nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES.

Coyhaique, a once de abril del año dos mil veinticinco.

VISTOS:

En rol de esta Corte N°45-2025, con fecha 30 de enero de 2025, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de nombre reservado, empleado de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, Región de Aysén, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por su Director, don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por la omisión ilegal y arbitraria en la emisión de la orden de giro y dictación del acto terminal, que aprueba o rechaza su solicitud de carta de nacionalización, realizada con fecha 26 de octubre de 2022, todo lo cual estima que priva, perturba y amenaza el legítimo ejercicio de sus derechos contenidos en el artículo 19 número 2, de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27 de la Ley N°19.880, solicitando, en definitiva: “acogerlo a tramitación ordenando al servicio recurrido que se pronuncie sobre la misma dentro de un plazo razonable, conforme con los principios que le impone su reglamentación en el artículo 37 de la Ley 21.325 y en el artículo 46 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°296 de 2022 o el que Vuestra Señoría estime conforme al mérito de autos, y en general adoptar las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, todo lo anterior con expresa condena en costas.” (sic)

El 31 de enero de 2025, se declaró admisible el recurso de protección interpuesto y se pidió informe a la recurrida.

El 5 de febrero de 2025, la recurrida evacua el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto.

Con fecha 4 de abril de 2025, se trajeron los autos en relación.

El 7 de abril de 2025, se llevó a efecto la vista de la causa, alegando contra el recurso, la abogada doña María José Astudillo Vásquez; quedando la presente causa en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente fundamenta su recurso, en lo sustancial, señalando que ingresó al país en calidad de turista para luego cambiar su condición migratoria a residente temporario por visa otorgada, con el propósito de establecerse y desarrollar su proyecto de vida en Chile. Posteriormente, en virtud del vencimiento de su visado, solicitó el beneficio migratorio de residencia definitiva, el cual le fue otorgado, en razón de lo cual ha residido más de 5 años en el país desde el otorgamiento de la visa que dio origen a su solicitud de residencia definitiva. Agrega que, con fecha 26 de octubre de 2022, en atención al cumplimiento de todos los requisitos previstos en la ley, el recurrente ingresa su solicitud de nacionalización, Número 57182513; sin embargo, a la fecha no ha recibido ninguna respuesta por parte del servicio recurrido, lo que la mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite por demás demorado.

Indica que las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados lo son por la omisión arbitraria e ilegal por parte del servicio recurrido, basado en el excesivo tiempo de tramitación empleado en dar respuesta a la solicitud de nacionalización realizada, esto es, desde la solicitud ingresada por el recurrente con fecha 26 de octubre de 2022, hasta la presentación del recurso, en que han transcurrido 2 años 3 meses y 2 días, sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado sobre la solicitud formulada, siendo preciso destacar que la acción de protección de garantías constitucionales procede ante una omisión arbitraria o ilegal, que amenace, prive o perturbe un derecho protegido por la Carta Fundamental.

Aclara que no puede el servicio recurrido predisponer el agotamiento de la vía administrativa frente la vía judicial, ya que ni el constituyente ni el legislador señalan que sea necesario agotar la vía administrativa o que se deba recurrir por otra vía para restablecer el imperio de un derecho de rango constitucional, por lo que no cabe hacer tal distinción, siendo el Recurso de Protección la garantía escogida por los recurrentes para ese propósito, frente a la omisión ilegal y arbitraria que vulnera el derecho de igualdad ante la ley, máxime cuando la omisión es generada por la misma Administración en detrimento de los recurrentes, por la cautela y los derechos que tutela la acción constitucional incoada.

Expone que, se debe tener presente que, tampoco es procedente la causal de excepción prevista en el artículo 27 de la Ley N°19.880 de 2003, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, atendido que debe existir una imprevisión, situación que en la especie no se configura.

Manifiesta que, por lo anterior, es que se puede concluir, que el servicio recurrido debe tramitar las peticiones administrativas planteadas dentro del plazo previamente establecido por el legislador, y sólo excusarse en la salvedad señalada por la misma norma, siempre y cuando se verifique y se motive para el caso particular, ya que no basta una excusa generalizada en la cantidad de solicitudes planteadas, que sólo permite evidenciar el poco interés del servicio recurrido en adoptar medidas eficaces y reales, que permitan dar respuesta a los administrados conforme a los principios y plazos legales, entendiendo que el fin último del Estado son las personas, de acuerdo al principio de servicialidad, por lo que estas esperas ilegales y arbitrarias pugnan, finalmente, contra los derechos fundamentales de los administrados, y permitir tal situación, derivaría en un retroceso para un Estado de Derecho.

Expone que la nueva Ley de Migraciones, no se pronunció sobre el particular, pero sí estableció ciertos principios que conviene recordar. Destaca la noción de procedimiento migratorio informado, en virtud del cual es deber del Estado proporcionar información sobre el mismo, en forma íntegra, oportuna y eficaz, para lo cual es indispensable que el procedimiento comparta iguales caracteres. Además, el artículo 7 de la Ley establece que el Estado debe promover que los extranjeros cuenten con sus autorizaciones y permisos de residencia necesarios para su estadía en el país, lo que sólo tiene lugar con las respectivas autorizaciones que pueda conferir la autoridad.

SEGUNDO: Que, doña María José Astudillo Vásquez, abogada, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, evacuando el informe requerido, solicita el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes respecto del extranjero recurrente, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de la autoridad que apodera, que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los antecedentes de hecho, expone que con fecha 26 de octubre de 2022, el recurrente solicitó ante esa autoridad, mediante la plataforma web de trámites digitales (SIMPLE) del Servicio, la carta de nacionalización, mediante la solicitud ID Nº 57182513.

Aclara que, con fecha 29 de septiembre de 2023, se informa al extranjero que su solicitud es incompleta o insuficiente, señalando que debe acompañar un documento que acredite la actividad que desarrolla en Chile, otorgándole un plazo de 60 días para subsanar.

Precisa que con fecha 2 de noviembre de 2023, el solicitante cumple lo ordenado, y con esa misma fecha su solicitud avanza a etapa de primer análisis. Luego, con fecha 19 de abril de 2024, la solicitud avanzó a etapa de análisis, lo cual fue informado al solicitante, mediante notificación de la misma data.

Posteriormente, con fecha 14 de enero de 2025, la Policía de Investigaciones de Chile emite el informe solicitado, por lo que ese mismo día la solicitud regresa a etapa de análisis para continuar con la tramitación ante este Servicio, fase en la que se encuentra actualmente.

Aclara que la competencia del Servicio Nacional de Migraciones cesa al enviar los antecedentes al Ministerio del Interior, conforme el artículo 157 N°8 de la Ley N°21.325, sugiriendo a la autoridad ya señalada la aprobación o el rechazo de la solicitud.

Señala que hay que considerar que, al tratarse de una especial concesión por gracia, el análisis de los diversos antecedentes necesarios para su pronunciamiento requiere de un tiempo, que es evidentemente superior al de los demás trámites administrativos de solicitud ordinaria, haciendo presente que en la tramitación de una solicitud de Carta de Nacionalización y su otorgamiento, intervienen distintos organismos públicos, a saber: el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones de Chile y el Ministerio del Interior, por lo que su otorgamiento escapa a las facultades del Servicio que representa, cumpliendo cada uno de los organismos señalados una determinada función, siendo finalmente el Ministro del Interior quien otorga o no la nacionalidad chilena, por delegación de facultades del Presidente de la República.

Expone que, atendido al mérito de los antecedentes, encontrándose en tramitación la solicitud del recurrente, quien cuenta con situación migratoria regular en el país, considerando, además, que la solicitud de nacionalización debe ser resuelta por el Presidente de la República en carácter discrecional, no se vislumbra en los hechos la conculcación de alguna de las garantías constitucionales denunciadas, que requieran la adopción de una medida cautelar de urgencia como la que se pretende mediante el recurso de protección.

Aclara que, a mayor abundamiento, el extranjero cuenta con permanencia definitiva en el país, es decir, se encuentra en situación migratoria regular, además el hecho de que se encuentre en tramitación la solicitud del recurrente no impide el ejercicio de aquélla, ni de los derechos enumerados por el artículo 19 de la Constitución Política de la República, ni afecta su status migratorio, pues el recurrente mantiene permanencia legal en el país, pudiendo desarrollar todo tipo de actividades que sean de origen lícito.

En lo que respecta a los antecedentes de derecho, señala que conforme el artículo 78 de la Ley N° 21.325, Ley de Migración y Extranjería, el recurrente detenta la calidad de extranjero residente en nuestro país, en los términos del artículo 1 N° 17 de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería. Así, la condición pendiente de la solicitud del recurrente no conlleva perjuicio alguno a su status migratorio, como tampoco al ejercicio de sus derechos o el desenvolvimiento natural del extranjero en el territorio nacional.

Indica que uno de los trámites esenciales del procedimiento asociado a la concesión de la carta de nacionalización es la elaboración de un informe por parte de la Policía de Investigaciones, el cual debe contener la información indicada en el artículo 5 del Decreto N°5142. Para elaborar su informe la Policía de Investigaciones debe citar al solicitante de carta de nacionalización a una entrevista presencial en sus dependencias y, recabada la información el organismo policial, debe remitir el informe al Servicio Nacional de Migraciones en un plazo de 15 días, en virtud del artículo 6 de dicho Decreto.

Precisa que la competencia del Servicio Nacional de Migraciones respecto de las solicitudes de carta de nacionalización solamente se limita a la tramitación de dicha solicitud y no se extiende a la resolución de la misma, en virtud del artículo 157 N°8 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería.

Finalmente, aduce que, según lo señalado por el artículo 27 de la Ley N°19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país, proveniente de diversos países, lo cual ha tenido por consecuencia un aumento importante en la cantidad de solicitudes recibidas. Lo anterior significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria, que ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito, que excusa la dilación de las solicitudes de naturaleza migratoria sin que ello, por sí solo, implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros, al mantener residencia regular en el país y contar con documentación a su disposición para acreditar dicha condición.

TERCERO: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

CUARTO: Que, en ese ámbito, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, en criterio compartido por este Tribunal, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo, ante un acto arbitrario o ilegal, que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, en tal orientación, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo, se afecte una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión a adoptar por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario e ilegal, en síntesis, en la omisión de despacho de la orden de giro y dictación del acto terminal, que aprueba o rechaza solicitud de carta de nacionalización, que fuera presentada con fecha 26 de octubre de 2022, por afectar dicha omisión el principio de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27 de Ley N°19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de Los Órganos de la Administración del Estado, y asimismo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N°21.325 de 2021, Ley de Migración y Extranjería, y el artículo 46 de su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N°296 de 2022.

SÉPTIMO: Que, para una mejor ilustración de la controversia a dirimir, se debe tener presente que del mérito de los antecedentes existentes, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, constan los siguientes hechos:

1.- El recurrente, don nombre reservado, extranjero, de nacionalidad venezolano, ingresó por primera vez al país con fecha 28 de marzo de 2017, por el paso fronterizo carretera Chacalluta, en calidad de turista.

2.- Con fecha 19 de junio de 2018, el recurrente solicitó el beneficio migratorio de la permanencia definitiva, el cual fue otorgado mediante Resolución Exenta N°349519, de fecha 31 de octubre de 2018, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, permiso que se encuentra actualmente vigente.

3.- Con fecha 26 de octubre de 2022, el recurrente presentó ante el Servicio Nacional de Migraciones, mediante la plataforma web https://www.extranjeria.gob.cl/, la solicitud de nacionalización Nº57182513.

4.- La solicitud N°57182513 del recurrente, con fecha 2 de noviembre de 2023, avanza a etapa de primer análisis y luego el 19 de abril de 2024, la misma pasó a etapa de análisis, 5.- Finalmente, el 14 de enero de 2025, Policía de Investigaciones de Chile emite el informe solicitado, regresando la solicitud referida a etapa de análisis para continuar con la tramitación ante el Servicio Nacional de Migraciones, etapa en la que se encuentra actualmente.

OCTAVO: Que, para la resolución del presente conflicto, resulta importante tener presente la siguiente normativa:

Lo previsto en la Ley N°21.325, en su artículo 38, el cual dispone que: “Ingresos y egresos. No habrá límite al número de ingresos y egresos del territorio nacional que pueden efectuar los extranjeros residentes, en tanto esté vigente el permiso de residencia respectivo y se cumplan los requisitos que exigen esta ley y su reglamento.

Si el extranjero residente hubiere solicitado el cambio o prórroga de su permiso de residencia temporal o hubiere solicitado el permiso de residencia definitiva, y acredita que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente, no tendrá limitaciones al número de ingresos y egresos del territorio nacional, aun cuando el permiso de residencia que posea no se encuentre vigente.”.

En tanto, el artículo 43 del mismo texto prescribe: “Cédula de identidad. Los residentes temporales y definitivos deberán solicitar cédula de identidad ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de entrada en vigencia del respectivo permiso de residencia.

El Servicio tendrá acceso a la información actualizada de las cédulas de identidad que el Servicio de Registro Civil e Identificación haya otorgado a los residentes, con la identificación completa, nacionalidad, fecha de nacimiento y número de cédula y vigencia respectiva.

La cédula de identidad que se otorgue en virtud de este artículo deberá expedirse de conformidad con los nombres y apellidos y plazo de vigencia que registre el permiso de residencia respectivo.

Se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia, siempre y cuando el extranjero acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva solicitud.”

A su turno, el artículo 156, dispone que: “Créase el Servicio Nacional de Migraciones como un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República por intermedio del Ministerio del Interior.

El Servicio estará sujeto a las normas del Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley Nº 19.882, que regula la nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica.

Su personal estará afecto al decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y al régimen de remuneraciones contemplado en el decreto ley Nº 249, de 1974, que fija escala única de sueldos para el personal que señala y su legislación complementaria.”.

Por su parte, el N°8 del artículo 157, indica que: “Funciones del Servicio Nacional de Migraciones. Corresponderán al Servicio Nacional de Migraciones las siguientes funciones: 8. Tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su resolución por parte del Ministro del Interior y Seguridad Pública.”.

Asimismo, se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 27, de la Ley N°19.880, que señala que: “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final.”

NOVENO: Que, en virtud de las normas precedentemente señaladas, la recurrida es un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y, si bien se encuentra sometida a la supervigilancia del Presidente de la República por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, no detenta la facultad de emitir el acto terminal que aprueba o rechaza la carta de nacionalización que se solicita por el recurrente, desde que, por mandato legal, tal facultad pertenece al Presidente de la República, correspondiendo al Servicio recurrido tan solo la remisión de los antecedentes al Ministerio del Interior, una vez que el solicitante haya cumplido con los requisitos legales y se haya dado la tramitación administrativa previa correspondiente, todo lo cual se encuentra realizando actualmente, pues, como refiere en su informe, la solicitud de Carta de Nacionalización realizada con fecha 26 de octubre de 2022, correspondiente a la N°57182513 del actor, se encuentra en etapa de análisis, tras lo cual, en caso de corresponder, se han de remitir los antecedentes al ente resolutor.

DÉCIMO: Que, dilucidado lo anterior, ahora en cuanto al tiempo transcurrido desde el ingreso de la solicitud de 26 de octubre de 2022, no existe, en principio, transgresión al artículo 27 de la Ley N°19.880, desde que, tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia en relación a este plazo, el mismo no es fatal y tal norma debe interpretarse en el sentido que, la Administración se encuentra obligada a pronunciarse o concluir un procedimiento en un plazo razonable, máxime si lo impugnado por el recurrente es la demora en la dictación del acto administrativo terminal, que, como se señaló, no depende del servicio recurrido, correspondiendo a éste únicamente la tramitación y remisión de los antecedentes al ente dotado de potestad resolutoria.

En consecuencia, no logra configurarse a cabalidad una omisión ilegal o arbitraria, como para activar el mecanismo constitucional de urgencia que nos ocupa, sin perjuicio de apreciar que la razonabilidad de la demora no se encuentra del todo demostrada, como para, al menos, prestar especial atención en hacer efectivo el principio de celeridad en lo sucesivo, a objeto de avanzar en la gestión de la solicitud en lo que resta, en todo aquello que sea de cargo del servicio recurrido.

UNDÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, se ha de tener en cuenta, además, que la carta de nacionalización importa el otorgamiento de un reconocimiento que, en razón de su particularidad, demanda su resolución previa consideración de cada caso concreto, lo que desde ya excluye la concurrencia de una vulneración al principio de igualdad ante de ley, toda vez que cada solicitud debe ser evaluada en su propio mérito, máxime si por el recurrente tampoco se han aportado elementos de juicio ilustrativos a tal respecto, acompañando alguna otra solicitud o caso de cotejo, que demuestre haberse dado un trato diferenciado o discriminatorio por parte del órgano recurrido en relación al observado en la situación que se examina, de modo que la acusada afrenta a la garantía constitucional no logra apreciarse configurada.

DUODÉCIMO: Que, también resulta importante considerar que en este asunto, el tiempo de análisis de los antecedentes, que si bien dista de ser el ideal, en caso alguno se advierte como susceptible de vulnerar las garantías constitucionales del extranjero recurrente, ni aún en grado de amenaza, desde que, conforme a los hechos asentados en el motivo Séptimo que antecede, éste mantiene el beneficio migratorio de la permanencia definitiva y con documentación que acredita dicha condición en el país, según cédula de identidad que acompaña el propio recurrente a esta presentación, lo que le permite el ejercicio de la plenitud de sus garantías y derechos, sin limitación alguna, no advirtiendo esta Corte que existan impedimentos que obsten al desarrollo de su proyecto de vida, al mantenerse la vigencia del aludido documento, pudiendo entrar y salir del país y desplazarse dentro de éste, siempre y cuando cuente con un certificado de residencia definitiva vigente, como efectivamente también ocurre en este caso.

DÉCIMO TERCERO: Que, en virtud de las consideraciones consignadas en los motivos precedentes, no habiéndose acreditado que la demora en la dictación del acto administrativo terminal suscite efectivamente una privación, perturbación o amenaza a la garantía constitucional invocada, ni aún en grado de amenaza, el presente recurso deberá ser desestimado de la manera que se dirá, sin perjuicio que la entidad recurrida deberá culminar, en lo que le incumbe, la tramitación de la solicitud de carta de nacionalización N°57182513 del actor, que se mantiene actualmente en etapa de análisis, debiendo remitir a la brevedad la calificación, favorable o desfavorable de la misma, junto con todos los demás antecedentes aportados, para su posterior resolución por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de conformidad al artículo 157, de la Ley N°21.325 y artículo 46 del Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N°296 de 2022.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RESUELVE:

Que SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por el abogado, don Pablo Daniel Peñaloza Parra, en favor de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sin perjuicio que la entidad recurrida deberá tramitar, a la brevedad y en lo que le incumbe, la solicitud de carta de nacionalización para su resolución por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de conformidad al N°8 del artículo 157, de la Ley N°21.325 y al artículo 46 del Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N°296 de 2022.

Anótese, notifíquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Sr. Ministro Titular, don Luis Moisés Aedo Mora, quien no firma al encontrase haciendo uso de permiso administrativo del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Rol Corte Nº 45-2025 (Protección).