Protección contra Directora Regional de Aysén del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Coyhaique, veintidós de agosto de dos mil catorce.

VISTOS:

De fojas 46 a 58, comparece doña nombre reservado, nombre reservado, casada, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Directora Regional de Aysén del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, doña Carolina Rojas Flores, o quien la subrogue o represente legalmente, o haga las veces de tal, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, de Coyhaique, por haber incurrido en un acto arbitrario e ilegal, contenido específicamente en la Resolución Exenta N° 479, de fecha 18 de julio de 2014, al tomar la determinación de poner término anticipado a su contrato con ese Consejo, mientras se encontraba haciendo uso de licencia médica por enfermedad grave de su hijo menor de un año, y amparada por las normas de protección a la maternidad, acto que afecta sus garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N° 1, 2, 3 inciso cuarto y 24, de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva, se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 479, de 18 de julio de 2014, que puso término anticipado a sus servicios, encontrándose protegida por las normas sobre protección a la maternidad, declarando que ésta ha conculcado el numeral 1, 2, 3 inciso cuarto y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, el derecho a la integridad física y psíquica de la persona, la igualdad ante la ley, a no ser juzgado por comisiones especiales, y el derecho de propiedad, disponiéndose como medida para restablecer el imperio del derecho, su inmediata reincorporación al Servicio recurrido, respetando las normas sobre protección a la maternidad y por todo el tiempo que el legislador ha previsto el fuero de la madre trabajadora que da a luz un hijo, ordenando además, el pago íntegro de todas las remuneraciones devengadas en el tiempo que medie entre su desvinculación y su efectiva reincorporación a éste, y/o las medidas que se considere ajustadas a derecho, con costas, acompañando la documentación pertinente al caso, de fojas 1 a 45 y de fojas 140 a 154.

A fojas 60, se declaró admisible el presente recurso y se pidió informe a la recurrida.

A fojas 80 y siguientes doña nombre reservado, Directora Regional Subrogante del Servicio recurrido, informa respecto al recurso interpuesto, solicitando el rechazo del mismo, con costas, acompañando, de fojas 65 a 73 y de fojas 90 a 138, diversa documentación.

A fojas 162, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de fojas 46 a 58, comparece doña nombre reservado, nombre reservado, casada, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Directora Regional de Aysén del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, doña Carolina Rojas Flores, o quien la subrogue o represente legalmente, o haga las veces de tal, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, de Coyhaique, por haber incurrido en un acto arbitrario e ilegal, contenido específicamente en la Resolución Exenta N° 479, de fecha 18 de julio de 2014, al tomar la determinación de poner término anticipado a su contrato con ese Consejo, mientras se encontraba haciendo uso de licencia médica por enfermedad grave de su hijo menor de un año, y amparada por las normas de protección a la maternidad, acto que afecta sus garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N° 1, 2, 3 inciso cuarto y 24, de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva, se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 479, de 18 de julio de 2014, que puso término anticipado a sus servicios, encontrándose protegida por las normas sobre protección a la maternidad, declarando que ésta ha conculcado el numeral 1, 2, 3 inciso cuarto y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, el derecho a la integridad física y psíquica de la persona, la igualdad ante la ley, a no ser juzgado por comisiones especiales, y el derecho de propiedad, disponiéndose como medida para restablecer el imperio del derecho, su inmediata reincorporación al Servicio recurrido, respetando las normas sobre protección a la maternidad y por todo el tiempo que el legislador ha previsto el fuero de la madre trabajadora que da a luz un hijo, ordenando además, el pago íntegro de todas las remuneraciones devengadas en el tiempo que medie entre su desvinculación y su efectiva reincorporación a éste, y/o las medidas que se considere ajustadas a derecho, con costas.

SEGUNDO: Que, fundamentando su recurso, refiere como hechos, que comenzó a trabajar en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la Región de Aysén, el 1 de marzo del año 2012, suscribiéndose al efecto las Resolución Exenta N° 119, de fecha 01/03/2012, Resolución Exenta N° 20, de fecha 11/01/2013, y en relación a su última contratación, ésta se dispuso mediante Resolución Exenta N° 60, de fecha 30/01/2014, del Director Regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la Región de Aysén, a contar del 1 de Enero de 2014 y hasta el 31 de Diciembre de 2014, y que el contrato a honorario que suscribió, era de 44 horas semanales, con derecho a viatico; derecho a Sala Cuna y Jardín Infantil; a gozar de licencias médicas, permisos de pre-natal, post-natal y post-natal parental; permisos administrativos; feriado legal; permiso en caso de nacimiento o adopción de hijo/ a; permiso por muerte de cónyuge o hijo/a; permiso por muerte de padre, madre o hijo en gestación, y permiso de alimentación, prolongándose su desempeño laboral por dos años, tres meses y dieciocho días ininterrumpidos, reseñando, seguidamente, las labores que realizó durante dicho periodo.

Que en el mes de Septiembre del año 2013, fue trasladada de urgencia desde Coyhaique hacia la ciudad de Santiago, por su embarazo de alto riesgo, síntomas de parto prematuro, quedando hospitalizada hasta la fecha del parto, haciendo uso de su prenatal y luego, por el nacimiento de sus hijos mellizos, el 18 de diciembre del año 2013, inició su postnatal y, posteriormente, su postnatal parental, y en circunstancias que se encontraba haciendo uso de licencia médica correspondiente al permiso por enfermedad grave del hijo menor de un año, Alergia Alimentaria de sus hijos, que regula el artículo 199 del Código del Trabajo, el cual sólo puede otorgarse una vez terminado el permiso postnatal parental, establecido en el artículo 197 bis del mismo código, de acuerdo con lo establecido por el inciso segundo, del artículo 25, del D.F.L. N° 44, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 1978, modificado por la ley N° 20.545, su empleador, la Directora Regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, doña Carolina Rojas Flores, mediante una Resolución dispuso poner término anticipado a su contrato, es decir, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la Región de Aysén la dejó sin trabajo cuando se encontraba haciendo uso de licencia médica, por enfermedad grave del hijo menor de un año, además de disponer en el citado acto administrativo, el cese del pago de sus remuneraciones a contar del 1 de julio del 2014, vulnerando las normas de protección a la maternidad y el fuero maternal.

Agrega, que del análisis de los instrumentos descritos precedentemente no se está en presencia de contratos a honorarios de aquéllos previstos en el artículo 11 de la Ley N° 18.834, porque las características que emanan de esos actos jurídicos, unido a las oportunidades en que esta relación ha sido renovada, constituyen condiciones propias de los funcionarios a contrata, referidos en el artículo 10 y definido en la letra c) del artículo 3 de la ley citada, como los funcionarios "que corresponden a la dotación de una institución aun cuando tengan el carácter de transitorios, debiendo durar, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año, oportunidad en que los funcionarios que los sirvan cesarán en sus funciones por el sólo ministerio de la ley". Que, el contrato a honorarios a que se refiere el artículo 11 del Estatuto Administrativo, es aquél que dispone que podrá contratarse, sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución, mediante resolución de la autoridad correspondiente, y del mismo modo, se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera. Que, además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales del cual se colige que la contratación de profesionales o expertos en determinadas materias en esta modalidad es para realizar labores accidentales, sin embargo, en este caso se puede constatar que todos los contratos se pactaron por más de un año corrido, estipulándose su duración, en cada anualidad, hasta el 31 de diciembre de cada año, y en que se establece que el prestatario realizará diferentes funciones y que, asimismo, en ninguno de ellos se explica que para desarrollar el cometido especifico que le fuera encargado, sea preciso poseer el título de nombre reservado, y que en esas condiciones, independiente a como se haya denominado el acto jurídico que la vincula a su empleadora, las estipulaciones de los mismos, la periodicidad y la prolongación a lo largo de los años del vínculo jurídico que los une, no es posible considerarlo como un contrato de honorarios, puesto que sus características corresponden a las contratas reguladas en el artículo 10 del Estatuto Administrativo, debiendo asimilarse en sus obligaciones, beneficios y derechos a los empleados públicos y, en consecuencia, como trabajadora tiene derecho a la protección a la maternidad prevista en los artículos 194 y siguientes del Código del Trabajo.

Manifiesta, en cuanto al derecho, que como lo ha sostenido reiteradamente la Excelentísima Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, constituye una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio, y conforme a los antecedente de hecho expuestos, el acto del cual se recurre de protección es arbitrario e ilegal, y vulnera los derechos de jerarquía constitucional consagrados en el artículo 19 N° 1, 2, 3 inciso cuarto y 24 de la Constitución Política de la República, y el Convenio 103 de la Organización Internacional del Trabajo que protege la maternidad y que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1 del Código Civil, o arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien lo comete y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes protegidas.

Refiere que, en la especie, el acto impugnado, resulta arbitrario, por cuanto, la recurrida consideró que incurre en incumplimiento de las obligaciones del contrato, quien efectúa notas de prensa para un tercero, sin contraprestación económica alguna, y bajo una mera liberalidad, ejecutada durante la vigencia de una licencia por enfermedad grave de hijo menor de un año, y así, cabe precisar que, siendo su contrato a honorarios, ello no es óbice para que pueda ejecutar labores remuneradas con un tercero, si así fuera el caso, ni tampoco se le está impedido al no contener éste una cláusula de exclusividad que así lo prohíba, pero en ninguno de los casos señalados cabe la situación o el fundamento por el cual se puso término unilateral a su relación laboral, cual carece de toda lógica o razón, obedeciendo a un capricho discrecional e injustificado de la recurrida, agregando que, en el acto recurrido, se han efectuado procedimientos, actuaciones y aplicación de normativa, en contra de su persona, que no se efectúan ni se aplican a todos los trabajadores a honorarios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, lo que se ve plasmado en Oficio a la COMPIN, aplicación de normas del DS N° 3, de 1984, del MINSAL, que Aprueba Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por la Compin e Instituciones de Salud Previsional, en circunstancia que existe una Política de Otorgamiento de Beneficios al Personal a Honorarios, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que en su punto 3, señala: "El personal a honorarios tendrá derecho a gozar de Licencias Médicas que, extendidas en conformidad a la Ley, servirán de suficiente justificación para las ausencias en que incurra por dicho concepto."; y un Manual de Procedimiento de licencias médicas del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que establece en su punto 5.4: "La "SECCIÓN DE REMUNERACIONES", a través de la "Funcionaria Encargada", deberá: Llevar el registro y control de la Licencias recepcionadas del Nivel Central deberá emitir la resolución que autoriza la licencia la que deberá contener adjunta la copia de la Licencia, para efectos de control de asistencia. La licencia original deberá quedar archivada en la Sección.", quedando demostrado en la especie que ninguno de los instrumentos internos del Servicio contienen los procedimientos que se han utilizado en su contra y, por ende, no se han utilizado con otros servidores, tornándose esta actuación de la autoridad, en antojadiza, arbitraria y discrecional hacia su persona.

Expresa, que en tal sentido, dicha actuación es además ilegal, ya que no encuentra norma o fundamento legal en que se funde sino que, al contrario, contraviene normas de orden público, al desvincularla anticipadamente, en circunstancias que se encuentra haciendo uso de permiso o licencia por enfermedad grave del hijo menor de un año, y amparada por el fuero de la protección a la maternidad, y que la Constitución Política de la República contiene normas o mandatos que tienden a proteger tanto la vida e integridad de la persona como la familia, la que es proclamada "núcleo fundamental de la sociedad”, así resulta de lo prescrito en los artículos 1 y 19 N° 1. Que, en particular, la protección de la maternidad y los derechos inherentes a ella aparecen consagrados en distintas normas de carácter internacional adoptadas por nuestro país que, por disposición del artículo 5, inciso segundo, de la Carta Política, tienen un rango supra legal, debiendo ser promovidos y respetados por todos los órganos del Estado, entre los que cabe mencionar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948 que, en su artículo 25 N° 2, establece que ''la maternidad y la infancia tienen derechos a cuidados y asistencias especiales"; El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 10 N° 2 prescribe que: "Los Estados partes en el presente Pacto reconocen que: "2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un periodo de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho periodo, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social"; el Convenio de la OIT, N° 103, ratificado por Chile el 14 de octubre de 1994, actualmente en vigor, que trata sobre la protección de la maternidad, en el que se explicitan, entre otros derechos que se confieren a la madre trabajadora, un descanso por maternidad, que considera además de un periodo anterior y otro posterior al parto, según indica, un descanso prenatal suplementario, así como uno puerperal, derecho a prestaciones pecuniarias y médicas cuando la mujer se ausente del trabajo por el descanso de maternidad, y en su artículo 6, se consigna expresamente que cuando una mujer se ausente de su trabajo en virtud de las disposiciones del artículo 3, será ilegal que su empleador le comunique su despido durante dicha ausencia, o que se lo comunique de suerte que el plazo señalado en el aviso expire durante la mencionada ausencia.

En cuanto a las garantías constitucionales conculcadas, manifiesta que el hecho de notificarle como madre trabajadora el termino anticipado de su contrato, mientras se encuentra con licencia por enfermedad grave del hijo menor de un año, involucra afectar un derecho constitucional, desde que tal medida pretende hacerse efectiva en un lapso que nuestro ordenamiento jurídico busca cautelar, en procura de valores superiores, comprometiendo, así, el normal desarrollo del embarazo, la estabilidad emocional de la madre y la posibilidad cierta de contar con los medios económicos que permitan hacer frente a los gastos derivados de la maternidad y del cuidado del hijo, lo que se traduce en una limitación a la garantía constitucional que consagra el numeral uno del artículo número 19 de la Constitución Política de la República, en lo que se refiere a la integridad física y síquica, tanto de esta madre como de sus hijos; que el actuar ilegal de la autoridad afecta también la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, de igualdad ante la ley, en términos que al decidir poner término anticipado a su contrato, se la ha discriminado respecto de otras trabajadoras que tienen derecho a conservar su empleo por todo el periodo de tiempo que establecen las normas de protección a la maternidad reguladas en el Título II del Libro II del Código Laboral.

Refiere, seguidamente, respecto al derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, que son arbitrarias e ilegales las actuaciones de orden interno-administrativo, como lo son las derivadas de calificar por sí y ante sí, un supuesto incumplimiento de contrato, que supongan una vulneración al juicio justo y racional, apareciendo, entonces, que el acto que se reclama es ilegal, por cuanto la recurrida vulneró los términos del contrato que la unía con el Servicio, el cual era una ley para las partes, procediendo a resolverlo en forma unilateral, calificando por sí y ante sí el incumplimiento y su terminación, y es también arbitrario, por cuanto en forma caprichosa, la recurrida, calificó el incumplimiento en el que supuestamente habría incurrido "por incumplimiento de las obligaciones contractuales", haciéndose justicia de propia mano y procediendo de facto a terminar su contrato, contrariando así nuestro ordenamiento institucional que proclama la supremacía del principio de legalidad y la vigencia efectiva de un estado de derecho, que exige que tanto la autoridad como los particulares enmarquen su actuación dentro de las normas jurídicas vigentes y respeten cabalmente los derechos de terceros.

Expresa, finalmente, que esta actuación arbitraría e ilegal, impidió seguir desempeñando sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2014 y por tanto a percibir la remuneración, además de la totalidad de los permisos administrativos, y feriados, que le correspondían hasta el término del contrato de manera inconsulta, se ha vulnerado la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad en sus diversas especies corporales e incorporales, desde que se le ha impedido ejercerlo, esto es, percibir las remuneraciones pactadas desde el mes de julio y hasta el 31 de diciembre del presente año 2014, además de hacer uso del feriado legal y permisos administrativos del presente año 2014.

TERCERO: Que, a fojas 80 y siguientes doña nombre reservado, Directora Regional Subrogante del Servicio recurrido, informa respecto al recurso interpuesto, solicitando el rechazo del mismo, con costas.

Como antecedentes del contrato de prestación de servicios celebrado con la recurrente y su término, expone que, con fecha 30 de enero de 2014, la Directora Regional (S) Aysén, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, doña nombre reservado, dictó la resolución exenta N° 60, acto administrativo que aprueba el contrato de prestación de servicios celebrado entre ese Servicio Público y la recurrente de Protección Constitucional, doña nombre reservado, teniendo vigencia desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, detallando, seguidamente, las funciones que ésta debía desempeñar, de acuerdo a la cláusula primera del contrato; la jornada de trabajo de 44 horas semanales, estipulada en la cláusula tercera; el pago de un honorario bruto de $1.085.555, acordado en la cláusula cuarta, que se devengarían y pagarían mensualmente; los derechos que la Administración le reconoce a la prestadora de servicios en la cláusula quinta, los que enumera y detalla; que de acuerdo a lo establecido en la cláusula octava, la recurrente declara expresamente conocer las normas sobre probidad administrativa y se obliga a observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal en la entrega de sus servicios, con preeminencia del interés general sobre el interés particular, y en la cláusula séptima del contrato de prestación de servicios, las partes acordaron la hipótesis de terminación de los servicios en los siguientes casos: 1. "Expiración del plazo de vigencia o terminación de los servicios tenidos en vista para la celebración del contrato”. 2. "Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la contratada. En tal caso, se pondrá término inmediato al contrato, sin necesidad de aviso previo”. 3. "El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes se reserva expresamente el derecho a poner término al presente contrato en cualquier momento”, y 4. "Por mutuo acuerdo de las partes." Agrega, que con fecha 18 de julio del año en curso, la Directora Regional procedió a dictar la Resolución Exenta N° 479, acto administrativo por el que se decide poner término al contrato a honorarios celebrado con la prestadora, doña nombre reservado, resolución administrativa que se fundó en las siguientes consideraciones:

1) "Que, mediante Resolución exenta N° 00060 de fecha 30 de enero de 2014, la Directora Regional de Aysén (S) del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes resolvió contratar bajo la modalidad de honorarios a doña nombre reservado, nombre reservado, R.U.T. RUT reservado, cuya fecha de término de vigencia es el 31 de diciembre de 2014.

2) "Que, en la cláusula quinta del referido contrato se establecieron los derechos de la contratada, siempre que se cumplieran las exigencias legales y se concilien con la naturaleza de los servicios, señalándose en el punto tercero, que tendrá derecho a "Gozar de Licencias Médicas que, extendidas en conformidad a la Ley, servirán de suficiente justificación para las ausencias en que incurrirá por dicho concepto, sin perjuicio de las normas sobre post natal parental, establecidas en la ley 20.545 y su reglamentación vigente".

3) "Que, existen antecedentes en esta Dirección Regional que estando la contratada, haciendo uso de licencia médica por enfermedad grave de hijo menor de un año, prestó servicios a la Cámara de Comercio y Turismo de Coyhaique, elaborando Comunicados de Prensa de fechas 25 de junio, 02 y 03 de julio, todos de 2014, y enviándolos a los medios de prensa locales.

4) “Que, el Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, que aprueba Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Compin e Instituciones de Salud Previsional, dispone en su artículo 6° inciso tercero que la licencia por enfermedad grave del niño menor de un año ordena REPOSO TOTAL, y por otra parte en el artículo 55 señala en su letra B) que es causal de rechazo o invalidación de la licencia médica, sin perjuicio de la denuncia de los hechos a la Justicia Ordinaria si procediere, "la realización de trabajos remunerados o no durante el tiempo de reposo dispuesto en la licencia".

5) "Que, en el artículo sexto del referido contrato a honorarios se dispone como obligaciones de la contratada "1. Cumplir fielmente las obligaciones y derechos derivados del presente contrato, especialmente los servicios especificados en la cláusula primera de este instrumento".

6) "Que, en mérito de lo expuesto, a juicio de esta Directora Regional, no corresponde legalmente la continuación del referido contrato de prestación de servicios a honorarios, y por tanto corresponde poner término a los servicios por la causal establecida en el artículo séptimo N° 2 del contrato que dispone: "Los servicios terminarán en los siguientes casos: 2 .Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la CONTRATADA. En tal caso, se pondrá término inmediato al contrato, sin necesidad de aviso previo".

7) "Que, la causal de término señalada en el considerando anterior se configura atendido que la contratante ha pretendido eximirse de la obligación principal estipulada en el contrato de prestar servicios, haciendo uso del beneficio contractual de presentar licencias médicas, las que dadas sus características, le exigían un reposo total, y paralelamente a ausencias justificadas para prestar servicios en virtud de este contrato, presta servicios en otra institución.

8) "Que, por otra parte, con fecha 30 de junio de 2014 la referida contratante ingresó por oficina de partes tres licencias médicas por siete días, registrando cada una de ellas las siguientes fechas:

N° LICENCIA EMISIÓN INICIO REPOSO 43499416 25.06.2014 24.06.2014.

43499421 01.07.2014 01.07.2014.

43499429 08.07.2014 08.07.2014.

9) "Que, mediante Ord. N° 0604 de fecha 08 de julio de 2014 dichas licencias médicas fueron remitidas a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez a fin de que se pronunciara respecto de la emisión de estos documentos, a lo que dio respuesta por Ord. N° 1030/2014 de fecha 11 de julio señalando que "se puede advertir la existencia de una situación irregular puesto que las licencias médicas en estudio fueron post fechadas y sin controles médicos intermedios".

10)"Que, lo señalado en los considerandos inmediatamente anteriores también constituyen elementos que permiten concluir que se configura la causal de término de contrato indicada en el considerando 6°), por cuanto la contratante ha pretendido eximirse de la obligación principal de PRESTAR SERVICIOS estipulada en el contrato, haciendo uso de licencias médicas que no han sido extendidas conforme a la legislación vigente, conforme ha concluido al respecto, el Organismo competente".

En cuanto a los hechos expuestos por la recurrente y como argumentos que justifican la petición de rechazo del recurso en todas sus partes, refiere la recurrida que de la simple lectura del recurso, se desprende que ésta incurre en una serie de confusiones y contradicciones que necesariamente llevarán al rechazo de la acción deducida, ya que la principal argumentación que plantea dice relación con la naturaleza jurídica de la relación que la unió con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, señalando que, tanto sus servicios como la prolongación de los mismos, configurarían una relación estatutaria, regida en el artículo 10 del Estatuto Administrativo, es decir, no se estaría en presencia de un contrato de prestación de servicios o a honorarios, sino que de una "contrata"; y que, como consecuencia de ello, se encontraría amparada por los derechos y beneficios que la ley le reconoce a dichos funcionarios de la Administración del Estado, por lo que, tendría derecho a que a su favor se apliquen las normas de Protección a la Maternidad, establecidas en los artículos 194 y siguientes del Código del Trabajo. Argumenta que no existe controversia en cuanto a que, con fecha 1 de enero del año en curso, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, celebró con la recurrente un contrato de prestación de servicios, en base a honorarios, aprobado por Resolución Exenta N° 60, de 30 de enero de 2014, con una vigencia que se extendería hasta el 31 de diciembre de 2014; sin perjuicio que en la cláusula séptima del contrato, las partes acordaron pactar causales de término de dicho acto jurídico, y que tampoco puede existir controversia, en cuanto a que en la cláusula quinta del contrato celebrado, no se le reconoció a la recurrente, el goce de una especie de fuero maternal, sino que solamente, entre otros, el derecho a gozar de licencia médica que, emitida en conformidad a la ley, serviría solamente para justificar las ausencias, y que tampoco puede existir controversia, en cuanto a que, una de las causales por las cuales esa Dirección Regional podía ponerle término, decía relación con la existencia de incumplimiento de las obligaciones contractuales, las que no son solamente aquéllas establecidas en la cláusula sexta del contrato, sino que también las contenidas en la cláusula octava del referido acto jurídico, y que el asunto a resolver radica, entonces, en determinar si la Ilustrísima Corte puede, por la vía del recurso de Protección Constitucional, pronunciarse sobre la existencia y modalidades de término de un contrato de prestación de servicios en base a honorarios o si, por el contrario, la exégesis del contrato es una materia de lato conocimiento y, por lo tanto, no resulta procedente la acción cautelar deducida, para dilucidar y resolver la controversia planteada, y lo segundo que deberá determinarse es, si en materia de las relaciones de trabajo entre los organismos del Estado y los particulares, es posible aplicar principios y normas del Derecho del Trabajo, o si, por el contrario, al tratarse de relaciones regidas por el Derecho Público, su aplicación se encuentra vedada.

Que, sobre la primera cuestión planteada, esto es, si el recurso de Protección Constitucional, es la vía idónea para impugnar la decisión de la recurrida en el marco de una relación contractual surgida entre la recurrente y esa Dirección Regional, resulta indispensable hacer presente que la Ilustrísima Corte, en sentencias dictadas en los autos Rol Corte N° 21-2014 y 22-2014, ha sentado la sana doctrina de rechazar los recursos de protección en donde lo discutido dice relación con la decisión de poner término, unilateralmente, y en forma anticipada, a un contrato de honorarios, precisando que ello es una materia que no es susceptible de ser resuelto mediante la acción de Protección Constitucional, atendido el carácter contradictorio de las pretensiones de ambas partes, debiendo considerarse que, de conformidad con lo previsto en el inciso final, del artículo 3, de la Ley N° 19.880, los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, sin que sea la acción de Protección Constitucional la vía idónea para destruirla, reproduciendo, en lo pertinente, el considerando Octavo de la sentencia, dictada por esta Corte, en los autos Rol N° 21-2014, agregando que, siendo la acción de Protección Constitucional una acción cautelar, en cuya sede se resuelven eventuales conflictos jurídico constitucionales, sin forma de juicio y por vía solamente indagatoria, no resulta procedente que por este medio, se despoje a la Resolución Exenta N° 479, de 18 de julio de 2014, que pone término al contrato de prestación de servicios celebrado con la recurrente, de la presunción de legalidad que la ampara, sin afectar, con ello, el principio y garantía constitucional del debido proceso.

En cuanto a la segunda de las situaciones que se deberá resolver, relacionada con la eventual aplicación de principios y normas del Derecho del Trabajo a relaciones de prestación de servicios en el ámbito de la Administración del Estado, señala la recurrida, que el artículo 1 del Decreto con Fuerza de Ley N° 29/2005, previene que las relaciones entre el Estado y el personal de los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones, y de los servicios públicos centralizados y descentralizados creados para el cumplimiento de la función administrativa, se regula por las normas del Estatuto Administrativo, por lo tanto, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, es un servicio público que forma parte de la Administración del Estado, y como tal regido por normas de Derecho Público; que a su turno, el artículo 11 previene que la Administración podrá contratar, en base a honorarios a profesionales y técnicos de educación superior, en tres hipótesis, (a) para la ejecución de labores accidentales, que no sean habituales de la institución; (b) cuando se requiera contratar a extranjeros con alguna especialidad que se requiera; y (c) para la ejecución de servicios específicos, conforme a las normas generales, siendo esta última hipótesis aquella en que se encuentra la recurrente, es decir, fue contratada para la ejecución de servicios específicos y plenamente determinados por las partes, artículo que en su inciso final dispone que "Las personas contratadas a honorarios, se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto", lo que es refrendado por la Contraloría General de la República, en el dictamen N° 030758N14, de 2 de mayo de 2014.

Agrega que, en otro orden de ideas, es necesario recordar que las normas del Código del Trabajo no son aplicables a las relaciones entre la Administración del Estado y las personas que prestan servicios en ella, salvo respecto de aquellas materias o aspectos no regulados en los estatutos especiales, siempre y cuando dicha regulación no sea contraria a los principios y normas estatutarias, tal como lo previene el artículo 1° de dicho cuerpo legal, y como consecuencia de ello, cuando sea procedente, las normas del Código de Trabajo recibirán aplicación como "Estatuto Administrativo", es decir, se produce la integración de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y que en este mismo sentido, resulta necesario hacer presente que no resulta aplicable a la Administración del Estado, el principio que inspira el Derecho del Trabajo, denominado "Supremacía de la Realidad", que la recurrente pretende aplicar, para asegurar que sus servicios responden a una "contrata" y no a un contrato a honorarios, y que como consecuencia de dicho aserto, tiene derecho a la aplicación de las normas de protección de la maternidad, principio no tiene aplicación, ya que las relaciones entre el Estado y sus funcionarios reconoce su fuente primigenia en la Ley, agregando que el principio de "Supremacía de la Realidad", tiene su fuente en el principio de "autonomía de la voluntad", lo que permite al Juez calificar relaciones de prestación de servicios o conductas desplegadas por las partes como aquéllas que se encuentran regidas por el derecho del trabajo, en cambio, en el derecho público, dicho principio no tiene ninguna aplicación, toda vez que es la ley la que establece los derechos y obligaciones de los trabajadores que prestan servicios para la Administración del Estado y, por lo tanto, la autonomía de la voluntad tiene una mínima expresión y aplicación en dichas relaciones de trabajo, de lo que se desprende que la recurrente no tiene más derechos que aquéllos expresamente señalados en su contrato de prestación de servicios en base a honorarios, por lo que no puede pretender tener más derechos que aquéllos que expresamente se le han reconocido, tal como la existencia del fuero maternal, o el conjunto de normas denominadas "protección de la maternidad".

Manifiesta, en cuanto a la supuesta arbitrariedad en que habría incurrido esa Dirección, que la Directora Regional procedió a poner término al contrato de prestación de servicios celebrado con la recurrente, al tomar conocimiento de que ésta, estando haciendo uso de licencia médica por enfermedad de su hijo menor de un año, prestó servicios para un tercero, específicamente, la Cámara de Comercio, Servicios, Industrias y Turismo de Coyhaique A. G., elaborando comunicados de prensa, según consta en las copias de correos electrónicos que acompaña, la recurrente, desde su correo personal correo reservado, remite con fecha 25 de junio, un comunicado de prensa relativo al sello de calidad; con fecha 2 de julio, comunicado de prensa sobre reunión sostenida entre su empleadora y la Directora del Servicio Nacional de Turismo; y con fecha 3 de julio, comunicado de prensa sobre iniciativa de emprendimiento, y como se podrá constatar, y como ésta lo reconoce en el libelo, estando haciendo uso de licencia médica ejecuta servicios para terceros, lo que constituye un incumplimiento de obligaciones contractuales, ya que, tal como se señaló, en la cláusula octava del contrato, la recurrente se obliga a observar una conducta intachable y un desempeño leal y honesto en la entrega de sus servicios, haciéndosele aplicable las normas sobre Probidad Administrativa, establecidas en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, y que en ese orden de ideas, el artículo 55, literal b) del Decreto Supremo N° 3/1984, previene que corresponderá el rechazo de una licencia médica ya concedida o su invalidación, sin perjuicio de la denuncia a la Justicia Ordinaria, cuando el trabajador realice trabajos remunerados o no durante el período de reposo dispuesto en la licencia, y que deberá tenerse en consideración que, de conformidad con lo previsto en el inciso tercero, del artículo 6° del referido Decreto Supremo, en las hipótesis de licencia médica por enfermedad grave de niño menor de un año, sólo podrá ordenarse reposo total, por lo tanto, al realizar trabajos para un tercero, percibiendo sus honorarios de parte del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, ha infringido gravemente la prohibición establecida en el Decreto Supremo N° 3/1984, infringiendo con ello, no solamente su obligación de prestar servicios para la entidad que pagaba sus honorarios, sino que también las normas de probidad administrativa, por lo que dicho incumplimiento autorizaba a esa Dirección Regional Aysén a poner término inmediato al mismo.

Que, a mayor abundamiento, se detectó que con fecha 30 de junio de 2014, la recurrente presentó tres licencias médicas; la primera, emitida con fecha 25 de junio; la segunda, emitida el 1 de julio; y la tercera, emitida el 8 de julio, es decir, se presentan dos licencias médicas post datadas, y ante esa anomalía, se remitieron los antecedentes a la COMPIN XI Región, organismo público que, mediante oficio Ord. Nº 1030, de 11 de julio de 2014, señaló que: "3.- En el caso particular y teniendo presente que la citada certificación es un acto presencial, se puede advertir la existencia de una situación irregular puesto que las Licencias Médicas en estudio fueron post fechadas y sin controles intermedios; en consecuencia, se hace necesario la verificación del diagnóstico que dio origen a la prescripción médica, por lo que se solicita se nos remitan los originales, a la brevedad posible, con el objetivo de perseguir responsabilidades de orden administrativo y penal de constatarse un mal uso de este instrumento público" y que fue con posterioridad al recibo de la respuesta entregada por el organismo competente, y estableciéndose un conjunto de situaciones irregulares, que esa Directora Regional adopta la decisión de poner término al contrato de prestación de servicios, y remitir los antecedentes solicitados a la COMPIN XI Región, y al Consejo de Defensa del Estado, para que dicho organismo público estudie los antecedentes, y ejerza las acciones civiles y penales que correspondan, por lo tanto, no puede calificarse su actuación como arbitraria, toda vez que dicha decisión, no se tomó por mero capricho, sino que se encuentra fundada.

Refiere, seguidamente, que la recurrente basa la supuesta ilegalidad en la supuesta ausencia de normas o fundamento legal que ampare la decisión impugnada por esta vía, y sobre el particular hace presente que tal como ya se indicó, los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, que le otorga el artículo 3° de la Ley N° 19.880 y, por otro lado, conviene reiterar que no existe controversia en cuanto a que la naturaleza jurídica de la relación que unió a su representada con la recurrente, es de un contrato de prestación de servicios, que no otorga a ésta más derechos que aquellos que expresamente hubieren sido pactados; asimismo, como queda demostrado, su contrato no derivó en una "contrata" de aquellas regidas en el artículo 10 del Estatuto Administrativo y, por último, la recurrente olvida señalar que un contrato legalmente celebrado, es una ley para las partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 1545 del Código Civil, dando cuenta de la fuerza obligatoria que tienen los pactos acordados, entre ellos, y en lo que interesa, la obligación de la recurrente de dar estricto cumplimiento a la ley y a las normas reglamentarias en conformidad a ella; y a no desconocer las facultades que el contrato le atribuye a su parte, en cuanto a poner término a dicho acto jurídico cuando se verifique un incumplimiento, tal como se dijo y fundó en la Resolución Exenta N° 479, de 18 de julio del año en curso, por lo tanto, esa Dirección Regional no observa cuál habría sido el cuerpo legal que se hubiere infringido, ni las normas de orden público que se hubieren vulnerado.

En cuanto a los derechos y garantías constitucionales supuestamente conculcados, manifiesta que la recurrente invoca, en primer término, la conculcación de la garantía reconocida en el numeral 1° del artículo 19 de la Constitución, esto es, la integridad física y psíquica de las personas, y que sobre el particular, no se visualiza cómo la decisión de poner término a un contrato de prestación de servicios, pudiera conllevar la afectación de la garantía en cuestión, y que dicho numeral requiere una lectura integral, ya que la garantía de la integridad física y psíquica de las personas está reconocida en el contexto de la prohibición para el Estado, sus órganos y toda persona, de aplicar apremios ilegítimos, norma que reconoce su fuente primigenia en el artículo 3 de la Declaración Universal de las Naciones Unidas, del año 1948, por lo que a la luz de ella y a las hipótesis previstas, debe interpretarse, resultando absurdo pensar que por el hecho de poner término a un contrato a honorarios, pueda, tal hecho, por si solo conculcar la garantía de integridad física y psíquica de la recurrente o de su grupo familiar, más aún si ésta no podía menos que conocer que de acuerdo a lo que se había pactado, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, tenía incluso el derecho para poner término al mismo, en cualquier momento, sin la necesidad de aviso previo.

Que, en segundo término, la recurrente señala que se habría conculcado el numeral 2, del artículo 19 de la Constitución, esto es, el derecho a la igualdad ante la ley, fundando su argumento en que al ponérsele término anticipado a su contrato, se le ha discriminado respecto de otras trabajadoras que tienen derecho a conservar el empleo por todo el período que establecen las normas de protección a la maternidad, y sobre el particular, no visualiza cómo se habría conculcado este derecho, ni la recurrente señala, concretamente, en que habría consistido dicha conculcación, limitándose a señala que "otras trabajadoras" tiene derecho a conservar el empleo mientras gozan de las normas de protección a la maternidad, hipótesis a la que pretende aplicar su argumentación que es fáctica y jurídicamente improcedente, ya que como ha señalado, la recurrente estaba unida a su representada por un contrato de prestación de servicios o a honorarios, por lo que no estaba sujeta a más derechos de los que expresamente se le reconocieron, y que por otro lado, en el ámbito de los funcionarios que prestan servicios en la Administración del Estado, a “contrata”, el fuero maternal no impide que vencido el plazo de la misma, es decir, el 31 de diciembre de cada año, terminen sus servicios, toda vez que no resulta posible su prolongación por así prohibirlo expresamente la ley, siendo improcedente, incluso, que la Administración inicie un procedimiento de desafuero, toda vez que el término de los servicios no se debe a un acto directo y voluntario del empleador, a diferencia de lo que sucede en el ámbito privado, por lo tanto, al ponérsele término al contrato de prestación de servicios de la recurrente, no se ha conculcado el derecho de igualdad ante la ley, como erróneamente lo pretende.

Refiere, en cuanto al derecho a no ser juzgada por comisiones especiales, reconocido en el inciso quinto del artículo 19 y no el inciso cuarto, como erróneamente plantea la recurrente, que resulta del todo improcedente dicha alegación, ya que la recurrente expresa que resulta improcedente que esa Dirección Regional hubiere determinado la existencia de un incumplimiento contractual por sí y ante sí, lo que no resulta efectivo, ya que como se señaló, el conjunto de situaciones conocidas y descritas en el presente informe, llevaron fundadamente a poner término al contrato de prestación de servicios, y que la Constitución garantiza, en el numeral 3, incisos cuarto y quinto, del artículo 19, la legalidad del juzgamiento, es decir, el sometimiento de todas las personas a las normas legales que rigen la substanciación justa y racional de los juicios y contiendas, en cuanto a que el tribunal esté establecido en la ley, y con anterioridad a la iniciación del proceso y, así las cosas, la recurrida no ha actuado como tribunal, ni se ha arrogado facultades jurisdiccionales, sino que solamente, al constatar la existencia de incumplimiento contractuales, y habiéndose acordado en el contrato la referida hipótesis como una de aquéllas que permitían poner término al contrato, se procedió en consecuencia.

Que, por último, la recurrente, señala que se ha conculcado su derecho de propiedad, en cuanto se le impide seguir desempeñando sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2014, percibir "remuneraciones", permisos administrativos y feriados que le correspondían, de manera inconsulta, y sobre el particular señala que la recurrente fue contrata en base a honorarios, para la prestación de cometidos específicos dentro de la institución, estableciéndose como vigencia del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2014, o hasta que se configuraran algunas de las hipótesis previstas en la cláusula séptima del contrato, y que así las cosas, el empleo de la recurrente es transitorio, pudiendo éste durar hasta el 31 de diciembre del año en curso, o concluir antes, ya sea por mutuo acuerdo; incumplimiento de obligaciones contractuales, o por decisión unilateral, por lo que no existe propiedad sobre el empleo de la recurrente, y el derecho a percibir honorarios y los demás beneficios establecidos en el contrato, están supeditados a la vigencia del contrato de prestación de servicios, por lo que éstos no son más que una mera expectativa, en la medida que no se encuentren devengados, por lo tanto, al ponérsele término al contrato de prestación de servicios, no se ha vulnerado el derecho de propiedad, reconocido en el numeral 24, del artículo 19 de la Constitución.

CUARTO: Que, previo a resolver la controversia que ha sido planteada ante este Tribunal de Alzada, es útil señalar que el recurso de protección fue concebido para restablecer el imperio del derecho y resguardar el orden jurídico vigente cuando éste se ve alterado a causa de actuaciones arbitrarias o ilegales que perturban o amenazan el legítimo ejercicio de algunas de las Garantías Constitucionales, contempladas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Que, a su vez, la arbitrariedad necesariamente, desde el punto de vista conceptual, debe vincularse y relacionarse con la noción de actuares u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por el principio de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad.

Por su parte la existencia de ilegalidad conjuga tanto la idea de lo contrario a derecho, o, más técnicamente, el no respetarse o infringirse una norma jurídica.

Que, en consecuencia, de la propia definición del recurso de protección aparece que ésta acción cautelar tiene como requisito de la esencia, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria, producto del mero capricho de quien lo comete y que, como consecuencia del mismo, afecte una o más de las garantías preexistentes, protegidas, lo cual será fundamental para su decisión, por el tribunal ante el cual se interpone.

QUINTO: Que, de la relación de los hechos descritos en lo motivos primero y segundo, se tilda como arbitrario e ilegal la Resolución Exenta N° 479 de fecha 18 de Julio de 2014, dictada por la Directora Regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, doña Carolina Rojas Flores, en la que comunica a doña nombre reservado, que pone término anticipado al contrato y se dispone el cese del pago de sus honorarios a contar del 1° de Julio de 2014, en circunstancias en que, a juicio de la recurrente, se encontraba haciendo uso de licencia por enfermedad grave del hijo menor de un año, desconociendo, estima, su derecho de protección a la maternidad.

SEXTO: Que, al proceso se acompañó entre otros documentos, la Resolución Exenta n° 060, de fecha 30 de Enero de 2014, que “contrata personal a honorarios”, mediante la cual doña nombre reservado, actuando en representación del CNCA, en calidad de Directora Subrogante, dicta la referida resolución que en lo pertinente dispone: “CONTRÁTASE sobre la base de honorarios, en la Dirección Regional de Aysén del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a doña nombre reservado, nombre reservado, R.U.T. RUT reservado”. En la cláusula segunda, establece este instrumento que, la vigencia de ese contrato se extenderá entre el 1 de enero de 2014 y 31 de diciembre de 2014, ambas fechas inclusive.

Luego el contrato referido, en la cláusula primera, establece las funciones, que ha de cumplir la contratada, esto es: 1) desempeñarse como apoyo en la asesoría al director regional en su labor interna y externa al consejo regional de cultura en materia de relaciones con otras instituciones, vinculadas a los órganos colegiados técnicos y académicos; 2) Encargada de Relaciones Públicas de la Dirección Regional; 3) Encargada de manejar la agenda del Director, coordinando las reuniones con autoridades, instituciones y agrupaciones externas al CNCA; 4) Encargada de revisar y dar seguimiento a documentos, minutas, solicitudes de apoyo, solicitudes de audiencia y coordinar su adecuada respuesta; 5) Encargado de darle seguimiento a reuniones y acuerdos tomados por el Consejo de la Cultura; 6) Encargado de darle seguimiento y formalización e implementación a los convenios y acuerdos de cooperación que operan en la región; 7) Manejar la agenda actualizada del Director Regional; 8) Sistematizar y materializar las solicitudes de audiencias del Director Regional; 9) Mantener una base de datos actualizadas con los Convenios y Acuerdos de Cooperación que se tengan en la región; 10) Realizar el seguimiento de las metas de gestión del Plan Anual de Trabajo Regional.

SEPTIMO: Que, en la cláusula tercera, se especifica y dispone que las funciones, detalladas en el motivo anterior, se llevarán a cabo cumpliendo la contratada una jornada de 44 horas, estableciendo que el Consejo Regional podrá prorratear, dichas horas de acuerdo a las necesidades del Servicio; no obstante, además, el párrafo segundo de dicha cláusula dispone, “Con todo, a falta de la debida comunicación, regirá el horario normal de funcionamiento del Servicio, establecida en las resoluciones internas sobre cumplimiento de jornada laboral que para ello se dicten, quedando sometido la CONTRATADA a dichas disposiciones para todos los efectos de rigor.”

Además, en la cláusula cuarta, del analizado contrato, se señala la cantidad de dinero a percibir por la funciones por la cuales se contrató a la recurrente.

OCTAVO: Que, del mismo contrato aparece también, en la cláusula Quinta, de la Resolución Exenta n° 060, de fecha 30 de Enero de 2014, en relación a lo que el recurrente, estima como arbitrario e ilegal, lo siguiente: “Quinto: Siempre que se cumpla con las exigencias legales y se concilien con la naturaleza de los servicios, la CONTRATADA tendrá los siguientes derechos: 2. Derecho a gozar de Licencias Médicas que, extendidas en conformidad a la Ley, servirán de suficiente justificación para las ausencias en que incurra por dicho concepto, sin perjuicio de las normas sobre post natal parental, establecidas en la ley 20.545 y su reglamentación vigente.”

NOVENO: Que, el mismo contrato que se viene analizando dispone, en su cláusula Sexta, que son obligaciones de la contratada, cumplir fielmente las obligaciones y derechos derivados del referido contrato, especialmente los servicios especificados en la cláusula primera de ese instrumento; no divulgar la información confidencial o reservada a la cual tenga acceso con motivo de sus servicios, salvo expresa autorización del Consejo Regional, y; entregar un informe mensual que dé cuenta del servicio realizado a la Sección o Departamento requirente del Consejo Regional a través de la jefatura de la unidad respecto de la cual desarrolla sus servicios quien certificará la realización de los servicios informados en los términos previstos en el inciso segundo de la cláusula cuarta del presente contrato.

DECIMO: Que, por último, en lo referente a este contrato, se tiene que, regularon las partes, formas de poner término al mismo: “1. Expiración del plazo de vigencia o terminación de los servicios tenidos en vista para la celebración del contrato. 2. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la CONTRATADA. En tal caso, se pondrá término inmediato al contrato, sin necesidad de aviso previo. 3. El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes se reserva expresamente el derecho a poner término al presente contrato en cualquier momento. 4. Por mutuo acuerdo de las partes”

UNDÉCIMO: Que, en virtud de aquello que se estima por la recurrente, como arbitrario e ilegal se desprende, clara e inequívocamente, en primer término que la recurrente bajo la vigencia de este contrato tiene derecho a gozar de licencias médicas que, extendidas en conformidad a la Ley, servirán de suficiente justificación para las ausencias en que incurra por dicho concepto, sin perjuicio de las normas sobre post natal parental, establecidas en la ley 20.545 y su reglamentación vigente.

DUODÉCIMO: Que, la Ley N° 20.545, que incorpora reformas legales al Código del Trabajo, modifica las normas sobre protección a la maternidad e incorpora el permiso postnatal parental, incorporando el artículo 197 bis, entre otras normas legales, que en su inciso primero dispone: “Las trabajadoras tendrán derecho a un permiso postnatal parental de doce semanas a continuación del período postnatal, durante el cual recibirán un subsidio cuya base de cálculo será la misma del subsidio por descanso de maternidad a que se refiere el inciso primero del artículo 195”.

Luego, además, la referida Ley, sustituyó el artículo 201 del Código del Trabajo, por el siguiente: “Durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad, excluido el permiso postnatal parental establecido en el artículo 197 bis, la trabajadora gozará de fuero laboral y estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 174. En caso de que el padre haga uso del permiso postnatal parental del artículo 197 bis también gozará de fuero laboral, por un período equivalente al doble de la duración de su permiso, a contar de los diez días anteriores al comienzo del uso del mismo. Con todo, este fuero del padre no podrá exceder de tres meses”.

DECIMO TERCERO: Que, queda acreditado por los documentos acompañados por ambas partes que, la actora hizo uso del derecho de pre y post natal, incluido, el post natal parental; así dan cuenta la licencia médica, de fojas 113 y la autorización de licencia médica para efectos de registro de asistencia, contenida en la resolución N° 001054, de fecha 11 de Diciembre de 2013, de fojas 112, que dan cuenta de un periodo de reposo pre natal, de 42 días, esto es, desde el 2 de Diciembre de 2013 al 12 de Enero de 2014, ambas fechas inclusive; y la regularización de la autorización de licencia médica para efectos de registro de asistencia, mediante Resolución Exenta N° 392, de fecha 13 de febrero de 2014, acompañada a fojas 115, que da cuenta del reposo por licencia maternal desde el 18 de Diciembre de 2013 al 11 de Marzo de 2014, ambas fechas inclusive; y la licencia médica, acompañada a fojas 117, y la resolución del CNCA, que regulariza, esta licencia médica de fecha, 9 de Junio de 2014, que da cuenta de un reposo desde el 3 de Junio de 2014 al 9 de Junio de 2014, ambas fechas, inclusive, reposos y fechas que han sido reconocidos por la recurrente y recurrida y, que dan cuenta del cumplimiento de las disposiciones contractuales contenidas en el contrato suscrito entre recurrente y recurrida, específicamente, en cuanto a al “Derecho a gozar de Licencias Médicas que, extendidas en conformidad a la Ley, servirán de suficiente justificación para las ausencias en que incurra por dicho concepto, sin perjuicio de las normas sobre post natal parental, establecidas en la ley 20.545 y su reglamentación vigente.”

Que, asimismo, de licencia médica rolante a fojas 126, consta que a la recurrente se le concedió licencia por el término de 30 días, a contar del día 15 de julio de 2014, por enfermedad grave de hijo menor de un año, constando también que el despido se produjo con fecha 18 de julio del mismo año, esto es, cuando ésta estaba haciendo uso de dicha licencia médica.

DÉCIMO CUARTO: Que, en consecuencia, independiente a que el contrato suscrito entre las partes se refiera a un convenio a honorarios o bien atendida su naturaleza y estipulaciones, se refiera a una contrata, lo cierto es que del propio contrato celebrado, contenido en la Resolución Exenta N° 60, de 30 de enero de 2014, y que obra a fojas 15 y siguientes, consta, específicamente, de su cláusula quinta, N° 3, que la contratada tiene derecho a gozar de licencias médicas que, extendidas en conformidad a la ley, servirán de suficiente justificación para la ausencia en que incurra por dicho concepto, agregándose en la misma que ello es “sin perjuicio de las normas sobre postnatal parental, establecidas en la Ley 20.545 y su reglamentación vigente” y, por ende, la contratada se encontraba amparada, en virtud del contrato celebrado y de la normativa aplicable al caso, a que ya se hizo referencia, primeramente por licencia médica y luego por fuero maternal y, en tales condiciones y circunstancias, éstas necesariamente debían ser respetadas lo que hace arbitraria la Resolución Exenta N° 479, de fecha 18 de julio de 2014, dictada por la recurrida, mediante la cual se le comunica a aquélla el término anticipado a su contrato y se dispone el cese del pago de sus honorarios.

DÉCIMO QUINTO: Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, cabe indicar que, de la documentación que se ha acompañado a estos autos y en especial del contrato que ligaba a las partes y no obstante señalarse en éste que la contrata de la recurrente era a honorarios, no cabe duda que la naturaleza jurídica de éste no era tal sino propio de una contrata, lo que fluye de las estipulaciones del mismo, considerando que se pactó una serie de servicios claramente precisados y determinados, que existía también un horario fijado y número de horas de trabajo que debía respetarse, por tanto con sujeción horaria y también una remuneración determinada, pagada mensualmente, con derecho a compensar en tiempo las horas trabajadas en exceso de las acordadas y con beneficio a gozar de seis días de permiso con goce de remuneraciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 109 del Estatuto Administrativo y otros beneficios que se consignaron también en la cláusula quinta N° 7, contrata que, por lo demás, se prolongó en el tiempo en forma sucesiva y, por ello, con independencia a como se haya denominado el acto jurídico que vinculó a las partes, no es posible que se considere a éste como un contrato a honorarios, teniendo la trabajadora, como ya se dijo, derecho a la protección a la maternidad, prevista en la Ley 20.545 y, por ende, el actuar arbitrario de la recurrida vulnera la garantía constitucional que se encuentra establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, puesto que al disponer la recurrida el término del contrato, con fecha 18 de julio de 2014, discriminó a la recurrente respecto de otras funcionarias que tienen derecho a mantener y conservar su empleo por todo el período que establecen las normas de protección a la maternidad, reguladas en nuestra legislación laboral y, por ende, el recurso de protección planteado debe ser acogido.

DÉCIMO SEXTO: Que, no obsta a la decisión anterior, lo señalado por la recurrida quien expresa que se puso término a los servicios de la contratada por cuanto ésta, mientras hacía uso de licencia médica por enfermedad grave de hijo menor de un año, prestó servicios a la Cámara de Comercio y Turismo de Coyhaique, elaborando comunicados de prensa de fechas 25 de junio, 2 y 3 de julio de 2014 y enviándolos a los medios de prensa local, de lo que se encontraba impedida, atendido lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por la Compín, y ello por cuanto no consta que esta última institución haya invalidado o rechazado alguna licencia médica y porque, además, las aseveraciones efectuadas por la recurrida no se encuentran comprobadas, dado que si bien a fojas 127, se agregó por la recurrida un correo electrónico, del mismo aparece que éste fue remitido por una persona que no corresponde a la recurrente y enviado a un tercero, documento que además no se encuentra firmado y lo propio ocurre con los que se agregaron de fojas 128 a 138.

Que, a lo anterior, debe agregarse que del documento que se lee a fojas 142, suscrito por el Presidente de la Cámara de Comercio de Coyhaique, consta que la recurrente doña nombre reservado no trabaja ni ha trabajado para la Cámara de Comercio, Turismo, Industrias y Servicios de Coyhaique y que no ha recibido remuneración o pago alguno de esta parte y, asimismo, de documentación acompañada de fojas 143 a 151, no consta que ésta haya emitido alguna boleta de honorarios a algún servicio u organismo distinto a la recurrida, Consejo Nacional de la Cultura.

Que, en cuanto a lo indicado por la recurrida, en orden a poner término al contrato por estimar que se habría configurado la causal de término del mismo por cuanto la contratante ha pretendido eximirse de la obligación principal de prestar servicios estipulados en el contrato, haciendo uso de licencias médicas que no han sido extendidas conforme a la legislación vigente, cabe expresar que tal afirmación es aventurada y se basa en supuestos que no han sido determinados por el organismo a quien compete tal decisión, por lo que la determinación de poner término al contrato, basado en este argumento, carece de sustento y, en todo caso, no debe perderse de vista que, como ya se señaló, la reclamante estaba amparada por la legislación laboral que regula las Normas Sobre Protección a la Maternidad.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en consecuencia, estimándose que con ocasión de la dictación de la Resolución Exenta 479, de 18 de julio de 2014, emitida por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, mediante la cual se puso término al contrato de prestación de servicios a honorarios celebrado con la recurrente doña nombre reservado, se vulneró la garantía constitucional del artículo 19 N° 2, de igualdad ante la ley, que amparaba a ésta última, no cabe sino acoger el recurso de protección planteado por tal motivo, desestimándose, en todo caso, las otras garantías que también fueron impetradas y señaladas en la misma disposición, en sus números 1, 3 y 24, por no concurrir los requisitos y condiciones que permitan acoger el recurso interpuesto por tales motivos.

Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de junio de 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Garantías Constitucionales, y sus modificaciones, se resuelve:

I.- Que, SE ACOGE, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en lo principal de su libelo de fojas 46 y siguientes, en contra del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, representado por doña Carolina Rojas Flores, o quien lo subrogue o represente legalmente y, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Exenta N° 479, de 18 de julio de 2014, mediante la cual se puso término anticipado al contrato de la recurrente con la anterior y, por tanto, la recurrida deberá disponer la inmediata reincorporación de la recurrente en su cargo servido o expirado que sea PRONUNCIADA POR LA SEÑORA PRESIDENTE TITULAR DOÑA nombre reservado, EL SEÑOR MINISTRO TITULAR DON SERGIO FERNANDO MORA VALLEJOS Y EL SEÑOR MINISTRO TITULAR DON PEDRO ALEJANDRO CASTRO ESPINOZA. AUTORIZA DON nombre reservado, SECRETARIO TITULAR.