Protección contra Jefe de División Administrativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Coyhaique, veintinueve de septiembre de dos mil catorce.

VISTOS:

De fojas 11 a 23, comparece don nombre reservado, arquitecto, chileno, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Jefe de División Administrativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, don nombre reservado, ingeniero comercial, o quien lo subrogue o represente legalmente, o haga las veces de tal, y en contra del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, representado por su Ministra doña Paulina Saball Astaburuaga, asistente social, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por haber incurrido en un acto arbitrario e ilegal, específicamente el acto jurídico plasmado en la Resolución N° 430 de 30/05/2014, al tomar la determinación de cesar anticipadamente y sin justificación alguna ni argumentación en derecho su contrata en la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Aysén, acto que le fuera notificado personalmente el día 27 de junio de 2014, hecho que afecta sus garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N° 2 y 24, de la Constitución Política de la República, solicitando que se deje sin efecto la Resolución N° 430 de 30 de mayo de 2014, que puso término anticipado a sus servicios, declarando que ésta ha conculcado el numeral 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, de igualdad ante la ley y de propiedad, disponiéndose como medida para restablecer el imperio del derecho, su inmediata reincorporación al Servicio recurrido, hasta el 31 de Diciembre de 2014, ordenando además, el pago íntegro de todas las remuneraciones devengadas en el tiempo que medie entre su desvinculación y su efectiva reincorporación y, en subsidio, en el evento que el Tribunal de Alzada, acogiendo la acción constitucional de autos, estimare que por la fecha que se resuelva se hubiese ya tomado de razón por el ente contralor, y no procediese reintegrarlo a sus funciones, se le paguen las remuneraciones que le hubieren correspondido, desde la fecha de su separación ilegal, hasta el día 31 de diciembre del año 2014, con costas, adjuntando la documentación pertinente al caso, de fojas 1 a 10.

A fojas 25, se declaró admisible el presente recurso y se pidió informe a los recurridos.

A fojas 59 y siguientes doña Paulina Saball Astaburuaga, Ministra de Vivienda y Urbanismo y don nombre reservado, Jefe de la División Administrativa de la misma Cartera de Estado, comparecen informando respecto al recurso interpuesto, solicitando el rechazo del mismo, con costas, acompañando, de fojas 36 a 58 diversa documentación.

A fojas 125, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de fojas 11 a 23, comparece don nombre reservado, arquitecto, chileno, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Jefe de División Administrativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, don nombre reservado, ingeniero comercial, o quien lo subrogue o represente legalmente, o haga las veces de tal, y en contra del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, representado por su Ministra doña Paulina Saball Astaburuaga, asistente social, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por haber incurrido en un acto arbitrario e ilegal, específicamente el acto jurídico plasmado en la Resolución N° 430 de 30/05/2014, al tomar la determinación de cesar anticipadamente y sin justificación alguna ni argumentación en derecho su contrata en la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Aysén, acto que le fuera notificado personalmente el día 27 de junio de 2014, hecho que afecta sus garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N° 2 y 24, de la Constitución Política de la República, solicitando que se deje sin efecto la Resolución N° 430 de 30 de mayo de 2014, que puso término anticipado a sus servicios, declarando que ésta ha conculcado el numeral 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, de igualdad ante la ley y de propiedad, disponiéndose como medida para restablecer el imperio del derecho, su inmediata reincorporación al Servicio recurrido, hasta el 31 de Diciembre de 2014, ordenando además, el pago íntegro de todas las remuneraciones devengadas en el tiempo que medie entre su desvinculación y su efectiva reincorporación y, en subsidio, en el evento que el Tribunal de Alzada, acogiendo la acción constitucional de autos, estimare que por la fecha que se resuelva se hubiese ya tomado de razón por el ente contralor, y no procediese reintegrarlo a sus funciones, se le paguen las remuneraciones que le hubieren correspondido, desde la fecha de su separación ilegal, hasta el día 31 de diciembre del año 2014, con costas.

SEGUNDO: Que, fundamentando su recurso, refiere como hechos, que ingresó al Servicio en Noviembre de 2011, como Profesional, en categoría de honorarios, grado 11° del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sus Secretarías Ministeriales y los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización, suscribiéndose al efecto los respectivos actos administrativos, y en relación a su última contratación, ésta se dispuso mediante la Resolución N° 32, de 10 de enero de 2014, suscrita por el Jefe de División Administrativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con destino en la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Aysén, a contar del 1 de enero de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2014, como profesional grado 7° de la E.U.R., prolongándose su desempeño laboral por dos años y ocho meses ininterrumpidos, reseñando, seguidamente, las labores que realizó durante dicho periodo, las que, según expone, fueron desarrolladas con el más alto sentido de profesionalismo, responsabilidad y compromiso, y que en circunstancias que se encontraba cumpliendo sus labores habituales en el Servicio, su empleador, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante Resolución 430 de 30/05/2014, suscrita por el Jefe de División Administrativa, por Orden de la Ministra del referido Ministerio, dispuso poner término anticipado a su contrato, haciendo presente que no se encontraba sometido a investigación sumaria ni sumario administrativo.

Manifiesta, que es un hecho que la autoridad administrativa no está obligada a renovar la contratación de los servidores que se desempeñan en tal carácter una vez cumplida la vigencia temporal, pues ella opera por el solo ministerio de la ley, sin embargo, cuando ésta decide hacer uso de la facultad de anticipar su término, es decir, cuando recurre al mecanismo “por no ser necesarios sus servicios” o “Por razones de buen servicio”, debe en el acto administrativo que así lo decide, exponer las razones que justifican, fundamentan y acreditan tal exoneración y, una interpretación contraria importaría aceptar que la decisión de permanencia de un empleado a contrata se halla sujeta a la mera voluntad del Jefe Superior del Servicio de la época, quien podría en virtud de circunstancia subjetiva anticipar su término por motivos ajenos a la eficiente e idónea administración de los medios y de la función pública, deber que toda Autoridad, por mandato del artículo 5° de la Ley General de Bases de la Administración del Estado, está llamado a cumplir, por lo que resulta del todo arbitrario e ilegal la actuación de los recurridos en la cual se pone término anticipado a su contrata, sin otros antecedentes más que señalar “Pónese término, a contar de la total tramitación de la presente resolución a la contratación”.

Como antecedentes de derecho refiere que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excelentísima Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario e ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio, y conforme a los antecedentes de hecho expuestos, el acto del cual recurre de protección es arbitrario e ilegal y vulnera sus derechos de Jerarquía Constitucional consagrados en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, ya que está afectado por una actividad concreta y real generada por los recurridos, y que como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien lo comete y que, como consecuencia del mismo afecte una o más de las garantías preexistentes protegidas.

En relación a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, establecida en el artículo 19 Nº 2, refiere que, determinada la ilegalidad y arbitrariedad de la Resolución Afecta N° 255 (sic), de 4 de junio de 2014, que dispuso el cese anticipado de su contrata, se debe entender que éste ha sido objeto de una diferenciación que carece de razonabilidad, contrariándose la finalidad que el legislador previó al establecer la facultad para poner término a la contrata en razones de las necesidades del servicio, siendo por tanto discriminado arbitrariamente y vulnerándose su derecho a la igualdad ante la ley, y que la autoridad Administrativa, cuando decide hacer uso de la facultad de anticipar el término de una contrata, es decir, cuando recurre al mecanismo de "por razones superiores del Servicio", el acto administrativo que así lo decide, debe exponer las razones que justifican tal exoneración, idea que se refuerza aún más si se tiene en consideración que la Ley N° 19.880, sobre Procedimientos Administrativos, que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, con el claro propósito, entre otros, de promover la transparencia de las actuaciones de la Administración Estatal, establece normas básicas a fin de que el procedimiento permita el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten, y que entre estas reglas, aplicables en forma supletoria, se encuentra el inciso cuarto, del artículo 41, que dispone que toda decisión, por cierto enmarcada en el ámbito de las atribuciones propias de la Administración, debe ser fundada, y la falta de fundamento en la actuación de los recurridos queda de manifiesto, teniendo en cuenta que esa exigencia también se desprende del artículo 10 del Estatuto Administrativo, que establece que los empleados a contrata durarán en sus servicios hasta el 31 de diciembre de cada año, norma que no puede verse superada por una decisión unilateral de autoridad sin fundamentos, que lo deja en la más absoluta indefensión y, por consiguiente, sometida al poder ilimitado de ésta.

Que, por consiguiente, la Administración y el Órgano llamado a fiscalizar la aplicación de la legislación vigente, carece de facultades para autorizar su exoneración antes del término del período en que vence su contratación, de no mediar una justificación y comprobada causa legal o contractual que lo haga aconsejable y, en la especie, la Resolución impugnada aparece desprovista de motivos, por lo que puede afirmarse que el acto adolece de causa lo que trae consigo la ilegalidad del mismo, y que la normativa legal no concede a la autoridad una facultad de tipo discrecional, cuyo ejercicio lo autorizará para poner término a una contrata bajo la fórmula "por razones superiores del Servicio", y que en tal sentido, la motivación de los actos administrativos se encuentra consagrada a nivel constitucional en el artículo 8°, inciso segundo, de la Constitución Política, en el artículo 11, inciso segundo, y artículo 13, de la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, y reiterado en el artículo 41, inciso tercero de la mencionada ley, donde se exige a la Administración que sus decisiones contengan la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustentan, y en el caso, la resolución recurrida no precisa las razones fácticas que conducen a prescindir de sus servicios, amparándose en una formula genérica, que no pasa de ser una mera afirmación que carece de todo fundamento, lo que conduce a concluir que en la especie no se cumple con la motivación que exige la ley, puesto que no se dota de contenido fáctico al motivo en que pretende amparar su decisión, tornándose ilegal, al carecer de razonabilidad y fundamentos suficientes, y que tales normas no eximen a ningún acto administrativo de la obligación de motivar, razón por la que debe cumplirse con este requisito por imperio expreso del principio de juricidad y legalidad de nuestro ordenamiento jurídico, y que por lo demás, los motivos o fundamentos del acto están constituidos por los que lo originan, como aquellos efectos que se tienen en vista con su dictación, además, de los antecedentes determinantes, específicos, que dicen relación con el caso particular, ausentes en la especie, que son los que se requiere a la autoridad deje de manifiesto para su evaluación, de lo contrario la autoridad jurisdiccional se encuentra en la imposibilidad de ejercer sus funciones, en términos que al no expresarse los fundamentos la decisión resulta igualmente arbitraria.

Expresa que, así las cosas, al actuar el recurrido de la manera referida, se vulnera la igualdad ante la ley que reconoce la Carta Fundamental, en tanto se otorga un trato diferente al recurrente en relación a otros empleados a contrata, que permanecen en sus cargos hasta el término legal o hasta que sus servicios dejen de ser efectivamente necesarios por razones que han de expresarse, por cuanto, la función pública debe ejercerse con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten, y que desde el punto de vista del ciudadano o de quien debe soportar los actos de la administración, manifiesta que la fundamentación permite a las personas conocer la causa, el fin y el derecho en que se pretende apoyar o sustentar, pues y como se puede ver en el caso, la fundamentación de su desvinculación no se origina en la necesidad del servicio, o el mal desempeño de las funciones, ni mucho menos la extinción de las mismas, por lo que ni siquiera es posible intuir que criterio justifica el acto administrativo.

Refiere, seguidamente, que el Sr., Ministro de Hacienda dirigió a los señores Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes y Jefes Superiores de Servicios, el Oficio Circular N° 31 de fecha 29 de noviembre de 2013, denominado "Orientaciones Generales a los Jefes de Servicios sobre Proceso de Renovación del Personal a Contrata", en relación al artículo 10° de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, el que reproduce en lo pertinente, y que constituye, al igual que los reglamentos un tipo de norma y expresión del acto administrativo que emana de las autoridades superiores de la Administración Pública, conocidas en la doctrina como circulares o instrucciones, cuya fuerza vinculante descansa en las facultades que tienen los jefes de servicio para ordenar la buena marcha y funcionamiento del servicio público, a fin de ajustar sus decisiones a los principios que rigen la gestión pública dentro del marco fijado por la ley, y que, del análisis de su contenido, aparece claramente que la Circular en comento contiene instrucciones de tipo normativo vigente, en virtud de las cuales se establece un nuevo marco de actuación, en la renovación del personal a contrata y, a su vez, se otorga un nuevo sentido y alcance a la transitoriedad que esta modalidad de contratación lleva consigo, pues la instrucción establece claramente que la no renovación de las contratas debe aplicarse en lo sucesivo de manera limitada y restrictiva a casos debidamente fundados.

Agrega que, en este orden de ideas, y del análisis de la resolución afecta en la que se decreta el cese anticipado de sus funciones, dimana con claridad que éstas vulneran abiertamente las instrucciones normativas contenidas en la referida Circular, pues carecen en lo absoluto de basamento, no se ajusta al nuevo marco de acción instruido en la materia y, que en la especie estaba dado por los criterios de excepcionalidad y objetividad que deben justificar la no renovación del personal a contrata, lo que resulta aún más reprochable si se considera que en el presente caso se puso término anticipado a su contratación, ni menos aún dicha decisión se sustenta en los criterios objetivos que la propia instrucción normativa señala, referidos exclusivamente a criterios de desempeño, término de los programas respectivos o procesos de modernización estatal, lo que deja en evidencia que los actos de desvinculación, resultan arbitrarios, pues carecen por completo de fundamento y no se sustentan en criterios objetivos, o al menos de razonabilidad, ya que en su dictación se desconocen prácticamente la totalidad de las instrucciones contenidas en la mencionada circular, incurriéndose con ello precisamente en la arbitrariedad que aquella pretende evitar, y que acorde con lo razonado, aparece que la situación descrita, constituye efectivamente un acto de discriminación de parte de la entidad recurrida, que afecta su derecho de igualdad ante la ley, pues los actos que determinan el cese anticipado de sus funciones, no respetan ninguno de los criterios que la propia Administración fijó para ponerle término a las contratas.

Expresa, finalmente, que esta actuación arbitraria e ilegal, le impidió seguir desempeñando sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2014, y por tanto, a percibir la remuneración del grado 7 de la E.U.R., además de la totalidad de los permisos administrativos, que le correspondían hasta el término del contrato de manera inconsulta, vulnerándosele la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad en sus diversas especies corporales e incorporales, desde que se le ha impedido ejercerlo, recibir las remuneraciones pactadas y hasta el 31 de diciembre del año 2014.

TERCERO: Que, a fojas 59 y siguientes doña Paulina Saball Astaburuaga, Ministra de Vivienda y Urbanismo y don nombre reservado, Jefe de la División Administrativa de la misma Cartera de Estado, comparecen informando respecto al recurso interpuesto, solicitando el rechazo del mismo, con costas.

Como hechos, expone que por Resolución Exenta N° 8960, de 13 de diciembre de 2011, se aprobó el convenio a honorarios a través del cual, don nombre reservado, recurrente de autos, fue contratado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para cumplir funciones en la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Aysén, en adelante SEREMI, como agente público para desarrollar funciones como Encargado Técnico Regional del Programa Aldeas y Campamentos, desde el 21 de noviembre al 31 de diciembre de ese mismo año; que igual convención se celebró mediante Resolución Exenta N° 1749, de 27 de febrero de 2012, modificada por la Resolución Exenta N° 3033, de 13 de abril del mismo año, para realizar funciones entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2012; que a través de Resolución Exenta N° 563, de 28 de mayo de 2013, se aprobó su contratación también a honorarios para realizar las mismas labores, entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2013; y con fecha 10 de enero de 2014, por Resolución N° 32, de la Jefa de la División Administrativa de ese Ministerio, dictada por orden del Ministro, ambos de la época, se resolvió la contratación del recurrente para cumplir funciones en la SEREMI a contar de 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2014, y/o mientras sean necesarios sus servicios durante dichos lapso, como profesional asimilado al grado / EUS de la Planta Nacional de Cargos de ese Ministerio, resolución que fue tomada de razón con fecha 24 de febrero de 2014, por la Contraloría General de la República, y que posteriormente, y en pleno uso de las facultades legales conferidas a los recurridos, mediante Resolución N° 430, de 30 de mayo de 2014, a solicitud del actual secretario Ministerial de la SEREMI de la Región de Aysén, formulada por oficio N° 393, de 19 de mayo del año en curso, el Jefe de la División Administrativa, actuando por orden de la Ministra, resolvió poner término anticipado al contrato del recurrente, por no ser necesarios sus servicios, a contar de la fecha de la total tramitación de dicha resolución, la que fue tomada de razón por Contraloría General de la República, el día 25 de junio de 2014 y notificada al funcionario personalmente con fecha 27 de junio del mismo año, quien dedujo el recurso de protección que informan, haciendo presente, seguidamente, algunas consideraciones respecto de los supuestos procesales acerca de la procedencia del recurso de protección, los que, según expresan, no se verifican en el caso de autos.

Refieren, los recurridos, que la Resolución N° 430, cuya ilegalidad y arbitrariedad reprocha el recurrente, no es un acto ilegal, ya que contiene la decisión de la autoridad administrativa y empleadora de poner término a su contrata, modalidad bajo la cual sirvió en la SEREMI de la Región de Aysén, fundada precisamente en no ser necesarios sus servicios, a contar de la fecha de la total tramitación de dicha resolución, haciendo presente que la Resolución 32, de 10 de enero de 2014, que dispuso la contratación del recurrente para cumplir funciones en la SEREMI de la Región de Aysén, se estableció su duración hasta el 31 de diciembre del año 2014 “y/o mientras sean necesarios sus servicios durante dicho lapso” y, que por su parte la Resolución N° 430, de 30 de mayo de 2014, hizo alusión a esa razón para disponer el término de su contratación antes de vencer dicho plazo, cláusula que está en armonía con el carácter transitorio que tienen los empleos a contrata o a honorarios y en consecuencia, la Resolución 430, es un acto administrativo adoptado por la autoridad en el marco de sus potestades legales, ya que en efecto, el DFL N° 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en su artículo 3°, luego de definir la planta de personal de un servicio público, al tratar los empleos a contrata, señala que “son aquéllos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución” y, en su artículo 10°, en relación a la permanencia de esta clase de cargos, determina que “Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación, a lo menos”, esto es, se establece en forma implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleado a contrata antes del 31 de diciembre del año respectivo y en consecuencia, es posible considerar que la cláusula referida ha sido usada para permitir en esta clase de nombramientos, la existencia de un período de vigencia que sea inferior al que le restare al empleo para finalizar el año en que los servicios recaigan, sentido en el que se ha pronunciado la Contraloría General de la República, reproduciendo, en lo pertinente, el dictamen N° 19.602 de 2013 y, en relación con la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios” cita también jurisprudencia del Ente de Control, como asimismo de la Corte de Apelaciones de Rancagua y Excma. Corte Suprema, y que de esta forma, la autoridad administrativa del Servicio, que dispuso el término de la contratación del recurrente, se encontraba legalmente facultada para cesar sus servicios, cuya principal característica es la precariedad en su duración, supeditada a las necesidades de la entidad empleadora, de manera que al acudir la recurrida precisamente a esta causal, sólo ha hecho uso de la facultad descrita, por tanto, el acto administrativo en el que manifiesta esa voluntad es absolutamente legal y no amenaza, perturba o priva el ejercicio legítimo de ninguna de las garantías del recurrente enumeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Manifiestan, los recurridos, que la Resolución Nº 430 no es un acto arbitrario, y en este sentido, la Constitución Política de la República, en su artículo 20, concede el recurso de protección para la impugnación de actos arbitrarios o ilegales, términos hacen referencia a la antijuridicidad o contrariedad a derecho que debe constatar el juez que conoce del recurso de protección respecto del acto dictado por el órgano público, sin embargo, mientras la ilegalidad resulta de una violación a los elementos reglados, la arbitrariedad se da respecto a los elementos discrecionales de la potestad de un órgano público, esto es, la arbitrariedad sólo puede darse allí donde un órgano ha sido habilitado con un margen de libertad de apreciación para actuar en su función de satisfacer las necesidades públicas, así, mientras en la discrecionalidad el legislador convoca a la Administración a realizar un razonamiento para tomar una determinada decisión, en la arbitrariedad nos encontramos con una voluntad no gobernada por la razón, esto es una actuación carente de razonabilidad o fundamentación, y los Órganos de la Administración incurrirán en arbitrariedad cada vez que, en el ámbito de sus potestades discrecionales, dicten actos que carezcan de razonabilidad o fundamentación suficiente, haciendo un uso caprichoso de las potestades otorgadas.

Que, de esta forma, la Resolución N° 430, recurrida en estos autos, se dictó por la autoridad ministerial en el ámbito de sus potestades especialmente señaladas en la Ley N°16.391, que creó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuya Subsecretaría ejerce a través de la División Administrativa la facultad de dirigir y atender todos los asuntos administrativos propios de esa Cartera de Estado; facultades y atribuciones que deben entenderse complementadas con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 1.305, de 1975, que Reestructuró y Regionalizó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuyo artículo 40 amplía el ámbito de sus facultades, al disponer que "Corresponderá al Ministerio formular y supervigilar las políticas nacionales en materia habitacional y urbanística y las normas técnicas para su cumplimiento, como asimismo la administración de los recursos que se le hayan entregado y la coordinación y evaluación metropolitana y regional en materia de vivienda y urbanismo”, y que la racionalidad que motiva la decisión de poner término a las funciones del recurrente y que la constituyen en un acto exento de arbitrariedad adoptado en el ámbito de las atribuciones de la autoridad, dice relación con el debido cumplimiento de la función pública encomendada por la normativa descrita, y de la utilización eficiente de los recursos económicos y de la administración del personal para el desarrollo de esa función.

Expresan seguidamente, que es preciso referirse a la función que desempeñaba el recurrente, y al respecto señalan que la nueva autoridad de la Secretaría Ministerial, en el ámbito de sus atribuciones, para definir e implementar su gestión, analizó el trabajo desarrollado por sus funcionarios y en ese estudio estimó que las funciones desarrolladas por el recurrente ya no eran necesarias, por cuanto éstas no decían relación con las funciones para la cual fue contratado, lo que se tradujo en definitiva en un perjuicio para la gestión de esa SEREMI, ya que del análisis de sus labores le permitió constatar que su deficiente gestión durante los años 2012 y 2013, como encargado del Programa Recuperación de Barrios, se vio reflejada en el Informe de Gestión realizada a diciembre de 2013 y que en esa SEREMI impactó poderosamente el cumplimiento de las metas internas que se impone el Ministerio tanto a nivel nacional como regional, Informe que fue realizado respecto de la Región de Aysén, por el Departamento de Planificación y Control de Gestión de la División de Finanzas del Ministerio, cuyo extracto referido al indicador Programa Recuperación de Barrios acompaña, informe que refleja que la Región de Aysén fue la peor evaluada, obteniendo el último lugar del Ranking Nacional y que en relación con cada una de las metas regionales, la referida al cumplimiento de las metas del Programa Recuperación de Barrios, que se lleva en la SEREMI es la más baja, con un cumplimiento del 32,6%, lo cual impacto negativamente en los demás índices regionales. Que por su parte, anualmente, el Ministerio realiza auditorías de calidad respecto de la gestión de sus procesos y en la Región de Aysén, el auditor nombre reservado, auditó la gestión de Procesos del Programa Recuperación de Barrios a cargo del recurrente, cuyo resultado se observa en el pre informe de Auditoría Interna de Calidad, de 17 de diciembre de 2013, que sirvió como antecedente para elaborar el Informe Final de Auditoría Interna de Calidad de 20 de diciembre de 2013, el cual da cuenta de las graves deficiencias en la gestión de ese programa a la luz de la Política de Calidad del Ministerio, aplicable a la materia, lo señalado fue conocido por la autoridad ministerial saliente, no obstante lo cual decidió su contratación, dos meses antes de terminar su gestión, bajo la modalidad a contrata, por lo cual, durante los meses de abril y mayo del presente año, las nuevas autoridades de la SEREMI, debieron tomar medidas por cuanto el incumplimiento de las metas asociadas el Programa Recuperación de Barrios en la Región de Aysén, afectaron directamente los indicadores de este tipo a nivel nacional, razones por la cuales, el Secretario Regional Ministerial de la SEREMI de Aysén, mediante oficio N° 393, de 19 de mayo del año en curso, solicitó al Jefe de la División Administrativa dictar el acto administrativo que pusiera término a la contratación del recurrente, por no ser necesarios sus servicios.

En cuanto a la ausencia de infracción de derechos fundamentales en el caso sub lite, refieren que no se afecta el principio de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, y que el actor expresa en su libelo en relación con la vulneración de esta garantía constitucional que la resolución recurrida, "que dispuso el cese anticipado de mi contrata, se debe entender que éste ha sido objeto de una diferenciación que carece de razonabilidad, contrariándose la finalidad que el legislador previó al establecer la facultad para poner término a la contrata en razones de las necesidades del servicio, siendo por tanto discriminado arbitrariamente y vulnerándose su (sic) derecho a la igualdad ante la ley contemplado en el artículo 19 N° 2, de la Constitución Política de la República”, agrega el recurrente que la Resolución N° 430, al poner término anticipado a su contrata "por razones superiores del servicio", carece de fundamentos y de motivación trasgrediendo de esta forma la Constitución Política y la Ley N° 19.880, que regula el Procedimiento Administrativos que rige los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, que dispone que los actos administrativos deben ser fundados, señalando que el propio artículo 10 del Estatuto Administrativo establece que "los empleados a contrata durarán en sus servicios hasta el 31 de diciembre de cada año”, norma, que según expresa “ha sido superada por una decisión unilateral de la autoridad sin fundamentos” que le dejarían en la más absoluta indefensión, refiriéndose de manera parcial a dicha norma toda vez que expresa que los empleos a contrata durarán “como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre”, lo que lleva implícita la posibilidad de ponerle término antes de esa fecha.

Que también, el recurrente pretende fundar la vulneración de esta garantía en el Oficio Circular N° 31 del Sr. Ministro de Hacienda, de 29 de noviembre de 2013, dirigido a todos los Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes y Jefes Superiores de Servicios, en el cual se establecen "Orientaciones Generales a los Jefes de Servicios sobre proceso de renovación del Personal a Contrata", en relación al artículo 10° del Estatuto Administrativo, y en este sentido, indica el recurrente que el oficio de la referencia constituye un tipo de norma que tiene la naturaleza de una circular o instrucción y cuya fuerza normativa es vinculante para las autoridades superiores de la Administración Pública, lo que no es efectivo, ya que el propio nombre del documento da cuenta de un primer elemento para concluir la inaplicabilidad de la instrucción para el caso en comento, dado que éste se refiere a la renovación de las contratas, en las anualidades que ésta se configura y no a los términos anticipados de las mismas, como ocurre en la especie, las que se fundan en última instancia en el carácter transitorio que tienen dichos empleos, en las facultades de los respectivos jefes y en la buena marcha y funcionamiento de los respectivos órganos que dirigen, y en ese sentido, las orientaciones generales sobre el proceso de renovación de contratas y que son impartidas anualmente por el Ministro de Hacienda constituyen recomendaciones que dan cuenta de buenas prácticas laborales que se hace presente a los Jefes Superiores de Servicio, por esta razón, en este oficio se encuentran contenidos ciertos parámetros y directrices que no alteran en ningún caso la naturaleza jurídica de las contratas y las facultades que mantienen los Jefes de Servicio sobre las mismas, y que como ya señaló, según establece el artículo 10° del Estatuto Administrativo, las contratas tienen un plazo máximo de duración hasta el 31 de diciembre de cada año, permitiendo a contrario sensu que pueda ponérsele término de forma anticipada cuando las necesidades del servicio lo justifiquen, como ocurre en este caso, citando jurisprudencia administrativa que delimita el alcance jurídico y fuerza normativa de este tipo de instrucción.

Agregan que es preciso señalar que, respecto a la vulneración de esta garantía, la Constitución Política reconoce el principio de igualdad ante la ley, por el cual se establece que "La Constitución asegura a todas las personas la igualdad ante la ley". Luego se señala que "En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos y todo el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley". Finalmente, el inciso segundo señala que "Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias". Que la igualdad ante la ley, en lo que interesa a este caso, implica la prohibición a toda autoridad de realizar diferenciaciones que sean arbitrarias, citando jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto, y que en este contexto, la dictación de la resolución que puso término a la contratación del recurrente, no importa una vulneración al derecho de igualdad garantizado en la Constitución Política de la República, por cuanto, y contrariamente a lo que sostiene el actor, atendida la naturaleza de su contratación esencialmente transitoria y a la circunstancia de que la autoridad administrativa está facultada para poner término anticipado a ese vínculo laboral, este Ministerio procedió a poner término anticipado, en igualdad de condiciones, a los contratos suscritos bajo la modalidad a contrata, respecto de todos los funcionarios de su Planta Nacional de Cargos que se encontraron en el supuesto descrito, esto es, aquellos cuyas funciones no fueron necesarias a la época en que se les puso término a sus contratos, entre los cuales se encuentra el recurrente.

Respecto a la vulneración de la garantía constitucional del artículo 19 N° 24, de la Carta Fundamental, refieren los recurrentes, que no se ha coartado el derecho de propiedad del recurrente, quien señaló que la actuación ilegal y arbitraria de la autoridad constituida por el término anticipado de su contrata impidió que siguiera desempeñando sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2014 y percibir las remuneraciones respectivas, además de la totalidad de los permisos administrativos que, según expresa, le correspondían, con lo cual se ha vulnerado "el derecho de propiedad en sus diversas especies corporales e incorporales, desde que se le ha impedido a esta parte recurrente ejercerlo, recibir las remuneraciones pactadas y hasta el 31 de diciembre del año 2014", y sobre el particular, señalan que el constituyente estableció directamente la garantía reconociendo la categoría que el derecho civil había desarrollado a partir de lo dispuesto en el artículo 583 del Código Civil, y de esta forma se reconoce la propiedad sobre cosas incorporales, como los derechos personales o reales, según categorización del artículo 576 del mismo texto legal, con la misma intensidad con la que se reconoce el dominio sobre cosas corporales, y en el caso sub lite y atendida la naturaleza precaria de la contratación del actor, no se puede pretender que exista un derecho de propiedad sobre sus remuneraciones hasta el 31 de diciembre de 2014, por cuanto se trata sólo de meras expectativas en tanto aquél constituye el plazo máximo de duración del contrato, según lo dispuesto en la Resolución N° 32, de 10 de enero de 2014, pudiendo ponerse término antes al contrato, cuando a juicio de la autoridad administrativa empleadora no fueren necesarios sus servicios, como ha ocurrido en la especie, por lo que no existe un derecho devengado respecto de esas remuneraciones hasta la fecha máxima señalada, sino sobre aquellas correspondientes a los días efectivamente laborados, derecho que ha sido plenamente reconocido al actor en las liquidaciones y pago de sus remuneraciones correspondientes, percibiendo esos emolumentos hasta el último día que trabajó, esto es, hasta el día 25 de junio de 2014, fecha en que se le notificó el despido conforme al artículo 46 de la Ley N° 19.880 y se le hizo entrega de copia de la Resolución Nº 430, de 2014, totalmente tramitada, que así lo dispone, y en consecuencia, con la dictación de la referida resolución, no se ha vulnerado su derecho de propiedad respecto de las remuneraciones que le hubiere correspondido percibir al recurrente de haberse cumplido el contrato hasta el plazo máximo fijado en él, por cuanto, atendida la naturaleza del contrato, en tanto las remuneraciones no sean percibidas, constituyen meras expectativas y no hay sobre ellas derechos adquiridos que se deban salvaguardar.

Citan, seguidamente, Jurisprudencia Administrativa de la Contraloría General de la República y de los Tribunales Superiores de Justicia, para concluir, finalmente, que el recurso de protección exige una infracción que sea grave, patente, manifiesta y palmariamente antijurídica; que la Resolución N° 430, de 30 de mayo de 2014, fue tomada de razón por la Contraloría General de la República con fecha 25 de junio de 2014, lo que dota al acto administrativo de una presunción de legalidad y constitucionalidad que no ha sido desacreditada en estos autos, ni tampoco se aportan elementos que así lo sugieran, y que es un acto administrativo de la autoridad, adoptado en el marco de sus potestades legales en materia de gestión administrativa, referida a la dotación del personal y al control de recursos fiscales, resguardando el principio de igualdad ante la ley, y los de eficiencia y eficacia de la función pública, por lo que no se visualiza infracción a alguna garantía constitucional, por el contrario, analizados los hechos y el contenido de los derechos que el actor dice conculcados, se concluye que el acto impugnado no transgrede ni en lo más mínimo garantías individuales del recurrente, por lo que solicitan, en definitiva, se desestime en todas sus partes la acción de protección impetrada, con costas.

CUARTO: Que, previo a resolver la controversia que ha sido planteada ante este Tribunal de Alzada, es útil señalar que el recurso de protección fue concebido para restablecer el imperio del derecho y resguardar el orden jurídico vigente cuando éste se ve alterado a causa de actuaciones arbitrarias o ilegales que perturban o amenazan el legítimo ejercicio de algunas de las Garantías Constitucionales, contempladas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Que, a su vez, la arbitrariedad necesariamente, desde el punto de vista conceptual, debe vincularse y relacionarse con la noción de actuares u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por el principio de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad.

Por su parte la existencia de ilegalidad conjuga tanto la idea de lo contrario a derecho, o, más técnicamente, el no respetarse o infringirse una norma jurídica.

Que, en consecuencia, de la propia definición del recurso de protección aparece que ésta acción cautelar tiene como requisito de la esencia, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria, producto del mero capricho de quien lo comete y que, como consecuencia del mismo, afecte una o más de las garantías preexistentes, protegidas, lo cual será fundamental para su decisión, por el tribunal ante el cual se interpone.

QUINTO: Que, de los antecedentes que obran en estos autos, se pueden constatar los siguientes hechos:

a) Que, por Resolución Exenta N° 8960, de fecha 13 de diciembre de 2011, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el recurrente, don nombre reservado, ingresó a trabajar en la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Aysén, en calidad jurídica a honorarios, como agente público para desarrollar funciones de Encargado Técnico Regional del Programa Aldeas y Campamentos, desde el 21 de noviembre al 31 de diciembre de 2011, lo que consta del propio informe de los recurridos;

b) Que, por Resolución Exenta N° 1749, de 27 de febrero de 2012, modificada por Resolución Exenta N° 3033, de 13 de abril del mismo año, se prorrogó su contrato a contar del 02 de enero de 2012, hasta el 31 de diciembre de 2012, como aparece de informe de los recurridos;

c) Que, por Resolución Exenta N° 563, de 28 de mayo de 2013, se aprobó su contratación, también a honorarios, para realizar las mismas labores, entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2013, según informan los recurridos;

d) Que, mediante Resolución N° 32, de 10 de enero de 2014, según aparece a fojas 1 y 2, se resolvió la contratación del recurrente, para cumplir las mismas funciones, a contar del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2014, y/o mientras sean necesarios sus servicios durante dicho lapso, como profesional asimilado al grado 7 E.U.S., que fue tomada de razón con fecha 24 de febrero de 2014, por la Contraloría General de la República y;

e) Que, a través de la Resolución N° 430, que rola a fojas 3 y 4, de fecha 30 de mayo de 2014, del Jefe División Administrativa don nombre reservado, por orden de la Ministra, y a solicitud del SEREMI, Región de Aysén, a través de oficio N° 393, de 19 de mayo de 2014, se puso término, a contar de la total tramitación de la misma, a la contratación de don nombre reservado, RUT RUT reservado, profesional, asimilado al grado 7 EUR, de la Planta Nacional de Cargos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sus Secretarias Ministeriales y los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización, de dotación de la SEREMI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Recuperación de Barrios.

Que, en consecuencia, de lo anteriormente consignado corresponde dilucidar si el acto emanado de los recurridos, al poner fin a la contrata del recurrente, en forma anticipada, lo ha sido dentro de sus facultades y atribuciones para cursar dicha resolución y si además se cumplió para ello con la normativa legal y reglamentaria que rige esta materia.

SEXTO: Que, según se puede constatar de los documentos señalados precedentemente, con fecha 30 de mayo de 2014, se dictó la Resolución Afecta N° 430, por parte del Jefe División Administrativa don nombre reservado, por orden de la Ministra del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante la cual se puso término a la contratación de don nombre reservado, profesional, asimilado al grado 7 EUR., de la planta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, constando también que al recurrente ya indicado, por Resolución Afecta N° 32, de 10 de enero de 2014, se le había prorrogado su contratación a contar del 1 de enero de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2014.

SÉPTIMO: Que, previo a resolver el recurso que ha sido deducido, cabe señalar, que los empleos a contrata se encuentran reconocidos en el Estatuto Administrativo, Ley 18.834, cuyo artículo 3° señala que, empleados a contrata, son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución y cuya permanencia la señala el artículo 10° del mismo cuerpo legal, en el sentido de que el tiempo máximo de duración es hasta el 31 de Diciembre de cada año, fecha en que su cargo expira por el sólo ministerio de la ley, pudiéndose constatar que, en el caso que se conoce, en forma anticipada, previo a expirar el tiempo del cargo a contrata y transcurrido tan solo algo más de cuatro meses desde que se prorrogó la contrata, los recurridos optaron por poner término a ella, sin que de la misma resolución conste en forma precisa y determinada la razón de tal decisión y, tan solo en la letra a) de lo considerativo, se señaló que la contratación era a contar del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2014, y/o mientras fueran necesarios sus servicios durante dicho lapso, sin que esto último se haya precisado en lo resolutivo de tal determinación.

También consta que, en ésta, se consignó diferentes cuerpos legales en los cuales se basaría tal decisión y, en la letra b), se señaló, asimismo, lo solicitado por el SEREMI Región de Aysén, a través de oficio ORD. N° 393, de 19 de mayo de 2014, pero sin que de modo alguno se haya fundado, razonado o motivado la resolución que puso término al contrato, no constando ningún hecho acreditado en el cual se haya basado.

OCTAVO: Que, en consecuencia, de lo señalado precedentemente, se puede concluir que la resolución anterior, N° 430, de fecha 30 de mayo de 2014, del Departamento de Recursos Humanos, Sección Personal del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por la cual se pone término al contrato del recurrente nombre reservado, transcurrido sólo algo más de cuatro meses de haberse efectuado su contratación y respecto de un funcionario que sirvió el cargo en forma continua por dos años y cinco meses, sin haberse dado ninguna motivación ni fundamentado tal decisión, carece de racionalidad y razonabilidad, dado que si bien es efectivo que la calidad de empleado de la Administración Pública, en calidad de contrata, es transitoria o temporal y la permanencia del empleo se encuentra entregada a la necesidad del empleador de contar con los servicios de éste, ello no es suficiente ni autoriza a la anterior para hacer uso de su atribución en forma absolutamente discrecional, según su apreciación exclusivamente personal y en forma infundada, esto es, sin que exista una causa legal justificada o contractual para disponer la desvinculación del funcionario público a contrata antes del término del plazo de la contratación y, la facultad que tiene el empleador, no lo exime del deber de fundamentar sus decisiones, debiendo necesariamente señalar en el acto administrativo las razones jurídicas, reglamentarias o de hecho que sirven de sustento a su decisión, teniendo el deber de dejar expresa constancia, en sus resoluciones, de las razones o motivos que la fundamentan, obligación que emana de la Ley 19.880, que establece Las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, que tienden a transparentar los actos del mismo.

De tal forma, es exigible al órgano empleador que un afectado, con una medida de tal naturaleza, esencialmente gravosa por su significación personal y social, como es perder un empleo servido durante años, sin que existan reproches o tachas en la conducta o función del empleado, como ocurre en el caso que se conoce, dado que se encuentra acreditado que, en el período del 1 de septiembre de 2013 al 31 de enero de 2014, éste fue calificado en Lista N° 1, de Distinción, a lo menos conozca los fundamentos o motivos por los cuales se le desvincula del cargo que sirve, sin que ello haya ocurrido en el caso de autos, dado que la resolución que decretó su desvinculación carece de fundamentos, no habiéndose consignado en ésta, los argumentos o motivos que sirven de sustento a la misma, lo que indudablemente constituye un imperativo que debe ser expresamente cumplido por la autoridad, más aún si dicha resolución emana de un ente público administrativo que, al no cumplirlo, consagra el uso arbitrario de un derecho que la ley otorga, vulnerando con ello garantías constitucionales de igualdad y no discriminación, que se encuentran establecidas en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

NOVENO: Que, respecto a lo anterior, cabe consignar que la Resolución N° 430, de fecha 30 de mayo de 2014, que pone término anticipado al contrato, como ya se dijo, no contiene ninguna motivación, razón o causa que racionalmente autorice a la autoridad correspondiente para poner término al contrato, limitándose a enunciar diversos cuerpos legales, sin desarrollar los mismos ni los hechos que habrían permitido tal decisión y aparentemente fundándose también en que lo habría sido solicitado por el SEREMI de la Región de Aysén, a través de oficio ORD. N° 393, de 19 de mayo de 2014, que fuera acompañado en esta segunda instancia, pero el cual tampoco contiene ninguna motivación para ello, limitándose a solicitar la desvinculación del funcionario, por no ser necesarios sus servicios, pero sin establecer ni desarrollar los hechos que habrían permitido tal decisión, todo lo cual transforma este acto administrativo en carente de racionalidad y motivación, esto es, arbitrario, y sin que exista en la resolución impugnada ningún fundamento, razón o juicio preciso, real y determinado de la decisión que se adoptó respecto del recurrente, privándolo a éste de su cargo a contrata y del derecho a permanecer en sus funciones hasta el día 31 de diciembre de 2014, como lo había decretado una resolución anterior, tomada tan sólo algo más de cuatro meses antes, y ello mientras cumpla con sus obligaciones funcionarias y, por tanto, del derecho a percibir las remuneraciones respectivas a sus funciones, excluyéndosele de la administración pública.

DÉCIMO: Que, en relación a lo antelado, cabe consignar que la facultad especial que se concede a la Administración no puede ejercerse de modo meramente discrecional y sin un motivo preciso y determinado y, siendo de la esencia del ejercicio del poder público que sus decisiones sean no sólo imparciales sino también razonables y razonadas, como lo establece en el artículo 53 de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, le estaba impedido a la recurrida de poner término anticipado al contrato del recurrente, omitiendo claramente los antecedentes fácticos que le permiten aseverar por qué los servicios de este funcionario a contrata han dejado de ser necesarios, lo que conlleva entonces a que la decisión adoptada sea meramente voluntariosa, discrecional y caprichosa, sin que se funde en antecedentes que le den sustento y la hagan razonable en derecho, es decir, es arbitraria, no bastando la sola cita de disposiciones legales, lo que le permitió adelantar excepcionalmente el término de la contrata.

Que, tampoco puede obviarse que la Ley 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración Pública, en su artículo 11, inciso 2° preceptúa que “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquéllos actos que afectaren los derechos de los particulares, sean que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”, disposición ésta que es plenamente aplicable en las relaciones que la autoridad mantiene con quienes sirven a su ejercicio.

Que, aparte de lo anterior, cabe considerar, también, que según consta de oficio circular N° 31, del Ministerio de Hacienda, de 29 de noviembre de 2013, dirigido a los Señores Ministros de Estados, Subsecretarios, Intendentes y Jefes Superiores de Servicios, rolante a fojas 5 y 6, que establece Orientaciones Generales a los Jefes de Servicios sobre el proceso de renovación del Personal a Contrata, aparece, en su número 2, “Que las eventuales no renovaciones de las contratas deben entenderse en forma restrictiva y limitadas a casos debidamente fundados y acreditables y sobre la base de que concurran criterios objetivos, que impidan discriminaciones arbitrarias en el ejercicio de las facultades correspondientes”; oficio y orientaciones que, obviamente, en el caso que se conoce, no fue observado ni respetado.

UNDÉCIMO: Que, igualmente, carece de sustento lo expresado por los recurridos en orden a que se constató una deficiente gestión del recurrente, como encargado del Programa Recuperación de Barrios, durante el año 2012 y 2013, que se vio reflejada en el Informe de Gestión realizado a diciembre de 2013, informe en cuestión que expresa que la Región de Aysén fue la peor evaluada del ranking nacional, puesto que tales eventuales deficiencias necesariamente debieron expresarse en la resolución que puso término anticipado al contrato, lo que no fue consignado de modo alguno en la resolución a que se hizo referencia.

DUODÉCIMO: Que, en consecuencia, de lo consignado en los motivos anteriores, se puede concluir que efectivamente los recurridos, con su actuar vulneraron la garantía constitucional de igualdad ante la ley, establecida en el artículo 19 n° 2 de la Constitución Política del Estado, considerando que conforme a la doctrina y jurisprudencia nacional, la normativa debe ser igual para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros, que se encuentren en condiciones similares y, en relación al derecho de propiedad, contemplado en el artículo 19 n° 24 de la Constitución Política, se estima que éste también fue vulnerado con motivo de la decisión tomada, en relación con la estabilidad del empleo, el que constituye un bien resguardado por el derecho y forma parte del patrimonio personal y pecuniario del sujeto que lo detenta, materializado, este último, en el derecho a sus remuneraciones, bien necesario para la seguridad material y moral del funcionario y de quienes dependen de él y, por ende, en las condiciones anotadas y por lo ya expresado con antelación, la conducta de los recurridos de poner término a la contrata del recurrente, en forma arbitraria, significa una vulneración contra las garantías constitucionales a que se hizo referencia precedentemente, motivos por los cuales el recurso de protección planteado debe ser acogido y así se declarará.

Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de junio de 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Garantías Constitucionales, y sus modificaciones, se resuelve:

I.- Que, SE ACOGE, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en lo principal de su libelo de fojas 11 y siguientes, en contra del Jefe de División Administrativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, don nombre reservado, ingeniero comercial, o quien lo subrogue o represente legalmente, o haga las veces de tal, y en contra del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, representado por su Ministra doña Paulina Saball Astaburuaga y, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución N° 430, de 30 de mayo de 2014, rolante a fojas 3 y 4 de estos antecedentes, debiendo los recurridos disponer la inmediata reincorporación del recurrente en su cargo servido en el Servicio de Vivienda y Urbanización, Regional de Aysén, profesional grado 7° EUR o, en su caso, resarcirlo del pago íntegro de sus remuneraciones devengadas entre el tiempo que medió entre su efectiva desvinculación y la fecha de término de sus servicios, el 31 de diciembre de 2014.

II.- Que, no se condena en costas a los recurridos.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el Ministro Titular don Sergio Fernando Mora Vallejos.

Rol N° 47-2014 PRONUNCIADA POR LA SEÑORA PRESIDENTE TITULAR DOÑA nombre reservado, EL SEÑOR MINISTRO TITULAR DON SERGIO FERNANDO MORA VALLEJOS Y EL SEÑOR MINISTRO TITULAR DON LUIS DANIEL SEPULVEDA CORONADO. AUTORIZA DON nombre reservado, SECRETARIO SUBROGANTE.