nombre reservado con ZAÑARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA

Coyhaique, veintinueve de Septiembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

Con fecha 21 de abril de 2022, comparece don nombre reservado, trabajador dependiente, por sí y en representación de su madre doña nombre reservado, dueña de casa, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de: 1.- DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIÓN DE AYSÉN, RUT N° RUT reservado, Representante Legal nombre reservado, RUT N° RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado; 2.- SEREMI OBRAS PÚBLICAS AYSÉN, RUT N° RUT reservado, Representante Legal nombre reservado, RUT N° RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado; por los actos de su dependiente, DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD AYSÉN, RUT N° RUT reservado, Representante Legal nombre reservado, RUT N° RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado; 3.- CONSTRUCTORA CONPAX S.P.A., RUT N° RUT reservado, Representante Legal nombre reservado, RUT N°RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado.- ZAÑARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA, RUT N° RUT reservado, Representante Legal nombre reservado, RUT N° RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado – Ñuñoa, Región Metropolitana, por habérseles vulnerado las garantías fundamentales previstas en el artículo 19 N° 1, 14 y 24 de la Constitución Política de la República, pidiendo expresamente: “a) Se ordene la inmediata suspensión de las obras de mejoramiento, en los tramos de la citada ruta 7 Sur que colinden con los lotes 7 y 8 de mi propiedad, durante la secuela de este recurso, mientras no se aclare con exactitud si la ejecución de tales obras (en los puntos de conflicto) se encuentran absolutamente amparadas por el decreto expropiatorio N° 861 del 24 de Junio de 2019 emitida por la entidad expropiante (Dirección de Vialidad) o si constituyen una abierta vulneración a los derechos fundamentales de esta parte.- b) Pido que se coteje los antecedentes escritos que maneja la autoridad expropiante (Vialidad) así como la empresa encargada de tales trabajos y su fiscalización (Compaq y Zañartu), con el trazado real que tiene la ruta intervenida (visible en la plataforma google earth) en los sectores correspondientes a los Lotes 7 y 8 de propiedad de doña nombre reservado, y se informe e incorpore el resultado de dicha comparación a este proceso, para aclarar el asunto.- c) Pido que VS. Iltma. ordena a la autoridad competente, asesorar y acompañarnos con objeto de conocer las medidas que se aplicarán en el evento de determinar, tras la revisión de los antecedentes y visita a terreno, la existencia de incongruencias mencionadas precedentemente.- d) Pido se oficie a la Delegación Presidencial de la Provincia Capitán Prat, a la I. Municipalidad de Cochrane y a SENAMA, con objeto de que informen si han tomado conocimiento o no de los hechos denunciados por esta parte, en qué fecha se tomó conocimiento y las medidas adoptadas.- e) Pido se oficie a CONADI (Coyhaique), dado que mi madre y propietaria de los lotes afectados posee el reconocimiento oficial de su calidad indígena, con objeto de que dicha institución nos contacte y proporcione la asesoría necesaria en este caso, toda vez que igualmente tienen injerencia por ley, en la materia. Para este efecto mi número de contacto es el +56 9 81950305.- f) Pido se oficie a CONAF con objeto de que efectúe inspección y fiscalización en el sector, levantando acta respecto a la cantidad de especies nativas que hasta la fecha de dicha fiscalización han sido afectadas en los Lote 7 y 8 de propiedad de nombre reservado, acta que deberá incorporarse a este proceso. Pido además que dicha Corporación informe la fecha de realización de la fiscalización para poder estar presente en la diligencia o en su defecto contactarme para coordinar la inspección en terreno.

EN SUBSIDIO, solicito que la Ilustrísima Corte, con el mérito de los antecedentes acompañados, arbitre las medidas necesarias que estime pertinentes para restablecer el estado de derecho y otorgarnos la debida protección a mi y a mi madre.” (SIC).

Fundamenta su recurso en que su madre es dueña de dos bienes raíces, Lote N°7 y N°8, de la comuna de Cochrane y que entre el 3 y el 6 de marzo de 2022, se percató que las recurridas, Seremi Obras Públicas Aysén, Constructora Conpax S.P.A. y Zañartu Ingenieros Consultores S.P.A., que se encuentran efectuando obras de mejoramiento en la ruta 7 Sur, habían destruido el cierre perimetral del Lote 7, que no estaría incluido en la expropiación, ingresando a éste y al lote 8, afectando a éste en una superficie mayor que la establecida en el decreto expropiatorio, procediendo al corte de una serie árboles correspondientes a los bosquedales de especies nativas endémicas de esta región, principalmente de nirre, sin autorización alguna, trabajos que continúan y, por ende, persisten los actos de vulneración, lo que se debe tener presente a propósito del plazo para interponer el presente recurso, conculcando las garantías previstas en los artículos 19 N°1 y N°24 de la Constitución Política de la República, específicamente, el derecho de propiedad de doña nombre reservado en dichos lotes, lo que ha minado el ánimo de ambos recurrentes.

Agrega que con fecha 7 de marzo de 2022, denunció formalmente la situación descrita a la recurrida, Delegación Presidencial Región de Aysén, sin que hasta fecha de interposición de su recurso exista pronunciamiento alguno, venciendo el plazo para ello el 4 de abril de 2022, lesionando lo dispuesto en el artículo 19 N°14 de nuestra Carta Magna, vulnerando, con ello, el artículo el artículo 19 N°1 del mismo texto constitucional legal desde que la incertidumbre en la respuesta los tiene sumido en una profunda preocupación y temor.

Finalmente, sostiene que el problema es que existen diferencias entre lo que dicen los planos utilizados por la autoridad expropiante y el real trazado de la ruta 7 mencionada.

Con fecha 3 de mayo de 2022, el recurrido DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIÓN DE AYSÉN, hace presente que el informe será remitido por el recurrido Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, quien es el mandante de las empresas a que alude el recurrente.

Con fecha 9 de mayo de 2022, el recurrido SEREMI OBRAS PÚBLICAS AYSÉN, sostiene que revisado los antecedentes contenidos en el estudio de expropiaciones, no se advierte que el consultor o la Dirección de vialidad hayan identificado diferencias o singularidades para el lote de expropiación 69, que el recurrente identifica como lote N°8; ni que este lote detente la calidad de tierra indígena y lo mismo se puede decir del lote denominado por ella como N°7, por no estar considerado como lote a expropiar.

Concluye que el proyecto de mejoramiento no consideró la expropiación del lote 7 de la recurrente y que las obras que hoy se ejecutan tampoco afectan su propiedad, ya que se llevan a cabo en el lado opuesto a su predio, afectando un lote identificado con el número 48 para efecto de expropiación; y que para el lote 8, según el plano de subdivisión, se contempló una expropiación parcial de 426 metros cuadrados, necesarios para realizar ensanche de la faja hoy existente, dando lugar a la formación del lote 69, según el proyecto; notificándosele las resoluciones que autorizan la expropiación.

Precisa que el lote 69, cuenta con decreto y publicación en el Diario Oficial y consignación del monto de indemnización en la cuenta del tribunal, no obstante, por no contar con autorización de ingreso por parte de la propietaria ni toma de posesión material decretada, el contratista actualmente se encuentra impedido de realizar cualquier tipo de intervención en dicho lote, pudiendo realizar trabajos únicamente en la faja que actualmente se encuentra bajo uso público.

Con fecha 4 de agosto de 2022, la recurrida CONSTRUCTORA CONPAX S.P.A., informando el recurso, pide el rechazo del mismo, ya que sostiene que no es efectivo que su representada haya procedido a la destrucción del cierre perimetral de propiedad de la recurrente y al corte de sus árboles, ni ha hecho ingreso al lote 69, lote expropiado, ya que aún no cuenta con la autorización correspondiente; simplemente ha realizado trabajos en la franja fiscal (camino) y no en los lotes 7 y 8 que indica el recurrente.

Alega, asimismo, la extemporaneidad del recurso, ya que el recurrente indica en el acápite numero 3) de “De los antecedentes de facto que motivan este recurso” que tomó conocimiento de los hechos que se imputan a su representada, Conpax, en la semana del 3 al 6 de marzo de 2022, y que incluso con fecha 7 de marzo del mismo año hizo una denuncia formal por escrito, de manera que de los propios dichos del recurrente respecto a la fecha en que tomó conocimiento de los hechos, el presente recurso de protección se ha interpuesto extemporáneamente.

Sostiene, además, que el recurso debe ser rechazado, porque la materia por la que se recurre tiene asignada un procedimiento específico, ya que dice relación con el derecho de propiedad de un bien raíz, con una expropiación y respecto a deslindes de éste, todas situaciones que deben ser probadas y resueltas en un juicio de expropiación y no mediante un recurso de protección, que por su finalidad requiere la existencia de un derecho indubitado que esté siendo vulnerado, máxime si no se detallan los lugares donde se habrían ejecutado las obras respecto a las cuales se reclama y que el problema según el recurrente radicaría en supuestas diferencias entre los planos existentes y la realidad del lugar.

Sostiene que su representada está en conocimiento, en atención a haberlo manifestado así el señor nombre reservado, de que éste tenía dudas respecto a si los planos de la obra se ajustaban a la realidad del terreno, a lo que se procedió a verificar, y en este sentido, con fecha 9 de mayo de 2022 la sociedad Zañartu Ingenieros Consultores SpA, encargados de la planimetría de las obras concurrió al terreno, específicamente a los lotes 7 y 8, donde se hizo un levantamiento y se pudo determinar que no es efectiva la aprensión del recurrente, señor nombre reservado, ya que el terreno se ajusta a los planos existentes.

Precisa que es del caso que no existen respecto a los hechos de autos ningún acto que pueda ser calificado de arbitrario ni ilegal, en lo que respecta a la situación descrita por el recurrente, toda vez que su representada ha ejecutado obras concernientes a un contrato público, es decir en caso alguno se trata de un acto ilegal, el que tampoco podría ser considerado arbitrario, ya que las obras han sido efectuadas a fin del cumplimiento del contrato y sin afectar ni bienes públicos ni privados, por lo que es evidente que el recurrente no ha sufrido ningún agravio por la conducta ejecutada por este recurrido, ni a su vida ni a su propiedad.

Con fecha 22 de agosto de 2022, la recurrida ZAÑARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA, solicita el rechazo de la presente acción constitucional, con costas.

Funda su petición en que la acción de protección deducida en autos es extemporánea, pues fue presentada con fecha 21 de abril de 2022, ya vencido plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto que los propios recurrentes tildan de vulneratorio, consistentes en el retiro de un cierre perimetral y el corte de árboles nativos, ambos ubicados en terrenos que serían de propiedad de uno de ellos, los que habrían ocurrido la primera semana de marzo de este año, específicamente entre los días 3 y 6 de dicho mes, y que con fecha 7 de marzo de 2022 habrían hecho presente dicha situación en la Delegación Presidencial. Así, resulta matemáticamente evidente que la presentación del recurso fue efectuada, ya transcurrido el plazo de treinta días previsto en el artículo 20 de nuestra carta fundamental en vigencia. Además sostiene que los propios recurrentes dan cuenta que ya desde el 23 de enero de 2020 manifestaron sus preocupaciones respecto de los trabajos con ocasión de las obras de mejoramiento de la Ruta 7 Sur y a partir de esa fecha realizaron diversas gestiones en relación al tema, indicado expresamente el haber sido afectados por las obras de mejoramiento, por lo anterior, no cabe sino concluir que ya desde enero de 2020 los recurrentes se estimaban como afectados por los trabajos a efectuarse en la Ruta 7 Sur, por lo cual era en esa época donde debieron ejercer sus derechos bajo la esfera del artículo 20 de la Constitución Política.

De otra parte, alega que la acción de la especie carece de todo objeto desde el momento que esta Corte no se encuentra en situación de adoptar medida alguna destinada a restablecer las garantías constitucionales supuestamente amagadas y/o a dispensar protección a las personas supuestamente agraviadas —en el evento hipotético y remoto que resolviera que se dan los presupuestos de la acción de protección de autos— pues los actos concretos en que se funda el recurso ya acaecieron, cesaron, por cuanto ellos mismos indican que ella se llevó a cabo en la primera semana de marzo de 2022, entre los días 3 y 6 de ese mes. En consecuencia, ninguna medida de protección de los recurrentes podría adoptarse, no existiendo actualmente ningún acto supuestamente ilegal o arbitrario que amenace o que efectivamente perturbe las garantías supuestamente conculcadas, si es que alguna vez existió.

Además, sostiene que su parte carece de legitimación pasiva para ser objeto de la presente acción de protección, pues no hay acción u omisión ilegal o arbitraria alguna que pueda imputársele o atribuírsele, pues los hechos en los cuales se los hace residir, de haberse efectivamente producidos, no fueron ejecutados por su representada, toda vez que ella, en virtud de su vinculación con las obras de mejoramiento de la Ruta 7 Sur, no pudo ni ha podido ejecutar los actos materiales que se reprochan por los Recurrentes, ya que, según consta del Resuelvo Exento Nº1080, de fecha 5 de mayo de 2021, de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, se aceptó la oferta de su representada para la Asesoría a la Inspección Fiscal del proyecto denominado “MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, EL MANZANO – COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO – ACCESO SUR COCHRANE, TRAMO KM . 936,820 AL KM. 941,820, COMUNA E COCHRANE, PROVINCIA CAPI´TAN PRAT, REGIÓN DE AYSEN”, servicios que se encuentran detallados en las respectivas Bases de Concurso, desprendiéndose inequívocamente que ella fue contratada como “consultor” para prestar todos aquellos servicios inmateriales que el Inspector Fiscal de la obra requiera para su adecuado control técnico y administrativo, debiendo, entre otros servicios, el estudiar el proyecto de ingeniería y su documentación (elaborado por la Dirección de Vialidad), asesorar en la interpretación de cláusulas contractuales, asesorar en el control del cumplimiento del programa de construcción, evaluar la calidad del trabajo de la empresa constructora que se haya adjudicado las obras, apoyar en la supervisión de las obras, revisar las proyecciones de las cajas mensuales, calcular multas técnicas, revisar documentación de pago de remuneraciones e imposiciones del personal del empresa constructora y subcontratistas, etc. De lo anterior señala que resulta claro que los servicios para los cuales fue contratada son de carácter inmaterial y corresponden principalmente en asesorar al Inspector Fiscal en diversos temas técnicos relacionados con las obras en cuestión, cuya ejecución material está a cargo de la empresa constructora respectiva. Por el contrario, dicha asesoría, como resulta evidente, no incluye la ejecución de trabajos u obras materiales propiamente tales, pues ellas son del alcance exclusivo del respectivo contrato entre la autoridad, la Dirección de Vialidad, y la empresa constructora, en este caso, Constructora Conpax SpA.

También alega que la acción de protección no constituye la vía idónea para reclamar de una materia o cuestión de lato conocimiento, desde que es una acción cautelar de carácter extraordinario y urgente, que tiene por finalidad restablecer el imperio del derecho, en forma inmediata, cuando éste ha sido quebrantado y jamás una manera de solucionar un conflicto de lato desarrollo entre partes, por lo que el recurrente ha errado en el procedimiento ante el cual debe acudir para proteger sus supuestos derechos amagados, ya que alega ser dueño de unos inmuebles, siendo que solo se acompañan inscripciones de dominio de los años 2019 y 2020, por lo que la tal calidad no resulta ser una situación jurídica evidente, por lo cual ello debería ser debidamente acreditado en el proceso pertinente a fin de establecer o declarar un derecho de dominio, y las eventuales consecuencias de su vulneración, máxime si no imputa actos de manera clara y precisa a ninguno de los recurridos, sino que se limita a efectuar una alegación genérica e incierta, sin atribuir por cierto la condición de presunto autor de los actos de afectación a uno de los recurridos en particular, reprochando el haber retirado unos cercos, cortado árboles, ocupado una superficie mayor respecto de uno de los inmuebles que fue objeto de una expropiación parcial y también una discusión sobre los deslindes de los inmuebles y emplazamiento de la ruta. Precisa respecto del supuesto retiro de cercos y corte de árboles, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 916 y siguientes el Código Civil, los recurrentes, como poseedores de los inmuebles que dicen ser, debieron ejercer o deducir la querella posesoria respectiva, ante un juez ordinario, según lo permite el artículo 921 del mismo código. Luego, respecto de las alegaciones relativas a la expropiación, los Recurrentes tienen las acciones especiales del DL 2186, que específicamente trata el tema. En estos casos es un juez ordinario civil el competente para conocer, mediante procedimientos especiales fijados al efecto, pero dentro del marco de un evidente conflicto de lato desarrollo que esta Corte no podría resolver en esta protección, pues su objetivo cautelar es diverso al declarativo o constitutivo de un juicio de esa índole.

Además señala que la protección de autos debe ser rechazada, pues no concurre ni existe acción ilegal o arbitraria alguna, ya que no ha ejecutado ninguno de los actos materiales que los recurrentes indican como supuestamente vulneradores de sus derechos y garantías constitucionales, no se trata de una cuestión de ilegalidad del acto, sino lisa y llanamente, que -de efectivamente existir- su representada no lo ha ejecutado, siempre ha actuado dentro de la legislación vigente, en conformidad a ella y conforme a los márgenes que lo ordena su contrato con la autoridad, sin que pueda atribuírsele que haya incurrido en una acción ilegal o arbitraria. Además indica que los recurrentes no han acreditado en forma alguna los actos que sindican como vulneratorios, como tampoco una afectación real y efectiva de las garantías que denunciadas.

Destaca que en el recurso se alega como vulnerada la garantía constitucional del art. 19 Nº 14 de la CPE, la cual no es de aquellos derechos y garantías protegidas en el artículo 20 de la CPE, por lo cual el recurso debió ser declarado inadmisible a su respecto. Sin embargo, como se le dio tramitación, corresponde entonces sea completamente rechazado respecto de dicha norma.

En cuanto a la garantía del art. 19 Nº 1 de la CPE, que consagra el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, los recurrentes, en tan solo tres líneas, sólo señalan que la “situación de incertidumbre, de falta de respuesta por parte de las autoridades, de ver expuestos nuestros bienes al actuar de los recurridos sin mediar explicación, tiene sumida a mi madre y a mi en una profunda preocupación y temor”, apareciendo claramente que la vulneración en una supuesta falta de respuesta o explicación de la autoridad a los requerimientos que habría efectuado uno de los recurrentes, por lo que es claro que la imputación “de” (SIC) va dirigida en contra de su representada; sin explicar como la omisión que se imputa provocaría causalmente la preocupación y temor que se indica. Es decir, esta alegación carece de una adecuada explicación y fundamentación.

Y respecto de la garantía del artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, cabe destacar que los recurrentes no han acreditado el derecho de dominio que dice tener uno de ellos respecto de los inmuebles ni consta que a esta fecha, ni tampoco a la de la presentación del recurso, las inscripciones de dominio se encuentren vigentes.

Finalmente, señala que, según lo indica la recurrida Constructora Conpax SpA en su informe, a la fecha de su presentación solo ha realizado trabajos en la faja fiscal, todos los cuales se efectuaron conforme al proyecto aprobado por la autoridad vial. Incluso agrega de manera expresa que no es efectivo que hubiera hecho ingreso al Lote Nº7, ni incluso al Nº8, expropiado parcialmente, pues a la fecha no se contaba con las autorizaciones respectivas. En consecuencia, los hechos fundantes de la vulneración que se reclama en el recurso se encuentran controvertidos, no siendo éste el estadio procesal para su discusión y prueba.

Con fecha 24 de septiembre de 2022, se trajeron los autos en relación.

Con fecha 27 de septiembre de 2022, se procedió a la vista de la causa, escuchándose vía remota a través de videoconferencia, los alegatos en representación de la parte recurrida Constructora Conpax SpA, el abogado don Gonzalo Capella Sepúlveda; por la recurrida Zañartu Ingenieros Consultores Spa el abogado don nombre reservado; por la recurrida Seremi MOP, el abogado Procurador Fiscal don nombre reservado; quedando la causa en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

En cuanto a la alegación de extemporaneidad.

PRIMERO: Que, las recurridas, Constructora Conpax S.P.A., y Zañartu Ingenieros Consultores SPA, sostuvieron que el presente recurso de protección resulta extemporáneo, lo que será desestimado.

SEGUNDO: Que, en efecto, se debe tener presente que el numeral 1° del auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, establece que: “ El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

TERCERO: Que, el plazo de treinta días se debe contar desde la ejecución del acto arbitrario e ilegal imputado por los recurrentes, es decir, el retiro de un cierre perimetral y el corte de árboles nativos, ambos ubicados en terrenos que serían de propiedad de uno de ellos, ocurrido entre los días 3 y 6 de marzo de 2022, conductas que según el recurrente se siguen ejecutando; como también que con fecha 7 de marzo de 2022, denunció formalmente la situación descrita a la recurrida, Delegación Presidencial Región de Aysén sin que hasta fecha de interposición de su recurso exista pronunciamiento alguno, venciendo el plazo para ello el 4 de abril de 2022; de modo que tales actos y omisión son de ejecución permanente, ya que al menos, en el decir del recurrente, el retiro de cercos y corta de árboles continua y la falta de respuesta persiste, por lo que al no agotarse la ejecución del acto o la omisión de falta de respuesta, no puede cumplirse el plazo de treinta días para interponer el presente recurso.

En cuanto al fondo de la acción deducida.

CUARTO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”.

QUINTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEXTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SÉPTIMO: Que, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario y/o ilegal, en que entre el 3 y el 6 de marzo de 2022, se percató que las recurridas, Seremi Obras Públicas Aysén, Constructora Conpax S.P.A. y Zañartu Ingenieros Consultores S.P.A., que se encuentran efectuando obras de mejoramiento en la ruta 7 Sur, habían destruido el cierre perimetral del Lote 7, que no estaría incluido en la expropiación, ingresando a éste y al lote 8, afectando a éste en una superficie mayor que la establecida en el decreto expropiatorio, ambos lotes de propiedad de uno los recurrentes, procediendo al corte de árboles, sin autorización alguna, trabajos que continúan y, por ende, persisten los actos de vulneración al derecho de propiedad de doña nombre reservado sobre dichos lotes, lo que ha minado el ánimo de ambos recurrentes, conculcando las garantías previstas en los artículos 19 N°1 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Asimismo, estima la configuración de una omisión ilegal y arbitraria que la circunscribe a que con fecha 7 de marzo de 2022, denunció formalmente la situación descrita a la recurrida, Delegación Presidencial Región de Aysén sin que hasta fecha de interposición de su recurso exista pronunciamiento alguno, venciendo el plazo para ello el 4 de abril de 2022, lesionando lo dispuesto en el artículo 19 N°14 de nuestra Carta Magna, vulnerando, con ello, el artículo el artículo 19 N°1 del mismo texto constitucional legal desde que la incertidumbre en la respuesta los tiene sumido en una profunda preocupación y temor.

Finalmente sostiene que el problema es que existen diferencias entre lo que dicen los planos utilizados por la autoridad expropiante y el real trazado de la ruta 7 mencionada.

OCTAVO: Que, del estudio pormenorizado de los antecedentes que obran en autos, a juicio de esta Corte, no existe un acto arbitrario e ilegal de las recurridas y por ello debe desestimarse el presente arbitrio constitucional, según lo que se razonará a continuación.

NOVENO: Que, de los antecedentes expuestos y analizados, aparece que las proposiciones fácticas reseñadas en el recurso de protección planteado, a título de actos arbitrarios e ilegales, consistentes en destrucción cercos de los lotes de uno de los recurrentes, el ingreso a éstos y la corta de árboles ubicados en su interior, por parte las recurridas Seremi Obras Públicas Aysén, Constructora Conpax S.P.A. y Zañartu Ingenieros Consultores S.P.A., sin autorización de aquella, como lo refiere en su libelo, no aparecen suficientemente comprobadas, considerando que éstos han negado rotundamente la ocurrencia de las mismas.

En efecto, la recurrente acompañó fotografías que dan cuenta de un cerco incompletamente caído y algunos árboles cortados, sin embargo ello no concuerda con trabajos de mejoramiento de la Ruta 7, por cuanto no aparece la instalación de faenas, maquinarias, ni que el cerco haya sido destruido para ingresar al predio para efectuar trabajos asociados a la obra en cuestión, ni que la tala de árboles dentro del inmueble corresponda a tales labores, desde que solo algunos de ellos muestran su base cortada, lo que se corrobora con las fotografías acompañadas por el recurrido Constructora Conpax S.P.A., que captan el mismo sector con perspectiva del camino y el entorno, resultando evidente que no se trata del actuar imputado en el recurso.

DÉCIMO: Que, asimismo, respecto a la omisión ilegal y arbitraria de la Delegación Presidencial Región de Aysén en cuanto a no dar respuesta dentro de los veinte días siguientes a la presentación de fecha 7 de marzo de 2022, en que pone en conocimiento la diferencia de los planos con la realidad del trazado de la ruta y la corta de árboles al interior de sus lotes, lo que lesionaría el derecho de petición previsto en el artículo 19 N°14 de nuestra Carta Magna, vulnerando, con ello, el artículo el artículo 19 N°1 del mismo texto constitucional, desde que la incertidumbre en la respuesta los tiene sumido en una profunda preocupación y temor, tampoco aparece justificada, ya que la Dirección de Vialidad dependiente de la Seremi de Obras Públicas Aysén ha dado respuesta a las inquietudes fundamentales que aquejan al recurrente, de acuerdo al oficio ordinario 1951, de 28 de diciembre de 2021, acompañado por la recurrida Constructora Conpax S.P.A., sin perjuicio que la Delegación Presidencial referida ha hecho presente que el informe será remitido por el recurrido Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, quien es el mandante de las empresas a que alude el recurrente y que de los antecedentes ha quedado claro que se ha comunicado que no existen discrepancias de los planos y el trazado práctico de la ruta ni cortas de árboles al interior de los lotes en cuestión, sumado a que el derecho de petición consagrado en la disposición constitucional aludida por los recurrentes no conlleva la obligación de la autoridad de responder y que el plazo de 20 días de respuesta que invocan aquellos, la ley lo consagra para el caso de decisiones definitivas, cuya no es la situación que se conoce, de conformidad al inciso final artículo 24 de la Ley 19.880, de modo que no se advierte ilegalidad o arbitrariedad al efecto, ni menos que la incertidumbre en la respuesta los tenga sumidos en una profunda preocupación y temor, lo que no se desprende de estos antecedentes, como tampoco se relaciona con las peticiones concretas formuladas a esta Corte, a saber, la inmediata suspensión de las obras, se cotejen antecedentes, se le brinde asesoría, saber si algunas autoridades han tomado conocimiento de los hechos denunciados y se levante actas de las especies nativas.

UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, los recurrentes sostienen que el problema es que existen diferencias entre lo que dicen los planos utilizados por la autoridad expropiante y el real trazado de la ruta 7 mencionada, lo que ha sido negado por los recurridos, de lo que se puede concluir que entre estas partes se ha originado una discusión y controversia que debe ser dilucidada, en cuanto a las pretensiones de una y otra, por un juicio de lato conocimiento y no por la presente vía del recurso de protección, que tiene una naturaleza jurídica excepcional y objetivos distintos, que sólo pueden referirse a derechos indubitados y manifiestos que deben aparecer y constar del solo mérito de los antecedentes allegados a este proceso, lo que, de acuerdo a lo señalado, no ocurre en el presente caso, razón por la cual el recurso de protección intentado debe ser desestimado.

DUODÉCIMO: Que, en consecuencia, en atención a todo lo señalado con anterioridad, procede rechazar el recurso de protección que fue interpuesto por los recurrentes, porque no existe un acto arbitrario e ilegal sumado a que la materia fundamental en que recae la controversia se encuentra discutida entre las partes, por lo que debe ser solucionada mediante la vía judicial correspondiente, que no es el presente recurso de protección, motivos por los cuales se debe desestimar el recurso de protección deducido y así se declarara.

Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Garantías Constitucionales, y sus modificaciones, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, por sí y en representación de su madre doña nombre reservado, en contra de la Delegación Presidencial Región de Aysén, la Seremi Obras Públicas Aysén, la Constructora Conpax S.p.A., y la Sociedad Zañartu Ingenieros Consultores Spa; sin perjuicio de los derechos que las partes puedan ejercer en procedimientos diversos, si fueren procedentes.

Regístrese, notifíquese y archívense en su oportunidad.

Redactada por el Ministro Titular don José Ignacio Mora Trujillo.

Rol N° 443-2022 (Protección).