nombre reservado con TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Coyhaique, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve.

VISTOS:

En lo principal de la presentación de fecha 19 de Junio de 2019, comparece el abogado don Juan Bautista Sepúlveda Garrido, domiciliado en domicilio reservado, por sí y quien deduce recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, representada por don nombre reservado, Tesorero, ambos domiciliados en domicilio reservado; de la Universidad Católica de Temuco, institución educacional, representada por su Rector, don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región de la Araucanía y, del Director de Crédito y Recaudación de la Universidad Católica de Temuco, don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, de la misma ciudad, por cuanto considera que los recurrentes a través de su actuar arbitrario e ilegal le han vulnerado las garantías constitucionales, de la Igual Protección ante la Ley y el Derecho de Protección, que le garantiza el artículo 19 N° 3 y N° 24 de la Constitución Política de la República, respectivamente, solicitando en definitiva que la Tesorería General de la República se abstenga de retener su devolución de impuestos y hacerle entrega de la misma, de forma íntegra y reajustada y que la Universidad Católica de Temuco o el Administrador de Fondo Solidario, se abstenga de su orden de retener la devolución de impuestos, permitiendo el pago del crédito solidario, mediante convenio o de la forma que legalmente proceda, todo con expresa condenación en costas.

El recurrente fundamenta su recurso señalando que con fecha 13 de Mayo de 2019 advirtió, mediante la página del Servicio de Impuestos Internos que su devolución de impuestos por concepto de “Operación Renta”, correspondiente al año tributario 2019, había sido retenida íntegramente por la Tesorería General de la República, consultado en oficinas de Coyhaique, fue informado que su devolución de impuestos ascendía a $799.337 y que habría sido retenida al existir una deuda por concepto de “Crédito Solidario Universitario”, con la Universidad Católica de Temuco y que dichos dineros serían entregados al nombre reservado Solidario de dicha Universidad por mandato expreso de éste, donde cursó sólo el primer año de sus estudios, trasladándose a la ciudad de Santiago. Agrega que una funcionaria de Créditos y Recaudación señaló que su actuar se encuentra amparado por la ley y que la obligación se hizo exigible el año 2013, lo que a juicio del recurrente no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 19.287 ya que continúo sus estudios de forma ininterrumpida desde el año 2009, precisando que nunca fue notificado de dicha deuda y que no figura en las publicaciones anuales del diario La Nación, manifestando que su intención es efectuar el pago de la deuda, por lo que ingresó solicitud de pago bajo la modalidad de 12 cuotas, por medio del portal del fondo solidario, solicitud que no ha tenido respuesta, no pudiendo hacer algún convenio hasta el momento, como tampoco disponer de su devolución de impuestos, la que se encuentra retenida de forma íntegra, desconociendo si ésta ya fue enterada a la Institución Educacional recurrida, y si este fuera el caso, el dinero antes referido, no se ha descontado del total del crédito de marras, encontrándose sin vía de solución alguna, que no sea el pago total de la deuda. Además señala que el acto ilegal y arbitrario que le afecta, corresponde a aquellos de carácter perturbatorios, subsistentes y permanentes, puesto que el actuar de la recurrida, no ha cesado, ya que su devolución de impuestos, aún se encuentra retenida, por lo que su actuar ilegal y arbitrario sigue produciendo sus efectos. Finalmente, precisa que se infringe el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República por cuanto la Tesorería General de la República ejerció su facultad de retención sólo con la información que le proporcionó el administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario, sin darle la oportunidad de presentarle descargos; como también alega la vulneración del artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, ya que la retención aludida importa un modo de adquirir la propiedad de dichos bienes sin amparo legal, privándolo del dominio sobre los dineros que es propietario conjuntamente con el derecho personal de oponer excepciones, como la prescripción.

Con fecha 28 de Junio de 2019, informa el abogado don Osvaldo Pizarro Poblete por la recurrida Universidad Católica de Temuco y por el Director de Crédito y Recaudación de dicho centro universitario, solicitando que se declare que el recurso es inadmisible por extemporáneo, y en subsidio se rechace el recurso de protección, en ambos casos con costas.

Fundamenta su petición en que el recurrente tomó conocimiento efectivo del acto que estima ilegal y arbitrario el día 13 de Mayo de 2019 y el recurso de protección fue interpuesto el 19 de Junio del presente año, por lo que estima que fue deducido fuera del plazo fatal de 30 días corridos contados de tal conocimiento. En cuanto al fondo, estima que el procedimiento aplicado para recaudar el pago por retención de lo debido, se ajustó a derecho. Desde luego, sostiene que, el recurrente no presentó su declaración de ingreso y certificado de alumno regular de alguna institución de educación superior para postergar cualquier cobro del crédito. Asimismo, su representada procedió a notificar la nómina de deudores mediante aviso en el Diario la Nación, en razón de que el recurrente no pudo ser notificado por carta certificada en el domicilio que registró en la Universidad. Finalmente, expone que cualquier convenio debió haberse realizado dentro de los primeros 10 días siguientes a la publicación de la nómina, plazo a la fecha extinguido; por lo que estima que el acto no es ilegal, ya que la ley es la que ha determinado el medio y la forma como debe llevarse a cabo el cobro mediante retención impositiva y los órganos que deben intervenir en ello.

Con fecha 01 de Julio de 2019, informa el recurrido don nombre reservado, Director Regional de Tesorería, quien adjunta anexo de documentos, señalando que la Ley 19.989 y Decreto 297 de 2009 del Ministerio de Educación establecen que la Tesorería General de la República retiene la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario por los montos de dicho crédito que se encontraren impagos, de acuerdo a lo informado por la entidad acreedora, estableciéndose la forma en que las Universidades informarán a Tesorería General de la República de la nómina de deudores morosos, la imputación de las retenciones y los mecanismos de ejercicios de derechos por parte de los deudores afectados ante los entes administradores y no ante la Tesorería, por lo que estima que ésta recurrida cumplió la normativa legal imperante.

Con fecha 26 de Julio de 2019, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, primeramente, corresponde pronunciarse sobre la petición de la parte recurrida en cuanto a que se declare inadmisible por extemporánea la presente acción constitucional, debiendo rechazarse tal solicitud, desde que si bien la parte recurrente reconoce haber tomado conocimiento del acto arbitrario e ilegal el día 13 de Mayo de 2019, consistente en la retención de la devolución de impuestos por concepto de “Operación Rentas”, lo cierto es que tal obrar ha producido efectos permanentes y por ello el plazo para deducir el recurso se encuentra vigente.

SEGUNDO: Que, despejada la situación procesal anterior, corresponde determinar si la retención practicada por los recurridos respecto de la devolución de impuestos del recurrente constituye un acto arbitrario e ilegal, estimando esta Corte que tal obrar no reúne tales características, sino por el contrario se encuentra ajustado a derecho.

TERCERO: Que, en efecto, se debe tener presente que el artículo 1° de la Ley 19.989 establece lo siguiente: “Facúltase a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley N° 19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.”

A su turno el artículo 3º.- del Decreto 297/2009 del Ministerio de Educación dispone que: “Notificaciones. Para todos los efectos del presente Reglamento, las notificaciones a los deudores, se realizarán de la siguiente manera:

1.- En caso de constar el domicilio del deudor respectivo, la notificación se realizará mediante carta certificada, entendiéndose notificado el deudor en este caso, a contar del tercer día de la recepción de dicha carta en la oficina de correos.

2. En caso de no constar o no existir domicilio conocido del deudor, la notificación se realizará por medio de un aviso, entendiéndose notificado el deudor desde la fecha de la respectiva publicación en un diario de circulación nacional”.

El artículo 5º del mismo Decreto señala: “Notificación al deudor. Los Administradores deberán notificar a los deudores respectivos que serán sujetos de retención de impuestos por las deudas vencidas e impagas del crédito solidario universitario”.

El artículo 6º de la misma normativa establece que: “Interposición de la aclaración. Los deudores que figuren en la nómina, una vez notificados por el Administrador que serán sujetos de retención de la devolución de impuestos, tendrán el plazo de 10 días, contados desde la notificación dispuesta en el artículo quinto, para solicitar al Administrador respectivo que aclare la situación del deudor en aquellos casos en que éste considere que, o bien ha operado algún modo de extinguir las obligaciones, o bien el monto que se consigna como adeudado no está correcto.

La interposición de la aclaración indicada en este artículo no obsta al ejercicio de las acciones y recursos que disponga la ley”.

El artículo 12º de igual Decreto estatuye que: “Remisión de nóminas de deudas vencidas e impagas. Una vez finalizado el proceso de reclamo ante los Administradores de Fondos Solidarios de Crédito Universitario, estos deberán remitir al Ministerio de Educación, antes del 30 de marzo del año respectivo, una nómina consolidada de los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley Nº 19.287 y sus modificaciones, y de los montos de dicho crédito que se encontraren impagos.

Las nóminas serán remitidas vía electrónica y por escrito en una resolución formal del Administrador respectivo.

El Ministerio de Educación deberá verificar que las nóminas contengan las menciones indicadas en el inciso 2º del artículo 4º, que haya sido practicada la notificación ordenada en el artículo 5º, que en el caso de que haya sido interpuesta la solicitud de aclaración a que se refiere el Título III, ésta haya sido resuelta determinando que existe deuda a favor del Administrador del Fondo de Crédito Solidario Universitario, y que se haya enviado la carta a la que alude el artículo 11º. Para ello el Ministerio tendrá un plazo de 10 días, contados desde la fecha de recepción de las nóminas.

En el evento de cumplirse con los requisitos señalados en el inciso anterior, procederá a emitir un certificado de conformidad, respecto de las nóminas que den cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, el que será remitido al Administrador de Fondo Solidario de Crédito Universitario respectivo. Una copia de éste será enviado a la Tesorería General de la República”.

Finalmente, el artículo 13º del citado Decreto ordena que: “Retención de devolución de impuestos. Una vez recibidas las nóminas de deudas vencidas e impagas, la Tesorería General de la República estará facultada para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley Nº 19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda. Si el monto de la devolución de impuestos fuere inferior a la cantidad adeudada, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto”.

CUARTO: Que, de consiguiente, se puede advertir que el Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario ha obrado conforme a derecho al elaborar la nómina de deudores del crédito solidario universitario regulado en la Ley 19.287, procediendo a notificar al recurrente mediante un aviso, consistente en la publicación en un diario de circulación nacional, específicamente, el Diario la Nación, toda vez que aquél no fue habido en el domicilio registrado en la Universidad Católica de Temuco, concretamente, en el pagaré respectivo, todo según los documentos acompañados por la parte recurrida, Universidad Católica de Temuco, consistente en el Pagaré N° 1.417, la certificación de la empresa Equifax y la publicación en el Diario la Nación de la Nómina de Deudores, de manera tal que la notificación respecto del recurrente se encuentra legalmente practicada al tenor del artículo 3° del Decreto 297/2009 del Ministerio de Educación antes transcrito, por lo que se rechazará la alegación del que acciona en estos autos en cuanto sostuvo que nunca fue notificado respecto del cobro de la deuda.

Que, a mayor abundamiento el Ministerio de Educación verificó que las nóminas de deudores contengan los requisitos legales del inciso 2° del artículo 4° del Decreto Supremo 297 antes referido y que se practicó la notificación al deudor sujeto a retención, emitiendo el “certificado de conformidad”, en los términos del artículo 12 del referido Decreto, ambos acompañados por la recurrida, Universidad Católica de Temuco, todo lo cual redunda en que lo obrado ante el ente administrador se ajustó a la legalidad vigente.

QUINTO: Que, de otra parte, la Tesorería General de la República ha procedido a la retención de la devolución anual de impuestos a la renta del recurrente de conformidad al artículo 1° de la Ley 19.989 y el artículo 13 del Decreto 297/2009 del Ministerio de Educación, transcritos en el motivo Tercero que antecede, ya que dicho organismo al recibir las nóminas de deudas vencidas e impagas queda facultado para retener la devolución anual antes citada, lo que ocurrió precisamente en la especie, de tal modo que se ha obrado por el órgano legalmente competente para tal efecto y dentro de sus facultades legales, siendo ajustado a derecho decretar la retención con el solo mérito de las nóminas de deudas vencidas e impagas, es decir, con la información que le proporcionó el Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario, no concordando por ello esta Corte, con lo expuesto por el recurrente en sentido contrario, en cuanto manifestó que no procede decretar la retención con el sólo mérito de tal información.

SEXTO: Que, el recurrente ha sostenido que no se le ha dado la oportunidad de presentar descargos, u oponer excepción de prescripción ni tampoco la posibilidad de pagar la obligación mediante un convenio, lo que será desestimado, desde que tales oportunidades procesales se brindaron, sin embargo, no se han verificado en la especie, desde que el recurrente tenía el plazo de 10 días contados desde la notificación por aviso en el Diario la Nación para aclarar su situación, ya sea porque ha operado algún modo de extinguir las obligaciones o bien el monto que se indica como adeudado no está correcto, según el artículo 6° del Decreto 297/2009 del Ministerio de Educación, antes transcrito, lo que no ocurrió en la especie; como tampoco presentó solicitud alguna para manifestar por escrito su voluntad de reprogramación del crédito universitario, de conformidad al artículo 4° de la Ley 20.572.

SÉPTIMO: Que, finalmente, el recurrente ha sostenido que se ha infringido el inciso 3° del artículo 7° de la Ley 19.287 ya que la Universidad Católica de Temuco ha hecho exigible la obligación de pago desde el año 2013, en circunstancias que continúo sus estudios ininterrumpidamente en la Universidad del Desarrollo, sede Santiago, hasta el año 2017; alegación ésta que igualmente será desestimada.

OCTAVO: Que, al respecto, se debe tener presente que el inciso 3° del artículo 7° de la Ley 19.287 señala que: “La obligación contenida en el conjunto de instrumentos suscritos por el beneficiario se hará exigible transcurridos dos años desde su egreso de la institución de enseñanza superior, por haber cursado sus estudios completos, esté o no en posesión del título profesional o grado respectivo. Si por cualquier causa el beneficiario no se matriculare por dos años consecutivos en alguna institución de educación superior reconocida por el Estado, la obligación se hará exigible. Para estos efectos, se entenderá que los dos años vencen el 31 de diciembre de aquel en que efectivamente se cumplan.”

NOVENO: Que, de este modo se puede observar que el recurrente no presentó ante la autoridad respectiva los antecedentes necesarios que justifiquen su egreso de la institución de enseñanza superior, por haber cursado sus estudios completos, en la Universidad del Desarrollo, como aquél lo sostiene, siendo de carga de éste tal obligación, desde que el contexto de la Ley 19.287 ilustra en tal sentido, de conformidad al artículo 22 del Código Civil, ya que su artículo 6 se pone en la hipótesis en que el alumno que obtenga un crédito lo mantendrá para los años siguientes si anualmente “así lo solicita”; el artículo 7, por su parte, expone que si desea anticipar el inicio del pago “deberá así informarlo” y el artículo 8 refiere a que la obligación de pago así como el plazo máximo para servir la deuda podrá suspenderse para aquellos deudores que “así lo soliciten” y “acrediten” estar cursando estudios de post- grado; como también, debe llegarse a tal conclusión recurriendo al elemento lógico interpretativo en cuanto a que no sería posible en términos prácticos y concretos que la entidad académica procediera a indagar la situación de estudios de los deudores para determinar la oportunidad en que se hace exigible la obligación contenida en los instrumentos respectivos, sin perjuicio que quien alega estar cursando estudios debe acreditar la existencia de éstos; sin que obste a lo razonado la circunstancia de que el recurrente haya solicitado certificados de notas y programas de estudio a la Universidad recurrida a objeto de convalidar ramos, ya que tal solicitud no acredita por sí misma la matrícula en otra institución de educación superior ni la continuidad de los estudios, ni fue presentada con la finalidad de postergar la exigibilidad de la obligación.

DÉCIMO: Que, por todo lo antes considerado, esta Corte estima que la retención practicada por los recurridos no ha sido arbitraria ni ilegal, por lo que al no existir el presupuesto básico y primero que hace procedente la presente acción, ésta deberá rechazarse, siendo innecesario analizar la perturbación de las garantías alegadas por el recurrente.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre la materia, se RECHAZA el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fecha 19 de Junio de 2019 por don Juan Bautista Sepúlveda Garrido en contra de la Tesorería General de la República, de la Universidad Católica de Temuco y del Director de Crédito y Recaudación de la Universidad Católica de Temuco, sin costas, por haber tenido motivos plausibles para accionar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular don José Ignacio Mora Trujillo.

Rol Nº 449-2019. (Protección)