nombre reservado con CONTRALORIA REGIONAL DE AYSEN

Coyhaique, diez de Julio de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Con fecha 14 de Abril de 2021, comparece don nombre reservado, ingeniero civil industrial, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Contraloría Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, representada por don Ricardo Hevia Kaluf, Contralor Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, o por quien lo subrogue, ambos domiciliados en domicilio reservado, por haberse vulnerado sus garantías fundamentales establecidas en la Constitución Política de la República, solicitando que se deje sin efecto la resolución de la Contraloría Regional de Aysén N°E84802-2021 de fecha 10 de Marzo de 2021, que desestimó el Reclamo de Ilegalidad en contra de la medida disciplinaria de destitución sancionada en su contra mediante Decreto Alcaldicio N° 2396 de fecha 30 de Julio de 2020, dejándola a su vez, sin efecto, ordenando su reincorporación al cargo de Director de Administración y Finanzas de la Ilustre Municipalidad de Cisnes, declarando que tanto el procedimiento como la medida disciplinaria ha sido injusta, ilegal y desproporcionada.

Con fecha 6 de Mayo de 2021, se declaró la admisibilidad del recurso planteado.

Con fecha 1 de Junio de 2021, se agregó el informe evacuado por el Contralor Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, don Ricardo Hevia Kaluf.

Con fecha 17 de Junio de 2021, se agregó el informe evacuado por el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Cisnes, don Francisco Roncagliolo Lepio.

Que la vista del recurso se llevó a efecto en la audiencia del día 5 de julio de 2020, compareciendo vía telemática mediante plataforma zoom, la recurrente representada por la abogada Alicia Gallardo Arenas y por la recurrida el Consejo de Defensa del Estado representado por don nombre reservado

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente don nombre reservado, en lo sustancial y en lo relativo al acto que lo agravia, manifestó, en síntesis , que mediante Decreto Alcaldicio N° 570 de fecha 04 de febrero de 2020, se instruyó sumario administrativo en su contra para determinar la responsabilidad administrativa que podría caberle, por la denuncia de malos tratos proferidos en contra de la usuaria doña nombre reservado con fecha 22 de enero de 2020, quien posteriormente reclamo ante la sesión del Honorable Concejo Municipal de Cisnes N° 117 de fecha 03 de febrero de 2020; sumándose la determinación de responsabilidad por el desempeño de su cargo, respecto de modificaciones presupuestarias de fines del año 2019, situación de la que fue sobreseído. Señala, además, que desde la instrucción del procedimiento fue separado de funciones.

Agrega que, a través de Resolución de fecha 20 de Julio del año 2020, se le formularon cargos por tres hechos, a saber:

En primer lugar, por la denuncia realizada por la Sra. nombre reservado, por haber transgredido la obligación funcionaria establecida en la letra c) del artículo 58 de la Ley 18.883 “Realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la Municipalidad.”

En segundo lugar, por denuncias formuladas por diversos funcionarios y prestadores de servicios a honorarios de la I. Municipalidad de Cisnes, relativos a hechos reiterados, tanto de forma individual como colectiva, consistentes en conductas constitutivas de acoso laboral, en términos de lo dispuesto en el artículo 2 inciso segundo del Código del Trabajo, en relación con el artículo 82 letra m) de ley 18.883.”

En tercer lugar, en relación a las modificaciones presupuestarias contenidas en el Memorándum N° 575, de fecha 19 de diciembre de 2019.

Que así las cosas, con fecha 30 de Julio de 2020, se dictó la Vista Fiscal y Decreto N° 2396, deduciendo recurso de reposición en contra de dicha resolución, el cual fue rechazado en su totalidad por el Sr. Alcalde, como consta en resolución de fecha 12 de Agosto de 2020.

Alega que, en el recurso de reposición interpuesto, esgrimió una serie de argumentos que a su parecer Reclamo de Ilegalidad en contra de la medida disciplinaria de destitución sancionada en su contra mediante Decreto Alcaldicio N° 2396 de fecha 30 de Julio de 2020, llevaron a aplicarle una sanción exagerada, como lo es la presunta imparcialidad de la Fiscal asignada, cuya recusación no fue aceptada, siendo designada como instructora no obstante tener una Jefatura Grado 8, lo cual no es procedente según el recurrente, pues él, es Directivo del mismo grado.

Agrega que, la investigación de la cual fue objeto se explica, ya que durante el año 2019 dentro de la esfera de su competencia habría dado a conocer al Sr. Alcalde la constatación de irregularidades en procedimientos administrativos que implican recursos públicos, temas a los que no les dio importancia, molestándose de sobre manera con mi reiterada preocupación.

Señala que el objetivo de la reclamación ante la Contraloría fue objetar la decisión del Sr. Alcalde, si del examen de los antecedentes aparece alguna infracción al debido proceso, a la normativa legal o reglamentaria que regula la materia, o bien, si se observa una actuación de carácter arbitraria. Sosteniendo que, para que proceda la medida de destitución, se exige que del mérito del sumario aparezca, indubitada e irrefutablemente, que no exista otro castigo que sea correspondiente a la falta, lo que no ocurrió, sin considerarse, además, las circunstancias atenuantes de su intachable conducta anterior, ni se ponderó la prueba, en base a las reglas de la lógica y máximas de experiencias.

En lo que respecta a los fundamentos de la presente acción constitucional, el recurrente alega que, la resolución de la Contraloría Regional de Aysén N° E84802-2021 de fecha 10 de marzo de 2021, que desestimó el reclamo de ilegalidad, establece como fundamento que: “la solicitud de recusación presentada por el interesado no constituye un vicio del procedimiento, siendo una expresión de la facultad de resolver esas solicitudes que compete a la autoridad que ordenó instruir el sumario administrativo (Aplica dictamen N° 7.629 de 2014, de la Contraloría General de la República). Por otro lado, en cuanto al reclamo referente a “la jerarquía” de la fiscal es del caso precisar que el artículo 127, inciso segundo, del aludido cuerpo estatutario establece, en lo pertinente, que dicho persecutor “deberá tener igual o mayor grado o jerarquía que el funcionario que aparezca involucrado en los hechos”, verificándose de la información consignada en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado que mantiene esta Entidad Fiscalizadora, que tanto el inculpado como doña nombre reservado se encontraban designados en el grado 8° de la planta de directivos del municipio, por lo que igualmente debe desestimarse dicha alegación.

Enseguida, en cuanto a la supuesta falta de proporcionalidad de la sanción aplicada y la deficiencia en la ponderación de los antecedentes recopilados en el sumario administrativo, debe hacerse presente, en armonía con lo señalado, entre otros, en el dictamen No 11.535, de 2020, que si bien a la Contraloría General le corresponde amparar la normativa que asegure el respeto al debido proceso, en dicho ejercicio no sustituye a la Administración activa en la ponderación de los elementos de convicción destinados a establecer un juicio sobre la responsabilidad disciplinaria del funcionario, pudiendo representar lo realizado si se observa una irregularidad o arbitrariedad en su tramitación y conclusión, lo que del análisis del expediente tenido a la vista, no consta que haya ocurrido.

En este contexto, se debe precisar que en la situación en comento, la superioridad calificó las faltas atribuidas como una infracción al principio de probidad administrativa, ponderación que concierne al ejercicio de sus prerrogativas, según lo expresado en el dictamen N° 20.824, de 2016, de esta procedencia.

En consecuencia, en mérito de lo expuesto se rechaza el reclamo de ilegalidad interpuesto por don nombre reservado, toda vez que no se advierte la concurrencia de las irregularidades denunciadas en el sumario administrativo instruido en su contra”.

Alega el recurrente que, dicha decisión no aborda todos los hechos señalados en el reclamo de ilegalidad, limitándose a resolver escuetamente la cuestión sometida a su conocimiento, y tampoco se ocupa de revisar las imprecisiones existentes en la prueba testimonial rendida en el sumario, haciendo caso omiso a las circunstancias atenuantes que le beneficiaban.

Señala que, ninguna de las dos infracciones aplicadas como lo fueron, la infracción a la letra c) del artículo 58 de la Ley N° 18.883 relativo a “Realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la Municipalidad.”; y la Infracción al artículo 2 inciso segundo del Código del Trabajo, en relación con el artículo 82 letra m) de ley 18.883, con respecto al acoso laboral, se encuentran dentro de las causales de destitución que contempla el artículo 123 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

Finalmente, manifiesta que, la Contraloría Regional no cumplió con el objeto del reclamo de ilegalidad interpuesto, haciendo caso omiso de sus dichos, sobre todo lo que dice relación con las denuncias efectuadas, las cuales son la verdadera causa de haberle sometido a un sumario administrativo con el fin de sacarlo del sistema para continuar realizando irregularidades graves con fondos públicos, limitándose a fallar el recurso de ilegalidad, sin mediar investigación de las denuncias efectuadas.

SEGUNDO: Que, con fecha 1 de Junio de 2021, Contralor Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, don Ricardo Hevia Kaluf, comparece informando el recurso y, solicita que sea desestimado en consideración a los antecedentes de hecho y fundamentos de derechos planteados.

Esgrime que, mediante decreto alcaldicio N° 570, de 4 de febrero de 2020, la Municipalidad de Cisnes instruyó un sumario administrativo en contra del recurrente con el objeto de determinar la eventual responsabilidad administrativa que le asistiría en los hechos denunciados, consistentes en supuestos malos tratos que le habría proferido a una usuaria externa del municipio.

En dicho sumario se formularon cargos en contra del actor, por haber transgredido gravemente el principio de probidad administrativa:

1.-Por haber proferido malos tratos hacia una usuaria de la Municipalidad de Cisnes, doña nombre reservado, transgrediendo la obligación funcionaria establecida en la letra c) del artículo 58 de la ley N° 18.883.

2.-Haber incurrido en conductas constitutivas de acoso laboral en contra de diversos funcionarios y prestadores de servicios de la Municipalidad de Cisnes, en los términos de lo dispuesto en el artículo 2° inciso segundo del Código del Trabajo, en relación con el articulo 82 letra m) de ley N° 18.883.

Agrega que, mediante la resolución exenta N° 2.396, de 2020, la Municipalidad de Cisnes aprobó la pertinente vista fiscal, y ordenó aplicar al inculpado la medida disciplinaria de destitución, frente a lo cual el señor nombre reservado interpuso un recurso de reposición, el que fue rechazado por resolución, sin número, de fecha 12 de agosto de 2020, del anotado municipio.

Por último, con fecha 27 de agosto de 2020, el actor dedujo ante esta Entidad de Control el reclamo contemplado en el artículo 156 de la ley N° 18.883, en contra de la citada resolución, el que fue resuelto por el oficio impugnado N° E84802, de 11 de marzo de 2021, rechazándolo, por no advertir la concurrencia de las supuestas irregularidades denunciadas, frente a lo cual el recurrente interpone la presente acción cautelar, por la emisión del aludido oficio N° E84802, de 11 de marzo de 2021, solicitando que sea dejado sin efecto, se ordene su reincorporación al cargo de Director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Cisnes y se declare que tanto el procedimiento como la medida disciplinaria ha sido injusta, ilegal y desproporcionada, destacando además que, el presente recurso de protección se interpone sin identificar de manera expresa e inequívoca las garantías constitucionales que estima vulneradas.

El recurrido alega que, le asiste la falta de legitimación pasiva, atendido lo dispuesto en el artículo 54 de la ley N° 19.880 establece que interpuesta por un interesado una reclamación ante la Administración, no podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquélla no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimado.

Luego, el inciso segundo de ese artículo dispone que, planteada una reclamación ante la administración se interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional.

TERCERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinado a amparar las garantías constitucionales de quien, por causa de actos y omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías enumeradas en el artículo 19 de la Carta Fundamental, a través de la adopción inmediata por parte de la Corte de Apelaciones, de providencias necesarias para restablecer el imperio de derecho y asegurar la debida protección del afectado.

CUARTO: Que el recurrente endereza su recurso en contra de la resolución de la Contraloría Regional de Aysén Oficio N° E84802/2021, por haberse vulnerado sus garantías fundamentales establecidas en la Constitución Política de la República, al desestimar el Reclamo de Ilegalidad interpuesto en dicha sede, en contra de la medida disciplinaria de destitución sancionada en su contra mediante Decreto Alcaldicio N° 2396 de fecha 30 de Julio de 2020, solicitando que se deje sin efecto la resolución de la Contraloría Regional de Aysén N°E84802-2021 de fecha 10 de Marzo de 2021, constituyendo un acto arbitrario e ilegal que le habilita para recurrir de protección.

Que, al fundamentar su acción arguye el recurrente que, la Contraloría Regional no cumplió con el objeto del reclamo de ilegalidad interpuesto, desatendiendo sus alegaciones, especialmente respecto a las denuncias efectuadas en su contra, las cuales son la verdadera causa del sumario administrativo, con el fin de sacarlo del sistema para continuar realizando irregularidades graves con fondos públicos, limitándose la recurrida a fallar el recurso de ilegalidad, sin mediar investigación de las denuncias efectuadas.

QUINTO: Que, cabe tener presenta, que la actuación de la recurrida fue requerida por el propio recurrente, y se enmarca en el ejercicio de las facultades del Órgano Fiscalizador, cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los derechos que confiere el Estatuto Administrativo, conforme lo dispuesto en el artículo 156 de la ley N° 18.883, por lo que el resultado de la observación y aplicación celosa de la normativa legal aplicable, no puede ser tildada de ilegal o arbitraria, máxime, si es el recurrente, quien tiene la obligación de precisar en qué consiste la ilegalidad o arbitrariedad, no bastando para ello su mera molestia o desacuerdo con lo resuelto.

SEXTO: Que, asimismo, del tenor de la parte petitoria del recurso, es dable concluir que, lo que el actor pretende con la impugnación de la resolución de la Contraloría Regional de Aysén Oficio N° E84802/2021, es dejar sin efecto la medida disciplinaria de destitución aplicada mediante Decreto Alcaldicio N° 2396 de fecha 30 de Julio de 2020, ordenando su reincorporación al cargo de Director de Administración y Finanzas de la Ilustre Municipalidad de Cisnes.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, de los hechos relatados por el recurrente, se colige que, el sujeto pasivo de la acción constitucional debió ser la aludida Municipalidad, y no el Órgano Fiscalizador, por cuanto el presunto agravio proviene de la decisión de la autoridad edilicia, quien sustanció el sumario administrativo y destituyó al recurrente, pues, como se señaló en el considerando anterior, la resolución emanada de la Contraloría Regional de Aysén se ajusta plenamente a derecho, no siendo ilegal ni arbitraria.

OCTAVO: Que, de lo razonado se colige, que por el presente recurso se pretende que ésta Corte revise el mérito del sumario administrativo que derivó en la destitución del recurrente, se deje sin efecto la medida disciplinaria, y ordene su reincorporación al cargo de Director de Administración y Finanzas de la Ilustre Municipalidad de Cisnes, lo cual escapa de la competencia de éste Tribunal y de la naturaleza cautelar del presente arbitrio constitucional, toda vez que, el control que se ejerce por la presente vía, tiene por objeto dictar medidas para la protección de derechos no discutidos que fueren afectados, lo que no ocurre en la especie, por lo que el recurso será desestimado.

Consecuencialmente con lo expuesto, mérito de autos y lo establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República, disposiciones legales citadas y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, del 24 de Junio del año 1992 y sus modificaciones, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales se resuelve que:

Que, SE NIEGA LUGAR al recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Contraloría Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, representada por don Ricardo Hevia Kaluf, Contralor Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, sin costas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por la Ministra Titular, doña Natalia Marcela Rencoret Oliva.

Rol N°: 45-2021.

Se deja constancia que no firma el Fiscal Judicial Titular don nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo, por encontrarse haciendo uso de permiso administrativo.