nombre reservado con BANCO DEL ESTADO DE CHILE

En Coyhaique, a nueve días del mes de abril del año dos mil veintiséis.

VISTOS:

En rol de esta Corte N°47-2026, mediante presentación de fecha 23 de febrero de 2026, comparece don Cristian Andrés Pimentel Andrés, abogado, en representación de don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, quien deduce recurso de protección en contra de BANCO DEL ESTADO DE CHILE, representado legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana y con domicilio, para estos efectos, en domicilio reservado, de esta región de Aysén, por los actos ilegales y arbitrarios que detalla en su escrito, que conculcan las garantías del artículo 19 N° 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva, se ordene a la recurrida recibir los pagos de las cuotas del mutuo hipotecario que adeuda, permitiendo y facilitando dichos pagos, que deberán estar exentos de intereses moratorios, además de paralizar el proceso judicial conocido ante el 1° Juzgado de Letras de Coyhaique, en causa rol C-1164-2023, todo lo anterior con costas.

Con fecha 16 de marzo de 2026, don nombre reservado, abogado, por el Banco del Estado de Chile, incorporó el informe requerido.

El 30 de marzo de 2026 se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 1 del mes y año en curso, compareciendo de manera remota y por el recurso el abogado don Cristian Pimentel Andrés; y contra el mismo, el abogado don Marcelo Davico Ramírez; tras lo cual se pasó al estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente funda su recurso señalando que, mediante escritura pública de compraventa y mutuo hipotecario contratado con Banco Estado de Chile, de fecha 19 de abril de 2007, adquirió el inmueble ubicado en domicilio reservado, en la comuna y ciudad de Coyhaique, mediando un préstamo por la cantidad de 871,1190 U.F., pagadero en 300 cuotas mensuales, pago que ha cumplido a cabalidad.

Como antecedente, refiere la existencia de procedimiento ejecutivo en causa rol C-1042-2017 con Banco de Chile, ante el 1° Juzgado de Letras de Coyhaique, en el cual se trabó embargo sobre la propiedad gravada por la hipoteca a favor del Banco del Estado de Chile, en el cual se generó incidencia de tercería de prelación por la recurrida para garantizar su crédito, acogiéndose.

Expresa que, durante el transcurso de dicho procedimiento continuó pagando su obligación con el Banco del Estado de Chile y que, a raíz de haberse fijado fecha de subasta pública para el día 25 de mayo de 2022, la recurrida, de forma unilateral, ilegal y arbitraria, no autorizó ni permitió al recurrente efectuar el pago de la cuota de su dividendo correspondiente al mes de mayo de 2022, situación que fue consultada con ejecutivos en Cochrane y Coyhaique, desconociendo los motivos de dicha imposibilidad.

Ahora bien, refiere que en el mes de junio de 2022 el recurrente intentó pagar nuevamente, oportunidad en la que advirtió que solo figuraba como cuota a pagar la del mes de junio, pero no la del mes de mayo, manteniendo numeración correlativa la cuota del mes de abril y la de junio, lo que le generó confusión; sin embargo, creyó que ello se había regularizado con un doble cobro en el mes de agosto de 2022.

No obstante dicha regularización en los pagos, indica que en el mes de septiembre de 2022 nuevamente ocurrió la misma arbitrariedad y no se le permitió pagar, situación que se mantuvo hasta marzo del año 2024. Agrega que jamás tuvo una respuesta formal de dicha negativa, pese a sus esfuerzos, y durante dicho tiempo nunca figuró como deudor o en mora, habilitándose nuevamente la posibilidad de pagar en el mes de marzo de 2024, cuota que era correlativa con la última pagada en el mes de agosto de 2022, habiendo algunas intermitencias durante dicho año. Acota que en el año 2025 sólo se le permitió el pago de los meses de enero y agosto.

Menciona que, en el mes de febrero de 2026 tomó conocimiento de la existencia de un juicio ejecutivo impetrado por la recurrida, en causa rol C-1164-2023, seguida ante el 1° Juzgado de Letras de Coyhaique, caratulado “BANCO DEL ESTADO DE HILE/nombre reservado”, mediante notificación practicada a su hija, quien reside en el inmueble, la cual contiene un hecho de total vulneración de su propiedad, pues se informó fecha para pública subasta el día 12 de marzo de 2026.

Frente a lo anterior niega haber sido notificado materialmente, ni contactado de manera extrajudicial por la recurrida, como tampoco haber sido informado de cualquier deuda las veces que concurrió a dependencias del Banco del Estado de Chile, ni menos de dicho cobro judicial. En tal sentido, afirma que el recurrente nunca fue notificado personalmente o conforme al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil y que con fecha 12 de agosto de 2024 se autorizó la notificación por avisos, la que se tuvo por practicada mediante resolución de fecha 9 de enero de 2025.

Afirma que la recurrida accionó civilmente por la existencia de una deuda que se generó por el actual doloso de la propia recurrida, pese a los intentos de pago y a pesar que el actor no figura en mora.

Por lo anterior, alega una vulneración de las garantías fundamentales del recurrente, por cuanto la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos se afectó, desde que de manera dolosa se recurrió a los tribunales de justicia; la de igualdad ante la ley, ya que hay una situación desigual con otros deudores hipotecarios;, y el derecho de propiedad, puesto que al impedir el pago de los dividendos se le cobran intereses diariamente, además de ser objeto de una acción civil ejecutiva que amenaza su patrimonio.

SEGUNDO: Que, por su lado, don MARCELO DAVICO RAMÍREZ, abogado, en representación del Banco del Estado de Chile, solicitó el rechazo del recurso, con costas.

Luego de referirse a los antecedentes de la acción, sostiene que en el presente caso no existe ningún acto arbitrario o ilegal de la recurrida para hacer efectivo el saldo de la deuda contraída por el recurrente, ya que dichas acciones se están ventilando en dos causas seguidas ante la justicia ordinaria, además, que el hecho de hacer efectivo el cobro de la totalidad del saldo de la deuda y no recibir meras cuotas en parcialidades, está expresamente permitido y facultado conforme a lo pactado en el mutuo hipotecario suscrito entre las partes.

Por otro lado, previene que la pretensión del actor en orden a que se acepte el pago parcial o en cuotas, existiendo una exposición de la garantía hipotecaria en dos causas judiciales, no solo contraviene el contrato de mutuo, sino también el artículo 1591 del Código Civil, puesto que no se puede forzar al acreedor a recibir pagos parciales, por lo que no resulta arbitrario ni ilegal el ejercicio de las acciones judiciales iniciadas en contra del recurrente, debido al incumplimiento de éste, derivando en un problema de índole contractual, el cual por su naturaleza no puede ser dilucidado en la presente acción, por no cumplirse con los presupuestos para su interposición.

En tal sentido, afirma que al recurrente no le asiste un derecho indubitado y preexistente, sino por el contrario, atendidas las declaraciones de las partes resulta imprescindible que medie un procedimiento declarativo, lo que trasciende los fines de la acción de protección de garantías constitucionales.

Esgrime que el recurrente, como consumidor financiero, cuenta con una forma de reclamo expresamente establecida al efecto, no pudiendo la presente vía actuar como sustituto de acciones civiles dispuestas en la ley, como lo es en el caso de las acciones contenidas en la Ley N° 19.496, que establece normas de protección de los derechos de los consumidores.

Por todo ello, en definitiva, solicita el rechazo de la acción al exceder la controversia el ámbito de la acción de protección, en razón de la regla de especialidad de los remedios judiciales.

TERCERO: Que, en esta materia, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, en criterio que este Tribunal comparte, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo, ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo se afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión a adoptar por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

Igualmente, este remedio institucional sólo tiene por objeto proteger derechos indubitados, no situaciones jurídicas que consistan en una esperanza o mera expectativa de constituir un derecho, pues no se está enfrente de un juicio declarativo de los mismos.

SEXTO: Que, a fin de centrar el objeto de análisis, debe expresarse que el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en la negativa de la recurrida a recibir los pagos correspondientes al mutuo hipotecario que mantienen, además de la interposición de una acción de carácter ejecutivo de cobro por incumplimiento en el pago de dividendos, conculcando, a su juicio, las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N° 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, a partir de los antecedentes de la causa, apreciados de acuerdo con las reglas de la sana crítica, se pueden dar por establecidos los siguientes hechos:

1.- Que, mediante contrato de compraventa y mutuo hipotecario, de fecha 19 de abril de 2007, el Banco del Estado de Chile dio en préstamo a don nombre reservado la suma de 871,1190 U.F., además de constituir como garantía una primera hipoteca en favor del referido banco por dicha obligación, respecto del inmueble ubicado en domicilio reservado de la manzana C, ubicado en el Conjunto Habitacional José Miguel Carrera, Segunda Etapa, comuna y provincia de Coyhaique, e hipoteca de segundo grado para garantizar cualquier obligación.

2.- Que, existe procedimiento de cobro ejecutivo incoado ante el 1° Juzgado de Letras de Coyhaique, en causa rol C-1042-2017, caratulado: “BANCO DE CHILE/nombre reservado”, en el que con fecha 27 de junio de 2018 se hizo lugar a la demanda de tercería de prelación deducida por el Banco del Estado de Chile, gozando, en consecuencia, la recurrida de preferencia para ser pagada con el producto de la subasta del inmueble en ubicado en el Conjunto Habitacional José Miguel Carrera, Segunda Etapa, de la ciudad, comuna y provincia de Coyhaique, XI Región de Aysén. Y 3.- Que, existe también procedimiento de cobro ejecutivo iniciado ante el 1° Juzgado de Letras de Coyhaique, en causa rol C-1164-2023, caratulado: BANCO DEL ESTADO DE CHILE/nombre reservado, en el que con fecha 18 de febrero de 2025 se trabó embargo sobre el inmueble ubicado en domicilio reservado de la manzana C, ubicado en el Conjunto Habitacional José Miguel Carrera, Segunda Etapa, comuna y provincia de Coyhaique.

OCTAVO: Que, como ya se enfatizó en el motivo Quinto que precede, la presente acción constitucional tiene como elemental exigencia, que sólo puede referirse a derechos indubitados y manifiestos, esto es, aquéllos que aparecen o constan del solo mérito de los antecedentes allegados al proceso, circunstancia que, desde ya, no se advierte concurrente en el caso de marras, toda vez que, tal como se asentó en el motivo que antecede, es un hecho de la causa que han existido, al menos, dos procesos civiles en cuyo marco se ha debatido, tanto la preferencia de pago de la recurrida por sobre el Banco de Chile, como la procedencia del ejercicio de la acción de cobro ejecutivo impetrada por el Banco del Estado de Chile, que tiene como origen el presunto incumplimiento de la obligación de pago de los dividendos derivados del mutuo hipotecario suscrito entre las partes.

Más aún, debe considerarse que, frente a la supuesta negativa de la recurrida en orden a recibir los pagos en cuestión y habiendo el recurrente conservado dichos fondos ante la posibilidad de pagar las cuotas con posterioridad, según refiere en su presentación, pudo haber acudido a su entero mediante otros mecanismos dispuestos por el ordenamiento jurídico, como lo es la consignación de las sumas respectivas en la causa correspondiente a fin de enervar la acción, lo que no consta haber materializado.

NOVENO: Que, por tal motivo, se avizora que no resulta pertinente haber recurrido por esta vía sumarísima, portadora de caracteres jurídicos de excepcionalidad y urgencia, traducidos en brindar una tutela inmediata a un derecho incuestionable; máxime si tal controversia ha generado ya dos procesos de carácter civil relacionados con la temática que se plantea, en cuyo contexto el recurrente ha podido ejercer en plenitud los derechos que la ley le franquea ante el tribunal ordinario competente, efectuando alegaciones, deduciendo excepciones, rindiendo eventualmente pruebas y prevaliéndose de los mecanismos especiales de solución de lo adeudado.

De esta manera, es dable reiterar que se advierte la carencia de un derecho indubitado del que sea titular quien ha accionado, al punto que el aspecto que se plantea ha sido ya objeto de debate incluido en causas legalmente tramitadas, sin que se aprecie la necesidad consecuencial de adopción por esta Corte de medidas tendientes al restablecimiento del imperio del derecho o a la debida protección del afectado.

DÉCIMO: Que, como corolario de lo razonado, fluye que al no haberse avistado la existencia de un derecho incuestionable que asista al recurrente, que le habilite para obtener una sentencia favorable a sus intereses, queda descartada, de paso, la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal derivada del obrar de la recurrida; lo que conducirá a que el arbitrio deducido sea indefectiblemente desestimado en lo resolutivo, apareciendo inoficioso pronunciarse acerca de una posible vulneración del artículo 19, de la Carta Fundamental, en particular, de sus numerales 2, 3 y 24, según fuera precisado por el actor.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE RESUELVE:

Que SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por el abogado don Cristian Andrés Pimentel Andrés, en representación de don nombre reservado, en contra del BANCO DEL ESTADO DE CHILE.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Sr. Ministro Titular, don Luis Moisés Aedo Mora.

Se deja constancia que no firma la Ministra doña Natalia Marcela Rencoret Oliva, ni el Ministro Titular don José Ignacio Mora Trujillo, pese haber asistido a la Vista y concurrido al Acuerdo de la presente causa, al encontrase en comisión de servicio y uso de feriado legal, respectivamente.

Rol Corte Nº 47-2026 (Protección).