nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE

Coyhaique, a uno de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS:

En rol de esta Corte N° 48-2026, mediante presentación de fecha 24 de Febrero de 2026, comparece don RODRIGO TORRES JURADO, abogado, en representación de don nombre reservado, comerciante, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE, representada legalmente por su Alcalde, don CARLOS GATICA VILLEGAS, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación del Decreto N° 00409/2026, de fecha 29 de enero de 2026, mediante el cual se ordenó la clausura inmediata del establecimiento comercial del recurrente, ubicado en domicilio reservado, lo que conculca las garantías del artículo 19 N° 2, 3 inciso 5°, 21 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva: “… declarar que la clausura dispuesta por el Decreto N° 00409/2026 es un acto ilegal y arbitrario, ordenando su inmediato alzamiento y el retiro de sellos, con expresa condena en costas a la recurrida”.

Que, con fecha 10 de marzo de 2026, don ANIBAL MAXIMILIANO ROGEL SEPULVEDA, abogado, por la Ilustre Municipalidad de Coyhaique, incorporó el informe requerido.

Con fecha 27 de marzo de 2026 se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 30 del mismo mes y año, compareciendo de manera remota el abogado Aníbal Rogel Sepúlveda, contra el recurso; tras lo cual se pasó al estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente funda su recurso señalando que, con fecha 4 de febrero de 2026 se materializó la ejecución del Decreto N° 00409/2026, el cual ordenó la clausura del local comercial del recurrente, en razón del ejercicio de actividad comercial sin la respectiva patente municipal, de conformidad al Informe N° 13/2026 de inspección, documento que no fue adjuntado íntegramente al acto ni explicitado a la parte.

Reclama que la clausura fue un acto imprevisto, contraviniendo el artículo 18 de la Ley N° 19.880, además de no mediar una notificación íntegra y previa, siendo simultáneo el actuar impugnado con la notificación, privando al actor del plazo legal para presentar descargos.

Afirma cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 26 del Decreto Ley N° 3.063, sin embargo, la autoridad habría condicionado arbitrariamente la regularización a exigencias imposibles de cumplir, como informes de la Superintendencia de Casinos, organismo que ha declarado carecer de competencias para fiscalizar o emitir informes técnicos fuera de los casinos autorizados.

En otro ámbito, sostiene que el municipio carece de la competencia técnica para calificar la naturaleza de un juego de entretención, no bastando la simple inspección ocular, ya que se debe analizar el código de fuente del programa, no siendo, entonces, perceptible por los sentidos.

Por lo anterior, al carecer la recurrida de la capacidad para periciar el software de las máquinas, el acto impugnado se transforma en un acto de mera voluntad o capricho, infringiendo el artículo 11 de la Ley 19.880.

En cuanto al Derecho, refiere una errónea interpretación del artículo 58 del Decreto Ley N° 3.063, en tanto la facultad de clausura inmediata solo está prevista para el caso de mora en el pago de la patente, mas tratándose de falta de patente, se requeriría un procedimiento previo que garantice el derecho a defensa.

Que por lo anterior se infringirían los principios de contradictoriedad, de imparcialidad y fundamentación y de juridicidad, vulnerándose las garantías de igualdad ante la ley, de debido procesos y proscripción de autotutela, el derecho a desarrollar una actividad económica lícita y el derecho de propiedad.

SEGUNDO: Que, don ANIBAL MAXIMILIANO ROGEL SEPULVEDA, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique, solicita el rechazo del recurso, con costas.

Señala que, de conformidad a informe de fiscalización N°22/2025, de fecha 12 de febrero de 2025, se constató que el local del recurrente explotaba una actividad comercial sin contar con patente municipal vigente, y que con fecha 9 de septiembre de 2025 se cursó una infracción al recurrente por persistir en dicha explotación sin contar con la referida patente.

Indica que, a raíz de lo anterior, con fecha 29 de enero de 2026, la Municipalidad de Coyhaique dictó el Decreto N°409/2026 que dispuso la clausura inmediata del local en cuestión, por verificarse que lo explotaba sin patente municipal, adicionando que esta es la segunda oportunidad en la que se infracciona al recurrente respecto del mismo local y por explotar la misma actividad, esto es, juegos de azar. En tal sentido, menciona que mediante Decreto Alcaldicio N°5489, de fecha 14 de diciembre de 2023, ya había dispuesto la no renovación de la patente municipal del recurrente, a contar del segundo semestre del año 2023, decisión que fue recurrida mediante Recurso de Protección ante este Tribunal de Alzada en causa rol N° 356-2023, rechazándose. En tal sentido, expresa que el recurrente no puede alegar desconocimiento por su situación de irregularidad, habiendo continuado con la explotación de su actividad comercial.

Que por lo anterior, con fecha 6 de febrero de 2026, se procedió a la clausura del local comercial del recurrente.

En cuanto a la acción, solicita sea desestimado por no contar el recurrente con un derecho indubitado, ello por carecer de patente comercial desde el año 2023.

Sobre la alegación de que la clausura se ejecutó como vía de hecho sin notificación previa, refiere que la situación de irregularidad fue establecida por el Decreto N°5489/2023, legalidad confirmada en causa rol N° 356-2023 de este Tribunal.

A propósito de la interpretación del artículo 58 del Decreto Ley N° 3.063, sostiene que ambos supuestos contemplados en la norma son autónomos, pudiendo ordenarse la clausura inmediata. Por otro lado, afirma que se trata de una norma especial que prima sobre la Ley N° 19.880 en cuanto a la exigencia de notificación previa y plazo de descargos. En tercer lugar, que la clausura por falta de patente no requiere un procedimiento previo.

Por otro lado, descarta la alegación de falta de motivación del acto impugnado, pues se encuentra suficientemente fundado, conforme a lo exigido en los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, conteniendo los antecedentes de hecho y derecho que justifican la medida.

Por lo anterior, al no existir acto ilegal o arbitrario, descarta la vulneración de garantías constitucionales, en tal sentido desestima la infracción a la igualdad ante la ley, porque no hay un trato disímil con otros contribuyentes que sí cumplieron con la ley; tampoco discriminación económica, puesto que la recurrente no ha cumplido con la ley; precisa que el debido proceso no se encuentra protegido por la acción de protección, con la salvedad del inciso quinto que no fue invocado en los términos que exige la norma y, finalmente, descarta el derecho de propiedad, ya que el recurrente no tiene un derecho de dominio sobre una patente municipal vigente, pues no fue renovada con anterioridad.

TERCERO: Que, en esta materia, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, en criterio que este Tribunal comparte, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo, ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo se afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión a adoptar por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

Igualmente, este remedio institucional sólo tiene por objeto proteger derechos indubitados, no situaciones jurídicas que consistan en una esperanza o mera expectativa de constituir un derecho, pues no se está enfrente de un juicio declarativo de los mismos.

SEXTO: Que, a fin de centrar el objeto de análisis, debe expresarse que el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en el Decreto Nº00409/2026 de la Municipalidad de Coyhaique que dispuso la clausura inmediata del local comercial ubicado en domicilio reservado, conculcando las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N° 2, 3 inciso 5°, 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, a partir de los antecedentes de la causa, apreciados de acuerdo con las reglas de la sana crítica, se pueden dar por establecidos los siguientes hechos:

1.- Que, con fecha 14 de diciembre de 2023, mediante Decreto N° 5489, se dispuso la no renovación de la patente municipal N° 203621 a nombre de don nombre reservado.

2.- Que, con fecha 26 de enero de 2024, en autos rol 356-2023 seguida ante esta Ilma. Corte de Apelaciones, se rechazó recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Coyhaique, respecto de la dictación del Decreto Alcaldicio N° 5489, de fecha 14 de diciembre de 2023, que dispuso la no renovación de la patente Rol N° 203621.

3.- Que, con fecha 9 de septiembre de 2025, Carabineros de la 1ra Comisaría de Coyhaique en patrullaje realizado dan cuenta de la infracción municipal del local comercial ubicado en domicilio reservado, por la infracción “LOCAL SIN MANTENER PATENTE COMERCIAL MUNICIPAL”.

4.- Que, con fecha 12 de diciembre de 2025, según costa en informe de fiscalización N° 22/2025, se pesquisó que el local comercial ubicado en Lautaro N° 269, local B, razón social nombre reservado, ejerce actividad comercial sin patente, por lo que se cursa multa.

5.- Que, con fecha 29 de enero de 2026, se dictó Decreto N° 00409/2026, de la Municipalidad de Coyhaique, que dispuso la clausura inmediata de local comercial ubicado en domicilio reservado, a nombre de nombre reservado, por ejercicio de actividad comercial que no cuenta con la respectiva patente comercial ni permiso municipal.

6.- Que, con fecha 5 de febrero de 2026 se realiza fiscalización a locales de máquinas de juegos electrónicos, contenida en Informe 13/2026 de la Sección Inspección Comunal de la Municipalidad de Coyhaique, en la que se pesquisa que el local comercial ubicado en Lautaro Nª269, local B. a nombre de nombre reservado, ejerce actividad comercial sin patente municipal, oportunidad en la que se realizó el procedimiento de clausura del local.

OCTAVO: Que, como ya se señaló en el motivo Quinto, la presente acción tiene como elemental exigencia aquélla que sólo pueda referirse a derechos indubitados y manifiestos, esto es, los que deben aparecer y constar del solo mérito de los antecedentes allegados al proceso, circunstancia que no se advierte concurrente en el caso de marras, desde que, tal como se consignó en el motivo precedente, es un hecho de la causa que en el año 2023 se dispuso la no renovación de la patente municipal del local comercial del recurrente, situación que no ha subsanado y que era del todo conocida por éste; máxime si el actor ya ha recurrido judicialmente con anterioridad con motivo de la no renovación de la referida patente, rechazándose el recurso de protección impetrado como se dijo, por lo que no corresponde recurrir por la presente vía sumarísima del recurso de protección, que es portador de caracteres jurídicos de excepcionalidad y urgencia, que se traducen en brindar tutela inmediata a un derecho incuestionable; todo lo cual, al no verificarse, necesariamente conlleva a que el arbitrio intentado deba ser desestimado.

NOVENO: Que, sin perjuicio de lo anterior y en cuanto a la eventual ilegalidad del acto impugnado, cabe tener presente que la decisión adoptada se encuentra inserta dentro del marco de las atribuciones de las que estaba revestida la recurrida, esto es, el artículo 58 del Decreto Ley N° 3.063, sobre Rentas Municipales, el que contempla, dentro de las atribuciones del alcalde, la facultad para decretar la clausura de los locales o establecimientos que carecen de patente comercial, de modo que fluye que desde lo meramente formal, no puede atenderse a la alegación de la recurrente, toda vez que el referido pronunciamiento ha sido evacuado por la autoridad competente, en uso de las facultades que le franquea la ley.

Ahora, respecto a la arbitrariedad que se imputa al acto impugnado, se debe atender a que la recurrida ha motivado su decisión, bajo argumentos y antecedentes documentales que, a su criterio, la habilitan para disponer la clausura del local comercial de la recurrente, entre los que se pueden mencionar: Decreto Alcaldicio N° 5489, de 14 de diciembre de 2023, que dispuso la no renovación de la patente comercial N° 203621; sentencia definitiva dictada en autos rol N° 356-2023 de este Tribunal de Alzada, que rechazó recurso de protección presentado por don nombre reservado en contra la Municipalidad de Coyhaique; se hace presente solicitud de renovación de patente municipal presentado por el recurrente, que fuere desestimada por oficio N° 1156 de fecha 16 de mayo de 2024, manteniendo lo precedentemente resuelto; que pese a reconocerse la existencia de pagos por concepto de patente municipal, se advierte su improcedencia, lo que fuere consultado a la Tesorería General de la República para devolver dichos fondos; informe N° 22 de 2025 de fecha 6 de febrero de 2025, por el que se cursa multa por ejercer actividad sin patente municipal; infracción cursada por Carabineros de Chile N° 2320, de fecha 9 de septiembre de 2025, en tanto el local no mantiene patente comercial municipal, entre otros.

DÉCIMO: Que, a mayor abundamiento y respecto de las alegaciones del recurrente sobre la imposibilidad de contar con informes de la Superintendencia de Casinos de Juego, exigido como requisito, y que la recurrida carecería de la competencia técnica para determinar la naturaleza de los juegos electrónicos en cuestión, cabe tener presente que en el Decreto Alcaldicio N° 5489, de 14 de diciembre de 2023, que dispuso la no renovación de la patente comercial N° 203621, se tiene presente el Oficio Ordinario N° 2050/2023, de fecha 22 de noviembre de 2023, de la Superintendencia de Casinos de Juego, donde la autoridad emite un pronunciamiento respecto del análisis de la información de las máquinas de juego, pudiendo concluirse, conforme a la Circular N° 78 del año 2016 de dicha Superintendencia, que tales máquinas están dentro del Catálogo de Juegos y se consideran de azar, recomendándose por la Superintendencia no otorgar o renovar la patente requerida, razón por lo que dichas alegaciones se deben desestimar, al haberse determinado la naturaleza de las máquinas por la autoridad competente.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, cabe concluir que no se advierte por parte de estos sentenciadores la existencia de un derecho indubitado que asista al recurrente y que le habilite a obtener una sentencia favorable a sus intereses, descartando, por lo tanto, la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, razón por la que se deberá rechazar el recurso de protección que se conoce, según ya se indicó, sin que se advierta una vulneración del artículo 19, de la Constitución Política, en sus numerales 2, 3 inciso 5°, 21 y 24, cuyo análisis pormenorizado de éstos resulta inoficioso.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de Junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE RESUELVE:

Que SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por don RODRIGO TORRES JURADO, abogado, en representación de don nombre reservado, en contra la MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Señor Ministro Titular, don José Ignacio Mora Trujillo.

Rol Corte Nº 48-2026 (Protección).