nombre reservado con SUBSECRETARIA DE BIENES NACIONALES Y SEREMNI BIENALES REGION AYSEN

Coyhaique, tres de junio de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

En lo principal de presentación de fecha 25 de marzo de 2024, comparece don Luis Osvaldo Barria Alvarado, abogado, en representación de don nombre reservado, agricultor, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, representada por don nombre reservado, del Ministerio de Bienes Nacionales y de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Aysén, representada por doña Irina Morend Valdebenito, con domicilio en domicilio reservado, por la dictación de las Resoluciones Exentas N° E-30418 y N° E-30412 ambas de fecha 04 de septiembre de 2023 de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Aysén y de las Resoluciones Exentas N° E-46437 y N° E-46444 ambas de fecha 26 de diciembre de 2023 de la Subsecretaria de Bienes Nacionales, donde los recurridos de manera arbitraria e ilegal, a través de actos administrativos terminales, rechazaron sin fundamentos jurídicos válidos ni pertinentes las peticiones de saneamiento de bien raíz, afectando sus derechos a la igualdad ante la ley, derecho de propiedad y derecho a la seguridad o certeza jurídica, contenidos en el artículo 19 N° 2, 24 y 26 de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva: “acogerlo declarando que se revoca y dejan sin efecto las resoluciones exentas recurridas emanadas de tales autoridades, por medio de las cuales se rechazó acoger a trámite las solicitudes administrativas de regularización conforme al D.L. 2695 que formulara don nombre reservado contenida en sus expedientes n° 183576 , y n° 183573 , y a cambio se ordene derechamente acoger a trámite dichas solicitudes, con costas (SIC)”.

Con fecha 19 de abril de 2024 se incorporó el informe por doña Irina Morend Valdebenito, abogado, en representación de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Aysén y de la Subsecretaría de Bienes Nacionales.

Con fecha 27 de mayo de 2024, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 29 del mismo mes y año, quedando en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente funda su recurso señalando que ingresó a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Aysén una petición formal para que se acogiera a tramitación su pretensión de regularizar la posesión de dos inmuebles separados que ejerce sobre retazos de terreno situados en el sector Callejón nombre reservado, Sector Campo Grande, comuna y provincia de Coyhaique, por 22,2 y 33,3 hectáreas, contenidas en los expedientes n° 183576 y 183573, tramitados por cuerda separada.

Refiere que, en la etapa preliminar y antes de realizar cualquier gestión técnica o administrativa conforme ordena el D.L. 2695/79, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Aysén, mediante sus Resoluciones Exentas N° E-30418 y N° E-30412, ambas de fecha 04 de septiembre de 2023, rechazó de plano sus solicitudes de regularización, motivo por el que interpuso recursos de reposición ante la misma autoridad, y en subsidio recurso jerárquico ante el nombre reservado Nacionales, en los expedientes respectivos.

Agrega que, mediante las Resoluciones Exentas n° E-44014 y N° E-44016 de fecha 15 de diciembre de 2023, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Aysén denegó los recursos de reposición en ambos expedientes administrativos, otorgando el recurso jerárquico; y que a través de las Resoluciones Exentas N° E-46437 y N° E-46444 de fecha 26 de diciembre de 2023, la Subsecretaría de Bienes Nacionales también habría denegado el recurso jerárquico, con argumentos inconexos, agotándose la instancia administrativa, lo que estima como una decisión ilegal, arbitrara, abusiva y atentatoria contra sus derechos.

En cuanto al Derecho, invoca el artículo 10 del D.L. 2695 que dispone que la solicitud se admitirá a tramitación por el Servicio, previo informe jurídico, cuando a su juicio sea difícil u onerosa la regularización de la posesión inscrita por los procedimientos establecidos en otras leyes, según entiende, se está en la obligación de admitir a tramitación, cuando a juicio del Servicio, sea difícil u onerosa la regularización, siendo dichas condicionantes las que han sido objeto del cambio de criterio, situación que genera incerteza jurídica y perjuicio.

Agrega que en el presente caso no solo no se admitió a tramitación la solicitud, sino que, a su juicio, se dio una fundamentación inconsistente e inconexa que contraviene el espíritu del D.L. 2695, para lo cual transcribe las motivaciones por las cuales se creó dicha normativa, destacándose que tiene por objeto la regularización de la situación del poseedor material que carece de títulos o que los tiene imperfectos, por lo que no tiene por atribución el conceder títulos de dominio, sino reconocer hechos posesorios, que dada su magnitud, facultan al que los ejecuta para adquirir por prescripción.

Hace hincapié en que la norma busca la regularización del poseedor material en los inmuebles no inscritos, a éstos frente a una inscripción de papel o al mismo poseedor material que tenga títulos imperfectos o aparentemente relacionados con algún título inscrito y derivado de él, descartándose al mero tenedor, que el artículo 2 del D.L. 2695 exige estar en posesión del inmueble por sí o por otra persona a su nombre, en forma continua y exclusiva, sin violencia ni clandestinidad, durante 5 años a lo menos.

Sobre la dificultad para regularizar el dominio vía ordinaria, afirma que en su caso está dada por encontrarse en una comunidad hereditaria indivisa de muchos integrantes, cuyo juicio particional es oneroso, circunstancia no considerada por el Ministerio de Bienes Nacionales.

En cuanto a los argumentos de los recurridos, indica que las resoluciones recurridas expresan que, al ser parte de una comunidad hereditaria con título inscrito, no acreditaría el requisito de la falta de título, argumento que rechaza, ya que el título en cuestión no otorga el dominio exclusivo ni excluyente, y que el bien inscrito corresponde a una cuota parte indivisa que tenía la causante, a su vez, de la herencia de sus padres, por lo que trata de un derecho comunitario y cuotativo sobre un bien incorporal inscrito.

Respecto a que no cumple con el artículo 10 del D.L. 2695, porque no logra acreditar que la regularización del lote asignado a la comunidad sea difícil u onerosa, puesto que el inmueble cumple con la cabida mínima establecida en el D.L. 3516 de 1980 del Ministerio de Agricultura, advierte que el D.L. 2695 no contempla exigencias mínimas ni máximas de superficie.

En tercer lugar, que al existir una escritura pública declaratoria y de reconocimiento de derechos en la sucesión nombre reservado y un acta de compromiso de una partición amistosa entre los herederos de doña nombre reservado, cuyo bien hereditario es una cuota o parte indivisa de ésta en la herencia de sus padres nombre reservado y Doratilda nombre reservado, sería indicativo que la solicitante y los demás podrían consolidar su dominio singular a través de normas de derecho común, argumento que descarta, ya que el D.L. en cuestión no tiene por función conceder títulos de dominio, sino reconocer hechos posesorios que facultan para adquirir el dominio por prescripción, por lo que dicha interpretación derogaría las normas de posesión inscrita del Código Civil, omitiendo analizar el grado de dificultad y onerosidad que supone regularizar un retazo cuyos derechos emanan de dos herencias, pese a que con dispar criterio se ha regularizado inmuebles provenientes de comunidades hereditarias.

En cuarto lugar, se haría referencia al Dictamen de la Contraloría General de la República n° 2806/2019, según el cual respecto de los inmuebles susceptibles de regularizar, están aquellos que los poseedores no se hayan puesto voluntariamente en una situación anómala, sin que la autoridad especifique qué se entiende por situación anómala, determinando la autoridad que la recurrente se ha puesto voluntariamente en una situación anómala al integrar un loteo irregular, lo que también descarta, alegando que sus derechos provienen de una comunidad hereditaria, generada, admitida y reconocida por ley.

Ahora bien, sobre los fundamentos contenidos en las Resoluciones Exentas n° E-46437 y n° E-46444, repetiría los argumentos vertidos por la SEREMI de Bienes Nacionales de Aysén, haciéndolos suyos que divagaría en su apartado 5°, entregando una fundamentación difusa e inconexa con el objeto materia del reclamo, rechazando el recurso jerárquico.

Por lo anterior, estima que el actuar de las recurridas afectó sus derechos a la igualdad ante la ley, derecho de propiedad y derecho a la seguridad o certeza jurídica, contenidos en el artículo 19 N° 2, 24 y 26 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, la recurrida afirma que no existe una acción u omisión arbitraria o ilegal, ni afectación de garantías constitucionales.

Estructura el informe en cinco capítulos. En el primero hace una síntesis del recurso. En el segundo expone los antecedentes de hecho, el tercero da cuenta de los fundamentos para que la acción sea rechazada, en el cuarto reseña los documentos acompañados y, finalmente y en el quinto detalla las conclusiones.

Sobre el segundo capítulo, en lo pertinente, se refiere a los argumentos del rechazo de la solicitud de la recurrente, señalando que mediante las Resoluciones Exentas N° E-30412 en expediente N° 183573 y N° E-30418 en expediente N° 183576 de la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Aysén, se estimó que las solicitudes no cumplían con los requisitos del D.L. 2695/1979, a saber: a) No se cumple con el art. 10, ya que no se acredita que la regularización sea difícil, ya que el lote materialmente asignado, de común acuerdo con el resto de la comunidad hereditaria, cumple con el requisito mínimo de superficie que establece el D.L. 3516 de 1980 del Ministerio de Agricultura; b) Que, el solicitante declara adquirir por permuta, pero no acompaña documentación, además, habría una escritura pública declaratoria y reconocimiento de derechos de la sucesión nombre reservado, y un acta para la constitución de una servidumbre de tránsito, la que establece un “pacto de partición amistosa”, lo que daría cuenta de una vía común entre los herederos; c) Que el Dictamen de la Contraloría General de la República N° 2806 de 2019, dispone que entre los inmuebles que no son susceptibles de ser regularizados, se encuentran aquellos urbanos o rurales, en que sus poseedores se hubieren puesto voluntariamente en una situación anómala, coligiendo que el presente caso se enmarca en la hipótesis.

Ahora bien, contra dichas resoluciones se habrían deducido recursos de reposición y jerárquico subsidiario, donde mediante Resoluciones Exenta N° E-44014 dictada en expediente n° 183573 y N° E-44016 en expediente 183576, ambas de fecha 15 de diciembre de 2023, la SEREMI denegó los recursos de reposición, elevando los autos a la autoridad jerárquica pertinente, dándose como fundamentos de éstos: a) Que la administración cuenta con la potestad para aceptar o rechazar una solicitud de regularización, cuando se establezca su improcedencia; b) Que si bien el análisis de admisibilidad debe verificar los requisitos de los artículos 1, 2, 3 y 4 del D.L. 2965/1979, se deben incluir otros antecedentes, criterios y normativa tanto legal como administrativa que versen sobre las materias; c) Que en la revisión de los antecedentes se deben considerar los diversos pronunciamientos y dictámenes de la Contraloría General de la República y Contralorías Generales; d) Que el D.L. 2695/1979 tiene por objetivo que los ocupantes de pequeñas propiedades que carecen de título y/o lo tienen imperfecto, puedan acceder a ser propietarios, en caso que las vías comunes no puedan cumplir dicho fin y/o sean muy onerosas, lo que no sería el caso; y e) Que no se cumple con el art. 10, ya que no se acredita fehacientemente la imposibilidad de acceder a las vías comunes para la partición y liquidación de la sociedad.

Por su parte, que la Subsecretaría de Bienes Nacionales, conociendo de los recursos jerárquicos, mediante las Resoluciones Exentas E-46444 en expediente 183573 y N° E-46437 en expediente 183576, ambas de fecha 26 de diciembre de 2023, rechazaría los recursos, concordando con los argumentos de la SEREMI y profundizando en la idea de dominio, según el cual: a) Corresponde a un derecho que tiene una persona -o varias- respecto de una cosa, que le permiten usar, gozar y disponer, que en el caso de una comunidad, el derecho de cada comunero se extiende a toda y cada una de las partes de la cosa común; b) Que nuestro ordenamiento jurídico exigiría un título y un modo de adquirir, y si un título válido se inscribió en el Conservador de Bienes Raíces, se perfeccionó el dominio, considerándose título perfecto, y; c) Que solo en caso de no contar con título o tener uno imperfecto (no inscrito), junto con cumplir con las normas aplicables de la ley 20.234, podrá iniciarse el procedimiento de saneamiento del D.L. 2965/1979, lo que en el presente caso no ocurre.

Finalmente, que se rechazaron otras tres solicitudes de regularización, dos de las cuales también corresponden a la sucesión de doña nombre reservado, cuyos actos han sido recurridos ante esta Corte mediante los Ingresos ROL 42-2024 y 44-2024.

En cuanto a los fundamentos para que la acción sea rechazada, afirma que la acción ha sido interpuesta de forma extemporánea, ya que las Resoluciones Exentas E-46444 en expediente 183573 y N° E-46437 en expediente 183576, ambas de fecha 26 de diciembre de 2023, de la Subsecretaría que rechazan los recursos jerárquicos, fueron notificadas con fecha 12 de febrero de 2024 en el domicilio de la recurrente en Campo Grande, comuna de Coyhaique, según consta en la Guía SISVE de Correos de Chile, donde se verifica que la comunicación fue remitida a la sucursal de Coyhaique con fecha 06 de febrero de 2024 y notificada con fecha 12 del mismo mes y año, por lo que solo pudo interponer el recurso hasta el día 13 de marzo del presente año, en circunstancias que se ingresó el recurso con fecha 25 de marzo del año en curso.

Por otro lado, sostiene que el Ministerio de Bienes Nacionales actuó dentro de la esfera de sus competencias y del marco legal aplicable, refiriendo que la regularización del D.L. 2965/1979 se aplica de forma excepcional y restrictiva, cuando la regularización resulta difícil u onerosa por otras vías, teniendo por objeto resolver situaciones históricas de posesión irregular.

Explica que el procedimiento tiene una fase jurídica de acreditación de requisitos legales y una técnica de comprobación en terreno, en ese sentido, el procedimiento inicia con la solicitud del interesado y se procede a realizar el análisis jurídico preliminar, para determinar, en principio, si es procedente o no dar curso a la solicitud, que de ser positivo el informe se remiten los antecedentes a la unidad de catastro, a fin de realizar las actividades técnicas, después de lo cual se realiza un nuevo análisis jurídico, el que de ser favorable se continúa con la tramitación, ordenándose publicaciones legales y certificación si existe o no oposición, las que una vez efectuadas y de no mediar oposición, se realiza un tercer análisis jurídico, que de resultar favorable, se ordena su respectiva inscripción en el Conservador de Bienes Raíces.

Al efecto, precisa que de resultar desfavorable alguno de los informes jurídicos, se dicta resolución que deniega la solicitud, como ocurrió en el presente caso y que al efecto ha respetado los Dictámenes de la Contraloría General de la República, y que su actuar se ha ajustado al derecho de conformidad a los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental.

En otro orden de ideas, descarta que los actos administrativos impugnados carezcan de motivación y fundamentación suficiente, no obstante ello no los tornaría arbitrarios, ya que en la Resolución Exenta de la Secretaría Regional Ministerial, se estima que no se logra acreditar que la regularización del bien raíz sea difícil, coligiéndose y reforzándose de los antecedentes la existencia de una vía común para su regularización. Por otro lado, el Subsecretario habría concordado con la decisión de la SEREMI, añadiendo lo expuesto al derecho de dominio, según se mencionó en su capítulo dos, por lo que considera que ambas resoluciones impugnadas se encuentran debidamente fundadas o motivadas.

Por otro lado, afirma que la recurrente no cuenta con un derecho indubitado o preexistente, toda vez que la solicitud de saneamiento se enmarca en un procedimiento administrativo seguido ante el Ministerio de Bienes Nacionales, estableciéndose como una facultad del órgano, mas no un deber, constituyendo una mera expectativa, apoyándose en jurisprudencia de la Ilma. Corte de Apelaciones de Punta Arenas, confirmada por la Excma. Corte Suprema.

También, sostiene que el recurrente agotó la vía administrativa ordinaria para impugnar el rechazo a su solicitud, esto a través del recurso de reposición y jerárquico, siendo éstas las vías idóneas.

En cuanto a las garantías invocadas, no advierte una afectación de éstas, puesto que el rechazo de la solicitud en ningún caso irroga una privación, perturbación o amenaza de su derecho de propiedad, ya que solo mantiene una expectativa de ésta; tampoco advierte algún indicio de la afectación de la igualdad ante la ley, señalando que se han rechazado otras solicitudes como la de la recurrente, por lo que ésta pretendería un trato preferente. En cuanto a la garantía del numeral 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, refiere que ésta no se encuentra protegida por la presente acción cautelar.

Junto con el informe evacuado, acompaña copia de los distintos antecedentes pertinentes.

Por último, concluye que no se divisa que se cumplan los requisitos para la interposición y procedencia del recurso de protección, de conformidad a los argumentos expuestos.

TERCERO: Que, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

Igualmente, este Recurso Constitucional solo tiene por objeto proteger derechos indubitados y que no constituyan una esperanza o mera expectativa de constituir un derecho, pues no es un juicio declarativo de derechos.

SEXTO: Que, la recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en que la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales rechazó de plano sus solicitudes de regularizar la posesión de los inmuebles separados que ejerce sobre retazo de terreno ubicado en el sector Callejón nombre reservado, Sector Campo Grande, comuna y provincia de Coyhaique, contenidos en los expedientes n° 183576 y n° 183573, vulnerándose así sus derechos a la igualdad ante la ley, derecho de propiedad y derecho a la seguridad o certeza jurídica, contenidos en el artículo 19 N° 2, 24 y 26 de la Constitución Política de la República.

I.-EN CUANTO A LA EXTEMPORANEIDAD.

SÉPTIMO: Que, primeramente, se debe tener presente que el numeral 1° del auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, establece que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

OCTAVO: Que, si bien la recurrida refiere haber notificado al recurrente a través de carta certificada remitida a su domicilio en Coyhaique, se advierte que en el procedimiento administrativo éste actuaba debidamente representado, por lo que el referido acto terminal debía ser notificado a su apoderado, hecho que no consta en autos. En consecuencia, no puede entenderse que el plazo para interponer el presente recurso ha comenzado a correr con fecha 12 de febrero de 2024 como sostiene la recurrida, lo que lleva a rechazar la alegación de extemporaneidad formulada por la parte recurrida.

II.-EN CUANTO AL FONDO DEL RECURSO.

NOVENO: Que, apreciando los antecedentes reunidos de conformidad a la sana crítica y teniendo presente las alegaciones efectuadas por las partes es posible dar por asentados los siguientes hechos:

1.- Que, don nombre reservado, es heredero de la sucesión de doña nombre reservado, cuyo bien hereditario es una cuota parte indivisa de ésta en la herencia de sus padres nombre reservado y Doratilda nombre reservado.

2.- Que, don nombre reservado con fecha 21 de julio de 2023 ingresó a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Aysén dos solicitudes para regularizar la posesión de dos inmuebles separados que ejerce sobre retazos de terreno ubicado en el sector Callejón nombre reservado, Sector Campo Grande, comuna y provincia de Coyhaique, por 22,2 y 33,3 hectáreas, los que son parte de la herencia ya individualizada.

3.- Que, mediante las Resoluciones Exentas N° E-30412 en expediente N° 183573 y N° E-30418 en expediente N° 183576, ambas de fecha 04 de septiembre de 2023, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Aysén rechazó de plano las solicitudes de regularización de los inmuebles individualizados, por lo que don nombre reservado interpuso recurso de reposición ante la misma autoridad, y en subsidio recurso jerárquico ante el nombre reservado Nacionales, en los respectivos expedientes.

4.- Que, mediante las Resoluciones Exenta N° E-44014 dictada en expediente n° 183573 y N° E-44016 en expediente 183576, ambas de fecha 15 de diciembre de 2023, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Aysén denegó los recursos de reposición, otorgando el recurso jerárquico.

5.- Que, mediante las Resoluciones Exentas E-46444 en expediente 183573 y N° E-46437 en expediente 183576, ambas de fecha 26 de diciembre de 2023, la Subsecretaría de Bienes Nacionales denegó el recurso jerárquico.

6.- Que, con fecha 02 de mayo de 2024 se allega al proceso documentación relativa a Resolución Exenta n° E-45673 de fecha 28 de octubre de 2022 de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Aysén, en la cual se acepta solicitud y se ordena inscripción de don nombre reservado de conformidad al D.L. 2695/1979 respecto del inmueble ubicado en domicilio reservado y provincia de Coyhaique.

7.- Que, don nombre reservado también es heredero de la sucesión de doña nombre reservado, cuyo bien hereditario es una cuota parte indivisa de ésta en la herencia de sus padres nombre reservado y Doratilda nombre reservado.

DÉCIMO: Que, del mérito de los antecedentes tenidos a la vista y de los hechos asentados en el motivo precedente, se colige que la recurrida Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Aysén, frente a una petición idéntica a la presentada por la recurrente, de otro integrante de la sucesión de doña nombre reservado, la admite a tramitación y la acoge en definitiva, ordenando la inscripción a favor de don nombre reservado sobre el inmueble cuya posesión reclama, ubicado en El Palomar, Sector Campo Grande, comuna y provincia de Coyhaique.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, la decisión de la autoridad administrativa plasmada en las Resoluciones Exentas N° E-30418 y N° E-30412, ambas de fecha 04 de septiembre de 2023, de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Aysén y Resoluciones Exentas N° E-46437 y N° E-46444, ambas de fecha 26 de diciembre de 2023, de la Subsecretaria de Bienes Nacionales, en orden a rechazar de plano las solicitudes de nombre reservado tendiente a regularizar la posesión de dos inmuebles separados que ejerce sobre retazos de terreno ubicado en el sector Callejón nombre reservado, Sector Campo Grande, comuna y provincia de Coyhaique, deviene en arbitraria, ya que no logra explicarse por las recurridas el motivo de admitirse a tramitación y acoger la solicitud amparada en el Decreto Ley 2695 respecto de un heredero de la misma sucesión y de su rechazo en el caso de marras, manteniendo tal decisión, pese al recurso de reposición interpuesta ante la misma autoridad y recurso jerárquico, perpetuándose dicha arbitrariedad.

DUODÉCIMO: Que, de acuerdo a lo expuesto, ha de coincidirse con el recurrente, en cuanto se ha afectado su garantía de la igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19, número 2 de la Constitución Política del Estado, conforme a la cual ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias; quedando en evidencia que el recurrente resulta afectado en comparación a otro heredero de la misma sucesión, cuya idéntica solicitud de regularización de la posesión, fue tramitada y acogida, sin entregarse mayores fundamentos que permitan explicar la desestimación de plano de las solicitudes del recurrente.

DÉCIMO TERCERO: Que, atendido lo razonado y expuesto precedentemente, se hace innecesario cualquier referencia a las demás garantías o derechos invocados por la recurrente, por lo que se omitirá el respectivo análisis.

Consecuencialmente con lo expuesto, mérito de autos y lo establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República, disposiciones legales citadas y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, del 24 de Junio del año 1992 y sus modificaciones, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales se resuelve que:

I.- Que, SE DECLARA SIN LUGAR, la solicitud de extemporaneidad del presente recurso solicitada por la recurrida;

II.- Que, SE ACOGE el recurso de protección presentado por don Luis Osvaldo Barria Alvarado, abogado, en representación de don nombre reservado, en contra de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, representada por don nombre reservado, del Ministerio de Bienes Nacionales y de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Aysén, representada por doña Irina Morend Valdebenito, y en consecuencia se dejan sin efecto las Resoluciones Exentas N° E-30412 en expediente N° 183573 y N° E-30418 en expediente N° 183576 de la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Aysén, y Resoluciones Exentas E-46444 en expediente 183573 y N° E-46437 en expediente 183576, ambas de fecha 26 de diciembre de 2023, de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, debiendo las recurridas dar tramitación a la petición de don nombre reservado, de conformidad al procedimiento establecido al efecto;

III.- Que, no se condena en costas a la recurrida Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Titular doña Natalia Rencoret Oliva.

Rol N° 48-2024. (Protección).