecho procesal.

En tal virtud, consecuencialmente, este Tribunal debe acatar, respetar y aplicar su normativa, entre las cuales, se incluye el respeto por el plazo fatal determinado para su interposición puesto que, proceder de diversa forma implicaría una discriminación hacia quienes se les hizo efectivo el estricto cumplimiento de dicho plazo, lo que generaría una desigual aplicación de la ley, sin perjuicio de que la certeza para el ejercicio del derecho como de la estabilidad de las decisiones, en este caso administrativas, se verían seriamente afectadas, todo lo cual no se condice con los efectos y las garantías que este servicio y en este tipo de materias está llamado a cumplir y resolver.

DUODÉCIMO: Que, a mayor abundamiento y sin perjuicio de los razonamientos previamente realizados, en el contexto descrito, cabe analizar si la decisión de la Jefatura, plasmada en la Resolución impugnada, esto es la Resolución Exenta TRA número 139/11/2021, es ilegal y/ o arbitraria.

En cuanto a la eventual ilegalidad, desde el punto de las facultades de quien la expidió, aparece claro que ella se encuentra dentro del marco de las atribuciones del Jefe del Servicio y que emanan de lo dispuesto en la Ley 19.175 y de la Ley 18.834, relativa al Estatuto Administrativo, habiéndose seguido, a su respecto y en su tramitación, el procedimiento fijado en dicho Estatuto Administrativo, como en los principios y parámetros establecidos en el artículo 11, de la Ley 19.880, no visualizándose infracción a ninguna de sus disposiciones, que determinan y fijan los parámetros a los que debe someterse un acto administrativo terminal como lo es el impugnado. De esta manera, no puede, en este aspecto, tildarse como ilegítimo o ilegal dicho acto. Se procedió por quien estaba facultado para hacerlo y en el marco de sus atribuciones legales, toda vez lo dispuesto y prescrito en el artículo 50, del último cuerpo legal citado, que a la letra prescribe: “El funcionario calificado por resolución ejecutoriada en lista 4 o por dos años consecutivos en lista 3, deberá retirarse del Servicio dentro de los 15 días hábiles siguientes al término de la calificación. Si así no lo hiciere se le declarará vacante el empleo a contar desde el día siguiente a esa fecha. Se entenderá que la resolución queda ejecutoriada desde que venza el plazo para reclamar o desde que sea notificada la Resolución de la Contraloría General de la República que falle el reclamo.”.

DÉCIMO TERCERO: Que, cabe tener presente lo dispuesto por el artículo 5, inciso primero, de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que obliga a que: “Las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública.”. Precepto al que la recurrida, respetó a cabalidad.

DÉCIMO CUARTO: Que, de esta manera, siendo un requisito sine qua non, básico y esencial, de procedencia de la acción tutelar intentada, la existencia de un acto u omisión arbitraria, al no producirse éste, dicha acción, inevitablemente, no podrá prosperar y así se declarará, puesto que el acto impugnado mediante el presente recurso de protección, fue dictado por quien tiene la facultad e imperio para ello, actuando ésta dentro del marco de sus atribuciones legales y no observándose que, con motivo de ésta, se haya incurrido en ilegalidad o arbitrariedad que le sea reprochable, sino que hubo un estricto apego al principio de legalidad que establece la Constitución Política de la República, en sus artículos 6 y 7, y demás normas legales citadas, no cabe sino desestimar el recurso de protección deducido, por no aparecer como vulnerado el artículo 19, de la Constitución Política, en los numerales a que ha aludido el recurrente, cuyo análisis pormenorizado no viene al caso analizar al faltar un requisito previo de procedencia de la acción y así se declarará.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de Junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE RECHAZA, por extemporáneo y por no haberse acreditado la concurrencia de un acto u omisión, arbitrarios o ilegales, con costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra del Fondo Nacional de la Salud (FONASA), representada por don nombre reservado.

Se deja constancia de la prevención del Ministro Titular, don Sergio Fernando Mora Vallejos, quien fue de la opinión de eximir de la condena en costas a la recurrente, estimando que tuvo motivos plausibles para recurrir.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del señor Ministro Titular don Pedro Alejandro Castro Espinoza.

Rol N°: 49-2022.- (Protección).-